Los autónomos de la Región de Murcia adelantan en lo que va de año 17,8 millones de euros de IVA facturado y no cobrado

MADRID.- Los autónomos de la Región de Murcia han adelantado en lo que va de año un total de 17,8 millones de euros de IVA facturado y no cobrado, la décima mayor cantidad por comunidades autónomas, según ha anunciado este martes la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

En el conjunto de España, los autónomos liquidaron a Hacienda el IVA de las facturas emitidas y no cobradas por valor de más de 635 millones de euros en lo que va de año, según ha denunciado ATA, que prevé que cuando acabe 2012 la cifra se elevará a 900 millones de euros.

   ATA calcula que desde enero los autónomos han adelantado al erario una media de 210 euros de IVA en facturas emitidas y no abonadas, correspondiendo más de un 40% de este IVA adelantado a las facturas que la propia administración adeuda a este colectivo.

   "Los autónomos siguen siendo la financiera del Estado obligándoles a tributar por un impuesto de unos trabajos que han realizado, de unos servicios que han prestado, de unos gastos que han realizado, de unas facturas que han emitido, que no han cobrado y que no saben cuándo van a cobrar", denunció el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

  "No es muy coherente que los autónomos presten un servicio a ayuntamientos, gobiernos regionales, diputaciones y empresas públicas, éstas no les paguen, y además tengan que tributar un IVA por algo que no se ha cobrado", indicó el presidente de ATA, quien también reclamó al Ejecutivo que cumpla su compromiso de poder compensar los pagos de las administraciones con los pagos que tienen que hacer los autónomos a las mismas.  

  "En un país moderno lo lógico es que se pudiera compensar las deudas que un ciudadano tenga con la Administración con las deudas que la Administración ha contraído con él", subrayó Lorenzo Amor, tras destacar que muchos autónomos que están siendo embargados por Hacienda y la Seguridad Social por no poder pagar sus deudas están sufriendo impagos de las propias administraciones públicas.

A la vista de estos datos, Amor reclamó al Gobierno que cuanto antes cumpla con el compromiso de cambiar la tributación de IVA para que los autónomos "dejen de ser el banco del Estado" y que, especialmente, lo ponga en marcha en el caso de las facturas impagadas de la propia Administración.

Ecologistas en Acción lamenta que Viudes y Valcárcel apuestan por el "despilfarro" y la "destrucción" ambiental

MURCIA.- Ecologistas en Acción considera que las recientes declaraciones realizadas por el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), Adrián Ángel Viudes, acompañado del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, rozan el "cinismo" al solicitar a la vicepresidenta del Gobierno que califique de interés preferente el proyecto de instalación de una Terminal de Contenedores en el Gorguel y lamentan que apuesten por el "despilfarro" y la "destrucción" ambiental.

   A la espera de poder acceder al Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) para estudiarlo, Ecologistas en Acción espera que se haya realizado un estudio de alternativas realmente exhaustivo y con rigor, ya que recuerda el realizado en el Plan Director de esta misma infraestructura "era totalmente deficiente, al sobreponer la ubicación del Gorguel por encima de las demás". Por otro lado, pone en duda la seguridad de la financiación a manos privadas.

   A juicio de la responsable de Medio Marino, Natalia Martín, "la APC tendrá muy difícil demostrar que los impactos sobre la Red Natura 2000 son inexistentes, por lo que el proyecto tendrá que ser revisado por Europa".

   "Si nos ceñimos al artículo 6 de la Directiva Hábitats, la Terminal no se puede construir en el Gorguel, ya que establece claramente que sólo podrá ser llevado a cabo en Red Natura 2000 si previamente se demuestra que no hay soluciones alternativas y si existen razones de interés público de primer orden que lo justifiquen", en este caso ninguno de estos requisitos se cumplen, ha añadido.

   Ecologistas en Acción hará las sugerencias oportunas al ISA, en su firme oposición a este proyecto por considerarlo innecesario, insostenible y tremendamente impactante, así como una apuesta por el despilfarro de dinero público en tiempo de crisis, y considerando que se trata más de un empeño personal a favor de intereses privados, que una verdadera necesidad para la sociedad de la Región de Murcia y del resto del territorio nacional.

   "Ecologistas en Acción irá hasta el final de este proceso para asegurarse de que este proyecto no se lleve a cabo, y seguirá manteniendo vigilante a Europa para asegurarse de que ni la APC, ni el Gobierno regional, ni el Gobierno de España cometan infracciones de las Directivas Europeas", ha agregado Natalia Martín.

   Por tanto, los ecologistas exigen a Viudes y a Valcárcel que abandonen "este megalómano proyecto, que además supondría un despilfarro injustificado de dinero público que empobrecería aún más a la ciudadanía, e impedirá que ese dinero se pueda utilizar en asuntos más necesarios y beneficiosos para la sociedad, para cuyo interés público deberían trabajar nuestros representantes".

   Finalmente, Ecologistas en Acción ha exigido a la Comunidad Autónoma y a la Autoridad Portuaria de Cartagena "que cesen en su afán de ir por el camino de los hechos consumados y del desprecio a los importantes valores ambientales, culturales, geológicos y mineros que ostenta El Gorguel".

La Comunidad Autónoma aprueba sus Presupuestos y corrige previsiones para 2013

MURCIA.- El Consejo de Gobierno, reunido este martes en sesión extraordinaria, ha aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2013, que suma un total de 3.900 millones, que se corresponde con el techo de gasto fijado y supone una reducción de 467 millones con respecto al presupuesto de 2012 (4.366 millones).

   Igualmente, el Gobierno regional ha corregido las previsiones que manejaba de crecimiento de la economía murciana, que estimaba en un 0,5 por ciento en el segundo semestre de 2013. Así lo ha anunciado el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, quien vaticina que la previsión del PIB será un -0,5 por ciento el próximo año, "una hipótesis realista", ya que "será un año todavía en el que no habrá un crecimiento económico significativo".

   Bernal ha afirmado que sigue la previsión del Gobierno de la nación, que prevé que el desempleo crezca en un 1,5 puntos. En el caso de Murcia, trabajan con la previsión de que la tasa de paro "pueda aumentar".

 "Es una hipótesis desfavorable e intentaremos que no se cumpla, pero en estos momentos, con la información económica que hay, se baraja que la tasa de paro pueda aumentar entre un 1 y 1,5 en 2013 hasta el 30 por ciento", ha incidido.

   Bernal ha explicado que han decidido utilizar la previsión negativa para "evitar la sorpresa de tener que reconducir a mitad de año" esta situación.

   No obstante, ha descartado la idea de otras comunidades de despedir a los empleados públicos "bajo ningún concepto", y ha asegurado que recuperarán la extra de Navidad en 2013. Asimismo, ha comentado que "no hay para los empleados públicos ninguna medida que suponga una reducción de sus retribuciones".

   La reducción del presupuesto se debe a la caída de los ingresos no financieros, que se cifra en unos 300 millones con respecto a 2012 (-7,7 por ciento), al pasar de 3.851 a 3.555 millones; y la reducción del déficit en 177 millones, al pasar de 375 en 2012 a 198 millones el próximo año.

   Al hilo, Bernal ha destacado que "estamos obligados a reducir nuestra capacidad de gasto en 480 millones de euros, que se conseguirá en el presupuesto de 2013 reduciendo el gasto corriente en 452 millones y el gasto de capital en 28 millones".

   La caída de los ingresos se debe, según Bernal, a "los menores ingresos del sistema de financiación autonómica, que tiene una caída de 178 millones respecto al presupuesto inicial" que, según ha recordado, "estaba realizado en base a una previsión que luego no se cumplió porque se hizo por el Gobierno de Zapatero".

   Y es que, apunta, "comparando con la estimación de las necesidades iniciales este año hubieran correspondido del orden de 783 millones de euros más". También se debe a "los menores importes de las subvenciones finalistas de otras AAPP, ingresos tributarios y fondos europeos".

   En el campo de ingresos tributarios de la Comunidad se produce un descenso del 6 por ciento, "una estimación prudente para evitar posibles desviaciones de ejecución el próximo año". Frente a 517,7 millones de ingresos tributarios en 2012 se pasa a 487,1 millones, no estando previstos incrementos impositivos en 2013.

