El Ayuntamiento de Totana se plantea retrasar el Pleno para aprobar el PGOU

TOTANA.- El ayuntamiento de Totana se plantea posponer el pleno extraordinario que tenía previsto celebrar este mes para la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, aunque sí mantiene la convocatoria del pleno ordinario que tendrá lugar el último martes de diciembre.

En ese pleno extraordinario de diciembre, la corporación totanera iba a abordar la aprobación del nuevo planeamiento municipal, como paso previo a su envío a la Comunidad Autónoma.

Según fuentes municipales, el consistorio de Totana ha recuperado ya "plenamente" la normalidad, y convocado a la junta de gobierno, que se ha celebrado bajo la presidencia del alcalde en funciones, Juan Carrión, y a la que han asistido todos los concejales del PP y la secretaria del Ayuntamiento, Laura Bastida, imputada en el caso.

Esta junta de gobierno, la primera que se celebra tras la detención del alcalde, José Martínez Andreo, en el marco de la ‘Operación Tótem’ que investiga una presunta trama de corrupción urbanística, ha tenido carácter extraordinario porque, según el portavoz, en el orden del día figuraban algunos pagos y contratos relativos a las fiestas patronales de Santa Eulalia, que tienen lugar estos días en la población.

El Ayuntamiento de Totana insiste en que la detención de su alcalde y su posterior encarcelamiento no afecta a la gobernabilidad del consistorio.

La corporación municipal, además de reunirse en junta de gobierno, se entrevistó también con el letrado que ha asumido la defensa del alcalde para conocer las actuaciones legales que emprenderá el abogado con vistas a conseguir la ex carcelación del regidor.

La defensa del alcalde José Martínez Andreo, presentó ya un recurso de apelación contra el encarcelamiento de su cliente decretado en la madrugada del domingo tras ser detenido y prestar declaración durante trece horas en el marco de la ‘Operación Tótem’, que investiga una trama de corrupción urbanística en el municipio.

En un comunicado, el despacho de abogados Ramos Calabria explica que las razones principales para la presentación del recurso son “la desproporción y ausencia de justificación de la medida adoptada”. Fuentes de este despacho precisaron que el escrito consta de 16 folios en los que se argumenta la “inexistencia de riesgo de fuga” y “la disposición a colaborar con la Justicia que presentó Martínez Andreo desde el primer momento”, como factores centrales de la apelación.

El correspondiente escrito fue presentado en el Juzgado de Instrucción número uno de Totana, junto con aquellos extremos de las actuaciones imprescindibles para su valoración. Ahora la juez Asunción Navarro tiene un plazo de entre tres y cinco días para resolver el recurso y, en el caso de que confirme la prisión, la defensa puede apelar a la Audiencia que se pronunciaría en un máximo de diez días.

La Fiscalía pide más información sobre la queja de Morales

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha pedido a la Sala de lo Civil y Penal que recabe más información sobre la forma en que se produjo la retirada del pasaporte y del ordenador del diputado regional y ex alcalde de Totana Juan Morales.

La Fiscalía considera que debe disponer de más elementos de juicio antes de pronunciarse sobre la queja presentada por el diputado Morales en el TSJ, ante el que denunció la supuesta vulneración de sus derechos como miembro de la Asamblea Regional. La Guardia Civil, en un registro que realizó en el domicilio de Morales, se llevó el pasaporte del diputado y requisó su ordenador portátil.

En su denuncia, Morales señaló que estas actuaciones realizadas por los agentes de la Unidad Central Operativa, suponen una violación de los derechos que el Estatuto de Autonomía reconoce a los diputados regionales.- (Agencias)

La flota pesquera de Águilas acusa la crisis de supervivencia del actual sector murciano

ÁGUILAS.- La situación actual del sector pesquero, unida a la estructural crisis de la agricultura local y al lento despegue turístico, sigue sin aportar motivos para el optimismo entre los vecinos de una localidad pequeña que sigue a la espera de despejar sus incógnitas económicas.

De los felices años 80 en que la localidad contaba con una flota pesquera de 130 barcos se ha pasado a los 63 que faenan en la actualidad. En materia de empleo y en los últimos 27 años, el municipio costero pasó de los 800 empleos directos en el sector a los 180 pescadores que actualmente conservan su trabajo.

Los datos facilitados por la Cofradía de Pescadores de Águilas son contundentes. El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, Ramón Gabarrón, señala que “la crítica situación del sector encuentra su explicación en la continua disminución de ganancias de los pescadores, los precios bajos que perciben por sus mercancías, los costes del gasóleo y las dificultades que tienen los jóvenes para acceder a un oficio que exige titulaciones específicas con los consiguientes meses dedicados al estudio”.

Otra prueba evidente del delicado momento que viven los pescadores viene dada por la propuesta del Gobierno regional basada en el proyecto “Marimed”. Dicha iniciativa fue presentada como una forma de enfocar el sector pesquero hacia el turismo, difundiendo la tradición de la pesca y promoviendo el conocimiento histórico de una actividad que enlaza con los orígenes de Águilas.

Esta vertiente turística del proyecto, similar al turismo rural en el interior, ha sido calificada por Gabarrón como “una alternativa a tener en cuenta”, pero “la realidad es que aún no se ha hecho mucho en ese sentido”, puntualiza el patrón mayor.

Desde la Cofradía de Pescadores de Águilas esperan que la futura remodelación del puerto contemple la ampliación del espigón principal que ofrece un escaso abrigo a las embarcaciones que atracan en el Puerto pesquero.

El aguileño Andrés Rabal, presidente de la Asociación Regional de Empresarios de la Pesca, también considera que “se necesita un mínimo de 100 metros más de extensión del espigón para garantizar que el viento de levante no perjudique a nuestra flota”.

La construcción de una nueva dársena deportiva perpendicular al actual espigón no sería incompatible con la ampliación demandada por los pescadores.

Al igual que el resto de pesqueros regionales, la flota aguileña de cerco ha dejado de faenar, desde el día 1 de diciembre y hasta el próximo 31 de enero de 2008, según la Orden de la Consejería de Agricultura y Agua. Esta iniciativa pretende favorecer el reclutamiento de alevines que podrán ser reproductores durante la próxima primavera.

Esta flota está compuesta por 33 unidades que se dedican principalmente a la pesca de pequeños pelágicos como sardina, boquerón, jurel, o caballa, entre otros. Esta “parada técnica”, según las mismas fuentes, tendrá un coste aproximado de 300.000 euros, que serán financiados por la Consejería, mediante indemnización a cada armador.- (PS)

Hoy 29ª aniversario de la Constitución Española

La Constitución es la Norma Fundamental del Estado, a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos. Toda disposición u acto contrario a la Constitución carece de validez y será convenientemente expulsado del ordenamiento jurídico o sancionado con arreglo a las normas sobre justicia constitucional y otras disposiciones constitucionales y legales.

Siguiendo la línea de las constituciones modernas, la Constitución Española de 1978 se estructura en dos partes claramente diferenciadas en cuanto a su contenido: la parte dogmática y la parte orgánica.

Parte dogmática

En esta parte de la norma jurídica se hace una declaración de principios que indican y recogen los valores imperantes en la sociedad que la promulga. En la Constitución Española la parte dogmática está constituida por las siguientes partes:

• Preámbulo
• Título preliminar (artículos 1 a 9).
• Título I, denominado «De los derechos y deberes fundamentales» (artículos 10 a 55).

En la parte dogmática aparecen los principales derechos constitucionales de los ciudadanos españoles. A su vez, el Título preliminar contiene los Principios constitucionales que determinan la configuración del Estado y sus señas de identidad.

La soberanía nacional se hace residir en el pueblo español, pero la polémica redacción del artículo 2, que incluye el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación española siempre ha sido destacado por la ambigüedad de su redacción, que si bien permitió el consenso para su aprobación, también ha dado lugar a múltiples interpretaciones.

Parte orgánica

Se diseña la estructura del Estado regulando los órganos básicos que ejercen los poderes estatales. El sistema español conserva el diseño tripartito de división de poderes de Montesquieu, entre Poder ejecutivo, Poder legislativo y Poder judicial. Los apartados correspondientes en la Constitución Española son los siguientes:

• Título I, «De los derechos y deberes fundamentales» (artículos 10 a 55)
• Título II, «De la Corona» (artículos 56 a 65)
• Título III, «De las Cortes Generales» (artículos 66 a 96)
• Título IV, «Del Gobierno y de la Administración» (artículos 97 a 107)
• Título V, «De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales» (artículos 108 a 116)
• Título VI, «Del poder judicial» (artículos 117 a 127)
• Título VII, «Economía y Hacienda» (artículos 128 a 136)
• Título VIII, «De la organización territorial del Estado» (artículos 137 a 158)
• Título IX, «Del Tribunal Constitucional» (artículos 159 a 165)
• Título X, «De la reforma constitucional» (artículos 166 a 169)

La Constitución finaliza con las Disposiciones Adicionales, Transitoria, derogatoria y final.

