La crisis de Llanera es consecuencia de una "estrategia perjudicial", según un experto

VALENCIA.- La crisis que atraviesa la inmobiliaria Llanera, en suspensión de pagos, responde a una "estrategia perjudicial y concreta de este grupo", según consideró hoy el director del Observatorio de Coyuntura Económica Internacional (OCEI) de la Universitat de Valencia d'Estudis Generals (UVEG), Vicente Pallardó.

Este experto reprochó a la empresa que "justifique" su situación concreta de crisis con el hecho de que los tipos de interés hayan repuntado.

"Si el motivo principal fuera la subida de tipos y del Euribor, habría sido una situación generalizada", indicó Pallardó en rueda de prensa.

En este sentido, reconoció que el endurecimiento de las condiciones financieras "complica la situación especialmente en aquellos sectores en los que la solicitud de crédito bancario es muy elevada por las propias características de su actuación, que requiere altos volúmenes de inversión", puesto que además las "obliga" a necesitar "proyectos más rentables para poder hacer frente a los tipos de interés más altos".

No obstante, Pallardó precisó en que "lo que hay en este caso es una determinada política o estrategia empresarial que no comparte todo el sector".

"Por lo que no se puede decir que el sector de la construcción o de la actividad inmobiliaria esté en crisis", sentenció el responsable del OCEI, quien hizo un llamamiento a "ser más rigurosos en el análisis".

En la misma línea, incidió en que se trata del resultado de "una estrategia concreta" del Grupo Llanera, que "en este momento les ha dejado con una situación de falta de liquidez que no tiene que ver con el endurecimiento progresivo de las condiciones financieras que afecta a todas las empresas", y que "se ha revelado perjudicial para el futuro, al menos a corto plazo, de la empresa. Eso es lo que ha provocado esta situación", remarcó.

Vicente Pallardó manifestó que "con unos tipos de interés al 2% todo sería más fácil, porque sería más fácil generar recursos para devolver particularmente el famoso crédito de Lehman Brothers", pero subrayó que el endurecimiento de las condiciones monetarias "era algo que ya se veía venir, algo progresivo que ha afectado no sólo a las empresas de este sector, sino al conjunto de empresas de la economía".

Así, el director del OCEI hizo hincapié en que la crisis de la empresa valenciana "no se puede justificar" con la subida de tipos de interés, puesto que responde a "una estrategia que ha podido dar buenos resultados en un determinado momento, pero que ahora se revela perjudicial para la compañía", concluyó.- (Agencias)

Mercader anuncia soluciones para agilizar los proyectos urbanísticos

MURCIA.- El consejero de Desarrollo Sostenible, Benito Mercader, admite que la tramitación de los planes parciales que presentan los promotores de viviendas se alarga demasiado. Según indicaron fuentes de su departamento, el responsable de Medio Ambiente del Ejecutivo regional va a poner en marcha soluciones para agilizar los trámites y dar más fluidez a las resoluciones.

Mientras tanto, la diputada socialista María del Carmen Moreno ha anunciado que pedirá explicaciones en la Asamblea Regional a Mercader por "la parálisis" que, según la parlamentaria, sufre su Consejería.

Los ejecutivos de las empresas murcianas que integran el Círculo de Economía reclaman al Gobierno regional el desbloqueo de los proyectos urbanísticos que están paralizados en la Administración desde que se inició la disputa urbanística.

El Círculo de Economía advierte de que la confrontación política puede "crear un falso ambiente de corrupción generalizada" que lastra al mercado inmobiliario en un momento de incertidumbre.

Benito Mercader respondió a los ejecutivos comprometiéndose a poner en marcha medidas para agilizar la tramitación de los expedientes urbanísticos, dentro del marco legal que establece la normativa vigente.

Fuentes de la Consejería admitieron que "hay que dar más fluidez" a las solicitudes de los promotores que han presentado proyectos para construir viviendas, aunque atribuyen la dilación de las resoluciones oficiales a las limitaciones que impone la legislación regional, "que es mucho más restrictiva que la de otras comunidades autónomas".

La opinión extendida entre los empresarios es que puede deberse a las cautelas que mantienen los técnicos desde que llegó a la Fiscalía la recalificación de la finca La Zerrichera de Águilas.

Por su parte, la diputada socialista María de Carmen Moreno ha denunciado la lentitud de Medio Ambiente a en la aplicación de la Ley de Energías renovables, que achaca a "disputas internas de la Consejería" y que "puede poner en peligro inversiones e iniciativas empresariales".-(EPI)

El Foro Ciudadano pone en ridículo las ocurrencias del consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, sobrino político del presidente Valcárcel

MURCIA.- "Cuando aún no se conocen los objetivos, las líneas generales y los proyectos de actuación de la Consejería de Cultura en la nueva etapa que se ha abierto tras las pasadas elecciones regionales del 27 de mayo, los primeros anuncios del Consejero Pedro Alberto Cruz y su equipo han provocado ya fundada alarma y preocupación en diversos sectores relacionados con la actividad cultural en nuestra Región.

En las primeras declaraciones de los nuevos responsables políticos, aparecía un cierto reconocimiento de la precaria situación en que se encuentra la cultura regional, tanto desde el punto de vista de los ciudadanos como de los creadores y agentes culturales, y se asumía un discurso crítico sobre la necesidad de invertir la tendencia a la espectacularización de la cultura. Sin embargo, las primeras medidas adoptadas, y muy particularmente el anuncio de la creación de una Bienal de Arte para el primer trimestre de 2008, ponen de manifiesto cuánto había de indebida apropiación del lenguaje ajeno y de propósito de repetir los graves errores del pasado, volviendo una vez más la espalda a los problemas de fondo de la cultura regional.

La anunciada Bienal de Arte -con el nombre de Proyecto de Arte Contemporáneo (PAC)- nos parece una costosa ocurrencia personal del nuevo Consejero, que pretende ignorar los riesgos muy evidentes del “sobresaturado y caduco modelo del bienalismo que funciona sobre todo como promoción de curadores internacionales, perpetuando un sistema endogámico del que se autoalimenta”, por citar a las plataformas críticas de creadores que se han manifestado ante otras bienales (Sevilla, Valencia, etc.), hoy en inevitable crisis.