   En cuanto al presupuesto de gastos, Bernal ha comentado que el gasto consolidado no financiero asciende a 3.932 millones, es decir los 3.900 millones del presupuesto y los 32 millones con el SMS. Asimismo, el gasto corriente desciende un 11,1 por ciento y el de capital cae un 8,7 por ciento.

   En el capítulo de gasto de Personal se baja de 2.128 millones a 2.002 millones (-5,9 por ciento), lo que supone una reducción de 125 millones que "está materalizada en el Plan de Reequilibrio"; mientras que en el capitulo II de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios se observa una caída de 674 a 536 millones (138 millones de euros menos).

   En el capítulo III de Gastos Financieros, Intereses, recoge el dato negativo, ya que pasan de 188 a 271 millones de euros, con un incremento del 43 por ciento, ha puntualizado Bernal; y en el IV se incorporan importantes medidas de contención del gasto, al pasar de 1.094 a 822 millones, lo que supone una reducción de 272 millones.

   En materia de inversiones, capítulo VI, se pasa de 174,4 a 200,9 millones. El mayor gasto de inversiones es en la ciudad de Lorca (55 millones) para actuaciones de reconstrucción de vivienda residencial, reconstrucción de carreteras, infraestructuras educativas y patrimonio histórico y cultural que se prevén realizar el próximo año.

   Finalmente, en materia de Transferencias de Capital, Capítulo VII, hay una reducción de 155 a 100 millones "debido a la reducción de inversiones en corporaciones locales y en universidades".

   En términos globales, el vicepresidente ha reconocido que todas las consejerías "tienen reducciones significativas", sólo registrando un aumento el departamento que dirige, el de Economía y Hacienda "por el cambio de imputación de la Televisión; y el Instituto de Vivienda y Suelo, por las actuaciones destinadas a Lorca".

   Se contemplan igualmente un conjunto de reformas que "mejorarían y permitirían una mayor ejecución de este presupuesto". Ha mencionado la reordenación del sector público empresarial, "que se acometerá en próximas semanas", además de la revisión de las estructuras y el modelo de administración, anunciado por el Estado, para el que se han creado cuatro subcomisiones; la revisión del sistema de financiación autonómica, que "será una reivindicación permanente" del Gobierno murciano; y la ampliación del plazo de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

   En la línea de la reodenación del sector público empresarial, ha subrayado que además de las supresiones reguladas en la Ley de Acompañamiento, que cuenta ya las observaciones del Consejo Jurídico, remitiéndose así a la Asamblea Regional, "se añaden las eliminaciones de la Sociedad de Promoción Turística del Noroeste, la Televisión Autonómica de Murcia, Onda Regional de Murcia e Hidronostrum".

   El objetivo con este presupuesto, que "no es expansivo", es "cumplir los escenarios de consolidación presupuestaria, reconducir las cuentas públicas hacia una sostenibilidad".

   El vicepresidente ha señalado que el objetivo fundamental del Proyecto de Ley de presupuestos es "el mantenimiento de las políticas sociales, pese al contexto de dificultades económicas". Por ello, ha resaltado que "más del 80 por ciento de la dotación se destina a la Sanidad, la Educación y los servicios sociales".

   Finalmente, ha admitido la situación de dificultad económica en la que se encuentra España, dejando claro que "hay una situación que podía desembocar en una intervención de la UE".

 "Si ocurre, veremos las medidas, pero la tensión de esa situación es mucho menor que la que era hace seis meses", indica.

   En su opinión, "se están dando síntomas y señales claras de credibilidad y decisión para emprender las reformas, decisión para contener el déficit público", concluye.

Cada día salen 43 murcianos al extranjero en busca de oportunidades "que aquí no se les ofrece"

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, ha anunciado que, a partir de la próxima semana, los socialistas llevarán a cabo una campaña por los 45 municipios de la Región para exigir al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, "que ponga en marcha de forma urgente un Plan de Empleo Juvenil".

   González Tovar considera que el Gobierno regional del PP "da la espalda y abandona a su suerte" a los jóvenes en paro, que ya suman el 52 por cierto del total en la Comunidad. De hecho "desde que comenzó el año, cada día salen 43 murcianos al extranjero en busca de oportunidades que aquí no se les ofrecen", ha destacado la secretaria general de Juventudes Socialistas de la Región, Inma Sánchez Roca.

   "La Región de Murcia tiene muchos recursos naturales, humanos y técnicos para afrontar el futuro", ha enfatizado en rueda de prensa Tovar, quien ha reprochado al presidente murciano que "en los años pasados, en vez de inducir a los jóvenes a prepararse y capacitarse profesionalmente, los condujera al abandono escolar y a la búsqueda de empleos fáciles en la construcción y la especulación inmobiliaria", además de desmantelar los Talleres de Oficios y las Escuelas Taller.

   Y es que, según el secretario general del PSRM, aparte de las políticas de empleo que se tienen que poner en marcha con carácter nacional, son necesarias otras específicas para nuestra Comunidad Autónoma. Así, los socialistas reclaman que se ponga en marcha una Agencia de Empleo Juvenil en cada municipio, y un Instituto Regional para el Empleo Joven.

   Además, "son precisas otras actuaciones como la discriminación positiva para la contratación de personas jóvenes, la mediación entre las empresas y los jóvenes para facilitar el acceso al empleo, o la potenciación de las prácticas en empresas", ha agregado el líder socialista.

   A su juicio, las administraciones tienen que apoyar y fomentar el emprendimiento empresarial juvenil reduciendo tasas e impuestos locales y regionales, reservando fondos específicos en las órdenes de regulación de ayudas de la CARM, o poniendo en marcha la figura del tutor en las empresas.

   Para ello, ha explicado Tovar, debe crearse un Fondo de Garantía Recíproca especial y Capital Riesgo de titularidad pública, que se dote con el 10 por ciento del dinero del Fondo de Rescate al sistema financiero destinado a la Región, pues "tan importante como salvar a la banca es salvar a la juventud".

   "No cabe ninguna duda de los beneficios sociales que se derivan del incremento del empleo juvenil, pues, además de las ventajas económicas que supone para las familias y la distribución de la renta, el que las personas jóvenes tengan trabajo mejora el clima social y reduce los problemas y riesgos de exclusión al incrementarse su autoestima y responsabilidad", ha afirmado Tovar, quien ha criticado que la única opción que de Valcárcel a los jóvenes sea "ponerles una maleta en la mano para que se vayan al extranjero".

   En este sentido, la secretaria general de Juventudes Socialistas de la Región, Inma Sánchez Roca, ha opinado que, para conseguir los objetivos de empleo juvenil, "es necesario un cambio en la estructura productiva, como también lo son la equidad fiscal y la mejora de la distribución de la renta".

   Asimismo, ha señalado que uno de los principales problemas que trae aparejado el paro juvenil es el de la fuga de cerebros y la emigración masiva que se está produciendo. Por ello, "para no tirar por la borda la inversión que ha hecho el Estado en esos jóvenes", el PSOE ha elaborado un proyecto que garantice el retorno "con un trabajo aquí en España, para que no se desperdicie lo que también han aprendido en el exterior" para los que ahora mismo se están yendo fuera por necesidad.

   Por último, la responsable socialista ha recordado que Mariano Rajoy rechazó la propuesta socialista de poner en marcha un Plan de Empleo Juvenil cofinanciado con la Unión Europea, al tiempo que ha puesto de manifiesto que "la reforma laboral del PP sólo ha hecho que los jóvenes padezcamos más la precariedad y la temporalidad, que tengamos trabajos de mala calidad, lo que nos impide hacer nuestra propia vida".

   Desde el punto de vista de la secretaria general de Juventudes Socialistas, "necesitamos empleos aceptables, y que nuestro primer empleo sea tutelado, tal y como se hace en el resto de la Unión Europea".

IU presenta una enmienda para reconvertir la Cárcel Vieja en un espacio cultural

MURCIA.- IU-Verdes ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 por la que solicita la rehabilitación de la Vieja Cárcel provincial de Murcia y su reconversión en un espacio cultural.

   Así lo ha anunciado este martes el coordinador municipal de la formación en Murcia, Francisco Muñoz, quien ha destacado que la ejecución de su propuesta contribuiría a la creación de empleo y a la puesta en valor del patrimonio local.

   Muñoz también ha destacado la importancia de que las organizaciones sociales y culturales cuenten con un espacio de esta naturaleza, ante la "escasez" de lugares que sirvan para realizar sus actividades en la localidad.