Reformas

La Constitución española ha sido modificada una vez (Artículo 13.2, Título I) para extender a los ciudadanos de la Unión Europea el derecho a voto (electores y elegibles como candidatos) en las elecciones locales. Esta reforma constitucional entró en vigor el 28 de agosto de 1992.

El sistema político y las autonomías

El sistema político

La ideología liberal impregna la Constitución y el sistema político. La monarquía constitucional es la forma de Estado, con un rey, Juan Carlos I de Borbón, heredero legítimo de los derechos dinásticos de Alfonso XIII, traspasados por la abdicación de Don Juan (III) en mayo de 1977. Los poderes del monarca están limitados y enumerados en la Constitución.

La división de poderes, idea fundamental en el pensamiento liberal, es el eje del sistema político. En la base, la soberanía nacional permite la elección, por sufragio universal (varones y mujeres mayores de 18 años), de los representantes del pueblo soberano en las Cortes. Ejercen el poder legislativo entre las dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado, eligen al Presidente del Gobierno y controlan la acción del poder ejecutivo.

El Presidente del Gobierno desempeña el poder ejecutivo con la ayuda de su consejo de ministros.

El poder judicial recae en los jueces y en el Consejo General del Poder Judicial como su máximo órgano de gobierno. El Tribunal Constitucional controla que las leyes y las actuaciones de la administración pública se ajusten a la Carta Magna.

Las autonomías

La Constitución de 1978 rompe una tradición centralista iniciada en 1700 por Felipe V. Como intento de solución al problema regional y a las reivindicaciones de los grupos nacionalistas vasco y catalán, sin olvidar las minorías nacionalistas gallegas, valencianas, canarias y andaluzas, se crea un nuevo modelo de Estado descentralizado, en el cual cada región se convierte en una comunidad autónoma con autogobierno, parlamento autonómico, tribunales de ámbito regional y un Estatuto de autonomía que establece el modelo y las competencias que puede asumir.

La Carta Magna establecía dos posibilidades de autonomía. Las nacionalidades históricas, Cataluña, País Vasco y Galicia, seguirían una vía rápida y con mayores competencias (aplicación del artículo 151). Andalucía también consiguió el título de nacionalidad histórica, gracias a que así lo solicitaron la mayoría de sus ayuntamientos y fue ratificado en referéndum el 28 de febrero de 1980.

El resto de regiones se regiría por el artículo 143, excepto Navarra (que se constituía en Comunidad Foral respetando su peculiar tradición foralista). La concesión de la autonomía se dilató más en el tiempo y la transferencia de competencias fue más lenta.

Entre el 18 de diciembre de 1979, cuando se aprobaron los primeros Estatutos de Autonomía de Cataluña y País Vasco, y febrero de 1983, todas las regiones se constituyeron en Comunidades Autónomas. Los dos últimos Estatutos de Autonomía han sido los de Ceuta y Melilla (1995), estableciéndose como Ciudades Autónomas.

De forma paulatina, durante los últimos veinte años, el Estado ha transferido competencias a las Comunidades Autónomas. Dos de las últimas materias que se han transferido han sido sanidad y educación. Hoy en día, cada una de las Comunidades Autónomas puede legislar en cuestiones sanitarias y educativas de manera diferente al resto de España.

Derechos fundamentales

Se recogió una amplia declaración de derechos individuales, sin restricciones. Se incluyeron derechos sociales (derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la sanidad) y económicos.

Preámbulo

La redacción del preámbulo de la Constitución era considerada un honor y una habilidad literaria. La persona elegida para este propósito fue Enrique Tierno Galván, a continuación se muestra el texto íntegro del preámbulo:

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

• Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.
• Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
• Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
• Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
• Establecer una sociedad democrática avanzada, y
• Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

La Audiencia Provincial decidirá en dos semanas sobre la situación de Martínez Andreo

MURCIA.- La Audiencia Provincial de Murcia, «órgano competente para su tramitación y posterior resolución», decidirá la próxima semana sobre la apelación contra la actual situación del alcalde de Totana, del PP, José Martínez Andreo, una vez que el letrado Ramos Calabria ha presentado recurso de reforma del auto de la juez Asunción Navarro Artero, que lo envía a prisión provisional sin fianza, «junto con aquellos extremos de las actuaciones imprescindibles para su valoración» .

Fuentes de la Audiencia consideran probable que la Sala de Lo Penal revoque el auto de la juez de Totana y el alcalde salga en libertad bajo una fuerte fianza, cercana a los 300.000 euros, antes de la próxima Navidad pese a la también más que probable oposición de la Fiscalía. El riesgo de fuga de Martínez Andreo (en la imagen) parece remoto por el embarazo de su esposa, el de destrucción de pruebas ha desaparecido en gran parte y la alarma social ha remitido al saberse el tema plenamente en manos de la Justicia.

Según informó en un comunicado el bufete Ramos Calabria, se pide que se revoque la prisión del alcalde de Totana al considerar que se trata de una medida «desproporcionada» y falta de justificación. La situación del reo en el Centro Penitenciario de Sangonera le está creando problemas psicológicos, según algunos funcionarios, hasta el extremo de haber cambiado de celda para compartir habitáculo con un interno de mayor confianza para él.

Por otra parte, el 'caso Totana' no será declarado nulo aunque el registro de la casa del diputado Morales se estime ilegal. Nunca se declaran inválidos los datos de una investigación anterior procedente de otro tipo de pruebas. El proceso continuaría sin mayores problemas, si se basa en elementos probatorios ajenos a ese registro.El TSJ ha solicitado ya a la Fiscalía que informe de los cargos que existen contra Juan Morales o los presuntos delitos por los cuales se le investiga. A partir de las consideraciones que haga la Fiscalía, el TSJ decidirá si el caso es de su competencia.

Si es así, el TSJ decidirá si cita a declarar a Juan Morales y, en caso afirmativo, se nombrará a un magistrado instructor. Por atracción o por la presunta existencia de delitos conexos, toda la causa de la Operación Tótem pasaría entonces a manos del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia tras inhibirse en su competencia la juez de Totana, tal como marca el derecho procesal en caso de persona aforada.- (NEM)

Petróleo y sangre, cóctel nigeriano

NUEVA YORK.- Hace 12 años, el escritor Ken Saro-Wiwa y ocho ambientalistas de la minoría ogoni de Nigeria fueron ejecutados en la horca por la dictadura del general Sani Abacha, a pesar de la fuerte campaña internacional con que se intentó salvar sus vidas.

El último aniversario de su muerte fue conmemorado con la puesta en escena del unipersonal "Things Dey Happen" ("Cosas que pasan"), escrita y protagonizada por el joven autor y actor estadounidense Dan Hoyle, quien pasa revista a la "política del petróleo" en ese país africano.

La ejecución de Saro-Wiwa y los activistas constituyó, según el ex primer ministro conservador británico John Major (1990-1997) y otras personalidades, "una tragedia". Fueron ahorcados mientras estaba pendiente la apelación de la condena ante el amañado tribunal que los "juzgó".

El escritor y los activistas llevaron adelante una campaña contra las actividades en su país de la gigante petrolera angloholandesa Shell.

"Cosas que pasan" es una pieza de teatro políticamente comprometida, una crítica mordaz a los mercenarios del petróleo que saquean las riquezas del delta del río Níger, el más importante de África occidental.

"Es más fácil hacer la guerra que trabajar para la paz", dijo a Hoyle un experto en seguridad que trabaja para la petrolera Chevron-Texaco.

La pieza teatral también describe las abyectas circunstancias que debe afrontar la población del delta del Níger, empujados a la prostitución o al extremismo violento con el objetivo de sobrevivir.

El poder emocional de la obra reside en la reflexión del autor sobre el carácter único del ser, una expresión desinhibida de su humanismo.

Y esto ayudó a Hoyle no sólo en el proceso creativo sino en su sobresaliente representación sobre el escenario. La fluidez de sus expresiones faciales y movimientos corporales le permiten encarnar sin esfuerzo a los diferentes personajes que animan la pieza teatral.

Hoyle señaló que "siguen pasando cosas en Nigeria. De las personas que conocí cuando estuve allí una ha muerto, otra pasó dos años en la cárcel, algunas han sido secuestradas. Quiero rendir homenaje a todos ellos con esta obra y espero que sus historias permanezcan con ustedes cuando dejen el teatro. Espero que los obsesionen y les encanten tanto como a mí".

Merece especial mención la notable habilidad de Hoyle para traducir el rudimentario inglés que se habla en Nigeria y darle un soplo de vida a lo largo de su actuación.

El espectador deja la sala pensando que, como en "El corazón de las tinieblas" de Joseph Conrad, son América del Norte y Europa, y no África (léase Nigeria), las que presentan el lado más oscuro.

