domingo, 29 de julio de 2012

La 'Red Solidaria' gestiona en el último mes más de 39.000 comidas y 65.000 kilos de alimentos

MURCIA.- La Red Solidaria que se constituyó el pasado mes de mayo para coordinar la distribución de alimentos donados por empresas murcianas a organizaciones no gubernamentales gestionó en el último mes más de 39.000 comidas y 65.000 kilos de alimentos para familias en situación de necesidad.

   El director general de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión Social, Juan Castaño, que presidió recientemente la comisión de seguimiento de la red, destacó el "excelente trabajo de coordinación" entre todos los componentes de la red, empresas productoras y entidades sociales, y añadió que "a través de la solidaridad de la red estamos ganando en efectividad y logrando llegar a más personas con necesidades".
   En concreto, Cáritas ha recibido a través de esta Red 20.000 kilos de alimentos perecederos y 45.000 de no perecederos, mientras que las aportaciones al resto de entidades ha permitido que Jesús Abandonado ofreciera 12.800 comidas, el Hogar del Buen Samaritano, 21.600, y la Hospitalidad Santa Teresa, 4.725 comidas.
   El objetivo es que "ningún murciano se quede sin alimentos", apuntó Castaño, quien explicó que la estrategia de funcionamiento requiere una "estrecha" comunicación de las entidades sociales con la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión "para que nos trasladen las necesidades que tienen y así transmitirlas a las organizaciones que aportan los alimentos".
   La Red Solidaria está compuesta por la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport), la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), la Agrupación de Conserveros y Empresas de Alimentación de Murcia, Alicante y Albacete (Agrupal) y la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia (Froet), que se encarga de la distribución, así como por Cáritas, Jesús Abandonado de Murcia, Hogar del Buen Samaritano y la Hospitalidad Santa Teresa, ambas de Cartagena.
   Juan Castaño expresó su agradecimiento a todas las empresas que donan alimentos de una manera gratuita y también a quienes lo transportan hasta los centros de reparto, así como a los centros y entidades que distribuyen y entregan alimentos en toda la Región, "lo que demuestra la solidaridad de las empresas y entidades murcianas que participan en esta iniciativa".

Sanidad cifra el seguimiento de la huelga de residentes en un 67%

MURCIA.- La Consejería de Sanidad ha cifrado el seguimiento de la huelga de los médicos residentes de la Región de Murcia en un 67 por ciento y destaca que la jornada, que comenzó a las 8.00 horas, transcurrió hoy con normalidad y sin incidencias.

   En las tres principales áreas sanitarias de la Región -Murcia, Cartagena y Lorca- el seguimiento varía entre el 50 y el 75 por ciento.
   La huelga de residentes se prolongará, previsiblemente, hasta el martes y está motivada por los recortes en el número de guardias que realizan estos profesionales sanitarios.
   Los médicos residentes son personal en formación en diversas especialidades, tanto médicas como de enfermería, y que su programa de instrucción contempla la realización de guardias en las que está el profesional titular adjunto, que es quien le guía durante todo su proceso formativo.

Obras Públicas finaliza la ordenación de los accesos de la carretera Lorca-Águilas

MURCIA.- La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio ha anunciado este domingo que ya han concluido las actuaciones para la ordenación de los accesos de la carretera RM-11, que va de Lorca a Águilas, realizadas con el objetivo de aumentar la seguridad de la vía.

   El director general de Carreteras, José Guijarro, ha explicado que las obras han consistido "en la ejecución de nuevos tramos de caminos de servicio con la eliminación de los accesos directos y la construcción de carriles de frenada y aceleración en unos puntos concretos, para permitir la salida y entrada a la vía con total seguridad".
   También se han ejecutado zonas de apartadero para facilitar la detención de vehículos con seguridad en caso de necesidad y se ha remodelado el enlace existente a la altura de la venta de San Felipe para mejora la conexión con las  carreteras RM-D19 (carretera de las Cruceticas) y RM-D13 (carretera de Los Mayorales). Asimismo, se ha mejorado la señalización vertical de la carretera.
   Estas obras se han desarrollado en dos fases, la primera entre el puerto de Purias y el enlace de la carretera de Mazarrón, que finalizaron hace tres años, y el resto del tramo hasta Águilas, que es el que ahora se ha terminado, cuyo importe ha sido de 2.061.054 euros. La inversión de ambas fases asciende a 3.902.402 de euros.
   Guijarro ha señalado que "la RM-11 es un una importante vía de comunicación de alta capacidad de la comarca del Alto Guadalentín, como refleja su intensidad diaria media de tráfico que alcanza los 10.000 vehículos".


Guapa Murcia, nueva revista digital para la mujer, ya está en Internet

MURCIA.- Revista digital para la mujer murciana. Así se define http://guapamurcia.es que acaba de saltar a la red de la mano de una persona muy conocida entre los profesionales de los medios escritos de la Región de Murcia, Valentín López Escribano, economista muy vinculado en su día al diario 'La Verdad' y al mensual 'La Economía' desde su departamento comercial, y ahora editor de la nueva publicación.

Con secciones de todo tipo y una moderna estructura de contenidos importada de los medios impresos, Guapa Murcia cuenta también con el concurso de la abogada Ana Sempere y su profundo conocimiento del mundo de la mujer murciana emprendedora, profesional y joven.

Precisamente el público objetivo de la nueva publicación regional en Internet es ese 'target' de murcianas que plantan cara a la crisis con iniciativas de nuevos negocios o actividades profesionales, que van a tener reflejo y difusión en el medio que ahora acaba de nacer y que, con el concurso de mujeres periodistas acreditadas, alcanzará en el otoño su velocidad de crucero, coincidiendo precisamente con el punto álgido de la crisis económica.

sábado, 28 de julio de 2012

Los gestores públicos que falseen cuentas u oculten datos podrán ir a prisión

MADRID.- Los gestores públicos que falseen las cuentas, oculten datos o los divulguen siendo falsos, generando con ello un perjuicio económico para la Administración, podrán ser condenados a penas de cárcel de entre uno y cuatro años, además de ser inhabilitados entre tres y diez años. 

   Así consta en la reforma penal que acompaña al proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, después de incorporar las sugerencias realizadas por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
   En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha "reforzado" la respuesta penal a la "mala gestión de los recursos públicos", ya que, aparte de  las sanciones por infracciones graves y muy graves que ya recogía la Ley de Transparencia, se "ha dado un paso más" al incluir penas de prisión. Hasta ahora, el texto que manejaba el Ejecutivo incluía una pena de inhabilitación de hasta diez años para los malos gestores que gasten sin tener competencia o crédito.
   Pero en el proyecto aprobado se introduce un nuevo delito con dos tipos en el Código Penal (normal y agravado) mediante los que se castigará la conducta de la autoridad o funcionario público que, a sabiendas y para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, falsee su contabilidad, documentos o información que deban reflejar su situación económica o divulgue información falsa por cualquier medio.
   En estos casos se aplicarán penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y penas de multa de mayor o menor extensión en función de si se llegara a causar el perjuicio económico a la entidad pública, supuesto en el que podrá imponerse además pena de prisión de uno a cuatro años, según ha informado el Gobierno.
   Además, esta norma incluirá una "pequeña" modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que sea "causa de inelegibilidad" haber sido penado por la comisión de una infracción muy grave de las previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que recoge la Ley de Transparencia.
   Estarán sujetas a esta norma todas las Administraciones y poderes públicos -Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial-, así como el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social y a las instituciones autonómicas análogas.  También lo estarán las sociedades mercantiles en que la participación pública sea de más de un 50 por ciento con independencia de cuál sea su régimen.
   Otra de las novedades, según ha explicado Sáenz de Santamaría, es que se establecen una serie de obligaciones de publicidad activa más amplias que las contempladas actualmente. "Es un elemento fundamental de control de los recursos públicos y para evitar publicidades", ha dicho, para añadir que el objetivo es que se pueda conocer "cómo se convenia, cuánto cuestan los convenios y qué competencias están conveniando".
   Además, ha informado que se amplía el ámbito de las publicaciones de retribuciones y de declaraciones de incompatibilidad, al tiempo que se refuerza la independencia y garantías de control en la Agencia Estatal de Transparencia, cuyo presidente será nombrado por el Consejo de Ministros pero previa comparecencia en el Congreso, donde será refrendado por mayoría absoluta.
   Al ser preguntada por el hecho de que la Ley de Transparencia no permita conocer la agenda de actividades y reuniones del presidente del Gobierno, Sáenz de Santamaría ha subrayado que esta norma es "mucho más que la anécdota de saber que hace en cada momento el presidente del Gobierno".
   Aunque ha admitido que en Estados Unidos la agenda del presidente es pública, ha explicado que Mariano Rajoy tiene reuniones públicas pero "otras" son privadas, bien porque lo prefiera el interlocutor, bien porque se puede estar negociando algo y se requiera "sigilo y discreción".
 "Cómo contemos lo que hacemos las 24 horas del día, daría para mucho pero no cumpliríamos el objetivo de la ley, que es cambiar de cultura a la administración y saber que pueden controlarse los actos administrativos del principio al final", ha aseverado.
   La portavoz del Gobierno ha destacado que esta norma es "un elemento clave para luchar contra la corrupción" porque lo fundamental es que, a partir de ahora, cuando entre en vigor los ciudadanos podrán ver desde el primer al último trámite todos los contratos administrativos.
   "Eso a lo  mejor no tiene tanto interés mediático, pero tiene un interés público absoluto porque va a permitir conocer determinadas prácticas que a veces se hacen y que dificultan mucho saber cómo se están gestionando los recursos públicos", ha recalcado.
    En este sentido, ha señalado que lo importante de esta ley es que a partir de ahora un alto cargo que no gestione debidamente los recursos públicos y "oculte facturas en el cajón", sepa que "puede ser sancionado y destituido".
 "España merece cargos públicos que gestionen adecuadamente", ha añadido.
   Sáenz de Santamaría ha asegurado que la Ley de Transparencia es una "nueva filosofía de lo público" y ha confiado en que sea una norma "de consenso". Según ha añadido, va a suponer "un cambio de cultura administrativa muy importante".
   Finalmente ha informado de que han atendido a la "inmensa mayoría" de las sugerencias del Consejo de Estado, CGPJ y Agencia de Protección de Datos, lo que ha permitido que la norma "gane en rigor y en fortaleza", ya que "es una ley amplía que tiene que aplicarse a distintas administraciones".