En estas capitales españolas, pero también fuera de nuestras fronteras, la polémica sobre el sentido de las bienales está abierta y es muy viva. Las críticas subrayan las razones exclusivamente geoturísticas de “uno de los formatos que más han contribuido a los procesos de banalización que sufre el arte contemporáneo”, como señala la plataforma de creadores constituida a partir de la bienal sevillana.

Lo que hasta ahora se ha anunciado sobre la Bienal murciana -el coste desorbitado (1,2 millones de euros), el nombre del comisario, la lista de artistas internacionales invitados, entre los que no se encuentra nadie de la Región-, así como el resto de los aún escasos detalles conocidos, junto a la proclamación del pretendido carácter de “ inflexión dentro de las políticas culturales de la Región de Murcia”, formulada por su máximo responsable político, justifican plenamente el rechazo del Foro Ciudadano a esta iniciativa. Creemos que se trata de una nueva vuelta de tuerca en la fascinación por el espectáculo y los grandes “eventos” y “proyectos estrella”, que ha dominado las políticas públicas de la cultura en la Región de Murcia durante las últimas décadas, y que finalmente puede acabar teniendo efectos contraproducentes en el debilitado tejido cultural murciano, al que privará de unos recursos de los que está muy necesitado.

Siendo todo ello muy grave, lo que nos parece más censurable es la completa ausencia de un debate previo sobre las necesidades y prioridades del contexto cultural de la Región. ¿Con quién se ha discutido este proyecto, a quién se ha consultado, en que “foro de la cultura” ha sido avalada esta idea? ¿Cómo puede ser considerada una prioridad la organización de una Bienal en una Comunidad como la murciana, donde se acumulan los déficits y las carencias más básicas en materia de cultura? A propósito de esto último, exigimos una completa transparencia en los aspectos económicos del proyecto, a fin de conocer los honorarios y el coste de cada apartado y acción prevista.

Desde el Foro Ciudadano, fuimos ya muy críticos con el anterior Consejero, cuando anunció hacia el final de la legislatura una subvención millonaria (en euros) a una instalación o intervención de Gabarrón, sostenida con el escaso presupuesto público, que finalmente fue retirada (¿o solamente aplazada?) por la proximidad de las elecciones. La ocurrencia de la Bienal por parte del nuevo Consejero merece el mismo rechazo, y suscita incluso una mayor inquietud por su condición de proyecto institucional con vocación de continuidad.

Una vez más, se abusa del talismán del “prestigio internacional” -que no discutimos- de los comisarios o artistas elegidos, y se confía en que ese solo factor va a producir efectos dinamizadores y de interacción sobre los ciudadanos de la Región, convocados como pasivos espectadores, y sobre los artistas de aquí- muchos de ellos también con su prestigio laboriosamente trabajado-, con los que no se establece vínculo alguno, desconociendo así la realidad en que viven y trabajan unos y otros. Una vez más, y como siempre que se busca desesperadamente el impacto mediático, se tiene en cuenta sólo a la ciudad de Murcia y se ignora a las otras 44 ciudades y pueblos de la Región. Por todo ello, la Bienal anunciada nos parece un despropósito abocado al fracaso.

¿Acaso desconocen el nuevo Consejero y su equipo los recortes, el redimensionamiento y la revisión constante a los que se han visto sujetas en los últimos años las otras bienales españolas antes mencionadas (como las de Valencia o Sevilla)?

No cuestionamos aquí el valor de los creadores convocados -y pagados- por nuestra Consejería, ni los interesantes discursos que en muchos casos atraviesan sus obras, sino que más bien alertamos sobre los riesgos de estetización y descontextualización a los que pueden verse fácilmente abocados, simplemente por su desconocimiento de la realidad política, social y cultural de nuestra Región.

Nos parece que no tiene ningún sentido promover desde los poderes públicos regionales una política en materia de arte contemporáneo que no esté basada en un verdadero diálogo entre lo local y lo global, un diálogo que no puede producirse cuando sus únicos protagonistas son unos creadores completamente alejados de las redes de personas y lugares que conforman la realidad regional. Existen otras opciones para este diálogo necesario entre lo local y lo global, es posible hacer una política cultural que otorgue el mayor protagonismo a los actores locales y que encare de otra manera, mucho más realista y eficaz, los procesos de sedimentación discursiva en la creación contemporánea.

Desde el Foro Ciudadano, anunciamos nuestra intención de promover un debate público sobre este más que discutible proyecto de Bienal y sobre sus implicaciones, un debate que en realidad debería impulsar la propia Consejería de Cultura en el ámbito de sus propias responsabilidades, y que ha de pasar necesariamente por la creación de estructuras horizontales de participación democrática, para que sea posible el diálogo, la libre expresión y los más amplios acuerdos entre todos los sectores concernidos.

Para terminar, este improvisado e irresponsable proyecto de Bienal revela, sobre todo, una carencia inexcusable de visión estratégica, y pone de manifiesto la urgente necesidad de definir el proyecto general de política cultural en el que se incardina, sus objetivos y prioridades, sus recursos y estrategias, los mecanismos de participación, etc., tanto en materia de arte contemporáneo como en el resto de capítulos de la acción cultural pública."

La Audiencia Provincial de Murcia estima el recurso de ANSE y Ecologistas en Acción de personación en la querella del fiscal en La Zerrichera

MURCIA.- La sala rebaja a 300 € la fianza inicial (3.000 €) impuesta por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia a ambas organizaciones para poder ejercer la acción popular en las Diligencias Previas por supuestos delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias y cohecho en la querella interpuesta por la Fiscalía de Murcia contra cinco altos cargos de la Comunidad Autónoma, el alcalde de Águilas y un exconcejal, por su intervención en la recalificación de suelos de La Zerrichera (LIC y ZEPA Sierra de La Almenara, Águilas, Murcia).

El Juzgado había rechazado un recurso de reforma de las asociaciones, estimando ahora la Audiencia el recurso de apelación. Precisamente, la investigación del Fiscal Jefe de Murcia se inició a partir de una denuncia de Ecologistas en Acción y ANSE. Al recurso se habían opuesto algunos de los imputados (Manuel A. Guerrero Zamora, José M. Ródenas Cañada, Juan Ramírez Soto, Juan I. Sánchez Gelabert y José López Díaz), quienes pidieron la confirmación de las resoluciones impugnadas.