   Además, IU ha presentado dos enmiendas para el soterramiento de las vías del tren a su paso por Murcia y la conclusión de las obras de la variante de Camarillas, que evita el paso del ferrocarril en el pantano del Cenajo.

Las concesionarias de autopistas podrán solicitar préstamos a Fomento

MADRID.- Las empresas concesionarias de autopistas de peaje podrán solicitar préstamos participativos al Ministerio de Fomento para compensar una parte de la falta de ingresos que sufren como consecuencia de la caída del tráfico a raíz de la crisis económica.

   Así consta en una de las enmiendas presentadas por el PP al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013, incorporada ya a la norma, y con la que se refuerza las garantías a las concesionarias para "facilitar la negociación" con estas empresas, "atendiendo a las especiales circunstancias por las que están atravesando y garantizando que cualquier actuación que pueda realizarse quede sometida a las disponibilidades presupuestarias".

   La enmienda modifica la Ley del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal para que parte de las cantidades reclamadas por las compañías a través de la cuenta de compensación se pueda cubrir con un préstamo participativo concedido por el Ministerio de Fomento y que las concesionarias podrán solicitar durante los primeros meses de cada ejercicio.

   Las condiciones de este préstamo serán las que se designen de forma general en los Presupuestos Generales del Estado, y se permite reequilibrar la concesión para que las empresas puedan devolver el importe del préstamo y sus intereses.

   "Las cantidades consignadas en la cuenta de compensación y las entregadas en los préstamos participativos, así como los intereses devengados, se consideran pagos a cuenta a descontar del importe que, en concepto de responsabilidad patrimonial, pudiera serle exigido a la Administración con ocasión de la resolución del contrato concesional", añade la enmienda.

   Además, el PP ha incluido, también vía enmienda, tres nuevas autopistas --la de Alicante-Cartagena, la de Santiago-Orense y la de León-Astorga-- al listado de vías que, desde 2011, pueden tener una cuenta de compensación, donde se consigna anualmente la diferencia entre los ingresos reales por los peajes y el 80% de las estimaciones de ingresos que se hicieron en el plan económico financiero de la oferta de licitación.

   También se ha ampliado en cuatro años (hasta 2018) el tiempo en que funcionarán estas compensaciones, que se limitan al 49% del importe resultante de "sumar los ingresos anuales de peaje de la concesión y la cantidad a consignar".

   Por otra parte, se reconoce la posibilidad de que las concesionarias sean declaradas en concursos de acreedores, en cuyo caso los saldos de la cuenta de compensación y los intereses devengados serían exigibles "en todo caso" por la Administración, que recuperaría así parte de los recursos cedidos a las empresas.

   Además, se autoriza al Gobierno para que, "si las circunstancias económicas de las sociedades así lo aconsejan", pueda excluirlas de todas estas medidas (préstamos participativos, compensaciones, etc.); si bien el saldo de las cuentas de compensación devengará intereses a partir de 2014, excepto para las gestoras de las tres nuevas vías incorporadas a la medida, que deberán esperar a 2016.

Exdirectivo de CAM critica "injerencias políticas" y dice que había "búsqueda de influencias y préstamos a amigos"

VALENCIA.- El ex director general de Participaciones Empresariales de Caja Meditarráneo (CAM), Joaquín Meseguer, ha señalado este lunes ante las Cortes Valencianas que en la caída de la entidad confluyeron diversos tipos de factores. Entre los que considera "enemigos", ha destacado la morosidad, el SIP con Cajastur y otras entidades y las "injerencias políticas". 

   Según ha asegurado, había "búsqueda de influencias", en materias como "obra social, recursos humanos, préstamos a amigos". Asimismo, ha destacado que la "pelea" por la renovación de órganos rectores de 2007 "quebró mucho la cohesión" y dio una "mala imagen" de la entidad. También considera que afectó a la caja las declaraciones del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en las que dijo que la CAM era "lo peor de lo peor".

   Meseguer, que ha intervenido este lunes en la comisión de investigación de la CAM en las Corts, cree que también influyeron negativamente en la entidad alicantina la "debilidad" del gobierno socialista, "que retrasó los planes de saneamiento", y ciertos "errores propios", como "la falta de capacidad para encontrar acuerdos con otras entidades", entre otros.

    Joaquín Meseguer entró en la caja en 1975 y, tras varias responsabilidades, en 2007 fue nombrado director general de Participaciones Empresariales. En 2010, con motivo de la constitución del Banco Base y dado que tenía más de 55 años, le pidieron que se prejubilara. De este modo, fue después de su estancia en la caja, cuando ésta fue intervenida, lo que ha calificado como "la mayor sorpresa negativa" de su vida.

   Así, ha señalado que cuando se fue de la CAM "nada hacia sospechar" que fuera intervenida. Al respecto, ha dicho que tenía "dificultades" pero "como todas las entidades financieras" porque "había un problema sectorial importante que no se abordó en su momento", lo que produjo "una situación de debilidad en todas las entidades".

   El ex director general de Participaciones Empresariales de la CAM ha explicado que entre 2007 y 2010, cuando tenía ese cargo, su función era "auxiliar", puesto que "no estaba en el campo de batalla, no me dedicaba a áreas financieras, ni comerciales".  Así, haciendo un símil deportivo ha comentado: "Yo estaba dentro del equipo, pero no jugando el partido".

   Los diputados del PSPV Ángel Luna y de Compromís Mireia Mollà le han preguntado si se leyó el escrito del Banco de España de diciembre de 2010 en el que alertaba de irregularidades en la entidad, a lo que Meseguer ha respondido que "cuando las actas del Banco de España exigían ser leídas, se leían íntegramente". Además, ha afirmado que ante sus requerimientos se tomaban "medidas urgentes". Respecto a la ruptura del SIP de la CAM y Cajastur, entre otras entidades, ha dicho desconocer los motivos.

   Preguntado por los grupos parlamentarios por las remuneraciones, Meseguer ha asegurado: "En mi vida he sabido en que consistían mis derechos de remuneración". En este mismo sentido, ha aseverado que "nunca" ha participado "lo más mínimo" en la fijación de sus condiciones laborales.

   El diputado 'popular' Vicente Betoret le ha inquirido sobre si la deuda que la Generalita tenía con la caja influyó en la caída de la entidad. Meseguer ha contestado que no hubo "ningún impago" por parte del Consell y ha aseverado que la CAM llevaba "un absoluto control de todos los riesgos".

   Por su parte, el exdirector de Recursos de la CAM Vicente Soriano, que ha acudido a la comisión de investigación de las Corts a continuación, ha hecho un repaso por los cargos que ha ostentado en la caja, pero se ha negado a responder a los grupos parlamentarios por estar imputado en la causa abierta por la Audiencia Nacional que investiga supuestas irregularidades en la gestión de la entidad financiera.

   "Estoy imputado en un procedimiento en la Audiencia Nacional y en uso de los derechos que me otorga la ley y especialmente el artículo 24 de la Constitución, a mi pesar no podré contestar, al menos en este momento, a las cuestiones que me pudieran plantear", ha señalado.

   El diputado socialista Ángel Luna ha indicado que Soriano "ha sido el colaborador esencial de López Abad --que también se negó a responder-- en todo lo que ha hecho en la caja; ha sido el fontanero de lujo, por el sueldo, del director general de la CAM". 

Por su parte, la parlamentaria de Compromís Mireia Mollà ha señalado que "es bastante decepcionante su actitud, pero al mismo tiempo muy reveladora", y ha dicho que es "activista y promotor de prácticas ilícitas en la CAM".

   Asimismo, el diputado de EUPV Lluís Torró ha criticado la "falta de respeto" de Soriano, mientras que por parte del PP, Vicente Betoret le ha instado a "reflexionar" sobre su decisión de no responder a las preguntas. Soriano ha reiterado su negativa y ha señalado que "ojalá pueda contestar en un futuro próximo".

   Por otro lado, el presidente de la comisión, Rafael Maluenda, ha dado cuenta de la negativa de la CAM de enviarles informes periciales que han dado lugar a iniciativas de carácter jurídico penal contra antiguos miembros directivos porque, según la caja, esta documentación "se encuentra en posesión de la Audiencia Nacional". La comisión de investigación ha acordado emitir un nuevo escrito ante esta negativa.