Imponen una fianza de 25,8 millones de euros a cinco exdirectivos de la CAM para que no se fuguen

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha impuesto una fianza de 25,8 millones de euros para cinco exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a petición de la acusación particular del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), según han informado fuentes jurídicas.

   Se trata de una fianza solidaria que el magistrado ha impuesto en previsión de una posible futura condena que supondría a la antigua cúpula de la CAM la obligación de hacer frente a la responsabilidad civil por los daños económicos generados a la caja.
   Gómez Bermúdez ya había retirado el pasaporte a los exdirectores generales de la CAM María Dolores Amorós y Roberto López Abad y había ordenado que ambos comparezcan cada 15 días en los juzgados más próximos a su domicilio. Las medidas impuestas apuntan a la apreciación por parte de Gómez Bermúdez de un evidente riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
   Los otros tres imputados en la causa que investiga las irregularidades en la gestión de la caja alicantina  --el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el expresidente Modesto Crespo-- habían quedado libres sin la imposición de medidas cautelares.
Los inspectores del Banco de España elaboraron un informe en el mes de enero en el que denunciaban graves deficiencias en la gestión de la caja, que iban desde pérdidas millonarias en inversiones inmobiliarias arriesgadas hasta el cobro de onerosas prejubilaciones tramitadas de manera irregular.
La instrucción del caso continuará después del verano, cuando las partes pidan nuevas diligencias, aunque según indicaron hoy fuentes cercanas al caso, la Fiscalía Anticorrupción esperará a contar con toda la documentación antes de solicitarlas.
   La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
   En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

El erudito de Caravaca, Melgares Guerrero, nuevo Cronista Oficial de la Región de Murcia

MURCIA.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma ha aprobado el nombramiento del erudito José Antonio Melgares Guerrero, cronista oficial de Caravaca de la Cruz, como nuevo  Cronista Oficial de la Región de Murcia, "un título que recae sobre murcianos de relevante prestigio y de reconocida trayectoria en la investigación de la historia y la cultura de la Región", dice el decreto de nombramiento.

   Melgares, de 64 años, ocupa así la plaza que quedó vacante tras el reciente fallecimiento del abogado y político Antonio Pérez Crespo, primer presidente regional, que fue también el primer Cronista Oficial de la Región de Murcia. Licenciado en Filosofía y Letras, sección de Historia, en la Universidad de Murcia, Melgares cursó el Bachillerato en el acreditado colegio 'Cervantes', de Caravaca de la Cruz.
   José Antonio Melgares, natural de Caravaca de la Cruz y persona muy vinculada al fallecido cronista oficial de la ciudad de Murcia, Carlos Valcárcel Mavor, es profesor de Historia, en excedencia, en el Instituto de Educación Secundaria 'Sanje', de Alcantarilla, asesor facultativo de la Consejería de Cultura y Turismo, presidente de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Región y vocal de la Junta Rectora de la Asociación Española de Cronistas Oficiales.
Fue director del Museo de Murcia entre 1976 y 1984 y es Cronista Oficial de Caravaca de la Cruz desde 1981. Su nombre sonó fuerte en su día para dirigir igualmente el Museo Salzillo, en Murcia. También desde 1981 es Académico Correspondiente de la 'Real Academia Alfonso X el Sabio', de Murcia y Académico Correspondiente de la 'Real Academia de la Historia', desde 1992.
   Asimismo, es autor de numerosas publicaciones sobre Historia, Arte, Arqueología y costumbres populares de la Región. Además, ha sido pregonero de diversas fiestas en varios pueblos de la geografía murciana. Y ha dejado igualmente su impronta en la obra Historia de la Región de Murcia y en la Gran Enciclopedia de la Región de Murcia.
En política, estuvo vinculado en su día a UCD y posteriormente al Partido Reformista Democrático, del catalán Miguel Roca Junyent, a través de su primo hermano Pedro García-Esteller, ex-alcalde centrista de Caravaca de la Cruz, donde también ha sido Hermano Mayor de la Real y Muy Ilustre Cofradía de la Vera Cruz. En varias ocasiones ha viajado a Tierra Santa con los Padres Franciscanos, en peregrinación piadosa e investigadora.
  El título de Cronista Oficial de la Región de Murcia, honorario y gratuito, se creó en 2002 con el fin de recompensar y distinguir a personas que, de forma destacada y excepcional, hayan contribuido a expresar nuestra entidad histórica, las peculiaridades culturales y el acervo de las costumbres y tradiciones populares murcianas, sin necesidad de tener preceptivamente el grado de doctor universitario y reconocida la inherente suficiencia investigadora.

Se perfila ya un contencioso-administrativo contra la aprobación de Medicina en la UCAM

MURCIA.- Un numeroso grupo de profesores y ciudadanos con interés directo está dispuesto a plantear un recurso contencioso-administrativo que todavía paralice los estudios de Medicina en la UCAM tras su aprobación ayer por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, oído el Consejo Interuniversitario y tras el visto bueno de la Aneca, según se ha confirmado hoy en fuentes del claustro de la UMU. Un destacado abogado murciano es la persona elegida, en principio, para plantear y dirigir ese contencioso mientras se especula que pudiera ser José Luis Mazón o Diego de Ramón, éste último menos probable al estar volcado en el complejo asunto de las cuotas participativas de la CAM. No se descarta tampoco un catedrático de Derecho Administrativo.

Dados los antecedentes del presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, ya prescritos, respecto a unos dudosos estudios de Enfermería, al parecer impartidos en su día en una academia, sin los correspondientes permisos y garantías de calidad, es por lo que este grupo de profesores y ciudadanos se muestra dispuesto a impedir el planteamiento de estos estudios más como un negocio privado que como un servicio a la sociedad, visto lo que se ha visto en la UCAM con otras titulaciones y estudios de postgrado durante los últimos cursos.
Mientras tanto, la Universidad Católica de Murcia ha celebrado esta noticia con un repique de campanas y una oración de acción de gracias, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.
   Tras un "largo y exigente" proceso de evaluación que comenzó en el año 2007, la Universidad Católica de Murcia dice ver reconocidos los frutos al esfuerzo y la perseverancia de su presidente, José Luis Mendoza, de su equipo de Gobierno y de todo el personal que "nunca ha decaído en el empeño de obtener esta titulación insignia en el sistema universitario".
   A partir de ahora, la UCAM ha señalado que añade a su completo catálogo de Grados, y pone a disposición de la sociedad, los estudios de Medicina, que cuentan con unas infraestructuras creadas expresamente para desarrollar una formación de alta calidad así como un profesorado altamente cualificado y de reconocido prestigio nacional e internacional.
   Del mismo modo, la Universidad Católica de Murcia también ha recibido la aprobación definitiva para poder impartir el próximo curso los Grados en Criminología, y en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Además, en lo referente a formación en postgrados, la UCAM ha recibido el visto bueno para impartir el Máster en Enfermería de Salud Laboral, y el Máster en Ingeniería Ambiental.