La Audiencia Provincial ha tenido en cuenta en la estimación parcial que el art 20.3 de la LOPJ establece que: “No podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular, que será siempre gratuita”. Igualmente indica que “hay que tener presente la legitimación que en materia contencioso-administrativa se reconoce a las organizaciones cuyo objeto social es la protección del medio ambiente y la tutela de los recursos naturales”.

La Audiencia indica igualmente en su auto que “A la vista de que los hechos objeto de la investigación criminal (con independencia de la calificación jurídica que hasta ahora se haya realizado) afectan evidentemente a cuestiones medioambientales (las actuaciones imputadas a los distintos funcionarios tienen como finalidad permitir la construcción de urbanizaciones en terrenos sometidos a especial protección medioambiental), dado que las asociaciones que pretenden personarse como acusación popular tienen evidente interés propio en la materia, por ser esa la actividad específicamente prevista en sus estatutos, y atendiendo a la necesidad de facilitar su acceso a la jurisdicción,…, esta Sala considera que ha de rebajarse el importe de la fianza a la cantidad de trescientos euros”.

Los abogados de ANSE y Ecologistas en Acción podrán estar presentes de esta manera en la toma de declaraciones que se produzcan a partir de ahora a los imputados y testigos, y pedirán la comparecencia de otros cargos y entidades que han participado en la tramitación de los expedientes de recalificación de suelos que han permitido la aprobación definitiva del desarrollo urbanístico en el LIC y ZEPA Sierra de La Almenara, que permite la construcción de más de 4.000 viviendas, hotel y campo de golf dentro del espacio protegido.

(El cartagenero Pedro García, cabeza visible de ANSE)

La UE abre expediente al aeropuerto de Corvera por la queja de dos promotoras

MURCIA.- Al proyecto del aeropuerto internacional de la Región de Murcia, uno de los más complejos y accidentados de la historia de la Comunidad Autónoma, le ha salido otro grano. La Unión Europea tramita un expediente informativo sobre el aeropuerto de Corvera, a raíz de la queja presentada por los promotores de la urbanización Hacienda del Álamo, que consideran que el vuelo de los aviones perturbará la paz del complejo turístico.

Se trata de la última escaramuza de un viejo conflicto, que incluso llegó a dilatar en exceso la aprobación del plan director del aeropuerto por parte del Ministerio de Fomento a causa de un recurso presentado por la misma empresa a finales del año 2005.

La queja presentada en Bruselas por las promotoras Armilar y Procam va dirigida contra el Ministerio de Fomento por la aprobación en abril del pasado año del plan director del proyecto, lo que permitió posteriormente al Gobierno murciano convocar el concurso y adjudicar la construcción y explotación del aeropuerto.

Tras la admisión de la queja y la apertura del expediente informativo, las autoridades de la UE solicitaron a Fomento toda la información del proyecto, lo que motivó a su vez que el Ministerio se dirigiera a la Consejería de Obras Públicas para reclamar todos los datos sobre el aeropuerto de Corvera y así contestar a Bruselas.

La principal demanda de las promotoras es que se corrija la orientación de la pista, situada en el mismo eje longitudinal que la urbanización y a unos 5 kilómetros de distancia. Sin embargo, el informe sobre contaminación acústica elaborado a raíz de la declaración de impacto ambiental precisa que en Hacienda del Álamo en ningún caso se sobrepasarán los niveles de ruido permitidos.- (Agencias)

Llanera paraliza obras en la Región de Murcia y se le admite la suspensión de pagos

VALENCIA.- El titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia dictó ya el auto por el que admite a trámite el concurso de acreedores de Llanera, S. L. y cinco sociedades filiales dada su situación de insolvencia. La promotora y constructora prepara un recorte de plantilla del 60% de su personal (unos 300 puestos de trabajo) de cara a disminuir sus costes y su tamaño, según "Levante".

Mientras tanto, Bancaja y CAM extreman el control en sus créditos a los promotores.

La constructora y promotora Llanera tiene previsto reducir en un 60% su actual plantilla y quedarse con unos 200 empleados. En estos momentos, el número de empleados en nómina alcanza a unos 600 -con lo que el recorte de sería de 400 personas-, aunque algunas fuentes señalan que podrían ser menos debido a las bajas voluntarias que se vienen produciendo casi a diario -sobre todo del personal que trabaja a pie de obra-, desde que estalló la crisis a finales de septiembre.

Según comunicó un alto responsable de la compañía a un grupo de mandos intermedios, el plan de reestructuración diseñado por Llanera para salvarse de la quiebra pasa por ajustar al máximo las necesidades de personal a la realidad de la facturación. Los primeros en quedarse sin empleo serán aquellos trabajadores con contratos eventuales que no van ser renovados, y los siguientes aquellos que menos tiempo lleven en la empresa.

El coste social para la compañía no será tan elevado como pudiera suceder en otros expedientes de regulación de empleo (ERE) debido a la juventud de la empresa y a la rotación del personal, que no obligará a pagar indemnizaciones millonarias por antigüedad. «Muchos operarios se están renunciando al finiquito porque prefieren irse a otra empresa antes de quedarse sin cobra un mes», comentaba un empleado que trabaja en una obra en Xàtiva.

La falta de suministros ha obligado a Llanera a parar muchas de sus obras en marcha. El valor total de estas obras podría superar los 200 millones de euros: «ha sido todo una cadena, no ha podido cumplir con sus compromisos, no puede seguir construyendo y no puede facturar», reconoció ayer un empresario del sector.

Llanera ha paralizado obras en Catarroja (60 viviendas), así como algunos proyectos en Madrid, Málaga, Toledo y Murcia. Mientras tanto, la dirección de Llanera ha garantizado el pago de la mayor parte de las nóminas correspondientes al mes de septiembre de los 650 trabajadores, según confirmaron fuentes de UGT y CC OO-PV, a pesar de las situación de insolvencia reconocida por la firma matriz y cinco de sus principales filiales dedicadas a la promoción, construcción y gestión de suelo.

La suspensión de pagos de la promotora valenciana deja en el aire el futuro de dos complejos urbanísticos en Murcia y Caravaca y la construcción 5.500 viviendas.

El proyecto más avanzado es el de Nature Caravaca de la Cruz, que la promotora ya había puesto a la venta. Se trata de un complejo con campo de golf de 18 hoyos diseñado por Severiano Ballesteros y que incluía la construcción de 3.000 viviendas.

