MADRID.- La Audiencia Nacional ha aplazado al próximo 29 de mayo de
2017 el inicio contra los exdirectores generales de la Caja de Ahorros
del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y Dolores Amorós y a otras
seis personas por irregularidades en la gestión de la caja que
condujeron a su quiebra.
El juicio contra estas ocho personas, previsto en un inicio,
para el 17 de enero, se alargará finalmente hasta el mes de julio. La
primera semana se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional en San
Fernando de Henares y después la sesiones tendrán lugar en el edificio
de la calle Génova de Madrid.
Además de López Abad y Amorós, se sentarán en el banquillo
el exdirector de Planificación y Control Teófilo Segrob Pomares,
exdirector de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez García, al
exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, el de Financiación
Juan Luis Sabater Navarro, el de Información Financiera Salvador Ochoa
Pérez y el expresidente Modesto Crespo Martínez.
Se les acusa de los delitos de estafa de inversores, estafa
agravada, societario en su modalidad de falsedad de las cuentas anuales,
apropiación indebida agravada, administración desleal y falsedad en
documento mercantil. Los ocho acusados se enfrentan a penas de prisión
de hasta 17 años de cárcel.
Además, en este juicio estarán como responsables civiles
subsidiarios la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social de Caja
Mediterráneo y el Banco Sabadell y a la aseguradora Caser como
responsable civil directo.
En dicho auto, los magistrados Ángela Murillo (presidenta
del tribunal), Teresa Palacios y Juan Francisco Martel (ponente) han
aceptado algunas de las pruebas solicitadas por las partes. Entre estas
admisiones, el tribunal cree que se debe tomar declaración, en calidad
de testigos o de peritos, a cinco inspectores del Banco de España, tal y
como ha solicitado la Fiscalía y por las acusaciones particulares.
La juez de instrucción Carmen Lamela dictó la apertura de
juicio oral el pasado mes de abril contra estos ocho acusados, siguiendo
el criterio de su antecesor, Javier Gómez Bermúdez, de que los
exdirectivos no pusieron "objeción alguna a operaciones que iban a
suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la
entidad, provocando perjuicio a accionistas, acreedores y clientes".
Explicaba también que "se fijaron sueldos y cobraron
bonificaciones con el falseamiento de la auténtica situación
patrimonial" del banco de modo que se cerraba el ejercicio con resultado
positivo en cuantía tal que permitía el cobro del bonus, cuando el
resultado real hubiera impedido que se les abonara.
La magistrada sentó en el banquillo a Crespo, Amorós,
Soriano Terol y Sogorb por la comisión de un delito de falsedad en las
cuentas anuales, delito relativo al mercado y los consumidores,
manipulaciones informativas, estafa agravada, apropiación indebida y
falsedad en documento mercantil.
En cuando a López Abad, Lamela le acusa de todos los delitos
citados con la excepción del cometido contra el mercado y los
consumidores. Además, acusa a Martínez García, Sabater y Ochoa de
falsedad en las cuentas y en documento mercantil y apropiación indebida.
La Fiscalía pide que López Abad, Amorós, Sogorb y Martínez
sean condenados a penas de siete años y medio de cárcel y al pago de una
multa de 180.000 euros cada uno de ellos.
Reclama sendas penas de un año y dos meses de prisión y
multas de 9.000 euros para Sabater y Ochoa; mientras que solicita
imponer a Soriano la pena de 10 meses de cárcel y multa de 12.000 euros.
Para todos ellos, pide la inhabilitación especial para ser elegidos en
unas elecciones y para ejercer la actividad bancaria durante el tiempo
de sus condenas.
Por su parte, el Fondo de Garantía de Depósitos reclama,
nueve años para Crespo, Amorós, y Sogorb y tres años para López Abad y
Martínez García. Pide para todos ellos la imposición de una multa de
144.000 euros. En el caso de Sabater, pide dos años de cárcel y una
multa de 81.000 euros.
La acusación popular ejercida por el abogado murciano Diego
de Ramón reclama, por su parte, 16 años de cárcel para los ocho. Otra
acusación que representa a un particular, solicita 17 años de cárcel
para todos.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio
de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una
inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes
donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los
antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector
inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula
directiva.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros,
actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un
euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9
millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas
pérdidas de 1.136 millones de euros.