El Consejo de Gobierno de la UMU muestra su "más frontal rechazo" a la implantación de Medicina en la UCAM

MURCIA.- El Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia (UMU) se ha reunido en la Convalecencia para aprobar un comunicado en el que muestra "su más frontal rechazo a la implantación de estudios de Medicina en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)".

   Para el Consejo, es "patente" el marcado exceso de médicos en formación estatal, por lo que el aumento del número de plazas, "lejos de paliar un problema inexistente y que sólo consiste en una distribución geográfica mal dimensionada, supondrá aumentar la bolsa de paro en un sector estratégico para el país".
   A su juicio, "no tiene justificación, bajo ningún punto de vista, que una institución privada haga uso de recursos públicos como los del Servicio Murciano de Salud, pagados con los impuestos de todos, para dar soporte a una actividad privada que sólo cubre un negocio privado, nunca una necesidad, pues tal no existe".
   Lamenta que dividir esos recursos, "ya muy mermados", para que realicen prácticas en hospitales públicos, es "un ataque directo a la calidad del servicio sanitario y, desde luego, a las condiciones en las que los estudiantes de la universidad pública, esta sí, de todos los murcianos, se forman como futuros médicos".
   El Consejo cree que se rompe, además, "el principio de igualdad y mérito, que hasta ahora ha regido, con excelentes resultados para la sociedad murciana, el acceso a estudios con un perfil de dedicación y entrega tan particulares como los de Medicina".
   "Hasta ahora se accedía a ellos en función exclusivamente de la nota; a partir de ahora habrá estudiantes con notas inferiores, pero con recursos económicos suficientes, para estudiar Medicina, mientras que otros, por no tener estos últimos, no podrán jamás ejercer esta profesión, a pesar de su mayor excelencia académica", añade.
   Por ello, zanja que será el MIR, con su límite de plazas y su altísimo nivel de exigencia el que, "ahora sí, en condiciones de igualdad, establecerá los distingos, pero una vez mal empleados los recursos públicos, usados, además, sin ningún tipo de contraprestación".

La Junta de la Facultad de Medicina muestra su rechazo a la implantación de Medicina en la UCAM

MURCIA.- La Junta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia (UMU) ha mostrado su rechazo a la implantación del grado de Medicina en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), según informaron fuentes de este organismo académico en un comunicado. 

   La Junta de la Facultad recuerda que ya manifestó su rechazo a la creación de una nueva Facultad de Medicina, lo que justificó por "un exceso de médicos en formación, que suman más de 7.000 en toda España, y un menor número de plazas MIR disponibles, hasta 5.000 netas, más que suficientes para cubrir las jubilaciones.
   Además, la Junta dice seguir sosteniendo "que no es posible la creación de otra Facultad de Medicina en Murcia sin restar para la formación de recursos asistenciales públicos, y que tampoco es aceptable romper los principios de igualdad de oportunidades y de mérito en el acceso a los estudios de Medicina".
   Por ello, la Junta de la Facultad de Medicina ha mostrado su rechazo a la decisión adoptada por el Consejo Interuniversitario de la Región de dar su visto bueno a la implantación de Medicina en un centro privado en la Región.
   La Junta sostiene que la cesión, total o parcial, de los hospitales públicos para la realización de prácticas por los alumnos de ese centro privado "no solamente resta posibilidades a los alumnos de la UMU, sino que supone la utilización de recursos públicos, pagados por los impuestos de todos los murcianos, para lo que es un servicio público, puesto que no cubre ninguna necesidad existente, sino un negocio privado".
   Por otra parte, cree que la exigencia de que ese centro privado tenga en cuenta, en la selección de sus estudiantes, la calificación obtenida en la selectividad, es un argumento "falaz de que se mantendrán los principios de igualdad y de mérito, ya que hay otro criterio de selección por encima de este: el económico".
   La Junta considera además que "la primera obligación de los representantes de la Administración es defender los intereses de los organismos e instituciones de la propia administración, puesto que están al servicio de todos los murcianos".
   Por ello, ha reprobado el voto expresado por el director general de Universidades, Eduardo Osuna, quien es catedrático de Medicina de la UMU, por lo que supone de "deslealtad hacia esta institución".
   Asimismo, la Junta considera que tanto el ex rector de la UMU, José Ballesta, como los presidentes de los consejos sociales de las dos universidades públicas de la Región "deberían haberse expresado en contra de la aprobación de los nuevos estudios de Medicina, actuando en defensa de los intereses de ambas universidades públicas".

viernes, 27 de julio de 2012

Fitch no descarta que sea necesario aumentar la cuantía del fondo de liquidez para las CCAA en 2013

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings considera que el Fondo de Liquidez Autonómico creado por el Gobierno español es "positivo" y supone una solución "temporal" a las restricciones de liquidez de las comunidades autónomas, pero advierte de que si la mayoría de las regiones recurren a él, es probable que sea necesario aumentar su dotación en 2013.

   "El establecimiento del Fondo de Liquidez Autonómico es un ejemplo del fuerte apoyo del Gobierno central de España a sus regiones en la medida en que se enfrentan a desafíos de liquidez sin precedentes", destaca la agencia, que añade que este apoyo ya se tiene en cuenta en los ratings de las regiones más débiles.  
   Sin embargo, Fitch advierte de que la situación fiscal y de liquidez de las comunidades autónomas es "extremadamente complicada", con un riesgo real de que no cumplan los objetivos de déficit marcados para 2012. "Sin embargo, consideramos que el fondo de liquidez y otras recientes medidas del Gobierno son positivas", insiste.
   En su opinión, este fondo, dotado inicialmente con 18.000 millones de euros, representa una solución "temporal" a las restricciones de liquidez de las autonomías españolas, acrecentadas por los fuertes aumentos de la deuda y el cierre de los mercados de capital, y alivia nuestra preocupación en el corto plazo sobre su nivel de liquidez.
  Fitch apunta que las necesidades de refinanciación de las comunidades autónomas en los próximos seis meses, incluida la deuda adicional para cubrir los déficits previstos en sus planes económicos y financieros, es de 16.000 millones de euros, por lo que la cuantía del fondo de liquidez será "suficiente" para este año.
   En cambio, cree que es probable que se deba aumentar su dotación en 2013 si un gran número de regiones recurren a él, ya que hasta la fecha ya han anunciado su intención de apelar al fondo Valencia, Cataluña y Murcia, cuyas necesidades de financiación ascienden a 9.000 millones de euros antes de finales de año.
   Respecto a los objetivos de déficit marcados para las comunidades autónomas, el 1,5% en 2012 y el 0,7% en 2013, la agencia considera "sumamente difícil" que se alcancen, especialmente en la actual situación económica, lo que complica la recuperación fiscal.
   "Aunque se han adoptado una serie de drásticas medidas tanto el lado de los ingresos como de los gastos, existe un elevado riesgo de que se superen los límites de déficit para este año", señala Fitch, que ve "esencial" que el Gobierno central mantenga una fuerte vigilancia sobre las finanzas de las autonomías y actúe con rapidez en caso de desviación de los objetivos.

Bernal cuestiona la "neutralidad" del Colegio de Economistas por tener miembros del PSOE

MURCIA.- El consejero de Economía y Hacienda y vicepresidente del Gobierno regional, Juan Bernal, se ha preguntado si el Colegio Oficial de Economistas "está teniendo la debida credibilidad y la debida neutralidad" al haber miembros de su Junta Directiva "muy señalados" en la presentación de sus informes y barómetros que "pertenecen al PSOE".