De hecho, la sorprendente belleza de la obra de Hoyle se basa, más que nada, sobre la destrucción de estereotipos.

Hoyle representa en el escenario a una multiplicidad de personajes: una prostituta, un mercenario buscador de petróleo, un miembro de una organización humanitaria internacional, un traficante de armas serbio, el embajador de Estados Unidos, un mediador local entre la comunidad y los gigantes petroleros, un anciano indigente, un francotirador con cargo de conciencia, un señor de la guerra.

Quienes lo vieron pueden dar testimonio de que cualquier duda que surja acerca de sus fines y motivación se resolverá finalmente en su favor.

Esto significa que, al identificarse con las terribles dimensiones de la tragedia humana en el delta del Níger y, por extensión, con la historia de horror de Nigeria, Hoyle ganará la simpatía del público hacia la oprimida pero resistente y combativa gente común que describe en su pieza teatral.

Si un espectador no siente real compasión por el ser humano que hay detrás del francotirador con un corazón y sueños, demostrará ser un reptil más peligroso que los soldados nigerianos que aterrorizaron diariamente a los pobladores del delta del Níger para "pacificar" la zona y permitir que las multinacionales petroleras siguieran extrayendo hidrocarburos.

O, de hecho, el embajador estadounidense, cuya intangible jerga diplomática se revela tan siniestra como las llamas de los pozos de extracción de petróleo.

Se puede palpar el humanismo de Hoyle en el apasionado alegato del funcionario de relaciones con la comunidad que le pidió un mayor esfuerzo para comprender el destino de los negros, especialmente los que están atrapados en el delta del Níger.

Todos eran negros en el comienzo de los tiempos, argumenta. Pero algunos fueron a Europa y se volvieron blancos, sólo para volver y no reconocer a los hermanos que dejaron atrás.

Si esto parece excesivo, es posible buscar las raíces de este humanismo --que significa que tenemos un destino común en este planeta-- en la acusación directa que el experto en seguridad de Chevron-Texaco descarga sobre el ciudadano común de Estados Unidos: cuando llena de nafta el tanque de su Cadillac está ayudando a financiar la guerra en el delta del Níger.

En un debate luego de una representación de la obra, Jackson Ogbonna, editor del sitio de Internet Pointblanknews.com hoy residente en Estados Unidos, recordó sus experiencias como periodista que investigó la situación en las comunidades de esa zona y cómo esa experiencia cambió su visión sobre Nigeria.

La ejecución en la horca de Saro-Wiwa y los ocho ambientalistas no hizo más que confirmar su visión de que no habrá paz hasta que se resuelvan los problemas de fondo que agobian a Nigeria en general y al delta en particular.

Ogbonna llamó a la comunidad internacional a que apoye esta causa, dado el papel estratégico del petróleo en el mundo.

Sowore Omoyle, editor del sitio de Internet Saharareporters.com, llevó la acusación a quienes llenan de nafta los tanques de sus Cadillac un poco más lejos.

¿Qué hacen los ciudadanos de Estados Unidos para evitar que su estilo de vida se apoye en petróleo manchado con sangre?, se preguntó. ¿Ignoran que su amor por los automóviles alimenta la represión de los habitantes del delta del Níger?

Omoyle tiene la esperanza de que la agitación política en la zona continúe, pues de esa forma el precio del petróleo seguirá en aumento y la complacencia de la gente común se verá sacudida.- (IPS)

La CE plantea reforzar la vigilancia al sector bancario

BRUSELAS.- La inestabilidad financiera desatada hace cuatro meses en Estados Unidos y el fuerte repunte de la inflación hasta el 3% en la zona euro fueron los dos asuntos que dominaron los debates de los ministros de Economía en las reuniones del Eurogrupo y Ecofin de anteayer y ayer.

Los ministros de Economía acordaron reforzar la coordinación de los organismos de supervisión del sector financiero en la UE para evitar una crisis hipotecaria como la de Estados Unidos. El acuerdo propone que los tres comités de vigilancia (banca, seguros y Bolsa) tengan una colaboración más estrecha.

El vicepresidente del Gobierno español, Pedro Solbes, admitió que los efectos de la desaceleración económica ya se habían percibido. "La Comisión", precisó, "admitió ayer que si ahora hiciera las previsiones de crecimiento, no serían las mismas que las de hace un mes". Solbes destacó "la preocupación en toda Europa por la subida del precio del petróleo" y advirtió que había que prepararse porque "aumentará la incertidumbre en los próximos meses".

En la misma línea que Bruselas, la FSA, autoridad de los servicios financieros en el Reino Unido, advirtió ayer a las entidades que conceden hipotecas sobre los riesgos de liquidez del sistema. Las condiciones del mercado "serán difíciles en un periodo sostenido".- (PRISA)

Catedráticos, jueces y fiscales piden la disolución de ayuntamientos infractores

MADRID.- El Estado, las autonomías, los ayuntamientos y los jueces son ineficaces para combatir el creciente fenómeno de la corrupción urbanística. Con esa tesis, el Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por 200 fiscales, jueces y catedráticos de Derecho Penal de tendencia progresista, ha elaborado un manifiesto en el que proponen que las Administraciones actúen con mano dura, según publica hoy "El País".

Ese foro propone medidas ejemplarizantes como la demolición de edificios ilegales y el endurecimiento de las penas para los delitos relacionados con el fenómeno. Al Gobierno le pide que "no vacile" a la hora de disolver ayuntamientos manifiestamente implicados.

El documento recorre las distintas instituciones competentes para atajar el fenómeno proponiendo a cada una serie de medidas. Además de la disolución de ayuntamientos corruptos, al Estado le sugiere que refuerce la independencia y autoridad de los órganos técnicos de los ayuntamientos (secretarios, interventores y tesoreros) cuyas facultades se han recortado, así como un mayor control de los notarios y registradores de la propiedad, que a veces, según el documento, actúan con "connivencia, complacencia, negligencia u omisión" en estos casos.

Las autonomías, según el manifiesto, deben acotar las competencias urbanísticas de los ayuntamientos con la aprobación de planes que engloben a varios municipios, estableciendo "límites más estrictos sobre reclasificaciones y recalificaciones de suelo" y obligando a que los planes municipales se basen en "necesidades reales, y no especulativas" de crecimiento de la población. Las comunidades deben controlar especialmente los convenios entre municipios y particulares que, en muchos casos, condicionan construcciones a la recalificación de suelo.

El informe señala como principales responsables del fenómeno a los ayuntamientos. Considera "mera arbitrariedad" su resistencia a los controles de otras Administraciones amparándose en la autonomía local y les pide que ejerzan "sus competencias disciplinarias", en muchos casos abandonadas por impopulares o por el miedo al castigo electoral.

Los jueces de lo Contencioso-Administrativo tienen que dar preferencia a los casos más trascendentes con el fin de restaurar "la situación original dañada" aunque para ello sea necesario llegar a la demolición, que debe ser obligatoria en caso de que se haya cometido un delito. El manifiesto propone que el Código Penal considere prevaricación el informe o voto favorable de cargos públicos a planes manifiestamente ilegales, así como la elevación de las penas de prisión en los delitos contra la ordenación del territorio.

Para prevenir el blanqueo de dinero, muy ligado al urbanismo, defienden que los políticos y funcionarios también estén obligados por ley a informar de operaciones sospechosas.

Propuestas para sanear el urbanismo

- Demolición obligatoria de construcciones ilegales en caso de delito para "restaurar la situación inicial dañada".- Disolución "sin vacilar" de ayuntamientos corruptos.- Controles para evitar la "connivencia, complacencia o negligencia" de notarios y registradores de la propiedad.- Preferencia en los juzgados para los procesos urbanísticos más trascendentes.- Castigar como prevaricación el voto o informe favorable a planes manifiestamente ilegales.- Elevación de las penas para los delitos urbanísticos.- (PRISA)

(Hotel en la playa de El Algarrobico, Carboneras, Almería)

Analfabetos funcionales / Luis del Val

Se puede ser feliz sin leer. En mi casa, por ejemplo, uno de los seres más felices que la habitan es analfabeto profundo, y, aunque entiende y descifra casi una veintena de palabras, no ha aprendido a leer: se trata del perro.

Pero más allá del perro, si hablamos de un ser más evolucionado, el ser humano, por ejemplo, también puede ser feliz sin saber leer, ni escribir, y manejar videojuegos. Y ver la televisión. Cualquier analfabeto está capacitado para disfrutar de la televisión, y del cine, del teatro, y del circo, y de la radio.

Pero analfabetos severos hay pocos en España. Según el informe Pisa lo que puede aumentar en el futuro es el analfabeto funcional, es decir, el ser humano evolucionado que sabe leer y escribir y que interpreta perfectamente el letrero de ‘No hay localidades para la sesión de noche’ o sabe con certeza los que significa ‘entrada’, ‘salida’ o ‘liquidación por restos de serie’, pero que cuando recibe una notificación administrativa, procedente de un organismo, le cuesta desentrañar el significado de la comunicación.