El gasto medio en los hogares de Murcia fue de 26.874 euros en 2011, el sexto menor del país

MURCIA.- El gasto medio de cada hogar español alcanzó los 29.482 euros en 2011, lo que significa un descenso del 1% respecto a 2010 y un 3,5% menos en relación a 2006, según la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) de 2011 publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge que el gasto medio en los hogares de Murcia fue de 26.874 euros, el sexto menor del país.

   El gasto medio por persona ascendió el año pasado a 11.137 euros, un 0,2% menos que en 2010 y un 0,5% superior al del ejercicio 2006, cuando empezó a elaborarse esta encuesta. En Murcia este gasto se situó en los 9.566 euros, el tercero menor del país.

   En total, el gasto en consumo de los hogares cayó un 2,8% el año pasado en términos constantes, mientras que se mantuvo en niveles similares a los de 2010 en términos corrientes.

  Los valores más elevados del gasto medio por persona se registraron en País Vasco (13.774 euros), que supera en un 23,7% la media nacional (11.137 euros); Madrid (13.412 euros) y Navarra (13.043 euros).

   Les siguieron Cataluña (12.149 euros), Cantabria (11.591 euros), Asturias (11.387 euros), Baleares (11.369 euros), La Rioja (11.341 euros), Aragón (11.130 euros), Castilla y León (10.782 euros), Galicia (10.759 euros) y Comunidad Valenciana (10.140 euros).

   Completan la lista, con gastos medios por debajo de los 10.000 euros por persona, Andalucía (9.854 euros), Castilla-La Mancha (9.683 euros), Murcia (9.566 euros), Extremadura (9.206 euros) y Canarias (9.066 euros).

Hallan más de 400 piezas de oro y plata andalusíes en un solar de la calle Jabonerías, de Murcia

MURCIA.- El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, ha presentado este lunes el mayor tesoro arqueológico de monedas andalusíes de la Región de Murcia, hallado en un solar de la calle Jabonerías, de la capital regional.

   Se trata de un conjunto de monedas andalusíes que se encontró en el transcurso de una intervención arqueológica realizada en el número 18 de esta calle de la ciudad de Murcia, como parte de una medidas de protección para el patrimonio arqueológico urbano y que ha sido supervisado por el servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Turismo.

   El tesoro se localizó en una de las alhanías o alcobas de los restos de una vivienda andalusí de los siglos X al XV. Se encontraba dentro de una pequeña orcita de cerámica donde estaban ocultadas 423 monedas de oro y plata.

   De ellas, 347, entre monedas y fragmentos, corresponden a piezas de oro (sólo dos son dinares, el resto se trata de fracciones de dinar) y 76, incluyendo también los fragmentos, a dirhames de plata. El conjunto lo completan cinco pequeños elementos en oro que debieron formar parte de adornos de joyería.

   Las monedas se expondrán en el Museo de Santa Clara, "cuya temática y entorno encaja perfectamente con la procedencia de estas monedas ", ha dicho Cruz.

   Cruz, que ha estado acompañado por el director general de Bienes Culturales, Francisco Giménez, ha destacado que "se trata de una joya arqueológica de primer orden que encaja perfectamente dentro de la consideración que a nivel arqueológico se tiene de los denominados tesoros". Esto es, aquellos conjuntos de monedas (y, como en este caso, también de piezas de oro que no son monedas) formado intencionadamente y ocultado, abandonado o perdido accidentalmente por su propietario.

   A su juicio, "es el conjunto de monedas andalusíes más numeroso de los documentados hasta el momento en la Región" y, por otra parte, "el que mayor porcentaje de piezas en oro presenta en su composición, aun cuando se trate en su mayoría de moneda fraccionaria".

   En este sentido, ha apuntado que tanto por su heterogeneidad, con presencia de ejemplares califales, de los reinos de taifas y almorávides, así como probablemente moneda fatimí emitida en Sicilia y el norte de África, "marca también la singularidad de este conjunto frente a los ya conocidos".

   "El único referente más cercano, a este respecto, lo constituye el tesoro hallado en 2005 en la antigua ciudad de Begastri (Cehegín), fechado hacia el siglo XI y compuesto de manera exclusiva por 237 monedas de plata junto con algunas piezas de orfebrería", ha puntualizado Cruz.

   El proceso de limpieza y estudio en detalle del tesoro apenas se ha iniciado, y que el avance del mismo podrá determinar, en algún caso, si existen piezas de otro tipo y otras precisiones de carácter metalográfico y cronológico.

   De acuerdo a los datos aportados por los técnicos responsables de la excavación, las características del depósito arqueológico donde fue enterrado parecen corresponder a un primer momento de abandono y desmoronamiento de la vivienda construida a fines del siglo X, al que siguió un episodio de inundación que selló este nivel, a finales del siglo XI.

   Sobre ese nivel, hacia la primera mitad del siglo XII, se levantaría una nueva vivienda, manteniendo a grandes rasgos la disposición original de la anterior. Es, pues, en ese momento de finales del siglo XI, donde debe encuadrarse el momento de la ocultación.

Cruz Roja y los bancos de alimentos repartirán 3,5 millones de kg de comida entre más de 120.000 murcianos en 2012

MURCIA.- Cruz Roja Española y los dos bancos de alimentos de la Región de Murcia repartirán durante 2012 un total de 3,5 millones de kilogramos de comida entre 120.917 murcianos necesitados, una cifra de beneficiarios que ha crecido entre el cuatro y el cinco por ciento anualmente en los últimos años.

   Así se ha hecho saber durante la presentación del Plan de Ayuda Alimentaria en la Región de Murcia, cuyo objetivo es proporcionar gratuitamente a los más necesitados alimentos básicos procedentes de los excedentes agrarios.

   El Plan está gestionado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo Español de la Garantía Agraria (FEGA), que lleva más de 25 años actuando en España a favor de las personas necesitadas.

   El dinero procede de la Comisión Europea, que es la encargada de aprobar el reglamento y distribuir las ayudas entre 20 países que concurren voluntariamente al programa. En concreto, España recibirá 80 millones de euros para 2012, de los cuales 3,7 millones corresponden a la Región de Murcia.

   Este dinero se está empleando para distribuir 67,4 millones de kilogramos de alimentos en toda España, de los que 3,5 millones de kilogramos corresponden a la Región de Murcia, lo que supone un 4,9 por ciento del total. "Se trata de un número importante de kilogramos, pero es una cifra también muy importante de beneficiarios, que representa el 5,9 por ciento del total nacional", se ha concluido.

   La entrega de alimentos ha crecido en los últimos años. Así, en 2009, la Región de Murcia recibió 1,6 millones de kilogramos; mientras que en 2010 la cifra aumentó a 2,4 millones de kilogramos; y en 2011 se incrementó hasta los 5,7 millones de kilogramos de forma extraordinaria, debido a los excedentes excepcionales de la agricultura el pasado año.

   El Ministerio de Agricultura aprovechó la coyuntura para repartir más alimentos entre la población, según Bascuñana, quien achaca a esta circunstancia el descenso de los alimentos repartidos en 2012, hasta los 3,5 millones de kilogramos.

   El 50 por ciento de la comida se entrega a Cruz Roja Española, y el 50 por ciento restante corresponde a los dos bancos de alimentos de la Comunidad. Estas entidades, su vez, se encargan de repartirlo entre las 304 entidades benéficas colaboradoras, que son las que distribuyen los alimentos a los beneficiarios finales y hacen una labor "indispensable", según los presentadores.

   Han remarcado que el reparto está regulado por una normativa "muy exhaustiva" e, incluso, el tipo de alimento está especificado para cada una de las fases y tramos de edad. Los beneficiarios deben justificar plenamente que son necesitados en base a unos baremos establecidos.

   Se ha explicado que el área de agricultura de la Delegación del Gobierno hace controles periódicamente para comprobar que la entrega de ayuda se cumple, y "hasta ahora todas las entidades colaboradoras están cumpliendo perfectamente", han añadido.

   El Plan se articula en tres plazos, uno en junio que ya se ejecutó, otro en octubre y una fase final para principios de 2013. A partir de esa fecha, se ha augurado que se volverá a repetir el procedimiento.