   En este sentido, ha considerado que los últimos informes que emite el Colegio "se apartan del rigor técnico y de la neutralidad que debe mantener una institución como esta", a la que él pertenece con "muchísimo honor", ha aseverado.
   Bernal ha contestado de esta forma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntado por el resultado del Barómetro del Colegio de Economistas correspondiente a los meses de junio y parte de julio de 2012, que refleja que el 40,8 por ciento de estos profesionales prevé que el déficit público regional de finales de 2012 se situará entre el 2,5 y el 3,5 del PIB regional.
   El consejero de Economía ha mostrado su respeto por la opinión del Colegio sobre que el Gobierno regional no va a cumplir el Plan de Reequilibrio Económico-Financiero, y ha recordado que él mismo es economista y ha participado "como uno más" en esos barómetros y opiniones.
   No obstante, ha asegurado que el Gobierno murciano "va a hacer todos los esfuerzos habidos y por haber" para cumplirlos, aceptando que "efectivamente es un objetivo muy difícil".
   De todas formas, Bernal ha señalado que el Barómetro que han presentado tiene toda una serie de afirmaciones que, a su juicio, "no están soportadas".
   Por ello, aunque ha reiterado su "pleno respeto al Barómetro y la opinión de todos los economistas", ha considerado no obstante que "si se quiere opinar del mecanismo de financiación, si quiere hablar del Plan de Reequilibrio o si se quiere hablar de cualquier cuestión que tenga que ver con la situación de la Comunidad, en primer lugar, hay que hacer estudios más rigurosos".
   En segundo lugar, ha señalado que "hay que evitar que esos estudios sean emitidos por personas que están claramente vinculadas al PSOE".
   Al ser preguntado por la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se ha convocado el próximo martes para concretar el objetivo de déficit para los años 2013 y 2014, así como para concretar el límite de endeudamiento.
   Bernal ha resaltado el "escenario complicado en el que nos encontramos". Por ello, ha reconocido que el objetivo de déficit para la Región de Murcia "es muy exigente", por cuanto tiene que bajar del 4,3 al 1,5 por ciento, y "todavía en 2013 se nos va a exigir ir del 1,5 al 0,7 por ciento".
   Por tanto, ha avanzado que el CPFF va a "determinar y concretar" esos objetivos, para trasladar a las Comunidades también la obligación que tienen de determinar su techo de gasto para 2013, antes de elaborar los Presupuestos del año que viene en base al déficit.
   Bernal ha señalado que el hecho de confirmar que el objetivo de déficit es "muy exigente", constituye una ocasión más para "recordar el dificilísimo camino que estamos recorriendo", lo que exige "sacrificios, medidas difíciles y hacer cosas que son obligatorias".

El consejo de Gobierno estipula que los funcionarios no podrán alargar su edad de jubilación

MURCIA.- El consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, ha informado este viernes la resolución del consejo de Gobierno de inscribir una nueva medida en el Plan de reequilibrio de la Ley de ajuste presupuestario por la que se va a regular la no prolongación de los servicios de aquellos trabajadores públicos de las administraciones y de los centros sanitarios y educativos que estén en edad de jubilación.

   En este sentido, el consejero ha manifestado que durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de la Ley presupuestaria se prohíbe alargar "la permanencia en el servicio activo" de los mayores de 65 años, "salvo algunas excepciones", lo que significa que "se deberá proceder a la jubilación conforme se llega edad estipulada".
   En relación ala situación de los trabajadores que tienen concedido este permiso actualmente, Bernal ha explicado que se "procederá a sus suspensión con fecha límite a 31 de agosto de 2012", en relación a los docentes, "y en un plazo máximo de 9 meses", en referencia a los otros trabajadores públicos. Así, esta medida afectará a un total de 400 profesionales.
   Al mismo tiempo, el vicepresidente ha concretado que existen "excepciones que se podrán conceder a título personal" y ha añadido que quienes forman parte ya de esta prolongación "dispondrán de un plazo de dos meses para solicitar" .
   Entre la excepciones que el Gobierno regional han precisado, se da que, se permitirá en aquellas situaciones que "sea necesario para adquirir el derecho de pensión de jubilación", por falta de años a la contribución de Estado y durante "el periodo de tiempo imprescindible". Igualmente, han señalado que "se excepciona también a el personal investigador de reconocido prestigio en el comunidad científica".
   La junta de gobierno también ha señalado entre estas excepciones aquellos casos en los que se de "la falta de un especialista en un determinado rango y perfil profesional" que permita su sustitución, ya que no dispone de la formación suficiente. Así, Bernal ha explicado que se prolongaría, siempre de forma voluntaria del trabajador.
   Por ultimo, en el ámbito de la asistencia sanitaria serán excepción aquellos "profesionales que desempeñen jefaturas de servicio y unidades de similar responsabilidad", en los últimos cinco años anteriores a su jubilación y que "dirijan proyectos sanitarios de interés estratégicos" para la organización.

El PSRM pide la dimisión de Sotoca y que comparezca en la Asamblea Regional ante la situación de los docentes murcianos

MURCIA.- El Partido Socialista en la Región de Murcia (PSRM-PSOE) ha pedido este viernes la dimisión del consejero de Educación, Constantino Sotoca, así como su comparecencia en la Asamblea Regional ante la situación de los docentes murcianos. 

   La secretaria de Educación, Choni Ludeña, denuncia el "destrozo del sistema educativo público" de la Región de Murcia. Afirman que 2.500 profesionales de la enseñanza "no van a trabajar el próximo curso escolar". Concretamente, "1.500 de ellos pertenecen a secundaria y son los que han trabajado hasta junio de 2012" y los 1.000 restantes "pertenecen al cuerpo de maestros".
   Por otro lado "los brutales recortes del PP" afectan a que "más de 160 funcionarios de carrera, profesores de secundaria, no tienen centro para comenzar el próximo curso". Son docentes que tiene su plaza aprobada pero no tienen destino definitivo.
   La Consejería ha publicado un documento que señala que "el 3 de septiembre tienen que incorporarse al centro de destino en el que han estado, a la espera de nueva orden".
   La socialista Choni Ludeña critica que "estas son las políticas del Partido Popular, un Gobierno que miente, que aumenta el número de niños por aula, que disminuye las modalidades de bachillerato, que margina a los niños con más necesidades sociales educativas, con menos ayudas, menos becas y menos apoyo".
   Insiste en que el consejero Sotoca está "ninguneando y jugando con las expectativas y el futuro profesional de cientos de docentes" de la Región. Añade que "además de mentir, juega con el pan de las familias" de estos profesionales.
   La secretaria de Educación afirma que "lo de la herencia no nos vale como excusa" y recuerda que "las competencias en educación las tiene la CARM desde el año 1999". Por lo que "en este caso tendrán que hablar de su herencia".
   Por todo esto "pedimos la dimisión del consejero Sotoca por incapacidad para gestionar su Consejería y por mentir".
   Además, el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea ha registrado "una petición de comparecencia urgente del consejero Sotoca", como explica la diputada Mª Carmen Moreno.
   "Ante los graves hechos y ante el desastre que está ocurriendo con los actos de adjudicación de interinos tanto de primaria como de secundaria en este mes de julio".
   Mari Carmen Moreno pide "que dé la cara ante los cientos y cientos de funcionarios interinos que no se van a poder incorporar en septiembre". Insiste en "que dé la cara por mentir y que pida perdón por mentir en Sede Parlamentaria el pasado 25 de abril".
   Ese día Sotoca compareció "para hablar de los recortes en materia de educación" en la Región. La diputada socialista recuerda las palabras textuales del titular del Gobierno, apuntando que Sotoca dijo que "las medidas que contiene el Plan de Reequilibrio, según nuestras estimaciones, afectará a 242 interinos de secundaria y a 122 interinos de infantil y primaria". Es decir, un total de 364 interinos. "Y dijo -apunta la diputada-: una cifra muy inferior a la que se está dando por ahí".
   Mari Carmen Moreno recrimina que "el consejero nos acusó a nosotros, a los sindicatos de mentir cuando decíamos que más de 2.500 docentes se iban a ir al paro en septiembre".
   Por ello la diputada socialista insiste en que Sotoca "tendrá que pedir perdón por esas mentiras en Sede Parlamentaria" y también "tendría que dimitir, que irse a su casa, por la situación en la que va a dejar a cientos de familias de esta Región", concluye.