Uno de cada tres escolares, tras abandonar las aulas, no leen jamás un libro. Esa falta de gimnasia neuronal atrofia la comprensión, de la misma manera que si no camináramos nunca, tras abandonar el periodo educativo, llegaríamos a movernos con dificultad.

Pero lo más grave es que, según el informe, está bajando el nivel de comprensión de lectura de nuestros escolares. Descodifican los signos de las palabras, los pueden convertir en sonidos, pero no captan el sentido del escrito. ‘Se me juntan las letras’, le dijo a mi mujer bizarramente un ciudadano al que le pretendía regalar un libro.

Pero eso no significa que se termine la posibilidad de ser feliz: se puede cantar, bailar, escuchar la radio, viajar y asistir a un festival de rock. Lo que le va a resultar más difícil, por ejemplo, es leer y enterarse de lo que dice un ejemplar de periódico.

Los chimpancés tienen mejor memoria que los humanos adultos

TOKIO.- Los chimpancés de cinco años tienen mejor memoria fotográfica que los estudiantes universitarios, según desveló ayer un estudio de la revista ‘Current Biology’ que podría acabar con la idea de la superioridad humana en todas las funciones cognitivas.

El estudio, realizado por un equipo de investigación sobre primates de la Universidad de Kyoto (Japón), podría significar que durante años se ha subestimado la capacidad intelectual de los antepasados más cercanos de la raza humana.

“Aquí mostramos por primera vez que los jóvenes chimpancés tienen una extraordinaria capacidad para trabajar con la memoria numérica, mejor que la de la de humanos adultos a los que se sometió a las mismas pruebas, siguiendo el mismo procedimiento”, dijo el autor del estudio, Tetsuro Matsuzawa, de la Universidad de Kyoto.

El equipo de investigadores de esta universidad hicieron una serie de pruebas a tres parejas de madres y crías de cinco años de chimpancés que competían con estudiantes universitarios en la realización de unos ejercicios de memoria numérica. Todos los chimpancés, madres e hijos, había aprendido previamente a contar del 1 al 9.

El experimento consistía en mostrar a los diferentes sujetos varios números del 1 al 9 en una pantalla. Posteriormente, los números eran reemplazados por una casilla en blanco y los participantes en la prueba debían señalar a través de pantalla táctil que número aparecía.- (EFE)

La producción industrial decreció un 0,9 por ciento en la Región de Murcia

MURCIA.- La producción industrial en la Región de Murcia en el mes de octubre de 2007 decreció un 0,9 por ciento frente al mismo mes del año anterior, mientras que para España se registra un ascenso del 4,7 por ciento, según datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a las variaciones de los índices según el destino de los bienes, se produce el mayor incremento en los bienes de consumo no duraderos con un 14,6 por ciento seguido por los bienes de consumo duraderos con un 9,4 por ciento. Por el contrario se producen los mayores descensos en los bienes de equipo con un -13 por ciento, seguido por los productos energéticos con un -6,4 por ciento y los bienes intermedios con un -5,8 por ciento.

Por actividad, las ramas cuya producción han experimentado un mayor crecimiento respecto al mismo mes del año anterior son: la industria textil y de la confección con un 102,2 por ciento, la fabricación de muebles y otras industrias manufactureras con un 15,7 por ciento, la metalurgia y fabricación de productos metálicos con un 14,6 por ciento, la industria de los productos alimenticios y bebidas con un 13,1 por ciento y la industria del papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados con un 7,3 por ciento.- (EP)

Reig Pla y Mendoza se ponen de acuerdo para que el Vaticano decida sobre la UCAM

MURCIA.- El obispo de la Diócesis se Cartagena, Juan Antonio Reig Pla, y el presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza, se han puesto de acuerdo al menos en una cosa en el conflicto suscitado por la titularidad de la Universidad Católica de Murcia: Ambos acatarán el dictamen del Vaticano en esta cuestión, según revela hoy "La Verdad".

Reig Pla y Mendoza se han dirigido por separado a la Santa Sede para exponer sus razones en el conflicto y para que los dirigentes de la Iglesia determinen quién es el propietario de la Universidad. El obispo lo hizo la semana pasada en compañía del arzobispo de Granada, monseñor Francisco Javier Martínez. Ambos se dirigieron al Dicasterio de Educación para presentar su causa después del recurso de reposición presentado por Reig Pla ante el Gobierno regional, en el que solicitaba a su vez la suspensión cautelar del decreto que aprobó los polémicos estatutos .

El consejero de Educación, Juan Ramón Medina Precioso, ha seguido en los últimos días en contacto con las dos partes litigantes con el fin de propiciar un acuerdo entre ambos. Dicho acuerdo no ha sido posible en los últimos meses, toda vez que el obispo y el presidente de la Fundación han discrepado abiertamente sobre la titularidad de la UCAM. No fue suficiente un informe jurídico de la Conferencia Episcopal, solicitado por Mendoza, el cual daba la razón a la Fundación al interpretar los términos del decreto de erección de la Universidad Católica.

Este informe limitaba la actuación del obispo a su papel de Gran Canciller para velar por los valores católicos de la institución académica, y poco más.

Varias fuentes consultadas opinan que la mejor forma de solucionar el conflicto es que el Obispado y la Fundación se pongan de acuerdo entre ellos, ya que si la decisión pasa a la jurisdicción civil -el TSJ, en el caso de que el Gobierno regional se inhiba- se podría eternizar la disputa sobre la titularidad de las propiedades.

El conflicto, sin embargo, tiene otro campo de juego. Como es el Gobierno regional, dado que sus Servicios Jurídicos deben pronunciarse sobre el recurso de reposición del obispo, en tanto que éste no lo retire. El plazo para contestar finaliza a mediados de este mes.

Por otra parte, el obispo de Cartagena, Juan Antonio Reig Plà, se ha reunido en las últimas semanas con profesores de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) para transmitirles su firmeza y su intención de llegar hasta el final en el conflicto que mantiene con su presidente, José Luis Mendoza, por la titularidad de la institución académica, según cuenta hoy "La Opinión".

En dichas conversaciones Reig Plà ha pedido a los docentes que continúen trabajando por el bien de la Universidad a pesar de las dificultades con las que puedan encontrarse en el día a día. Todos los docentes con los que Reig Plà se ha entrevistado pertenecen a un sector de la Universidad Católica que discrepa con Mendoza en la forma de llevar la institución.

Reig Plà ha querido con estos encuentros garantizar y asegurar a los docentes que, cómo máximo representante de la Iglesia en la Región, no piensa echarse atrás en su pugna con Mendoza.

Además, el obispo también ha mantenido encuentros con profesores que ya no trabajan en la UCAM precisamente por sus diferencias con el presidente. A ellos también les ha informado de la batalla que ha iniciado y que está levantando una verdadera polvareda en el seno de la Iglesia murciana.

Lo que más ha sorprendido a los docentes que han acudido a estos encuentros personales con el obispo es que Reig Plà ha sido muy pragmático y claro con sus intenciones; está seguro de que la Iglesia le dará la razón.

Tal y como publicó esta redacción hace casi dos semanas, el obispo de Cartagena ha presentado un recurso formal ante la Comunidad Autónoma contra los estatutos de la UCAM, que elaboró la Universidad y que aprobó el Gobierno regional.

El motivo es que en esos estatutos la titularidad de la UCAM se atribuye a la Fundación Universitaria San Antonio, cuyo máximo representante es José Luis Mendoza. En los decretos fundacionales de la institución era la Iglesia católica la titular de la Universidad y la citada fundación figuraba como promotora de la Universidad y responsable de su gestión.

Al conocer el contenido de los estatutos Reig Plà, no sólo interpuso el recurso ante la Comunidad Autónoma, sino que también llevó el asunto a la Junta de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Episcopal y a los Dicasterios de Roma (tribunales). Por el momento ninguno de los estamentos que estudian el caso se ha pronunciado, mientras que la Conferencia Episcopal guarda silencio .

(Monseñor Francisco Javier Martínez)

Las inversiones de CAM y Caja Murcia en la costa 'saltan' a Bruselas

MADRID.- La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Kutxa y Caja Murcia se han visto afectadas por la investigación abierta por la Comisión Europea (CE) por el urbanismo incontrolado en las costas de Murcia, tal y como adelantó elEconomista el sábado. La denuncia admitida a trámite no sólo alerta sobre la edificación salvaje, sino que analiza los nexos entre planes urbanísticos, políticos y cajas.

Bruselas estudiará estas cajas como "instrumento de esta corrupción", según la denuncia del abogado murciano Diego de Ramón a la que ha tenido acceso este periódico. También les acusa de actuar como un "monopolio" financiero.