   En concreto, en la primera fase se repartieron leche, galletas y pasta, mientras que en la segunda y en la tercera se van a repartir hasta 16 productos como aceite de oliva, alubias, arroz, cereales infantiles, conservas de atún, frutas en conserva, garbanzos, judías verdes en conserva, leche de continuación, lentejas, potitos, tomate frito y zumos.

   Se ha anunciado que el Plan para 2013 "ya está en marcha", y a España ya se le han asignado 85,6 millones de euros para la compra de más de 67 millones de kilogramos de alimentos que se repartirán entre cerca de dos millones de personas.

   Todavía está por determinar la cantidad que será destinada a la Región de Murcia, aunque se prevé un aumento del cinco por ciento, lo que supondrá la adquisición de 250.000 kilogramos más de comida.

  También se ha reconocido que no le gustaría que creciera el número de beneficiarios en 2013. Así, cree que ya se están alcanzando límites "bastante altos", y se confía en que la cifra alcance un incremento "cero" en base a las previsiones del Ministerio de Hacienda que apuntan a que la situación económica en España se estabilizará en 2013.

   Además, se ha adelantado que "posiblemente el plan pueda mantenerse hasta 2010", lo que es una garantía y da "una cierta tranquilidad a las asociaciones".

   Según datos facilitados por Cruz Roja, en la fase comprendida desde el 11 de junio hasta el 30 de septiembre, sólo esta ONG repartió 336.142 kilogramos de alimentos a 59.800 usuarios, a través de 97 entidades diferentes.

   En la segunda fase, desde el 1 de octubre hasta el comienzo de la tercera fase, Cruz Roja recibirá un total de 709.206 kilos de diferentes tipos de alimentos. El número de beneficiarios a los que va destinada la ayuda es de 60.000 personas que se encuentran en situación de extrema necesidad, como familias en paro e infancia desprotegida, entre otros colectivos.

   Cruz Roja realiza este reparto a través de 100 entidades de la Región de Murcia como, por ejemplo, sus propias asambleas locales, entidades religiosas católicas y de otras confesiones, así como fundaciones, asociaciones y ayuntamientos.

Murcia lidera la mayor caída en las ventas del comercio minorista

MURCIA.- Las ventas del comercio al por menor en la Región de Murcia registraron una caída del 15,8 por ciento durante el mes de septiembre, en relación al mismo mes del año anterior, el mayor descenso por comunidades.

   Así se desprende de los Índices de Comercio al por Menor (ICM) publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan que la Región de Murcia experimentó en septiembre una caída en el empleo en el sector del comercio al por menor del 1,5 por ciento en relación al mismo mes del año anterior, tres décimas superior a la caída experimentada en el conjunto nacional, lo que supone la octava mayor caída por comunidades autónomas.

   Respecto a la media en lo que va de año, el descenso en la Región de la ocupación bajó un 1,5 por ciento, según la estadística.

   En el conjunto del país, las ventas del comercio al por menor bajaron en septiembre un 12,6 por ciento en relación a igual mes de 2011, acentuando en más de diez puntos la caída interanual que habían experimentado en agosto (-2 por ciento).

   El desplome de las ventas del comercio minorista en septiembre, el más elevado de todo el periodo de crisis, coincide con la subida del IVA, que entró en vigor a principios de ese mes. El INE señala que el índice del comercio minorista hace referencia a las ventas incluyendo el IVA facturado.  

   Con el descenso de septiembre, el comercio minorista acumula ya 27 meses consecutivos de caída de sus ventas. En los nueve primeros meses de 2012, el sector ha reducido un 6 por ciento sus ventas en comparación con el mismo periodo de 2011.

   Por modos de distribución, todos ellos recortaron sus ventas en septiembre. El mayor descenso de las ventas lo registraron las empresas unilocalizadas (-15,3 por ciento), seguidas de las grandes superficies (-14,8 por ciento), las pequeñas cadenas (-14,1 por ciento) y las grandes cadenas, que redujeron su facturación un 5,5 por ciento.

   El empleo en el sector del comercio minorista siguió bajando y en septiembre registró un retroceso del 1,2 por ciento respecto al mismo mes de 2011.

Valcárcel pedirá a Sáenz de Santamaría la declaración de interés preferente del nuevo proyecto de El Gorguel

MURCIA.- El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes, ha presentado este lunes al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, el Informe de Sostenibilidad Ambiental del proyecto del plan director del nuevo puerto de El Gorguel ya terminado.

   Tras la reunión, celebrada en el Palacio de San Esteban --sede del Ejecutivo regional--, Viudes ha desvelado que Valcárcel "se ha ofrecido a solicitar a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría la declaración de interés preferente, por tema económico, de este puerto como gran infraestructura al servicio de los intereses de España".

   Al hilo, ha adelantado que la primera piedra del nuevo puerto se pondría en 2017 "si todo sale como normalmente debe salir", tras lo que ha subrayado que la financiación para dicho proyecto "está completamente asegurada".

   En concreto, ha precisado que en la primera fase "serían 700 millones de euros, de los que la Autoridad Portuaria pondría alrededor de 500 millones". De estos 500 millones, "en el proceso constructivo más de 200 los tendría la Autoridad de fondos propios que se generarían gracias a nuestros excedentes, ya que el Puerto de Cartagena es el más rentable de los 28 de interés general del sistema portuario español".

   De forma que, ha explicado, "entre la aportación de la Autoridad Portuaria, de la iniciativa privada y entre un préstamo que se obtendría del Banco Europeo de Inversiones, que visitarán el próximo mes acompañados de Valcárcel, o de otra entidad financiera, la financiación del nuevo puerto está absolutamente asegurada sin que tengamos que demandar ni un solo euro de los Presupuestos Generales del Estado".

   Tras destacar que Valcárcel "abandera el proyecto", el presidente de la Autoridad Portuaria ha desgranado las conclusiones de dicho Informe de Sostenibilidad Ambiental, en el que se justifica la necesidad de hacer este proyecto, dado que "en el horizonte 2017-2020 la demanda de infraestructuras portuarias como la que se hará en El Gorguel superará la oferta, por lo que está garantizado el éxito de una terminal capaz para más de tres millones de contenedores".

   Igualmente, dice el informe, "de todas las alternativas estudiadas se demuestra que la única alternativa viable para dar cabida a esta infraestructura es El Gorguel", no existiendo "afectación significativa al LIC marino".

   Viudes ha resaltado que existe una afectación al LIC terrestre por una pareja de búho real y otra de halcón peregrino que hay en la zona, aunque "son parejas que están en expansión en la Comunidad".

   Tras concluir este informe, se someterá a información pública. Además, Viudes ha comentado los dos informes que serán preceptivos en este sentido, el del Ministerio de Medio Ambiente, "por cuanto tiene competencia sobre el LIC marino", y el de la Comunidad, "por competencia exclusiva sobre el LIC terrestre".

   En función de los informes, el Ministerio "podrá decidir si el tema queda resuelto a nivel de Gobierno central o si tiene que ir a Bruselas a efecto de notificación o decisión de la Comunidad europea, porque entiendan que haya afectación importante a la Red Natura".

   En cualquier caso, concluye, "terminado el tema corresponde al órgano promotor, junto con el Ministerio, la redacción de la memoria ambiental".

Hostetur cree que la falta de presupuesto para turismo en 2013 es "una postura suicida por parte de los políticos"

CARTAGENA.- Los miembros de la Asociación de Hostelería y Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida (Hostetur) cree que la falta de presupuesto para turismo en 2013 es "una postura suicida por parte de los políticos".

   Hostetur lamenta que en un sector como el turístico, "que es fundamental y estratégico para la Región", según recuerdan "ha dicho en numerosas ocasiones el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel", no disponga prácticamente de presupuesto para promoción en el 2013.

   Tras analizar en un encuentro de trabajo los datos de este verano, Hostetur ha puesto de manifiesto "la relativa satisfacción por haber mantenido, incluso en algún caso sobrepasado, la ocupación del 2011", aun así, añaden su preocupación por haber tenido que bajar precios "de una forma importante".

   Al tiempo que han mostrado su preocupación por la "constante e imparable" caída de pasajeros en el aeropuerto de San Javier, "principal entrada de turismo internacional de la Región".

   Finalmente, los empresarios del sector han acordado trabajar para que en un futuro "las redes antimedusas se pueden mantener durante todo el año".