La tasa murciana de paro aumenta hasta el 26,19% de la población activa, con 195.000 desempleados

MURCIA.- El paro bajó en 5.400 personas en la Región de Murcia en el segundo trimestre de 2012, lo que supone un descenso del 2,71 por ciento respecto al trimestre anterior, con lo que el número total de desempleados se situó en 195.000 personas y la tasa de paro aumentó hasta el 26,19 por ciento, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En los últimos doce meses el volumen de desempleados aumentó en la Región en 15.200 personas, (+8,43 por ciento), mientras que el número de ocupados disminuyó en 4.800 personas, lo que supone un descenso porcentual del 0,86 por ciento en relación con el trimestre del año anterior.
   De abril a junio la cifra de ocupados aumentó en 6.800 personas en relación con el trimestre anterior, lo que supone un aumento del 1,24 por ciento de forma que la cifra total de ocupados alcanza los 549.700 personas.
   Por su parte, el número de activos aumenta en 1.300 personas en el segundo trimestre, un 0,18 por ciento más, con lo que la población activa quedó constituida por 744.700 personas. En los últimos doce meses el volumen de activos aumentó en 10.400 personas, lo que representa un incremento del 1,41 por ciento.
   La tasa de paro masculino se situó en 26,05 por ciento en el segundo trimestre de 2012 en la Región de Murcia, casi 1,5 puntos por encima de la media nacional, que se situó en el 24,57 por ciento; mientras la tasa del paro femenino fue del 26,36 por ciento frente al 24,71 por ciento de la media nacional.
   Por lo que respecta a la tasa de actividad regional alcanzó el 62,33 por ciento, 2,25 puntos por encima de la media nacional, que se situó en el 60,08 por ciento.
   La Región tuvo en el segundo trimestre de 2012 la octava tasa de paro más alta del país con un 26,19 por ciento, encabezando el ranking Ceuta (39,47 por ciento), Andalucía (33,92 por ciento), Extremadura (33,38 por ciento), Canarias (33,14 por ciento), Melilla (30,27 por ciento), Castilla-La Mancha (28,72 por ciento) y Comunidad Valenciana (27,10 por ciento).

Unas 300 personas se concentran ante la Consejería de Educación para protestar contra el "recorte" de plazas docentes

MURCIA.- Unas 300 personas, según los convocantes, se han concentrado este viernes ante las puertas de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, para protestar por el "escandaloso recorte de plazas docentes" que se ha puesto de manifiesto en los actos de adjudicación de esta semana, y que puede afectar a miles de interinos de Educación Primaria y Secundaria.

   Los concentrados --convocados por la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (Aidmur) y los sindicatos CCOO, UGT, SIDI, CSI-F y ANPE-- han protagonizado una 'cacerolada' y han hecho sonar sus pitos para protestar al grito de 'Manos arriba, esto es un atraco' e intentando acceder a la Consejería, obligando a los bedeles a bajar las persianas de las puertas.
   Posteriormente, han ocupado la avenida de la Fama, donde han procedido a cortar el tráfico en ambos sentidos mostrando carteles en los que se pedía la dimisión del consejero del ramo, Constantino Sotoca, y clamando contra el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel. Esto ha obligado a la Policía Local a acudir a la zona para desviar el tráfico.
   El vicepresidente de la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (Aidmur), Ángel L. Hernández, ha explicado que el número de personas movilizados iría incrementándose a lo largo de la mañana, porque muchos de los interinos estaban este viernes, precisamente, en las oficinas del Inem pidiendo las prestaciones por desempleo.
   Hernández ha indicado que la concentración es una respuesta a "las mentiras del consejero de Educación, que desde marzo estaba afirmando que los recortes no iban a afectar a más de 364 personas".
   Posteriormente, subió la cifra a 700, pero los interinos han constatado esta semana, mediante los actos de adjudicación de plazas en Educación Secundaria, que la Consejería "no ha convocado a ningún interino en las especialidades tradicionalmente más numerosas, como Lengua, Matemáticas e Inglés, incumpliendo su promesa de que se iban a reincorporar al trabajo".
   Hernández lamenta que la situación no sólo afecta a los interinos, sino que a la Consejería también le sobran "funcionarios de carrera", es decir, personas que "tienen su plaza en propiedad pero no tienen destino ni puesto de trabajo para el próximo curso, desconociendo lo que va a ser de ellos".
   En este sentido, ha señalado que las perspectivas de más de 3.000 familias en la Región de Murcia son "desastrosas" por culpa de la Consejería de Educación.
   Ha hecho hincapié en que el resultado de la adjudicación de plazas en Primaria se tenían que conocer el pasado martes y, desde entonces, "no se sabe nada". La Consejería "no da explicaciones, no escribe ni una sola nota informativa, mientras que los interinos están todo el día pendientes del ordenador para ver si van a trabajar y si sus familias van a poder comer".
   Por ello, ha reprochado el "ocultismo de la Consejería". "No sabemos si el objetivo es colocar a la gente que ellos quieren en detrimento del resto", según Hernández, quien sospecha que estos retrasos se deben a la intención del Gobierno regional de desplazar este tipo de adjudicaciones a momentos en los que la movilización es más difícil, como el verano y fechas cercanas al mes de agosto.
   El vicepresidente de la Asociación ha indicado que el consejero no les va a recibir, y el director general de Recursos Humanos y Calidad Educativa, Joaquín Buendía, les ha emplazado a una reunión el próximo lunes, pero los interinos no confían en el resultado del encuentro, ya que su interlocutor ha "incumplido todas las promesas que ha hecho".
   Los interinos tenían previsto reunirse en asamblea este viernes a las 12.00 horas en el IES Miguel de Cervantes, con el fin de estudiar y convocar nuevas movilizaciones.

Cuanto más ganan las cajas de ahorro, menos invierten en obra social / Manuel Ansede

MADRID.- Uno de los pilares de las cajas de ahorros españolas, la obra social, está corrompido. Entre 1996 y 2006, cuando el llamado milagro económico español asombraba al mundo y las cajas amasaban dinero, cuanto mayor fue la rentabilidad económica y financiera de las cajas, menor fue su inversión en obra social. Al contrario de lo que sucede en otros países, en España se cumplió al dedillo la llamada “hipótesis del oportunismo de los directivos”, según explican en un nuevo estudio investigadores de la Universidad de León.

Esta hipótesis sostiene que los directivos de las empresas pueden perseguir sus intereses privados al margen de los del resto de accionistas de la compañía. En el caso de las cajas de ahorros, el sueldo de los altos cargos está vinculado a los beneficios a corto plazo, por lo que “los directivos podrían reducir las actividades de responsabilidad social corporativa para maximizar sus ingresos personales a corto plazo”, sostiene el trabajo, firmado por los economistas Almudena Martínez, Laura Cabeza y Federico Marbella.
Los recursos económicos destinados a obra social por el conjunto de cajas de ahorros españolas pasaron de 515 millones de euros en 1996 a casi 1.693 millones en 2006, un 229% de crecimiento acumulado. Sin embargo, estas cifras son un espejismo. En términos relativos sobre el beneficio neto de las cajas, la inversión en obra social cayó un 7,4% en plena época de vacas gordas.

Más recortes

Los autores creen que con la crisis y el actual proceso de reestructuración de las cajas siguen los recortes en la dotación a obra social, como constata el último informe de la Fundación Empresa y Sociedad, y “parece razonable esperar que tales recortes se potencien todavía más” en el futuro inmediato.
Los economistas de la Universidad de León hacen un llamamiento a “la adopción de medidas oportunas por parte de las instituciones públicas a fin de evitar o, al menos, controlar el posible oportunismo directivo en este sector”. Las cajas de ahorros se definen a sí mismas como “fundaciones de carácter privado que combinan dos funciones, una financiera y otra social”. No tienen obligación legal de invertir en obra social, pero es una tradición y su marketing se basa en proclamar que “el carácter social orienta cualquier actividad de las cajas”. Además, obtienen beneficios fiscales por ello.
La primera autora del trabajo, Almudena Martínez, subraya que ese descenso del 7,4% en la inversión en pleno boom económico “no es una caída sutil, porque aplicando la técnica estadística a las bases de datos hemos visto que las relaciones negativas entre obra social y rentabilidad económica y financiera son relevantes y se sostienen en el tiempo”. Martínez cree que la evolución del porcentaje de los beneficios dedicados a obra social “ha ido a peor desde 2006″, a medida que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dejado a las cajas con menos ingresos. Ayer,  la Confederación Española de Cajas de Ahorros reconoció que invirtieron un 23% menos en obra social en 2011, solo 1.125 millones de euros, sin hablar de términos relativos sobre su beneficio neto. Esta cifra tan baja de inversión no se veía desde 2003.
Los investigadores han manejado datos del periodo entre 1996 y 2006, año en el que en España había 47 cajas de ahorros. Ahora, tras las fusiones, son 15 grupos. “El panorama ya no tiene nada que ver, pero nuestros resultados sirven para ayudar a explicar cómo hemos llegado a la situación económica actual”, añade Martínez. El saneamiento de la banca española puede generar unas pérdidas de 41.000 millones de euros para los ciudadanos, unos 868 euros por persona, según un reciente estudio de la Fundación Ideas.