Esta presunta trama consistiría en la presencia de los políticos dentro de los órganos de gobierno de las entidades. Estos políticos, a su vez, son los mismos que, en el seno de la Administración Pública, "modifican planes existentes que protegen el Medio Ambiente y aprueban desarrollos urbanísticos que suponen cantidades millonarias".

Estas recalificaciones y aprobaciones se traducen en "rápidos beneficios" para las cajas que acaban "sin repercutir en proporciones iguales en la Obra Social", alerta.

Expediente de infracción para España

Por ello, la denuncia exige "la inmediata intervención del Parlamento Europeo en el control urbanístico del Levante murciano, por cuanto de forma indirecta afectaría a la contaminación del Mar Nostrum con si fuese una mancha de aceite". Bruselas podría abrir expediente de infracción a España por ir en contra de directivas de Medio Ambiente.

Sin embargo, la CE no tiene competencias ni "poder" sobre las cajas -supervisadas por el Banco de España y bajo tutela de las autonomías-. Por ello, su resolución no tendría consecuencias para las entidades españolas, según las fuentes europeas consultadas.

Otra cosa muy distinta es que se demuestre la posible corrupción entre urbanismo, políticos y cajas. En este caso, podría adoptar una serie de medidas, sin clarificar.

La presunta corrupción de los políticos españoles -Totana, en Murcia, ha escrito un nuevo capítulo- ya no sorprende en Bruselas. El pasado viernes fueron detenidas dos personas más por delitos urbanísticos, en el marco de la operación Tótem.

Una de las ellas es Juan Francisco Casanova, ex concejal del PP de Agricultura, Ganadería y Caminos del Ayuntamiento de Totana entre 1994 y 1999. El otro es Diego C., empresario de Puerto Lumbreras.

Las inversiones millonarias

Las cifras hablan por sí solas. En La Zerrichera (Águilas-Murcia), la Kutxa tiene compromisos por más de 100 millones en la construcción de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos en una finca de 2,4 millones de metros cuadrados. De momento, los beneficios de esta inversión tendrán que esperar ya que el proyecto está paralizado en los juzgados.

Además, la entidad que preside Carlos Etxepare tuvo que desembolsar 23 millones de adelanto al promotor, con lo cual es dinero perdido, a la espera de que los juzgados le den vía libre. La caja seguirá adelante con algo que hoy es poco más que un patatal.

Pero los escarceos de Kutxa en la costa murciana no acaban aquí. El plan urbanístico proyectado en Lo Poyo (Mar Menor) -también paralizado por el Ayuntamiento de Cartagena- participa con una financiación de 110 millones de euros.

En un principio Kutxa y 3 empresarios vascos decidieron aliarse para invertir 220 millones, al 50 por ciento, en el proyecto. Sin embargo, la implicación de uno de estos empresarios, Javier Arteche, en la Operación Malaya, propició que la caja vasca rompiera la alianza. Construiría unas 5.000 viviendas.

Mientras, la CAM aparece vinculada al proyecto en Nueva Cartago-Cartagena. La caja fue el mayor accionista y tenía el poder en la constructora Hansa Urbana, aunque la entidad decidió rebajar drásticamente su capital hasta el 15 por ciento. El abogado Diego de Ramón cifra en 900 millones las inversiones totales en este proyecto, de los cuales una buena parte serían concedidos por CAM.

La caja declinó revelar a este medio el importe concreto de financiación a la promotora. Hansa Urbana construirá una zona residencial en la que hay proyectadas 5.000 viviendas, zonas hoteleras de lujo y dos campos de golf de 18 hoyos. Kutxa también tuvo aquí unos terrenos, pero los vendió.

La presencia de CAM en Murcia no se limita aquí, ya que también financia parte del proyecto de Polaris en el Mar Menor, que prevé inversiones de 1.018 millones. La caja valenciana lidera un préstamo sindicado de 328 millones, junto a EBN Banco, concedido en 2005.

En diciembre de 2004, Caja Murcia y Ahorro Corporación -el brazo financiero de las cajas españolas- lideraron otro préstamo de 500 millones, donde participan 18 entidades, según han confirmado a este medio fuentes de la caja que dirige Carlos Egea.

(Paraje a destruir por Novo Cartago)

www.eleconomista.es

Los populares ponen parches a la ‘Operación Tótem’ / Juan Redondo

Dicen expertos juristas que para que la juez instructora haya decretado prisión incondicional del alcalde de Totana es porque existen evidencias muy fuertes de presuntos delitos. Y el alcalde que duerme en Sangonera ya ha pedido la baja voluntaria del Partido Popular. Los mismo que ha hecho el diputado regional y presidente del PP en Totana, Juan Morales.

Cuantas coincidencias en el mismo día. Los populares regionales encantados de conocer la decisión de sus dos ex compañeros de viaje, porque en la última semana no sabían que hacer con esa patata caliente que les había caído encima.

¿Han pedido la baja voluntaria, o les han recomendado en el interno que era lo mejor que se podía hacer en esta situación?, dicen que esa es la pregunta. Porque en el caso contrario tras el escándalo de la trama urbanística de Totana, con unas generales a la vuelta de la esquina, no les quedaba más remedio que expulsarles del partido. Con toda la presunción de inocencia incluida, las decisiones de la juez instructora estarán más que motivadas, con sus resoluciones con libertad bajo fianza en la mayoría de los imputados y la incondicional para el alcalde.

La decisión popular de aceptar la renuncia voluntaria de sus dos hasta ayer destacados militantes, no supone una condena interna, ni pública en el partido. Si ellos quieren defenderse por su cuenta que lo hagan, ellos se personarán como acusación pública para garantizar la limpieza del proceso.

No se les ha exigido a los dos totaneros la renuncia a sus cargos públicos. A nivel orgánico se crea temporalmente una gestora para sustituir a Morales como presidente. Se arropa al grupo municipal con con el alcalde en funciones al frente de la corporación, donde gozan de una mayoría holgada. No se exige al concejal independiente, con residencia temporal fuera de su domicilio, que renuncie a su acta municipal.

En la Asamblea Regional sucede algo parecido, con su solicitud de baja en el PP, el diputado Morales podrá defenderse tranquilamente si en los remates de la “Operación Tótem” se ve implicado, sin perjudicar a la imagen del partido. No renuncia a su acta de diputado y queda como independiente. Pertenece al grupo parlamentario popular, ya que formó parte de sus candidaturas. ¿Ahora se irá al grupo mixto a hacer compañía a Pujante el representante de IU-Los Verdes o seguirá bajo el cobijo del grupo popular como independiente hasta que se aclare el culebrón?.

Parece que con las resoluciones obligadas de ayer los populares murcianos han tirado por la calle del medio y dejan las decisiones políticas a los pronunciamientos en los procesos judiciales. En esta ocasión no han aplicado las palabras de César sobre su mujer repudiada, “no basta con que sea honrada sino también aparentarlo”. Y aquí la honradez está cuestionada por un poder independiente que se llama el Judicial. Un partido que ha afirmado que en temas de corrupción sería contundente y no miraría para otro lado.

Quizás un sector de la sociedad precisamente esperaba mayor contundencia por parte de la dirección regional ante un alcalde ingresado en prisión incondicional sin fianza, el primer caso que se da en la Región. Sería un error que la imagen de corrupción generalizada se trasladara aquí, como se empieza apuntar por la trama urbanística de Totana, aunque los cargos públicos y los partidos están para cumplir las leyes. Apunta un observador que los populares no deben olvidar como empezó y terminó la última etapa del feudo socialista en la Región.

¿Ahora le toca al TSJ tomar el asunto?

Parece que la juez instructora ha terminado básicamente ya su trabajo, ahora quedan las conclusiones y las calificaciones. Pero no se esperan nuevas detenciones por la trama urbanística totanera. Todo apunta que el siguiente destino está en el Tribunal Superior de Justicia, aunque sólo sea por el detalle de Juan Morales de renunciar a su militancia del PP, aunque manteniendo su condición de aforado como parlamentario regional.

El ex alcalde ha estado en el ojo del huracán desde el inicio de las investigaciones y tras las primeras actuaciones judiciales. Se ha sentido acosado, atrincherado y desaparecido en su trabajo como parlamentario regional. Ha dado un paso que según muchos compañeros de su ahora ex partido, debería haber dado hace una semana.

La proximidad de las generales y la lucha por el décimo diputado en Murcia dicen los populares que tiene algo o bastante que ver con esta historia, a pesar de la contundencia con la que ha actuado la juez. Según estas teorías no sería descartable que Totana fuera sólo la punta de un iceberg que se podría extender a otros municipios de la Región, y en las quinielas ya suenan varios nombres.

www.elfarodemurcia.info

Una ex concejala de Fortuna acusa al alcalde del PP, Matías Carrillo, de comprar votos

FORTUNA.- La ex concejala del Partido Popular en Fortuna María Dolores Sánchez acusó ayer al alcalde del mismo partido, Matías Carrillo, del PP, durante su declaración ante la Audiencia Provincial de Murcia, de comprar votos en las elecciones de mayo de 2003 a cambio de empleos, precisamente el mismo delito por el que ella fue imputada.