El segundo complejo proyectado por Llanera en la Región se localizaba en el término municipal de Murcia. La inmobiliaria valenciana adquirió a principios de año 2,7 millones de metros cuadrados en la pedanía de Gea y Truyols, en los que pensaba edificar un resort con 2.500 viviendas, campo de golf y zona comercial. La compañía preveía iniciar la comercialización de este complejo a mediados de este año, lo que no llegó a producirse, y su construcción a finales del ejercicio, lo cual es muy probable que tampoco.

A pesar de la incertidumbre por la situación concursal de la compañía, el alcalde de Caravaca, Domingo Aranda, aseguró que «el proyecto urbanístico en el que participaba Llanera seguirá adelante». Aranda informó de que la participación de Llanera en el proyecto era «básicamente» para la promoción.

La urbanización, con cuatro tipos diferentes de viviendas (villas, bungalós, apartamentos y pareados), ocupaba la finca conocida como Gorrafina, cerca de Archivel. El proyecto se encuentra en fase de aprobación inicial, aunque Llanera ya ofrecía viviendas a través de su página web.

Este proyecto recibió duras críticas tanto de la oposición municipal como de las asociaciones ecologistas. En junio del año pasado, la organización Caralluma denunció ante el Ayuntamiento de Caravaca y el Seprona que en la finca se habían iniciado trabajos para la ejecución de sondeos y movimientos de tierras, con apertura de varios caminos.

El Grupo Llanera presentó solicitud de concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) tras las dificultades para hacer frente a una deuda de unos 700 millones de euros.

El grupo empresarial con sede social en Xàtiva, que carece de comité de empresa, todavía no ha explicado a su plantilla el futuro del empleo tras la puesta del plan de reestructuración que conllevará la reducción de su actividad y el cambio de modelo empresarial.

El grupo de la familia Gallego, formado por unas 40 mercantiles, mantiene parte de su actividad en Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, sus principales autonomías. Hasta este verano tenía 14 oficinas comerciales -acaba de cerrar Madrid y en breve, lo hará en Londres- y obras civiles y residenciales en España que generan alrededor de 3.000 puestos de trabajo, según los cálculos de las centrales sindicales. En su opinión , Llanera no representa al sector.- (EPI)

(Finca "El Roblecillo", en el término de Caravaca de la Cruz)

El expresidente Pujol ve "tambalearse" un sistema político que tiene al Rey como "vértice"

BARCELONA.- El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha alertado de la "crisis de confianza" de un sistema político e institucional español que tiene al Rey como "vértice" y que ahora "se tambalea", tras haber "funcionado durante 30 años".

En un artículo en el boletín de la fundación Centro de Estudios Jordi Pujol, el expresidente advierte de que "en Cataluña hay un gran malestar. Y un gran desconcierto. Y desaliento". Según él, se traduce en la "sensación de que Cataluña ha recibido y recibe un mal trato económico, de respeto y de imagen".

Según Pujol, también hay la "sensación de que el sistema político e institucional que ha funcionado durante los últimos 30 años empieza a no funcionar".

Defensa débil y blanda del rey

Para Pujol, esto explicaría la defensa, tildada de "débil y blanda, poco decidida, de la figura del Rey" desde Cataluña tras la quema de fotos por parte de grupos antisistema, lo que ha provocado "críticas contra las principales instituciones catalanas".

En su opinión, "lo que ha sorprendido no es tanto que algún grupo muy minoritario queme fotos del Rey", sino que la respuesta del mundo político e institucional catalanes "no haya sido más fuerte".

La respuesta ofrecida desde Cataluña a la quema de fotos, según Pujol, no se debe a una "pérdida de consideración hacia el Rey", sino a la "crisis de confianza en el sistema. De un sistema que precisamente tiene al Rey como vértice".

Indiferencia y desilusión

"El Rey forma parte, y parte muy principal, del sistema. Y el sistema no funciona. No por culpa del Rey, pero no funciona. Y la indiferencia o desilusión respecto al sistema afecta a todos sus componentes", añade.

Para Pujol, "es justo que se reconozca al Rey el mérito de lo que ha sido su actuación" y, de hecho, "lo que falla del sistema no es el Rey".

"Pero es necesario que seamos bien conscientes de que lo que se tambalea es todo el sistema, y que se tambalea por el poco nivel ético, por el engaño generalizado, por la avaricia, por la demagogia, por el sectarismo", advierte.

Partidos, prensa y jueces

Como componentes del sistema "en crisis", Pujol incluye a partidos, prensa y Tribunal Constitucional, además del Rey y de otras instituciones o instancias oficiales.

Se trata, a su juicio, de un "sistema que ha entrado en crisis. Una crisis que esperamos que sea reconducible. Pero grave y manejada con criterios egoístas y poco éticos".

Asimismo, ante las "campañas sectarias" contra Cataluña desatadas en los últimos años, se pregunta Pujol: "¿Quiénes, de verdad, han movido un dedo?".- (EFE)

La Kutxa reclama ahora todo el dinero a Trinitario Casanova, el promotor de La Zerrichera

MADRID.- El escándalo urbanístico de La Zerrichera de Águilas ha dado un nuevo giro al colisionar los intereses empresariales forjados en torno al proyecto. La Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián -La Kutxa- , que es propietaria de los terrenos, considera que el Grupo Inversor Hispania «no está cumpliendo» con los compromisos que adquirió en su día, debido a que no puede desarrollar el proyecto para urbanizar la finca, donde se había previsto la construcción de unas 3.000 viviendas y un campo de golf sobre 240 hectáreas que están protegidas como LIC y ZEPA, según publica hoy "Abc".

Así las cosas, La Kutxa ha reclamado al Grupo Hispania, del que es consejero delegado Trinitario Casanova Abadía, que cumpla lo pactado. Esto es, la ejecución del proyecto o la devolución de los 128,2 millones más IVA abonados a Casanova por los terrenos. Esta exigencia de La Kutxa a su socio ha provocado que Casanova haya reaccionado a su vez arremetiendo contra el Gobierno regional, al que reclama 180 millones en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Tal reclamación la efectuará ante los tribunales si la Consejería de Desarrollo Sostenible «no rectifica» y levanta la suspensión del proyecto.

