¿Las
causas? Sus detractores dicen que a Pastor la ha faltado punch para
ser más ambiciosa para invertir más. Los más benévolos afirman que
su propio Gobierno no la ha dejado gastar. “En un departamento
como el de Fomento donde lo que se necesita es dinero para
invertir, ha carecido de cash para desarrollar los proyectos de
infraestructuras”, señalan fuentes del sector constructor.
Y
es que, con ser cierto que los Presupuestos apenas le han dejado
posibilidad de maniobra, hay que admitir que Ana Pastor no ha
tenido -en términos pugilísticos- pegada para pelearse con su
homólogo Cristóbal Montoro a la hora de exigir más dinero. Por eso,
el presidente Mariano Rajoy ha tenido al frente de Fomento a una
buena profesional, una buena política, con capacidad de
negociación con los empresarios, pero demasiado dócil a las
exigencias de su mentor para no complicarle la vida con el gasto.
Pastor le ha puesto energía y dedicación pero, al no disponer de
dinero en la cartera, de poco ha servido toda su buena
disponibilidad.
Las empresas constructoras y la patronal
Seopan se han pasado los cuatro años de legislatura reclamando más
dinero para infraestructuras y apenas si ha existido inversión
pública. En un informe que la patronal de la construcción
Seopan ha
elaborado junto con la consultora
AT Kearney , cifró hace meses que
“España necesita invertir durante diez años entre 38.000 y 54.000
millones de euros para no perder el tren de la competitividad y el
bienestar social respecto a los principales países europeos”.
Si
nos comparamos con Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, estamos
bien dotados en autopistas y alta velocidad pero arrastramos un
gran déficit en cuanto a infraestructuras y equipamientos de
agua, sanidad, educación, medioambiente y
telecomunicaciones.
La patronal de la construcción
considera que no se necesita tanto esfuerzo inversor en el
transporte como para proyectos sociales a los que en la última
década no se ha prestado gran apoyo. Aspectos como la depuración de
aguas, el tratamiento de residuos urbanos e industriales, la
eficiencia y las interconexiones energéticas, la mejora de
equipamientos hospitalarios y educativos, la extensión de las
redes de telecomunicaciones o el deterioro de las
infraestructuras ya construidas, son asignaturas pendientes
que, según
Seopan, el nuevo Gobierno que se constituya debería
afrontar.
Seopan
y la consultora
At Kearney inciden en el informe que han
elaborado en las deficiencias que España arrastra y cómo éstas se
han visto acrecentadas por la caída de la inversión pública desde
que arrancó la crisis en 2007. Por eso, hoy más que nunca se necesita
la inversión privada. La patronal de la construcción considera
que el sector privado podría asumir parte de la inversión, “hasta el
100%”, siempre y cuando “se dieran las condiciones adecuadas para
ello”.
El sector defiende que, para que la inversión privada
entre, es necesario un marco regulatorio estable que proteja a
usuarios de la naturaleza de monopolio natural de
infraestructuras, aporte seguridad a los inversores sobre
niveles de precio y servicio, y se produzca un control eficaz por
parte de la Administración Central para reducir la asimetría de
información que ocurre entre las partes. El otro aspecto es que
haya un Gobierno estable que aporte fiabilidad al sistema,
situación que actualmente no se da.
Los proyectos que ambas
partes plantean contribuirían a generar una actividad económica
de entre 700.000 millones y un billón de euros en una década.
Asimismo, se podrían crear entre 500.000 y 7500.000 empleos directos e
indirectos. Además, consideraban entonces que la coyuntura
económica había creado un apetito para invertir en proyectos de
infraestructuras entre los grandes fondos de inversión, una
situación que, en palabras del presidente de
Seopan, Julián Núñez,
“no se debería dejar pasar”.
Por
ello, lo más urgente que el futuro ministro o ministra debería
acometer es recuperar parte del gasto que han perdido las
infraestructuras y pergeñar un marco regulatorio que aporte
seguridad a la inversión privada y cofinancie aquellos
proyectos que el Estado no puede acometer por problemas de déficit
público.
Otro de los grandes retos que Ana Pastor se ha dejado
en el cajón sin resolver es el eterno problema de las autopistas en
quiebra. Es una de las grandes asignaturas pendientes a la que urge
dar solución. Pastor reconoció recientemente que la situación
podría reconducirse a la vuelta del verano, siempre que Rajoy salve
la investidura y logre formar gobierno. La buena coyuntura
económica y el aumento del tráfico que registran las autopistas
implicadas puede favorecer una salida.
El plan que Fomento
sigue ofreciendo es integrar las vías en quiebra en una empresa
pública, tras aplicar una quita del 50% sobre la deuda que soportan de
unos 3.200 millones de euros y convertir el resto del pasivo en un
bono con una retribución garantizada del 1%.
En la cartera
de Fomento sigue sin concluirse también la liberalización del
ferrocarril, la entrada del primer operador privado del
transporte ferroviario en el corredor
Madrid-Levante. El concurso
para elegir la empresa que competirá con
Renfe debía haberse
cerrado en 2014 para que el primer tren privado entrase en
circulación pero el proyecto no ha visto la luz. Están también por
concluir las nuevas líneas de alta velocidad que están en marcha
como es el AVE a Galicia, País Vasco, Granada,
Murcia o Castellón.
Lo
que sí está en marcha y en fase final de adjudicación es el
macrocontrato de
Renfe para el suministro de los nuevos trenes de
alta velocidad. La compañía ha recibido ofertas de
Alstom,
Bombardier, CAF, Siemens y
Talgo. El contrato está valorado en unos
2.600 millones de euros e incluye la compra de 15 trenes de alta
velocidad con posibilidad de otros 15 adicionales y el
mantenimiento para unos 30 años. La adjudicación está prevista
para el próximo mes de octubre.
La licitación de obras del AVE se desploma
un 76% en la primera mitad del año
La licitación de nuevas obras
de construcción de líneas ferroviarias de Alta Velocidad (AVE) se
desplomó un 76% en el primera mitad del año en comparación con el mismo
perioro del ejercicio anterior, según datos de la patronal de grandes
constructoras Seopán.
Entre enero y junio se sacaron a concurso contratos de este tipo
de trabajos por un importe de 176,9 millones, frente a los 738,3
millones de euros que supusieron los lanzados un año antes.
Al descenso en el lanzamiento de nuevos contratos se sumó la
paralización de algunos ya adjudicados ante las distintas reclamaciones
de sobrecostes o modificaciones realizadas por las constructoras
contratistas de los trabajos.
Adif tiene aún en construcción
otros corredores AVE como son el de Extremadura y el Corredor
Mediterráneo, y está pendiente de concluir los enlaces a Granada, Murcia
y Castellón.
A pesar de ello, el lanzamiento de nuevas obras del AVE apenas
supuso un 4% del total de obra pública promovida en todo el país en la
primera mitad del año y constituyó uno de los motivos de su descenso.