La acusación de la ex edil popular no se quedó ahí, y se extendió a una larga lista de personas. Sánchez implicó en estos actos al padre del alcalde, a su esposa, Felicia Inmaculada Illán; a su hermano, a su prima, Francisca Ortigosa; a su primo, Antonio Ortigosa; al teniente de alcalde, José Antonio López; al concejal de Medio Ambiente, José Antonio Cascales; al de Deportes, Salvador Bernal; al de Cultura, Miguel Romero; al de Urbanismo y Policía, Gregorio Herrero, y a los hijos de este, que, según María Dolores, se habrían encargado de llevar los sobres de los votos al correo.

Ante esta cascada de nombres que citó la acusada, por la que el fiscal dijo sentirse "sorprendido", la Sala suspendió el juicio oral y ordenó que el Juzgado de Instrucción número 1 de Cieza que investigase la implicación de estas personas en los hechos denunciados.

María Dolores Sánchez, por su parte, se declaró inocente. El fiscal pedía para la ex edil de Servicios Sociales y Personal una pena de doce fines de semana de arresto y multa de seis meses, a razón de 6 euros al día, por, supuestamente, haber ofrecido un empleo en el Ayuntamiento -con la posibilidad de firmar un contrato de trabajo eventual- a cambio de hacer entrega de toda la documentación necesaria para votar por correo al PP en las elecciones del 25 de mayo de 2003.

La ex edil aseguró que "el alcalde es quien me decía a quién tenía que contratar". Además, cuando se le preguntó si era cierto que unas 25 ó 30 personas que votaron por correo en 2003 fueron contratadas por el Consistorio, respondió que no lo sabía, y añadió: "El alcalde, su esposa, el hermano o la prima pudieron comprar los votos. Yo no quise participar. Dije que no porque no me parecía ético".

Sánchez se siente, en sus propias palabras ante el tribunal, una "cabeza de turco" y no duda en atribuir al alcalde, Matías Carrillo (en la imagen), la responsabilidad de las firmas de estos contratos irregulares. "Los contratos los firmaba el alcalde, y no firmó ninguno en mi presencia. Él me pedía que diera aviso a las personas que debían firmar y yo les decía el día y la hora en que debían tramitarlos", explicó.

Esto fue así, según ella, hasta que el Ayuntamiento comenzó a ser investigado por estos hechos. "Hasta que no se abrió la investigación judicial, el alcalde no delegó en mí la contratación", apuntó.

Según María Dolores, una de las personas que la ha acusado por estos hechos, llamada Juana María, lo hizo en cumplimiento de una amenaza. "Ella tenía a su esposo en la cárcel y me amenazó con acusarme de la compra de votos si no lo sacábamos de allí. Se lo conté al alcalde, pero él no hizo nada al respecto", afirmó.

El nuevo equipo de gobierno de San Javier asegura estar en condiciones de gobernar

SAN JAVIER.- El nuevo equipo de Gobierno de San Javier, integrado por los siete concejales socialistas y el del CDL afirmaron hoy en un comunicado de prensa tras conocer la renuncia de los cuatro ediles del CISJ que están en condiciones "de asegurar la estabilidad y eficacia en la gestión", por lo que ofrecen un mensaje "de tranquilidad" a los vecinos.

Asimismo el grupo socialista quiere expresar su agradecimiento al grupo Independiente por el apoyo prestado durante estos meses y lamenta que haya decidido romper el pacto del Gobierno "de forma unilateral".

Desde el equipo de Gobierno se ha destacado que hoy comienza una nueva etapa en nuestro municipio en la que el grupo municipal Socialista y el representante del CDL trabajarán "con redoblado esfuerzo y con la vista puesta en el futuro de San Javier, sin perder ni un minuto".

El equipo actual de Gobierno anuncia además en el comunicado que "pondrá todo su esfuerzo y capacidad de trabajo para que el pueblo de San Javier siga funcionando", y que tomará las decisiones oportunas para ello.

El Partido Popular de San Javier dijo poco antes que se posicionaría cuando la ruptura del pacto del tripartito «sea totalmente oficial». Así lo había manifestado el portavoz del grupo municipal popular, Juan Martínez, quien había asegurado que «mientras tanto, los ediles independientes continúan estando en el equipo de gobierno».

Martínez se mostró francamente sorprendido por el reciente anuncio que realizó la portavoz del grupo independiente, Arantxa Espeso, de que el pacto se había roto, ya que de producirse este hecho, tan sólo habrían pasado cinco meses desde que se constituyó el gobierno municipal y hasta que se produzca esta ruptura.

Según manifestó el portavoz popular de San Javier «desde un primer momento veían incongruencia en el pacto que se había firmado», y señaló que se había dado «un excesivo poder del Partido Socialista a la candidatura independiente. Nos da la sensación de que en este pacto de gobierno cada grupo ha ido por su lado», aseguró.

Martínez quiso dejar claro que desde que Arantxa Espeso anunció la ruptura con los otros dos partidos del tripartito, el PP no ha mantenido conversaciones con ninguna formación política, y que esperarán a que se haga oficial, lo que auguró que podría producirse a lo largo del día de hoy.

«Cuando se el anuncio de la ruptura se haga oficial -agregó- será el momento en el que el Partido Socialista tenga que decir cuáles son sus pretensiones, y si tienen intención de gobernar en minoría o tienen pensado hacer propuesta de acuerdo con algún otro partido», concluyó Juan Martínez.- (EFE)

La celebración del patrón del municipio de San Javier había impuesto una tregua en la crisis surgida tras el anuncio de Arantxa Espeso de romper la coalición con el PSOE en el Ayuntamiento.

A la espera de que la todavía teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente presentase su renuncia a la alcaldesa, Pepa García, la diputada regional Rosa Peñalver, presidenta de la gestora del PSOE en San Javier, consideró que la actitud de Espeso es ‘incoherente’ al notificar la ruptura a los medios de comunicación antes de hacerlo a la alcaldesa.

A los actos de la celebración de San Francisco Javier asistió toda la Corporación municipal, aunque no hubo acercamiento entre los diversos partidos. Espeso y la alcaldesa ocuparon los lugares que protocolariamente les correspondían, pero en ningún momento se saludaron.

Murcia es una de las regiones donde más bajó el precio de la vivienda usada en noviembre

MADRID.- El precio de la vivienda de segunda mano descendió en Murcia un 1,65% en noviembre, con lo que el metro cuadrado se sitúa en los 1.912 euros.

En España, el precio también bajó, pero menos: un 0,68% el pasado mes de noviembre, hasta alcanzar los 2.476 euros por metro cuadrado, mientras que en lo que va de año acumula una subida del 0,12%, según datos del portal inmobiliario Facilisimo.com.

El informe mensual de Facilisimo.com se basa en una muestra de más de 100.000 inmuebles de todo el país anunciados en Internet durante el mes de noviembre.

En este periodo, los precios cayeron en catorce comunidades autónomas, si bien los mayores descensos se produjeron en Asturias, que cayó un 6,6% (2.011 euros por metro cuadrado); en Extremadura, con una reducción del 4,81% (1.325 euros por metro cuadrado); Aragón y Murcia , ambos con el 1,65%menos (2.500 y 1.912 euros por metro cuadrado respectivamente); y Cantabria, con un 1,04% (2.385 euros por metro cuadrado).

Por el contrario, las mayores subidas se registraron en Navarra, donde los precios subieron un 1,76%; Galicia, con un aumento del 1,21%; y Castilla y León con un 0,76% más altos.- (Agencias)

El PSRM destaca "la necesidad" de un cambio en el modelo de crecimiento de la Región

MURCIA.- El secretario de Política Económica y Empleo del PSRM-PSOE, Javier Mármol, destacó hoy, tras conocer los los datos del desempleo de noviembre, que Murcia cuenta con "los mayores incrementos de paro en términos relativos", lo que denota "la necesidad" de un cambio en el modelo de crecimiento.

En un comunicado de prensa Mármol dijo que Murcia es "una de las regiones donde el paro ha subido por encima de la media nacional comparado con el mes de octubre" y "la primera si comparamos con el mismo mes del año pasado".

Estos datos, según el dirigente socialista, demuestran que "ya empieza a ser tarde para que, de una vez por todas, el Gobierno regional adopte medidas concretas de apoyo a la construcción para que no se produzca un enfriamiento brusco del sector, por ejemplo con el fomento de la vivienda de protección oficial".