Según ha sabido este periódico de fuentes próximas a La Kutxa, los pagos al Grupo Inversor Hispania estaban condicionados «al cumplimento de determinados hitos» que a juicio de esta caja «no se están cumpliendo». La Kutxa ha creído entender que Casanova tenía «pactado» el proyecto, que primero fue sometido a estudio de impacto ambiental por parte de la Consejería de Medio Ambiente -que anuló un primer informe contrario a la urbanización- y después a los trámites posteriores que culminaron con la resolución favorable a la urbanización firmada por el anterior consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana.

Todo iba sobre ruedas hasta que el 4 de julio de 2006 el alcalde de Águilas frenó el plan parcial. Según consta en documentos oficiales, el 17 de octubre del 2005 (ocho días antes de recibir el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente y diez días antes de aprobarse la recalificación en el Pleno de Águilas) Casanova recibió de la promotora de La Kutxa, Inverlur 5005 S.A.U, un primer pago de 23,2 millones como anticipo por la compra de La Zerrichera.

Ese mismo día, Casanova vendió a Inverlur la finca por 105 millones, más 16,8 millones de IVA. Esta transacción se realizó quince días después de que Bascuñana firmara la resolución que hacía los terrenos urbanizables y, por consiguiente, multiplicaba su valor.

Bascuñana declaró ser amigo de Casanova. Los once socios de Alhóndiga Agrisel, de Águilas, que le vendieron los terrenos al Grupo Hispania a cambio de 44 viviendas han declarado que aún no han recibido «ni una peseta». Un portavoz de la caja de ahorros se mostró «sorprendido» por la nota del Grupo Hispania en la que pide responsabilidades al Gobierno, puesto que Casanova dice actuar en nombre de La Kutxa, algo que esta niega.
www.abc.es

(La Unión hace fuerza. Eran otros tiempos. Bascuñana y Trinitario. Al fondo, Campillo, subdirector general de "Cajamurcia")

El Círculo de Economía reclama el desbloqueo de los planes urbanísticos

MURCIA.- Los directivos de las empresas murcianas que integran el Círculo de Economía reclaman al Gobierno regional el desbloqueo de los proyectos urbanísticos que están paralizados en la Administración regional desde que se inició la disputa urbanística, según dicen en un comunicado.

La asociación, que está presidida por el ex director provincial de La Caixa en Murcia, Eusebio Ramos, advierte de que la "difusión de opiniones e imágenes negativas del sector de la construcción" pueden "crear un falso ambiente de corrupción generalizada, que podría dañar gravemente la buena imagen y la credibilidad de nuestras instituciones y de nuestra economía".

Los directivos dejan claro que "la denuncia de las posibles irregularidades y delitos puntuales" no debe convertirse en "un lastre añadido a las nuevas dificultades que plantea la actual coyuntura económica".

Las propuestas que hacen los ejecutivos de los grandes grupos empresariales de la Región coinciden en gran parte con las reivindicaciones que los empresarios de la construcción y la propia patronal CROEM vienen planteando desde hace finales de 2005, cuando se inició el debate sobre el desarrollo urbanístico, mucho antes de que empezara la batalla electoral previa a los comicios municipales y autonómicos del pasado 27 de mayo.

El presidente del Círculo de Economía espera que la iniciativa de la asociación "sea un revulsivo para que todos miremos más por los intereses generales que por los particulares, que miremos el bosque en vez de al árbol".

Por su parte, el vicepresidente, José García Caballero, que es también vicepresidente de la Asociación de Promotores, dijo que "la responsabilidad de poner fin al fuego cruzado que está perjudicando al sector en mercados como el de Reino Unido atañe a todos los partidos".

El Círculo de Directivos, que está integrado por ejecutivos de las principales empresas de la Región y de las entidades financieras, advierte de que en la actual situación económica, en referencia al parón que está produciéndose en la construcción, introduce "nuevas expectativas e incertidumbres que justifican una especial atención de las instancias políticas y sociales".

Entre las medidas que consideran más urgentes figura "el desbloqueo administrativo de los proyectos urbanísticos y la posterior agilización. Ninguna circunstancia externa ni contexto político o social ajeno a la estricta aplicación y desarrollo de las leyes debería impedir a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos como administrados".

También consideran necesario que los partidos mayoritarios se sienten a negociar cómo se adapta la Ley del Suelo regional a la reforma estatal que entró en vigor el pasado mes de julio.

Las empresas de la construcción consideran que la reforma estatal ocasiona un gran perjuicio a los promotores al obligarles a valorar como rústicos los terrenos que se proponen urbanizar hasta el momento en que concluya el proceso de recalificación. También proponen que se llegue a un consenso sobre la aplicación de la nueva evaluación ambiental estratégica.

Desde el Círculo consideran que “las circunstancias nos aconsejan no dilatar por más tiempo la normalización definitiva de un sector extraordinariamente sensible. Es el momento ahora”.

La asociación de expertos económicos subraya que “la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo nacional, y la necesaria adaptación a la misma de la ley regional, puede ser una magnífica oportunidad para concretar un gran Pacto Regional y reactivar un sector que no puede ser obstaculizado ni ralentizado administrativa, o políticamente, sin dañar, gravemente, los intereses globales del conjunto de los ciudadanos”.

En relación con la adaptación regional de la Ley 9/2006, referida a la Evaluación Ambiental Estratégica, desde el Círculo de Economía consideran que “debería ser otra de las prioridades a la hora de establecer consensos amplios y duraderos, tal y como ha sucedido ya en otras Comunidades Autónomas”.

El resultado de esta iniciativa, a juicio del Círculo, “podría ser la clarificación y simplificación de las normas de desarrollo y la agilización de la tramitación de los procesos urbanísticos. Las necesarias exigencias medioambientales y el rigor en éste ámbito no debería suponer, en modo alguno, la burocratización de las administraciones, ni la exagerada dilatación en el tiempo de los procedimientos.

Según los expertos, “aspectos como el porcentaje de reserva obligatoria y las cesiones de suelo, deben ser clarificados, desde una interpretación realista de la ley, y adaptados, sensatamente, a las circunstancias y características de los desarrollos previstos en la Región”.