Dinero para el ladrillo

Martínez recuerda que la teoría más aceptada dice que la responsabilidad social corporativa mejora el resultado financiero de una empresa. La sorpresa saltó al aplicar este marco teórico general al marco concreto de las cajas de ahorros españolas. “Pensábamos que nos íbamos a encontrar una relación positiva, pero salió todo lo contrario. Luego, indagando en la peculiaridad del sector, tiene sentido”, explica Martínez.
El trabajo, que se publica en Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, asegura que “ante unos buenos resultados económicos, los órganos de gobierno de las cajas optarán por reducir los gastos en obra social a fin de optimizar su función de utilidad particular”, sin dar muchos más detalles. Por teléfono, Martínez es más clara. “A los directivos les compensaba más invertir en otro tipo de actividades, como el sector inmobiliario, con más beneficios a corto plazo y réditos políticos”, explica.
Así ocurrió, por ejemplo, con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que financió los megaproyectos del Gobierno de la Comunidad Valenciana de Francisco Camps, como la Ciudad de las Artes, Terra Mítica y la Ciudad de la Luz. Ahora la Comunidad Valenciana ha sido la primera autonomía en pedir el rescate al Gobierno central y la Caja de Ahorros del Mediterráneo ha sido intervenida y cinco de sus directivos están imputados por estafa. En Madrid, 33 directivos de Bankia, tanto del PP como del PSOE e IU, están imputados en el juicio a la entidad. Entre todos, ganaron 14 millones de euros en 2011.

Una “madeja de relaciones”

El economista Félix López Iturriaga, de la Universidad de Valladolid, da la bienvenida al trabajo de sus colegas. “Este análisis muestra que se puede llegar a una situación en la que los directivos gestionan una entidad en beneficio personal”, señala. López Iturriaga, autor de un análisis sobre la obra social de las cajas de ahorros, recuerda la “madeja de relaciones” que aparece en los órganos de gobierno de estas entidades financieras.
Estos órganos rectores funcionan como un “coto cerrado de intereses políticos y económicos” dejando de lado a las personas que ingresan dinero en las cajas, según llevan años denunciando grupos como la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Así ocurrió por ejemplo en Caja Madrid, donde el exvicepresidente económico de Aznar, Rodrigo Rato, alcanzó la presidencia en 2010 tras una guerra interna en el PP. En el caso de Caja Castilla-La Mancha, primera caja intervenida por el Banco de España, su presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, era un exdiputado del PSOE. Ahora es investigado por la Fiscalía Anticorrupción.
Francisco Abad, uno de los padres de la Fundación Empresa y Sociedad, admite que los nuevos datos son “bastante lamentables”, pero llama a “no generalizar”. A su juicio, La Caixa y Kutxabank son ejemplos de entidades que sí lo han hecho bien. “Otras cajas de ahorros prefirieron dedicar menos a obra social y más al sector inmobiliario o a grandes eventos con mucho retorno político. Hay que hacer borrón y cuenta nueva”, propone.


Un círculo vicioso

Los economistas de la Universidad de León no sólo culpan a los directivos de las cajas. En España, un país con poca tradición en el consumo responsable, un mayor gasto en obra social no se tradujo en un mayor número de clientes para las cajas de ahorros, así que se produjo un círculo vicioso. “Un menor gasto en obra social conduce a un mejor resultado financiero de las cajas, lo que a su vez incentiva a sus directivos a abordar una menor inversión en obra social en pro de la función financiera”, resumen los autores.
Los estudios internacionales muestran que debería ocurrir al revés.  La mayor parte de estos trabajos concluye que la responsabilidad social corporativa y el resultado financiero se relacionan en un círculo virtuoso: más obra social, mejor imagen, más dinero y así sucesivamente. Un metaanálisis de investigadores de las universidades de Iowa (EEUU) y Sídney (Australia) ya sugería este círculo virtuoso en 2003.

jueves, 26 de julio de 2012

Ecologistas en Acción denuncia que el Ayuntamiento de Murcia ha calificado ilegalmente 20 millones m2

MURCIA.- Un estudio de Ecologistas en Acción ha desvelado que el Ayuntamiento de Murcia ha calificado, desde 2001, unos 20 millones de metros cuadrados en el municipio mediante una fórmula "ilegal" que consiste en que los promotores trasladan la edificabilidad de zonas forestales de monte protegidas y las adscriben al valle y al campo de Murcia como si fueran urbanizables.