Hasta 795 trabajadores de Sabadell-CAM se han adherido ya voluntariamente al ERE

ALICANTE.- Un total de 795 trabajadores de Sabadell-CAM se han adherido ya voluntariamente al expediente de regulación de empleo (ERE) de la entidad. La cifra supone un 63,6% del recorte total de 1.250 empleados de la plantilla pactado a mediados de mes entre los sindicatos y la dirección.

La semana pasada se celebró la primera comisión de seguimiento del expediente de regulación de empleo (ERE) en Sabadell-CAM, y ya se han adscrito voluntariamente 795 personas, según un comunicado de Sicam, sindicato mayoritario en el banco alicantino adquirido por el Sabadell.

En total, se han inscrito 665 trabajadores a las prejubilaciones, 495 de ellos mayores de 55 años en 2013, y otros 170 entre el colectivo que cumplirá entre 53 y 55 años en 2013. Con estas adscripciones, ya estaría cubierto el cupo de personas máximas prejubilables.

A ellos hay que sumar que 127 empleados menores de 53 años se han adherido a las bajas voluntarias indemnizadas, y otros tres a las extinciones de contrato con posibilidad de retorno.

A mediados de octubre y tras unas tensas negociaciones, la dirección de Sabadell-CAM llegó a un acuerdo ‘in extremis’ con los sindicatos sobre el expediente de regulación de empleo (ERE), que finalmente afectará a 1.250 trabajadores, en vez de los 1.751 previstos inicialmente, incluidas 710 prejubilaciones.

La propuesta definitiva de la empresa fue suscrita por la totalidad de la representación sindical: Sicam-Sabadell, UGT, CGT, ALTA, CSICA, y Sindicato Vietnamita, aunque CCOO tiene que valorar el acuerdo.

El acuerdo contempla 710 prejubilaciones voluntarias. Los trabajadores que se acojan recibirán un 80% de salario neto hasta los 63 años, con un tope de 245.000 euros, que únicamente se concederá durante los 15 primeros días de adhesión a la medida. Este tope no incluye desempleo, ni aportación adicional periódica que se abonará en un solo pago. Transcurrido el plazo de 15 días, el tope bajará a 240.000 euros.

La adhesión voluntaria a las prejubilaciones comenzará con el colectivo que cumpla hasta 55 años en 2013 y se ampliará la oferta, a 54 y 53 años, hasta cubrirse el número establecido.

En el caso de las bajas indemnizadas, la empresa ofrecerá a los trabajadores con salarios inferiores a 30.000 euros anuales, 35 días de salario/año, con prima de adhesión de
10.000 euros (Mínimo de 30.000 euros). Para salarios a partir de 30.000 euros anuales: 35 días salario/año, y una prima de adhesión de 15.000 euros. Para salarios de más de 40.000 euros anuales: 35 días salario/año, y una prima de adhesión 15.000 euros. En todo caso, el tope máximo de indemnización se establece en 150.000 euros, y el mínimo en 30.000.

También se realizarán suspensiones temporales, en las que se dará en el momento de la adscripción 20 días salario por año trabajado, con un mínimo de 10.000 euros. En caso de no retorno por imposibilidad de la empresa, a los dos años, el trabajador recibirá una compensación económica por la diferencia entre la cantidad percibida y la cantidad que le correspondiera por despido improcedente, más una prima de 10.000 euros.

Las autopistas vacías, otra cara de la burbuja española

MADRID.- En la garita del peaje de Leganés, a la entrada de Madrid, los empleados miran a la distancia, pero los coches llegan con cuentagotas: la crisis hace que los españoles deserten de las autopistas, llevando a varias de ellas al borde de la quiebra.

"Hemos solicitado el concurso de acreedores, por cuanto ahora mismo no podemos hacer frente a los vencimientos que tenemos de la deuda... ya estamos en manos del juez", explica José Antonio López Casas, director general de Accesos de Madrid, que gestiona las autopistas Radial 3 y Radial 5.

En el caso de estas dos vías, puestas en marcha en 2004, la carga es pesada: 660 millones de euros de deuda con los bancos, 340 millones con los constructores originarios del proyecto y 400 millones que se deben pagar a los vecinos por las expropiaciones para la construcción de esas autopistas.

Una situación que se repite en los últimos meses en España, cuarta economía de la zona euro en plena recesión.

La autopista Madrid-Toledo fue la primera en solicitar un concurso de acreedores en mayo, seguida en septiembre por las Radiales 3, 4 y 5, que sirven para entrar a la capital y luego continuar hacia Cartagena-Vera y Ocaña-La Roda.

"No hay ninguna sorpresa", comenta Paco Segura, especialista del sector transportes de la ONG Ecologistas en Acción. "En España, del mismo modo que ha habido una burbuja inmobiliaria, ha habido otra burbuja de infraestructuras, y una de las que más se ha desarrollado ha sido la de las autovías", explica antes de denunciar "una situación absolutamente aberrante".

 "Hemos estado construyendo miles y miles de kilómetros de autovías en itinerarios que no tenían la densidad de tráfico que lo justificase", afirma.

"Está fuera de duda que se construyeron demasiadas infraestructuras en un momento determinado, muchas de las cuales han resultado que posteriormente no tienen utilización: ha pasado con carreteras, ha pasado con aeropuertos y antes o después se descubrirá que esta pasando con el AVE", el tren de alta velocidad, admite López Casas.

Esta política, muy activa hasta el estallido de la burbuja en 2008, permitió a España alcanzar auténticos récords: líder europea en kilómetros de autopistas y en número de aeropuertos comerciales de vocación internacional; número dos mundial en kilómetros de vías de alta velocidad, sólo por detrás de China.

Los concesionarios de autopistas ponen cara larga, sufriendo por el frenesí constructor incluso antes del inicio de la crisis, ya que el Estado, mientras daba curso a una serie de vías de peaje, siguió construyendo una red paralela de carreteras gratuitas, muy preferidas por los automovilistas.

La crisis agravó los efectos perjudiciales: en el primer trimestre, el tráfico por las autopistas de pago bajó un 8,2% interanual, alcanzando su nivel más bajo desde 1998, según el ministerio de Fomento.

"Los cálculos más solventes dicen que el tráfico en el entorno de Madrid ha caído en los últimos cinco años en el orden de un 15-20%" y "en nuestro caso ha caído mucho más", se lamenta el propietario de Accesos de Madrid.

"La coyuntura económica nacional hace que el coste del peaje es un elemento que se mide mucho más a la hora de tomar la decisión de si se va por una carretera de pago o no, siempre que hay una alternativa gratuita", destaca Jacobo Díaz, director general de la Asociación Española de Carreteras (AEC). Globalmente, "es evidente que ha habido una sobrevaluación de la demanda estimada y el tráfico real es la cuarta parte frente a lo previsto", añade.

Según Ecologistas en Acción, la autopista Madrid-Toledo sólo ve pasar el 11% del tráfico inicialmente previsto, mientras que en los accesos a la capital, "en casi todas las que están quebrando, prácticamente ninguna llegaba al 40% del tráfico estimado para el que se habían construído", asegura Paco Segura.

"Donde tendríamos que tener 35.000 vehículos diarios, tenemos 10.000", confirma López Casas, mostrándose poco optimista en cuanto a una ayuda del Gobierno, enzarzado en un esfuerzo de austeridad sin precedentes. "Si no hay dinero para prácticamente nada, tampoco debe haberlo para resolver los problemas de los privados", como los concesionarios, concluye.

La crisis deja a la Armada española con solo dos submarinos, basados en Cartagena

MADRID.-   La crisis ha reducido a la mitad la flota de submarinos de la Armada, ya que después de que el 'Siroco' fuera dado de baja el pasado junio los presupuestos para el próximo año no contemplan la gran revisión a la que se tendría que someter el 'Tramontana' para continuar operativo. De esta manera, España permanecerá sólo con dos submarinos disponibles a la espera de que se incorpore la nueva flota que está siendo construida por Navantia en Cartagena, un programa de más de 2.000 millones de euros.

   La Armada espera que el primero de los nuevos submarinos, que ya está en avanzado estado de construcción en los astilleros de Navantia en Cartagena, esté operativo en 2016. Ese mismo año tendrá que darse de baja uno de los dos submarinos de la actual flota, el 'Galerna', que ya se ha pasado su última gran carena posible.