Ante la posible difusión de opiniones, e imágenes negativas del sector, el Círculo de Economía considera que “sería muy perjudicial para los intereses de la Región, tanto la tolerancia, o la indiferencia frente a posibles irregularidades urbanísticas, que han de ser sancionadas de manera inmediata y ejemplar, como la exageración interesada de las mismas, intentando crear un falso ambiente de corrupción generalizada que podría dañar, gravemente, la buena imagen y credibilidad de nuestras instituciones y nuestra economía”.

La asociación apela “al buen criterio de los medios de comunicación para discriminar entre hechos de tan distinta naturaleza y para seguir difundiendo aquellas noticias que respondan, realmente, al interés de los ciudadanos”.

Los integrantes del Círculo también estiman que “la aceptación pasiva, por parte de la sociedad, de una imagen pública confusa y distorsionada sería un elemento perjudicial para el normal desarrollo del sector, máxime en un momento en el que estas circunstancias pueden resultar un innecesario lastre añadido a las nuevas dificultades que plantea la actual coyuntura económica”.

Por otra parte, el coordinador regional de Izquierda Unida y diputado en la Asamblea, José Antonio Pujante, aboga porque se solucione “la situación de crisis inmobiliaria y de paro que se está generando”, por lo que propuso que la Administración regional “promueva, con carácter público, suelo y vivienda”, ya que, reconoce, que “hay una necesidad objetiva en la Región de vivienda para jóvenes y no jóvenes, en régimen de alquiler o en propiedad”.

Goytisolo exige en Almería un impulso de la sostenibilidad frente la "santa alianza al cemento"

ALMERÍA.- El escritor Juan Goytisolo hizo un llamamiento a los líderes políticos para el impulso de un modelo de desarrollo sostenible que "no existe en ningún lugar del mundo", que frene la "destrucción del paisaje" y la "santa alianza al cemento" que impera, entre otros lugares, en el litoral mediterráneo.

Durante la presentación en Almería del proyecto de rodaje del documental "Releyendo la Chanca", inspirado en la obra que dedicó a esta barrio, Goytisolo disertó sobre el modelo urbanístico actual y su impacto sobre el medio ambiente, fenómenos que, a su juicio, constituyen el "problema fundamental" de nuestra época.

A propósito del crecimiento económico registrado en España en las últimas décadas y tras aclarar su postura "totalmente" partidaria al desarrollo humano, Goytisolo lamentó que estos avances se hayan producido "a costa" del paisaje.

En este sentido, el escritor confesó haber sentido como el alma se le caía a los pies al comparar la "belleza estética" que apreció durante sus primeros viajes a Almería, la Comunidad Valenciana y Murcia con "esa destrucción salvaje del paisaje, ese sacrificio de la belleza a costa del cemento, esa santa alianza en torno al cemento", por la que los únicos "islotes verdes" que se apreciarán en el litoral Mediterráneo "serán los de los campos de golf".

En esta línea hizo un llamamiento para que los líderes políticos que no cesan de hablar de desarrollo sostenible, "cuando no hay ningún desarrollo de este tipo en el mundo", velen por su verdadero impulso.- (EFE)

Lorca, en bancarrota por convenios firmados por un ex alcalde socialista, según "El País"

LORCA.- Si el Ayuntamiento de Lorca (Murcia) fuera una empresa, estaría en bancarrota. Por eso su nuevo alcalde, Francisco Jódar, del PP, ha pedido por escrito al Gobierno murciano que acuda en su ayuda: la falta de dinero líquido en el Consistorio amenaza con impedir el pago de las nóminas, se escribe hoy en "El País".

El origen del problema está en la recalificación masiva de suelo aprobada por el anterior alcalde, del PSOE, el año pasado: el municipio (80.000 habitantes) autorizó la construcción de 140.000 viviendas en varias fases y recibió de las inmobiliarias, en concepto de adelanto, 23 millones de euros. Pero el desarrollo de los convenios está paralizado, y las empresas reclaman ahora la devolución del dinero.

El 27 de febrero de 2006 el entonces alcalde de Lorca, el socialista Miguel Navarro, se las prometía muy felices: el pleno municipal aprobó ese día los tres primeros convenios urbanísticos de una tanda de 17 firmada por Navarro con empresas constructoras. Se daba así el pistoletazo de salida a 35.000 de las 140.000 nuevas viviendas previstas en el municipio, que tiene 80.000 habitantes y mucho suelo todavía libre. Navarro llegó a enfrentarse con su propio partido, el PSOE murciano, que se oponía a las reclasificaciones masivas de terrenos.

Un año antes de la recalificación, el Ayuntamiento recibió de los constructores y promotores urbanísticos 23 millones de euros (el 40% del total a percibir por permitir la edificación). Pero para levantar todos esos pisos no bastaba con la autorización del pleno municipal: ésta debía ser ratificada por el Gobierno regional de Murcia.

Y ahí es donde se torció todo: los escándalos protagonizados en la pasada legislatura por el Ejecutivo murciano de Ramón Luis Valcárcel (PP) -con sucesivas crisis de Gobierno, consejeros y directores generales pasándose a la empresa privada y hasta cinco altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente imputados por presunta corrupción urbanística- han terminado por paralizar los planes de crecimiento de Lorca.

La crisis la ha heredado el nuevo alcalde, Francisco Jódar, que teme no disponer del dinero suficiente para afrontar su mandato de cuatro años si se ve obligado a devolver los 23 millones adelantados por los constructores.

La situación se ha vuelto tan insostenible que Jódar presentó el pasado viernes al Gobierno murciano un informe sobre la situación financiera de Lorca, para apoyar su petición de que, ante la falta de liquidez del Ayuntamiento, le sea adelantada una parte de su asignación de los presupuestos autonómicos para 2008. El alcalde afirma que el informe le fue solicitado por las consejerías de Presidencia y Hacienda después de mantener con los responsables de ambos departamentos varias reuniones.

Jódar pretende así "paliar la difícil situación económica por la que atraviesan las arcas municipales" mediante la firma de una adenda al convenio singular que la Comunidad Autónoma tiene suscrito con el Ayuntamiento de Lorca. Esa adenda, dice el alcalde, servirá para obtener "una colaboración económica del Gobierno regional". "Lo necesitamos para finalizar el presente ejercicio", subraya.

Jódar también departió con los consejeros sobre la situación administrativa de los 17 convenios urbanísticos a cuyos expedientes tiene que dar luz verde el Gobierno regional en el primer trimestre de 2008. "Necesitamos sacarlos adelante, la situación financiera del Ayuntamiento depende en gran parte de ellos", dice. Si la tramitación no culmina en ese plazo, el Consistorio se verá obligado a devolver los 23 millones de euros que recibió.