   Se trata de 20 millones de metros cuadrados que estaban calificados como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y como parque regional, que la Ley del Suelo impedía calificar, según ha denunciado en rueda de prensa la autora del estudio, Ángeles Moreno, acompañada por el portavoz de Ecologistas en Acción Región de Murcia, Pedro Luengo.
   Al parecer, los promotores compraban a precios "ridículos"  barrancos o fincas forestales que no servían "para nada", pero adscribían esa superficie al plan parcial desarrollado en la zona del Valle. El Ayuntamiento lo calificaba como sistema general y le otorgaba la misma edificabilidad que en el campo de Murcia, según ha explicado Moreno.
   De esta forma, a la edificabilidad permitida en el valle, de 300 metros construibles por cada mil, el promotor podía añadir otros 300 metros, con lo que podía aumentar su superficie edificable a 600 metros cuadrados. Al mismo tiempo, las zonas verdes, de ocio y recreo que estaban obligados a ejecutar, la trasladaban a la zona del monte y su titularidad pasaba a ser municipal, con lo que obtenían un doble beneficio.
   Moreno explica que esta práctica, que permitía aumentar la rentabilidad, estaba prohibida por la Ley del Suelo desde 2001 a 2004, porque recogía específicamente que el suelo no urbanizable protegido no podía tener edificabilidad.
   El cambio legislativo introducido en 2004 tampoco daba amparo a estas prácticas, porque las restringía a espacios naturales calificados como urbanizables, algo que sólo se puede hacer mediante el Plan General de Ordenación Urbana, de competencia municipal, que no puede calificar suelo protegido por normas estatales y europeas.
   En definitiva, Moreno señala que el municipio "no tenía competencia sobre la costa ni sobre zonas calificadas como LIC o ZEPA", pero critica que el Ayuntamiento de Murcia siguió amparándose en este cambio de la Ley, que "no era suficiente".
   En 2006, Moreno recuerda que el Ayuntamiento se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, y ante la sospecha de la investigación en el caso 'Barraca', introdujo un artículo en el que sólo iban a poder trasladar la edificabilidad del suelo que no estuviera especialmente protegido. De esta forma quedaban excluidas las zonas calificadas como LIC y ZEPA, pero quedaban incluidas zonas forestales protegidas por el planeamiento, una figura municipal.
   El problema es que Ecologistas en Acción ha detectado que el Ayuntamiento no aplicó esta última restricción y no hizo diferencia entre lo protegido por el planeamiento y por los planes estatales y europeos, de forma que han ido "metiéndolo todo en la misma bolsa y adscribiendo la edificabilidad en los planes parciales".
   Moreno explica que hace unos meses el TSJ emitió una sentencia en la que zanjó que "no se podía trasladar suelo protegido específicamente a suelo urbanizable", una práctica "que también es aplicada por los ayuntamientos de Águilas y Lorca en Marina de Cope", lamenta.
   En total, hay 25 planes parciales afectados por esta fórmula, seis de los cuales están aprobados y ejecutados, como 'Solera El Trampolín', 'Los Cañares', 'Tres Molinos Sur', 'El Valle', 'Hacienda Riquelme' y 'Finca Ochando'.
   En este caso, el aprovechamiento de los planes parciales ya ejecutados suman un total de 820.651 metros cuadrados, de los cuales, 224.000 provienen de la indebida adscripción de suelos con protección específica, es decir, un 27,38 por ciento de lo edificado es ilegal. Teniendo en cuenta que cada vivienda ha sido planificada con 100 metros cuadrados, resultaría que ya se han construido 8.206 viviendas, de las cuales, 2.447 serían ilegales.
   En estos casos en los que las viviendas ya están hechas y cuya edificabilidad procede del monte, Ecologistas en Acción señala que "sólo cabría dejarlas fuera de ordenación", con lo que "serían ilegales" y "no se podrían arreglar ni se puede hacer nada con ellas, por lo que se tienen que derruir y tirar cuando queden obsoletas". En caso de que ya estén en manos de particulares, Moreno dice que "tendrá que decidir el juez".
   Otros cinco planes parciales tienen la aprobación definitiva, pero no se han ejecutado, una situación en la que se encuentran las promociones 'La Naveta', 'Los Granados', 'Carthago', 'Sucina Golf' y 'La Loma'.
   En este caso, estaba previsto construir 13.967 viviendas, de las cuales, 6.819 serían ilegales, es decir, el 48,82 por ciento del total. Puesto que estas casas no se han levantado, Moreno dice que lo único que tendría que hacer el Ayuntamiento es revisar los planes parciales y anularlos.
   Los 14 planes parciales restantes que están afectados se encuentran ahora en exposición pública y están siendo tramitados, entre los que se encuentran 'Las Veredas', 'Residencial Puerto de la Cadena', 'Campo Sol', 'Bordes Serranos Costera Sur' y 'Viento Cortado', entre otros.
   De estos 14 planes con adscripción de suelo no urbanizable, Ecologistas en Acción ha podido tener acceso al expediente de cinco de ellos, que suman un total de 781.920 metros cuadrados de edificabilidad, de los cuales, 451.000 metros cuadrados provienen de la indebida adscripción de terreno protegido, por lo que el porcentaje aumenta al 57,72 por ciento.
   En este caso, Moreno dice que el Ayuntamiento debería "simplemente "tirar para atrás estos planes y anularlos", ya que todavía no han sido aprobados. Ecologistas en Acción no ha tenido acceso a los expedientes de los otros nueve planes, pero ha podido consultar un documento en el que aparecen reflejadas las superficies de adscripción.
   La evolución del 28 al 48 y al 57 por ciento de terreno adsritos como no urbanizables, según Moreno, demuestra que "se han vuelto más codiciosos y ambiciosos en la Gerencia de Urbanismo".
   Este estudio se ha enviado a la Fiscalía para su ayuda en la investigación de los casos 'Umbra' y 'Barraca', al tiempo que se ha presentado al Premio Nacional de Urbanismo, donde ha conseguido la mención especial, por lo que tiene el respaldo de los juristas expertos en urbanismo "más importantes de España", según Moreno.
   En este sentido, Ecologistas en Acción ha anunciado que va a presentar un recurso de revisión extraordinaria en el registro del Ayuntamiento, y el Consistorio dispondrá de un mes para iniciar los trámites de revisión, anular la edificabilidad y quitar los 20 millones de metros cuadrados que se han otorgado de forma "ilegal".
    Moreno ha amenazado que, si el Ayuntamiento no ha iniciado los trámites pertinentes en el plazo de un mes, Ecologistas en Acción acudirá a los juzgados, donde iniciará un proceso contencioso por la vía Penal contra los responsables de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, y advierte que incluirá al alcalde, Miguel Ángel Cámara, si es necesario.
   Moreno ha recordado que el exconcejal de Urbanismo, Fernando Berberena, se comprometió hace unos años a que el Plan General sería revisado para ver si algo se había "traspapelado", pero como no se han puesto "manos a la obra" en el último año, Ecologistas en Acción ha elaborado este estudio.

Decenas de empleados públicos protestan ante el Ayuntamiento de Murcia contra los "recortes"

MURCIA.- Decenas de empleados públicos, más de 400 según los sindicatos convocantes, han realizado este jueves una concentración en la puerta del Ayuntamiento para protestar contra los "recortes" y contra la "imposición" por parte del Consistorio de otras medidas que "van más allá" de los ajustes previstos en el Real Decreto 20/2012.

   La concentración, que ha transcurrido de forma pacífica, ha contado con un gran número de funcionarios de diferentes servicios, como policías, bomberos y personal de administración, y se ha desarrollado entre las 10.30 y las 12.00 horas, finalizando con la asistencia al pleno que se estaba celebrando en el Ayuntamiento, en el que se iban a aprobar dichas medidas.
   Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Murcia SIME, CCOO, SPLRM-ATABAM-, UGT y CSI-CSIF dicen no entender "la necesidad de aplicar estas medidas adicionales mientras el Ayuntamiento continúa con su política de despilfarrar el dinero público".
   Ha citado como ejemplo "la cesión de terrenos públicos a empresas privadas, asesores, coches oficiales, escoltas, dietas por asistencias a plenos y comisiones, tranvía ruinoso y un largo etcétera, y mientras anuncia a bombo y platillo que el Ayuntamiento obtuvo el año pasado un superávit de 40 millones de euros".
   Asimismo en la Junta de Gobierno de este miércoles quedó aprobada de forma "unilateral" la aplicación de la jornada de 37,5 horas y los horarios que se derivan de esta ampliación.
   Los sindicatos critican que, a diferencia de lo ocurrido en otros ayuntamientos, como el de Molina de Segura, donde el equipo de gobierno municipal ha optado por una aplicación lo menos gravosa posible para sus empleados públicos, en el caso del Ayuntamiento de Murcia, "no solo aumenta el cómputo horario sino que además reduce el número de los días de descanso semanales de diferentes servicios como Policía Local, Bomberos, Plazas y Mercados, Cultura, Bibliotecas, Deportes, entre otros".
   "Con esta concentración pretendemos plantar cara no solo a las medidas específicas tomadas por el Ayuntamiento sino a las agresiones para todos los ciudadanos previstas en el Real Decreto 20/2012", añaden.
   Los sindicatos explican que diversos compañeros de la Policía Local dicen que se les ha comunicado verbalmente "que si la Concejala de Seguridad y Recursos Humanos ve a Policías manifestarse el próximo jueves tienen previsto eliminar el Complemento (CRJ) que supone por término medio alrededor de 200 euros".
   No obstante, han advertido que durante el mes de septiembre "se intensificarán las movilizaciones por parte de estos sindicatos llevando a cabo caravanas de coches y otras acciones por determinar".

Ferrmed prevé una inversión de 10.000 millones para tramo sur del Corredor Mediterráneo

MURCIA.-   La Asociación Ferrmed prevé una inversión de 10.000 millones de euros para la ejecución del sector sur del Corredor Mediterráneo, esto es, desde Algeciras hasta Alicante, con una rentabilidad de 677 millones que podría llegar a elevarse a 750 en función del tráfico ferroviario, lo que haría amortizar el capital invertido en un plazo de 15 años.