   Por ello, el comandante de la flotilla de submarinos de la Armada, capitán de navío Carlos Martínez-Merello, advierte de que "si se produjesen retrasos en la entrega del S-81, dada la complejidad de la construcción, que lo llevaran más allá de 2016" las Fuerzas Armadas se quedarían "con un sólo submarino operativo". Sería el 'Mistral', que en estos momentos está pasando su última gran revisión, y que en esos años estaría agotando su vida operativa.

   Según ha explicado el comandante Martínez-Merello, si finalmente no se somete a la gran carena al 'Tramontana', la actual serie de submarinos S-70 finalizará su vida operativa en 2018. Para entonces, la Armada espera tener ya las primeras unidades de la serie S-80.

   La situación actual del Arma Submarina contrasta con la de los últimos años del siglo XX y primeros del XXI, cuando la Armada llegó a contar con ocho submarinos: los cuatro de la serie 70 y los de la anterior serie S-60, que se dieron de baja entre 2003 y 2006.

   En la actualidad, la Armada sólo cuenta con dos submarinos operativos con una media de 27 años, el 'Galerna' y el 'Tramontana', ya que el 'Mistral' está en revisión hasta la primavera de 2013, momento en que debería entrar en este proceso el 'Tramontana', el más moderno de la serie. Sin embargo, según han indicado fuentes del Ministerio de Defensa, a fecha de hoy no se han previsto los más de 30 millones que costaría.

   El "efecto perjudicial" de que no se haga esta gran carena, según explica el comandante de la flotilla, además del "obvio de contar con una unidad menos", tiene que ver con la "transición" de una serie a otra desde el punto de vista del personal.

   "Si el submarino 'Tramontana' es dado de baja, la mayor parte de los miembros de su dotación ocuparán otros destinos fuera del ámbito del Arma Submarina --explica--, perdiéndose así una parte del núcleo de personal del que deben salir las dotaciones de los submarinos de la serie S-80, lo que indudablemente irá en detrimento de una mejor selección del citado personal".

   Según indica, la formación de "una buena plantilla de personal submarinista" precisa de "un esfuerzo significativo y tiempo", ya que las dotaciones de los submarinos están compuestas por "personal muy especializado, que requiere conocimientos y experiencia".

   Según explica el jefe de la flotilla, el Arma Submarina es un "factor de gran importancia para la defensa nacional", un instrumento fundamental de disuasión cuyas características propias de "discreción, movilidad y autonomía logística" le permiten llevar a cabo "múltiples cometidos", algunos de forma "exclusiva".

   Entre sus misiones están la neutralización de amenazas, la obtención de inteligencia y reconocimiento encubierto, el reconocimiento avanzado en situaciones de crisis y el despliegue encubierto de operaciones especiales en objetivos situados en la franja costera.

   Algunas de estas misiones se llevaron a cabo en la reciente participación de España en la misión internacional en Libia, en la que las Fuerzas Armadas aportaron su Arma Submarina. De hecho, el 'Tramontana' fue el primer submarino español en acudir a la zona y en su primera misión identificó a alrededor de 450 embarcaciones, entre las que se encontraban al menos 40 de carácter sospechoso. También participó en la resolución de la crisis con Marruecos por el islote de Perejil.

   "El hecho de poseer un arma submarina es un factor de gran importancia para la defensa nacional de un país", recalca el comandante, antes de recordar que "tanto los países aliados del entorno, como Portugal, Francia o Italia, como países fuera del ámbito de la OTAN, por ejemplo Argelia o Chile, están modernizando sus unidades o adquiriendo otras nuevas".

   Una vez se incorporen los nuevos submarinos S-80 a la Armada, España contará con "uno de los mejores submarinos convencionales del mundo", que permitirá "actuar más lejos y más discretamente, así como disponer de armas más eficaces", explica el comandante.

   El buque que construye Navantia es un submarino "más grande, con mayor autonomía" y con un sistema de "propulsión independiente de la atmósfera (AIP) que mejora su discreción, sin perder las cualidades que le permitan operar en aguas litorales". Entre sus novedades también se incluye la capacidad de ataque a tierra.

   El programa, cuyo coste tostal se estima en más de 2.000 millones de euros, incluye un "alto componente de innovación tecnológica", al que se atribuye parte del retraso que ya acumula y los que todavía se puedan producir, según han indicado fuentes del Ministerio de Defensa.

   Los planes iniciales del programa, firmado tras años de estudio en 2004, contemplaban que el primero de los cuatro submarinos fuera entregado a la Armada a finales de 2013 y el último en 2016. Ahora, la Armada espera que el primero de los S-80 "tome el relevo" de la actual flota en 2016.

   A estos avatares hay que añadir la revisión que está haciendo de todos los Programas Especiales de Armamento el Ministerio de Defensa con el objetivo de reducir su carga en los presupuestos, un plan que contempla retrasos en entregas y reducciones de los pedidos. La primera decisión tomada en este sentido es el aplazamiento hasta 2015 de la llegada de aviones de combate 'Eurofighter'.

   Con los retrasos de entregas, Defensa pretende aplazar los pagos y evitar que la deuda por material entregado y no abonado pasara a convertirse en déficit del Estado. Además, está estudiando reducciones de pedidos, en función de las necesidades que defina para las Fuerzas Armadas.

Lorca y la comisionada / José García Murcia *

Como las cosas no iban bien, el Gobierno de España, presidido entonces por el señor Zapatero, creó la figura del Comisionado para las actuaciones derivadas del terremoto y nombró a Jesús Miranda para coordinarlas e impulsarlas. Realmente este primer comisionado puso voluntad. Alumbró un segundo Real Decreto Ley, el 17/2011 de 31 de octubre (el primero fue el de medidas urgentes de 13 de mayo), pero a la postre, como pasó con el primero, también se demostró insuficiente, porque entre otras cosas no contempló programas de recuperación económica globales (Plan Lorca) ni tampoco intervención directa de la Administración en la reconstrucción de Lorca.

Con el triunfo del PP en las elecciones de noviembre, el Comisionado Miranda decayó de sus funciones y el Gobierno entrante nombró el 31 de diciembre a Mario Garcés, que al poco tiempo, tras declarar que el presidente Valcárcel incumplía sus compromisos y que las ayudas a los damnificados estaban retenidas en la Comunidad Autónoma, terminó su corto mandato, viéndonos sorprendidos el 16 de marzo de 2012 con la noticia del nombramiento de Inmaculada García como nueva y tercera persona que ocupaba el cargo, y lo hacía, con la clara finalidad, se decía, de «dar un impulso clave y aportar al Gobierno las bases para un Plan de Dinamización de la zona».

Aunque no lo parezca, porque apenas su presencia se ha notado, García es, de los tres, la que más tiempo ha desempeñado el cargo. Ya lleva siete meses y aún está por ver de qué es capaz. El RD-ley 11/2012 de 30 de marzo (y ya son tres), que contempló el préstamo ICO y la ejecución forzosa, ya estaba preparado cuando ella fue nombrada, por lo que no se le deben atribuir méritos en el asunto. 

¿Y después, qué ? Pues básicamente que la participación de la Comisionada se viene caracterizando por lo que podríamos denominar ´actividad plana´: escasas declaraciones con apreciaciones erróneas de la realidad y del proceso; pocas visitas a Lorca y casi siempre a hurtadillas; interlocución mínima con los damnificados y sus asociaciones; y, sobre todo, sin cartera de resultados. 

Con siete meses en el cargo, salvo la «Ley 7/2012, de 20 de julio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, reguladora de la reedificación por sustitución forzosa para la urgente reconstrucción de Lorca», que se acometió precipitadamente por ausencia de la figura del agente edificador en la Ley del Suelo de la Región, que será de dudosa eficacia práctica, y en la que ella poco o nada ha hecho, nos preguntamos qué logros puede presentar. 