El problema es que la paralización es casi absoluta en la actual Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, cuyos miembros han accedido al departamento tras la salida de varios altos cargos que en la pasada legislatura fueron imputados por la polémica reclasificación de la finca La Zerrichera. Con ese precedente, ningún funcionario firma nada, sobre todo si hay cerca una zona protegida.
www.elpais.com

(Francisco Jódar, alcalde de Lorca)

Dos militares de San Javier volarán hasta Marruecos y Canarias en un autogiro

SAN JAVIER.- Dos pilotos del Ejército del Aire han iniciado la travesía "Objetivo Canarias 2007", un "desafío" con el que se proponen unir, por primera vez en la historia, la Península, Marruecos y Canarias a bordo de un autogiro, según publica hoy "20 minutos".

Uno de sus protagonistas, el teniente coronel Fernando Roselló, explicó hoy durante la presentación de esta "aventura", que tuvo lugar en la Academia General del Aire en San Javier, que el objetivo de este hito es divulgar las cualidades del autogiro y rendir un homenaje a su inventor, el murciano Juan de la Cierva.

Roselló lamentó que "la mayor aportación española al desarrollo de la aeronáutica de todos los tiempos" sea casi un desconocido para la mayoría de los españoles y defendió el autogiro como una aeronave "con derecho propio" y no sólo como un "experimento".

La travesía, que durará veinte días, comenzó ya con una etapa entre la base aérea de Cuatro Vientos en Madrid y la también madrileña localidad de Getafe, ciudad en la que el prototipo de De la Cierva voló por primera vez en 1923.

Roselló indicó que sus planes son sobrevolar en una serie de etapas, la más larga de ellas de 340 kilómetros, el sur de España, bordear la costa marroquí y "dar el salto" desde El Aaiún para llegar a Lanzarote el próximo 10 ó 11 de octubre.

Avanzó que la travesía, que discurrirá a una velocidad media de 120 kilómetros por hora, no concluirá en las Islas Canarias, ya que, tras acabar en Lanzarote la primera parte del viaje, emprenderán su retorno a la península, que, si la meteorología lo permite, será a través de la cordillera del Atlas.

Además, al finalizar cada una de las etapas, Roselló dará una conferencia para divulgar las principales características de la aeronave. "Estamos intentando que se conozca", resumió.

Roselló aseguró que la principal cualidad del autogiro es la "seguridad" que ofrece, "un activo -dijo- que no ha sido suficientemente valorado", ya que permite realizar aterrizaje de emergencia casi en parado.

Asimismo abogó porque la legislación española cree licencias específicas para autogiros, así como porque se regule su uso para que puedan ser empleados profesionalmente.

En este sentido, recordó que en los Estados Unidos se utilizaron para el servicio postal antes de la II Guerra Mundial y que en países como Sudáfrica se emplean, por ejemplo, para las fumigaciones.

El equipo de la expedición lo completan, Bernardino Rodríguez, quien acompañará a Fernando Roselló como copiloto a bordo del autogiro ELA-07, de fabricación española, y el brigada Manuel Francisco Díaz, que se encargará del apoyo logístico y hará un seguimiento del trayecto desde tierra.

El proyecto "Objetivo Canarias 2007" está sufragado, entre otros, por los ayuntamientos de Getafe y de San Javier, el Ejército del Aire y la empresa ELA Aviación.

Hispania y la "Kutxa" reclamarán 180 millones de euros a la Comunidad Autónoma si "entierra" La Zerrichera

MURCIA.- El Consejero Delegado del Grupo Inversor Hispania, Trinitario Casanova Abadía, presentó ayer en la consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio un escrito de reclamación en el que se advierte de la “responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por su anormal funcionamiento”, según recoge hoy "El Faro", diario de su propiedad.

En este escrito Hispania pide a la Consejería, ocupada por Benito Mercader, que “anule, rectifique su cambio de criterio y proceda a emitir un informe en el que se siga el marco jurídico y procedimiento legalmente establecido al efecto, conforme a los parámetros medioambientales aprobados en la Declaración de Impacto Ambiental de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Águilas, paraje La Zerrichera, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el 18 de noviembre de 2005”.

De no ser así, la defensa de la empresa advierte que “subsidiariamente, Grupo Hispania se reserva todas las acciones legales que a su derecho convengan, a efectos de defender sus legítimos intereses. En base a ello, de no cumplir la Consejería con las legítimas pretensiones solicitadas mediante este escrito, nos veremos obligados a reclamar al Gobierno de la Región de Murcia la cantidad de 180 millones de euros, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios efectivamente producidos, más los que se produzcan en el futuro”.

En la extensa argumentación presentada en la Comunidad, Hispania advierte “del anormal funcionamiento de la Administración”, cuyos daños generan una responsabilidad patrimonial, y que apuntarían como máximo responsable a Benito Mercader, quien tendría que responder ante acciones administrativas, contenciosas y penales. Es decir, contra su patrimonio.

EL GRUPO INVERSOR HISPANIA, S.A., debidamente inscrita, con CIF nº A-30499628, con domicilio en Murcia, Edificio Hispania, Plaza de la Fuensanta nº 2 - 12ª (CP 30.008), a efectos de notificaciones, y en su nombre y representación TRINITARIO CASANOVA ABADIA, provisto del DNI nº 29.000.748-W, en su calidad de Consejero Delegado Solidario, con facultades bastantes para este acto, según se desprende de la escritura de elevación a publico de acuerdos sociales, que se adjunta al presente escrito, otorgada ante el Notario de Murcia, Don Francisco Javier Clavel Escribano el 6 de enero de 2.007, con numero 485 de su protocolo, ante este órgano administrativo, comparezco y como mejor proceda.

DIGO:

I.- Que con fecha, 17 de agosto de 2.006, GRUPO INVERSOR HISPANIA, S.A. recibió la notificación de la resolución del Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Águilas, por la que se resolvía dejar en suspenso el expediente relativo al Plan Parcial “La Zerrichera”, en base a un informe de la Dirección General de Calidad Ambiental, de fecha de registro general 5 de junio de 2.006, en el cual se informa que, (literalmente), “para llevar a cabo la evaluación de impacto ambiental y la evaluación de repercusiones de la Red Natura 2000 del Plan Parcial en cuestión, se habrá de esperar a lo que disponga el Plan de Gestión y Conservación de la zona en la que se encuentra el Paraje de la Zerrichera, (...)”.