"El incremento del paro en la comunidad autónoma nos sitúa con 49.895 desempleados, un 14,83 por ciento más que en el mismo mes de 2006. Si cuando esta tasa estaba por debajo de la nacional el PP atribuía el mérito del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, ahora debería de asumir también su responsabilidad con este razonamiento", afirmó Mármol.

Asimismo destacó que la Región está por debajo de la media nacional en contratación indefinida, y exigió al Gobierno autonómico que "adopte medidas para el fomento de la actividad industrial en Murcia y que sea la industria la que absorba con una mayor importancia la mano de obra que esta como excedente en otros sectores, como puede ser el de la construcción".- (EFE)

La Región de Murcia recibe 523,8 millones de euros de los fondos FEDER para 2007-2013

MURCIA.- La Comisión Europea ha aprobado ocho programas operativos regionales del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el período 2007-2013, entre ellos uno a Murcia por 523,8 millones de euros, informó hoy la Delegación del Gobierno.

De esa cuantía, 165,6 millones de euros son para transporte y energía; 111 para medio ambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de riesgos; 90,2 para desarrollo e innovación empresarial; 79,7 para desarrollo de la economía del conocimiento; 39,7 para infraestructuras sociales; 32,1 para desarrollo sostenible local y urbano, y 5,2 para asistencia técnica y refuerzo de capacidad institucional.

Los citados programas corresponden además de a Murcia, a las Comunidades Autónomas de Extremadura, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco, y en total suponen una asignación de fondos comunitarios por un importe de 8.193 millones de euros para el período indicado.

Las actuaciones incluidas en los programas aprobados representan una inversión pública total, incluyendo la aportación española, de 12.278,7 millones de euros.

En total son doce los Programas Operativos aprobados hasta el momento, por un total de 8.873 millones de euros de ayuda FEDER, correspondientes a actuaciones que supondrán un gasto público total de 13.353 millones de euros.

Los Programas Operativos son los documentos que recogen las prioridades a las que se destinará la ayuda comunitaria, así como el plan financiero conforme al cual se ejecutará, y han sido elaborados por el Ministerio de Economía y Hacienda conjuntamente con las Comunidades y Ciudades Autónomas respectivas.

Las actuaciones objeto de financiación de la Unión Europea serán desarrolladas por organismos de la Administración del Estado y de las Comunidades y Ciudades Autónomas, así como por las Entidades Locales.

Asimismo, la Comisión ha aprobado el Programa Operativo plurirregional de Economía basada en el Conocimiento, que se aplicará en: Andalucía, Asturias, Extremadura, Canarias, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Galicia, Murcia, Valencia y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

El citado programa asigna 1.038 millones de euros de ayuda FEDER a la financiación de proyectos e infraestructuras de I+D enmarcadas en el Plan Nacional de I+D+i y desarrollados principalmente por centros públicos, así como otros 412,5 millones a actuaciones de impulso a la Sociedad de la Información integradas en el Plan Avanza y que serán desarrolladas principalmente por la Entidad Pública Empresarial Red.es, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

La firma de los programas operativos tendrá lugar el día 20 de diciembre en Madrid y contará con la presencia de Danuta Hubner, Comisaria Europea responsable de Política Regional, y de Carlos Ocaña, Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, así como de los Consejeros de las Comunidades Autónomas responsables de la gestión del FEDER.- (EFE)

El fiscal pide 4 años de cárcel para un constructor acusado de estafar a un cliente

MURCIA.- El fiscal ha pedido cuatro años de prisión y multa de doce meses con una cuota diaria de seis euros para un constructor que será juzgado en la Audiencia Provincial de Murcia acusado de estafar al cliente que le había entregado 55.000 euros por la compra de una parcela y la edificación de una vivienda.

El Ministerio Público acusa también a Francisco L.P. de un delito sobre la ordenación del territorio por construir en la parcela, que se encontraba en suelo rústico no urbanizable, y pide nueve meses de prisión y otros doce meses de multa con la misma cuota diaria, así como la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de constructor durante nueve meses.

Las conclusiones provisionales del fiscal señalan que mediante contrato privado el acusado vendió a finales de enero de 2005 a Anthony D.C. una finca rústica ubicada en Pliego, con una superficie de 1.300 metros cuadrados, junto con una vivienda de 85 metros cuadrados que se comprometió a construir.

Con posterioridad al mes de mayo de 2005, Francisco L.P. construyó con los trabajadores de su empresa la edificación no autorizada de la vivienda.

El Ministerio Público pide al tribunal que condene también al acusado a indemnizar al cliente con los 55.000 euros que le entregó, más los intereses legales.- (EFE)

Teléfono gratuito para el acoso inmobiliario

MADRID.- El Ministerio de Vivienda habilitará un teléfono gratuito para atender a los afectados por prácticas de acoso inmobiliario.

Así lo ha informado la titular del departamento, Carmen Chacón, tras la firma de un protocolo de colaboración, contra este acoso, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Chacón ha explicado que el acoso inmobiliario es "un delito tipificado en el Código Penal que no va a quedar impune" y ha añadido que el protocolo de colaboración con la FEMP establece una primera experiencia piloto, en un plazo de 60 días, que tendrá lugar en diez ayuntamientos, tras lo cual se extenderá a todo el territorio nacional.

La ministra ha afirmado que el teléfono será atendido por personal especializado del Ministerio que facilitará toda la información a los afectados sobre sus derechos y sobre cómo hacerlos valer ante los acosadores.

Las víctimas de acoso inmobiliario recibirán tres tipos de actuaciones mínimas: información, asesoría legal y asistencia social.

El presidente de la FEMP, Pedro Castro, ha indicado que el acoso lo sufren, sobre todo, las personas mayores que viven en los cascos urbanos de las ciudades y que a veces no saben siquiera que sufren acoso.

Este servicio, según Castro, va a permitir que los ayuntamientos cuenten con una información reglada sobre estos casos de acoso, que padecen en muchas ocasiones los inquilinos de rentas antiguas que llevan toda su vida en un inmueble y a quienes les hacen cortes ilegales de luz y agua, e incluso tretas como el decirles que no paguen el alquiler en seis meses para poder actuar contra ellos.

También se ha firmado otro convenio de colaboración para divulgar el plan de apoyo a la emancipación e impulso del alquiler.- (EFE)

El abogado murciano José Luis Mazón logra la anulación del nombramiento de dos magistrados del Supremo

MURCIA.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de dos magistrados acordado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), estimando así el recurso presentado por el letrado murciano José Luis Mazón en nombre de otro aspirante.

La sentencia indica que el expediente administrativo formalizado por el CGPJ para los nombramientos "no permite comprobar que esas dos designaciones polémicas hayan sido debidamente justificadas con una motivación que cumpla con las mínimas exigencias que resultan necesarias para darle validez".

Y añade que en el mismo se contienen unos juicios de valor "a los que no puede atribuirse relevancia por haber sido realizada su formulación sin una referencia a un preciso soporte objetivo y en términos puramente genéricos".

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado murciano Nicolás Maurandi, comenta asimismo que la motivación de los nombramientos es más exigible aún en estos dos casos, "dado que por ir referidos a la máxima categoría de la carrera judicial rigen con el mayor nivel de exigencia los principios de mérito y capacidad".

Comenta igualmente que "una importante meta constitucional debe ser disipar cualquier sombra de sospecha sobre que la proximidad ideológica, partidaria o simplemente asociativa pueda ser el componente principal de las decisiones que sobre nombramientos judiciales ha de adoptar el Consejo General del Poder Judicial".

La Sala concluye estimando el recurso presentado por Mazón en nombre del magistrado de Asturias Eduardo Serrano, y anula las resoluciones que nombraron magistrados del Supremo a José Manuel López García de la Serrana y Rosa María Virolés Piñol.

La resolución no anula todo el procedimiento, sino las actuaciones llevadas a cabo a partir del informe de la Comisión de Calificación para que, primero, sea emitido otro "que cumpla con todas las exigencias" y para que posteriormente se resuelvan los nombramientos "mediante resolución motivada".- (EFE)

El TSJ ya puede citar al diputado Morales para saber por qué se le investiga

MURCIA.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ya puede citar al ex alcalde de Totana y diputado regional, Juan Morales, para que sepa por qué se le investiga y pueda prestar declaración sobre los hechos que, según la UCO de la Guardia Civil, supuestamente le implican en varios presuntos delitos.

Cualquier diputado autonómico tiene, según el Estatuto de Autonomía, la prerrogativa de que un procedimiento judicial que le afecte, lo lleve en primera instancia el TSJ, y no los tribunales ordinarios, siempre y cuando la Asamblea Regional certifique previamente su pertenencia a la cámara, desde qué fecha y grupo parlamentario al que pertenece.

Tanto el TSJ como el juzgado nº 1 de Totana han recibido ya sendas respuestas a sus, oficio y providencia, de la semana pasada al respecto sobre Juan Morales.