No son conocidos ni análisis, ni balances, ni informes elevados al Gobierno de España que hayan salido de su departamento. No ha agilizado los trabajos de la Comisión Mixta y después de diecisiete meses de los terremotos aún quedan por resolver 5.000 solicitudes de ayuda (aproximadamente un tercio de las solicitadas). El denominado Plan Lorca sigue siendo una entelequia sin reflejo práctico en los presupuestos estatales pese a las reiteradas llamadas a la ´cuestión de Estado´ hechas por los dirigentes populares. La Comisionada tampoco ha accionado los mecanismos para el cumplimiento del compromiso de construcción de 300 viviendas por parte del Sepes en Lorca, ni su mano se ha sentido en los barrios más afectados, como por ejemplo en San Fernando donde aún están por derribar nueve bloques de viviendas. Además, no ha conseguido que los veintiún millones de euros del fondo de solidaridad europea lleguen directamente a Lorca, ni siquiera que los costes de los derribos posteriores al 31 de agosto de 2011 los asuma el Estado. Ni tampoco que el préstamo anunciado de 185 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones logre su correspondiente aportación de España para hacerse efectivo.

Entonces decimos, ¿qué es lo que hace la Comisionada? Podríamos pensar que está pendiente del «plan integral de recuperación del patrimonio o de la rehabilitación de palacetes y casas solariegas», pero todos sabemos que salvo actuaciones puntuales el fin está muy lejano, por lo que hay que concluir que su intervención es mínima y que Lorca sigue esperando.

Y espera que los desplazados de la ciudad vuelvan, que sus viviendas sean reconstruidas y rehabilitadas, que los dos institutos derribados se vuelvan a levantar, que los centros de salud se construyan, que su conservatorio se rehabilite, que su complejo deportivo Europa y sus centros culturales funcionen, y espera el tan necesario plan de reactivación económica, máxime ahora cuando a la catástrofe de los terremotos se ha sumado el desastre del pasado 28 de septiembre.

El Partido Popular de Lorca y de la Comunidad de Murcia, y principalmente el presidente Valcárcel esquivando su alta responsabilidad en el tema (sobre todo antes de la entrada de Rajoy en el Gobierno) siempre ha lanzado balones fuera aludiendo a que la recuperación de Lorca tras los terremotos era ´cuestión de Estado´. Debemos suponer que la Comisionada comparte dicho criterio y que precisamente ella en uso de sus facultades y de la responsabilidad que le otorga el cargo debería actuar en coherencia y promover cuantas iniciativas fuesen necesarias para llevar a buen fin dicho principio y lograr en plazos no muy lejanos la ansiada recuperación de Lorca.

Realmente es increíble que hasta la fecha el Estado, ante la magnitud de la catástrofe ocurrida en Lorca el 11 de mayo de 2011, no haya tenido una intervención directa en la reconstrucción. Por el contrario, hay que concluir que los avances en Lorca provienen de loables y entusiastas, pero insuficientes, iniciativas privadas o comunales, y por tanto ha entrado en un proceso con múltiples y variadas complicaciones para levantar de nuevo sus edificios y activar la vida social y económica. 

Es esperpéntico pensar que el Estado, precisamente en coincidencia temporal con la tragedia de Lorca, cuya dimensión no tiene precedentes cercanos en España, haya cubierto los desmanes financieros de los bancos y no haya sido capaz de atender las necesidades de vivienda de los damnificados lorquinos. 

Los hechos lo demuestran. Todavía no se ha inaugurado la reconstrucción de ninguna de las 1.500 viviendas derribadas y la Comisionada ni sabe ni contesta. Por su parte, Valcárcel se ha salido por la tangente y con los 115 millones del préstamo ICO que la Administración estatal ha puesto a disposición de las ayudas después de más de un año de sufrimiento (por cierto, sin que todavía se hayan hecho efectivas), da por zanjado su compromiso con Lorca, aunque, sin ninguna duda, la historia lo pondrá en su sitio. Y deja a la Comisionada, la aguileña Inmaculada García, como nexo entre Lorca y Madrid sin que para ello esté preparada, y ni siquiera ponga voluntad.

La Comisionada no ha ofrecido resultados; la Comisionada, por dignidad, debe dimitir. Quizás a la cuarta vaya la vencida. De momento la tercera ha sido ineficaz e ineficiente.

(*) Concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/10/27/lorca-comisionada/435600.html  

El Gobierno aprueba el reglamento para despedir a empleados públicos

MADRID.- El sector público podrá recurrir a los Expedientes de Regulación de Empleo de forma similar a como lo hace el sector privado, según Libre Mercado. La medida no afectará a los funcionarios, que tienen su puesto asegurado por ley, pero sí al resto de empleados de las administraciones y de las empresas públicas, que tendrán un modelo disciplinario similar al del resto de los trabajadores.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Las principales novedades, presentadas por Fátima Báñez en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, son los cambios en los ERE de la función pública y el endurecimiento de las prejubilaciones para los mayores de 50 años.

La reforma laboral ya contempla la posibilidad de despedir empleados públicos, pero su plena aplicación está a la esperaba de desarrollo reglamentario. El borrador del proyecto se elaboró el pasado julio y clarifica las circunstancias en las que se podrá despedir empleados públicos no funcionarios.

Por un lado, las empresas propiedad del Estado, las autonomías o los ayuntamientos podrán despedir a sus empleados por causas económicas, al igual que hacen las compañías 100% privadas.

En el caso de las administraciones públicas, también se abre la puerta para que puedan aplicar despidos colectivos, aunque estos no afectarán a los funcionarios, sino al resto del personal laboral. El reglamento incluye "tres garantías reforzadas en relación al sector privado":

• Será necesario un informe previo vinculante del órgano competente en materia de función pública. Intervendrá la Inspección de Trabajo cuando afecte al Estado o las autonomías.
• Se refuerzan los requerimientos de documentación justificativa.
• Cuando se trate de causas económicas, la documentación exigida también es más rigurosa, incluyendo los presupuestos del organismo en cuestión.

Además, también en materia de ERE el Gobierno ha anunciado un endurecimiento de las condiciones de los despidos colectivos para los mayores de 50 años. En realidad, con esta medida de lo que se trata es de limitar el uso de las prejubilaciones. Se trata de endurecer la llamada Enmienda Telefónica que puso en marcha el anterior Gobierno socialista y que se conoce así porque se puso en marcha después del último proceso de prejubilaciones puesto en marcha por la compañía de telecomunicaciones.

Quizás sea más sencillo explicar la situación con un ejemplo. Imaginemos que una empresa quería prejubilar a algunos sus trabajadores. Hasta ahora, lo que hacía era llegar a un pacto con estos empleados: primero se iban al paro dos años y cobraban de los servicios públicos de empleo. Por ejemplo, alguien de 55 años en el momento de la prejubilación cobraba dos años el paro y luego pasaba a recibir su paga de la empresa desde los 57 años hasta su jubilación. Normalmente el pacto era cobrar algo menos que su último sueldo (lo habitual era estar entre el 60 y el 80%) durante esos ocho años. Con este esquema, la empresa se ahorraba el pago del paro durante los dos primeros años tras la prejubilación.

Pues bien, con la nueva reforma, las empresas con más de 100 trabajadores que hayan tenido beneficios en los dos últimos años y que inicien o hayan iniciado desde el 27 de abril de 2011 despidos colectivos que incluyan a trabajadores de 50 años o más tendrán que pagar la prestación por desempleo de estos empleados. Este nuevo real decreto amplía la normativa que al respecto sacó adelante el Gobierno socialista en 2011, ya que entonces la obligación de pagar el desempleo de trabajadores de 50 años o mas se limitaba a las empresas de más de 500 trabajadores y siempre que el ERE afectara al menos a un centenar de empleados.

Por último, el Real Decreto que desarrolla este nuevo reglamento, incluye nuevas disposiciones que afectarán a todos los ERE, con el objetivo, según ha declarado la propia Fátima Báñez de "proteger a los trabajadores" ante este tipo de despidos colectivos:

• Nuevo papel de la autoridad laboral: tendrá funciones de vigilancia y control de cómo se desarrolla el período de consultas. También ayudará a las partes implicadas en el procedimientos.
• Regula las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a quien le corresponde la emisión de informe preceptivo.
• Delimita "de modo más objetivo" las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.
• Regula de manera detallada el período de consultas con los representantes de los trabajadores, con el objetivo de las partes lleguen a un acuerdo para tratar de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias.
• Concreta toda la información que el empresario debe aportar a los representantes de los trabajadores.
• Para los supuestos de despido colectivo que afecten a más de cincuenta trabajadores, se establece la obligación de elaborar un plan de recolocación externa.
• En los procedimientos de extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada motivados por fuerza mayor, continúa exigiendo la constatación previa por parte de la autoridad laboral del suceso que motiva dicha fuerza mayor.