   Así lo ha hecho saber el secretario general de la asociación empresarial Ferrmed, Joan Amorós, tras mantener una reunión con el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, a quien han presentado las conclusiones del estudio argumental y provisional sobre el sector sur del gran eje Ferrmed, es decir, el que transcurre desde Alicante a Algeciras.
   Amorós ha recordado que la parte sur del trayecto es una zona "estratégica" que, por no tener unas buenas conexiones ferroviarias, no puede explotar todo su potencial.
   Este estudio ha analizado los trazados de tres líneas nuevas, una primera que va de Monforte (Alicante) a Murcia y continúa hasta Lorca (Murcia) y Almendricos (Almería); una segunda línea que va desde Almendricos a Baza, Guadix y Granada, y una última que ya está en marcha, de alta velocidad y que va desde Alicante hasta Almería pasando por Murcia y que se da por estudiada.
   Asimismo, la asociación Ferrmed ha estudiado la línea de la costa en Andalucía, es decir, tener una alternativa a la línea del interior, por la costa, desde Almería a Motril y Málaga, entre otras localizaciones.
   Al ser preguntado por la posibilidad de que la Comisión Europea introduzca alguno de los tramos propuestos por Ferrmed, Amorós ha señalado que es una "historia que nunca acaba", pero ha manifestado que lo importante es tener en cuenta que se trata de un proyecto "rentable".
   En cualquier caso, ha señalado que la decisión final "depende mucho del Gobierno de España y, por eso, Ferrmed envió hace un mes a el documento a la ministra de Fomento, Ana Pastor, y ha pedido también a Valcárcel que apoye la inclusión del proyecto en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda que prepara el Ministerio".
   Si este Plan recoge la petición de Ferrmed, Amorós dice que "será mucho más fácil que la Comisión Europea apruebe el proyecto", probablemente, antes del final de año. No obstante, ha señalado que la Comisión "está muy a favor del Corredor Mediterráneo".
   Amorós ha señalado que el informe presentado a Valcárcel es un estudio previo que no examina todos los pormenores, pero que sí analiza los túneles que habría que hacer o los viaductos, por lo que las inversiones reflejadas son, a su juicio, "bastante fidedignas".
   En lo que respecta a la inversión prevista, Ferrmed no ha considerado los puestos de trabajo que se crearían ni el impacto en términos de PIB, porque sería más difícil de evaluar.
   La rentabilidad socioeconómica, evaluada en base al cambio de la carretera al ferrocarril y por tanto, el ahorro en energía y en mano de obra. Asimismo, ha tenido en cuenta el ahorro en tiempo y en costo al tener unas líneas y conexiones más cortas y eficientes, así como las consecuencias medioambientales.
   Las líneas, que están pensadas tanto para pasajeros como para pasajeros, arrojan en base a estos cálculos, una rentabilidad de 677 millones de euros al año, frente a una inversión de más de 10.000 euros, lo que considera que es "bastante bueno".
   Amorós ha señalado que Ferrmed también ha sido conservadora a la hora de calcular el tráfico ferroviario, que en España se sitúa actualmente en el cuatro por ciento. En el estudio se prevé el ocho por ciento, es decir, el doble, mientras que la media europea en el tráfico ferroviario de mercancías se sitúa en el 15 por ciento.
   El objetivo de este cálculo "conservador" es que la gente no pensara que esto no es una entelequia. De todas formas, si la cuota alcanzara la media europea, Amorós ha previsto que los 677 millones de retorno se elevarían a los 750 millones de euros.
   En todo caso, Amorós ha señalado que este estudio demuestra que el trazad sur del Corredor Mediterráneo "es rentable" y hay que ponerla en el mapa, así como la conexión del puerto de Cartagena con el centro de España pasando por Albacete de la forma más directamente posible.
   Y es que, según Amorós, el puerto de El Gorguel ofrece unas posibilidades de desarrollo "increíbles", porque será probablemente el puerto de mayor calado del Mediterráneo y admitirá portacontenedores enormes que no podrían acceder a otros puertos, y aunque muchas de las mercancías vayan a Europa, Cartagena "puede convertirse en un puerto significativo para Madrid".
   En este sentido, el estudio recoge la construcción de un tercer entre Murcia y Cartagena, para utilizar la línea de alta velocidad, aunque sea "de una forma precaria" para trasladar las mercancías hasta Alicante, utilizando a lo mejor dos locomotoras.
   Ha admitido que se puede discutir a Ferrmed las fechas y que, donde la asociación dice que la saturación tendrá lugar en 2015, a la hora de la verdad sea en 2017. En todo caso, el objetivo es que "esto se pinte en el mapa y se tenga en cuenta en las previsiones", ha añadido.
   Ferrmed está traduciendo el documento al inglés, y lo presentará en Bruselas en el que prevé contar con la presencia de Valcárcel como presidente del Comité de las Regiones (CDR), y también prevé presentarlo al Comité de Transportes del Parlamento Europeo y a la Comisión Europea.
   Sevilla ha señalado que este plan "recoge 10.000 millones de euros de inversión, lo que es una cantidad respetable pero muy adecuada al mundo ferroviario", mientras que la rentabilidad, calculada con patrones "conservadores", haría recuperar esa inversión "en 15 años".
   Sin embargo, el consejero manifiesta que estos cálculos no han tenido en cuenta "ni los avances que supondrían para el transporte, el sector agroalimentario e industrial", al tiempo que ha puesto en valor que esta infraestructura "daría servicio a 11 millones de residentes".

Almería se convierte en la provincia líder en España respecto a producción de frutas y hortalizas

ALMERÍA.- El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha indicado este jueves que la campaña hortícola 2011-2012 en Almería ha batido un "récord histórico" en su producción ante las cifras con las que cuenta la Junta y que apuntan que se han alcanzado los 3,09 millones de toneladas de frutas y hortalizas, esto es, un 7,5 por ciento más que en la anterior campaña, y un valor comercial de 2.336 millones de euros, un 13,1 por ciento más que en el periodo anterior.

   En rueda de prensa, Planas ha valorado estos "positivos" datos a la vez que ha resaltado la "buena marcha" de las exportaciones, que se han incrementado en un 11,6 por ciento con respecto a la campaña anterior al enviar a otros países 1,78 millones de toneladas de frutas y hortalizas, lo que supone un incremento del valor comercial del 7,6 por ciento hasta los 1.608 millones de euros, según datos del ICEX. En este sentido, ha puntualizado que "se ha exportado más volumen a un precio algo inferior".  
   El titular andaluz de Agricultura ha alabado la "capacidad emprendedora" de los agricultores de Almería que hacen al sector "puntero en Andalucía y en España", de forma que aporta "riqueza y empleo" a la Comunidad Autónoma. Tal esa así que Almería es la primera provincia exportadora de frutas y hortalizas del país, de manera que cuatro de cada diez productos de este tipo proceden de la provincia andaluza.
   No obstante, ha reconocido que pese a que los datos invitan a ser optimistas, "hay agricultores que lo han pasado mal" y eso "no debería ocultar realidades concretas" al desconocer cómo se ha desenvuelto los márgenes comerciales en cada caso. Así, ha instado a trabajar conjuntamente para incrementar los precios en origen y fomentar la concentración de la oferta.
   La producción hortícola de la provincia ha generado un valor en origen de 1.623 millones de euros, un 7,6 por ciento más que la pasada campaña; y ha alcanzado la cifra más alta de superficie cultivada, con 48.676 hectáreas, un 5,3 por ciento más que en 2010-2011. La superficie de invernaderos, por su parte, se mantiene estable en unas 26.778 hectáreas, en las que se recolecta una media de casi 1,5 cosechas al año.
   Para el representante del Gobierno andaluz, aunque estos datos demuestran la "fortaleza" del sector hortofrutícola, que es el "motor económico de la provincia", y su capacidad de recuperación en momentos difíciles, "es necesario seguir avanzando en algunas cuestiones primordiales para garantizar la rentabilidad de los agricultores andaluces".
   Planas ha resaltado que el precio medio de los productos se ha mantenido en el mismo nivel de 2010-2011, es decir, por debajo de la media de las últimas campañas, por lo que ha insistido en la necesidad de seguir apostar por proyectos de concentración de oferta que permitan obtener una mayor rentabilidad a nuestros profesionales.
   "El Gobierno andaluz está trabajando para buscar alternativas y mecanismos que mejoren la situación motivada por la volatilidad de los precios y el desequilibrio entre los actores de la cadena agroalimentaria," ha asegurado Planas, quien ha recordado que ésta es una de las demandas andaluzas para que se tenga en cuenta en el futuro marco regulador de la Política Agrícola Común (PAC).
   Según ha detallado el consejero, el tomate y el calabacín han sido los productos que más han incrementado en valor, con un 22,7 por ciento más que la pasada campaña en el caso del tomate, que alcanza los 560 millones y un 61,8 por ciento en el calabacín, con 184 millones. En cuanto a superficie, se ha experimentado un aumento generalizado, principalmente en producciones como el calabacín --diez por ciento-- y la sandía --15,2 por ciento--, que ocupan ya 5.789 y 5.665 hectáreas respectivamente.  
   Esta tendencia al alza en el volumen de producción se ha experimentado también de manera global en otros cultivos almerienses, destacando sobre todo la berenjena, con 187.675 toneladas --un 22,5 por ciento más--; seguido del calabacín, con 354.156 toneladas --18,4 por ciento--; y la sandía, con 349.985 toneladas --16,9 por ciento--.
   Por su parte, la producción de pepino, que el pasado año se vio severamente afectada y arrastró a otros productos como consecuencia de la 'crisis de la E. coli', ha descendido ligeramente, un 3,4 por ciento menos hasta los 407.354 toneladas, lo que ha supuesto un 1,6 por ciento menos en su valor, hasta los 180 millones de euros.