Ahora Morales tiene los mismos derechos y deberes frente a la Justicia que cualquier otro ciudadano español para responder a las demandas de los magistrados de la Sala de Lo Penal del TSJ.

Según el artículo 25 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, los diputados "no podrán ser detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la Región, sino en casos de flagrante delito, en tanto decide el Tribunal Superior de Justicia sobre su inculpación, procesamiento y juicio. Fuera de la Región la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo".

El diputado regional ha comentado en varias ocasiones que se siente indefenso, ya que no sabe de qué se le acusa después de que se le haya retirado el pasaporte y registrado su domicilio en la ciudad de Murcia.

En el maletín que le fue interceptado el pasado lunes a su anterior abogado, señor Cegarra, había al parecer 1.500 euros en metálico y varios documentos, que quedaron bajo la custodia de la juez María Asunción Navarro Artero.

Hoy ha trascendido que la titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia Número 1 de Totana es una lorquina de tan solo 30 años, que ha llegado a la titularidad provisional del órgano judicial totanero sin haber aprobado la oposición.

Es juez sustituta desde el 5 de julio del 2005, una figura reconocida y con mucha tradición en un sistema jurídico plagado de comisiones de servicio, excedencias y bajas.

Navarro optó voluntariamente a ser reclutada para estas sustituciones y hace poco más de seis meses llegó a Totana para llevar las riendas del Número 1. Según su nombramiento, sólo puede ejercer -además de en Totana- en Caravaca y Lorca.

Desde entonces, el órgano se ha ido labrando una fama de dureza en sus decisiones. En los pasillos de los juzgados y en los mentideros de los abogados defensores, que un caso cayera en el Número 1 era sinónimo de firmeza y dureza en las decisiones cautelares impuestas a los imputados en cualquier clase de delito.

Navarro Artero compatibiliza su función como juez sustituta con las clases de Derecho Penal que imparte en la UCAM, de la que es profesora ayudante.

Se licenció en Derecho en la Universidad de Granada, y en su currículo luce también una diplomatura en Criminología y un máster en Prácticas Jurídicas.

Por otra parte, la secretaria del Ayuntamiento de Totana, Laura Bastida, se reincorporó hoy a su puesto de trabajo, después de que quedara en libertad con cargos tras abonar una fianza de 20.000 euros.- (NEM)

(Juan Martínez Moya, presidente del TSJ)

Alertan a la CNMV sobre las razones de la emisión de cuotas participativas por la CAM

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón, una especie de Ralf Nader español de nuevo cuño, ha advertido por escrito a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la emisión de cuotas participativas prevista por la CAM, y ha hecho partícipe de esa advertencia al Banco de España, Banco Central Europeo, Reserva Federal norteamericana, Banco de Inglaterra y Defensor del Pueblo, español y europeo.

En síntesis, De Ramón desea que las razones esgrimidas desde la dirección para justificar esa emisión - respaldo financiero ajeno para el crecimiento de la entidad – responda verdaderamente a ese objetivo y no encubra la necesidad de tapar una supuesta gran falta de liquidez, estimada por diversas fuentes, que no cita expresamente, en 1.500 millones de euros, “cuando precisamente todo el sector financiero se encuentra en crisis”, y especialmente la CAM por un exceso de riesgo inmobiliario contraído en los últimos años.

De Ramón dice comparecer ante la CNMV “como ciudadano, español y europeo, y cliente de la CAM” para justificar su intervención en que la emisión de cuotas participativas sirva realmente para la expansión, dentro de un estricto marco de legalidad conforme a las directivas comunitarias en vigor, y para solicitar una investigación previa que afiance los extremos de una emisión avalada por el propio patrimonio social, “que es de todos los receptores sociales de la comunidad valenciana y murciana”.

El letrado desea que la CNMV verifique, antes de admitir a cotización en Bolsa dichos títulos, si la parte alícuota de ese ingreso previsto se destina a los fines sociales a que obliga la naturaleza jurídica de las cajas de ahorro en España – y no los que elija libremente la CAM – allí donde el Estado o la UE no cubra las necesidades de los excluidos sociales.

De Ramón, acogiéndose al anuncio del presidente de la CNMV, Julio Segura, de que se reforzarán los controles sobre las empresas inmobiliarias cotizadas por tratarse de un sector de aparente riesgo contable, señala que la CAM, por si misma o mediante sociedades participadas, ha sido la “inductora y promotora (…) de grandes proyectos urbanísticos”, que se tendrán que investigar, con créditos propios o sindicados, tras la captación de pasivo fuera de España.

Expresamente cita en su escrito las relaciones financieras, incluso de otra naturaleza, de la CAM con Hansa Urbana, Terra Mítica, Polaris World, Llanera, Azora, Godosa, Tenedora de Inversiones y Participaciones, y hasta con las inversiones en Seseña del promotor conocido como “El Pocero”. Pide que sean investigadas a fondo para evitar la desprotección de los posibles inversores en cuotas participativas por una falta de celo de la CNMV, que ya en anteriores ocasiones “provocó la ruina de muchos españoles”, citando, entre otros, el caso de Gestcartera.

Llama De Ramón especialmente la atención de la CNMV sobre las consideraciones subjetivas en las valoraciones de activos inmobiliarios para, coincidiendo con su presidente, comprobar que se generan con procedimientos, hipótesis y criterios reconocidos, “e incluso pedir valoraciones o tasaciones complementarias de los activos a sociedades de reconocida solvencia sometidas a algún tipo de supervisión”.

Dice el abogado murciano en su escrito a la CNMV que “el patrimonio que dice la CAM tener, valorado en 5.000 millones de euros”, deberá constatarse por entidades que supervisen dicha valoración y que, además, se tenga en cuenta “la falta de liquidez, pues entendemos (…) que ese dinero no es para crecer sino para reponer su falta de liquidez”.

Duda De Ramón sobre la completa legalidad de la emisión de cuotas participativas, en base a consideraciones anteriores de la Fiscalía Anticorrupción sobre emisiones de entidades españolas, como la CAM, en paraísos fiscales, desde el punto de vista de la legislación tributaria, ya que estos tolerados instrumentos alternativos a otras vías más convencionales de captación de recursos, han venido eludiendo el pago del 35% de sus plusvalías. Y recuerda que la legislación española prohíbe deducirse del pago de los impuestos “las cantidades destinadas a retribuir, directa o indirectamente, el capital propio, cualquiera sea su denominación”, concluyendo que son lesivas para el Tesoro Público.

Cree este letrado que, en el caso de las cuotas participativas de la CAM, procede investigar “de dónde va a venir el dinero que compre dichas participaciones, pues si viniese de las islas Caimán (…) se vulneraría -según dicho informe de la Fiscalía Anticorrupción- la legislación tributaria”. Y “si el dinero se capta con los pequeños clientes de las Cajas, con escasa instrucción financiera (pensionistas, hombres y mujeres sin ninguna cultura financiera)” debe hacerse bajo las condiciones de protección, transparencia e información que piden las Directivas de la Unión Europea.

Diego de Ramón solicita expresamente de la CNMV que vele si la CAM cumple, en esta emisión de cuotas participativas, con las exigencias garantistas de la Directiva 2004/39/CE y las promulgadas para evitar el blanqueo de capitales ya que, citando cifras recientes de la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), sólo el fraude fiscal inmobiliario en la Región de Murcia -donde la CAM aparece financiando grandes desarrollos urbanísticos- alcanza los 303 millones de euros.

Recuerda este abogado a la CNMV en su escrito de referencia que, conforme a la citada Directiva, “cuando una entidad de crédito decida prestar servicios o realizar actividades de inversión, en este caso emisión de cuotas participativas por la CAM, las autoridades competentes, antes de concederle una autorización, deben verificar si cumple las disposiciones pertinentes en la misma de proteger y legitimar los derechos del inversor” para así evitar una competencia desleal dentro del Mercado Único.

Finalmente, y a modo de conclusión, Diego de Ramón solicita la comprobación de todo lo expuesto anteriormente en su escrito, al objeto de asegurar dicha emisión de cuotas participativas por parte de la CAM “con todos los preceptos de Directivas europeas, transparencia e información en el Mercado de Valores, así como también la supervisión de todas las actuaciones financieras inmobiliarias que ha realizado la Caja de Ahorros del Mediterráneo (…) así como los fines sociales en su grado de cumplimiento y las Fundaciones creadas por la Caja”.

En definitiva cree debe saberse públicamente si dicha emisión de cuotas participativas por la CAM “es para cubrir liquidez o para crecer, pues si es lo primero, estaríamos potenciando lo que ahora es crisis inmobiliaria financiera por haberse extendido o abusado en proyectos de grandes construcciones”. De Ramón expresa en su epílogo que “ojalá se cumplan estos preceptos y pueda salir esa emisión de cuotas participativas, sin quebrantar todas estas normas que garantizan un Estado de derecho y Europa”.