Se adjunta como documento numero 1 resolución de alcaldía, incorporando el informe de la Dirección de Calidad Ambiental, de fecha 4 de julio de 2.006.

II.- Esta resolución fue especialmente sorprendente para GRUPO INVERSOR HISPANIA, S.A., ya que ha tramitado el expediente medioambiental, precisamente de la forma en la que la Consejería de Industria y Medio Ambiente de la Región de Murcia le ha ordenado que lo hiciera, y siempre bajo el marco jurídico delimitado en los informes emitidos, tanto por la Dirección General del Medio Natural, como de la Dirección General de Calidad Ambiental. * Se menciona expresamente, que en el presente escrito se hace referencia a la Consejería de Industria y Medio Ambiente, denominada ahora Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia.

III.- En base a ello, les remitimos el presente escrito para poner de manifiesto y probar, que la mercantil a la que represento ha actuado de una manera diligente en todo momento, y dentro de las pautas y marco jurídico delimitado por la Consejería a la que me dirijo, advirtiendo al mismo tiempo, del derecho que le corresponde a esta parte a reclamar los cuantiosos daños y perjuicios que está sufriendo como consecuencia del titubeante proceder de la Consejería de Industria y Medio Ambiente de la Región de Murcia.

FUNDAMENTOS
DE HECHO

PRIMERO.- Que GRUPO INVERSOR HISPANIA, S.A. solicitó, mediante escrito dirigido a la DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL, de fecha de entrada en el registro de la Consejería, 13 de mayo de 2.004, informes sobre la Propuesta de LIC´s y Zepas o cualquier tipo de afección legal que afectara a los terrenos que se pretendían desarrollar urbanísticamente (Paraje “La Zerrichera”), a efectos de ajustarse a las prescripciones legales, de tipo ambiental, afectantes a la zona a desarrollar. En concreto, en el tercer párrafo del mencionado escrito se solicitó (literalmente): “Que preciso obtener de los negociados correspondientes la documentación, informes y estudios por lo cual se ha propuesto la misma para tales reservas, tanto jurídicos, como Administrativos, Técnicos, Etc ...”
La solicitud fue contestada debidamente, mediante escrito firmado por el Director General del Medio Natural, Don Carlos Brugarolas Molina, de fecha 31 de mayo de 2.004, en el cual se adjuntó toda la documentación referente a la RED NATURA 2000, identificación del lugar, , descripción del lugar, figuras de protección del lugar..; también se nos facilitó toda la documentación relativa a la zona Z.E.P.A.S., con el marco legal aplicable a la zona, (...), pero no se hizo mención en ningún momento sobre la tramitación o la necesidad de desarrollar un Plan de Gestión y Conservación sobre los terrenos afectados por la actuación urbanística o sobre la totalidad de la Sierra de Almenara, Las Moreras y Cabo COPE.
(Se adjunta como documento numero 2 escrito dirigido a la Dirección General del Medio Natural de 13 de mayo de 2.004).
(Se adjunta como documento numero 3, respuesta de la Dirección General del Medio Natural, de fecha 31 de mayo de 2.004).

SEGUNDO.- Que como consecuencia de lo anterior, y sobre el marco delimitado por los informes medioambientales afectantes a la zona a desarrollar, se siguió tramitando el expediente para la aprobación de la modificación puntual del P.G.O.U. del T.M. de Águilas sobre el paraje denominado “La Zerrichera”, evacuándose en consecuencia el informe preceptivo de la DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL, de fecha 26 de abril de 2.005, firmado por el director general de calidad ambiental, D. Antonio Alvarado Pérez, en el cual, igualmente no se hace ninguna mención sobre la posibilidad o idoneidad de desarrollo de un Plan de Gestión y Conservación sobre los terrenos afectados por la actuación urbanística.

En el informe al que se hace referencia en el párrafo anterior, se exigen una serie de requisitos y medidas correctoras que fueron subsanadas, e incluso ampliadas por esta parte en relación con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, como se puede comprobar en el expediente especifico de la aprobación de la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, con la consecuente aprobación de la modificación puntual del P.G.O.U. del T.M. de Águilas.

Se adjunta como documento numero 4 informe de la Dirección General de Calidad Ambiental referenciado, de fecha 26 de abril de 2.005.

TERCERO.- Que en el contenido de la D.I.A. (B.O.R.N. 18.11.05), de la modificación puntual del P.G.O.U. de Águilas (paraje “La Zerrichera”), y del informe aclaratorio de la Consejería de Industria y Medio Ambiente, se declara expresamente que se excluye del ámbito de actuación urbanística las zonas afectas a algún ámbito de protección, aunque puedan tener la calificación de Sistema General de Espacios Libres vinculados al sector. Por tanto, la zona afecta a la delimitación del sector a desarrollar mediante el Plan Parcial en tramitación y declarado ahora en suspenso, no se puede ver afectada y vinculada a un futuro Plan de Gestión y Desarrollo sobrevenido, ya que está fuera de dicho ámbito, según fue declarado expresamente por el dictamen de la Comisión de Coordinación de Política Territorial, en su sesión de 31 de enero de 2.006.

Sobre este expediente, la Subdirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, emitió un informe de fecha 30 de enero de 2.006 que concluyó con el siguiente tenor literal:

“1. Se trata de una modificación de planeamiento general no adaptado a la Ley del Suelo de la Región de Murcia, por lo que no es de aplicación lo dispuesto en el Art. 149.3 en cuanto que no se motiva en la eliminación de valores específicos, sino mas bien se justifica en la inexistencia de valores a proteger o, lo que es lo mismo, la inadecuada calificación otorgada en su día por el PGOU, lo que se ha acreditado mediante el Estudio de Impacto Ambiental y la Declaración favorable de Impacto Ambiental.”

Vid. informes anexos a la orden de aprobación definitiva de la modificación puntual del PGOU de Águilas para clasificar como suelo urbanizable sectorizado, terrenos en el paraje de “La Zerrichera”. (Expte: 203/04)

CUARTO.- A mayor abundamiento, la DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y COSTAS, emitió un informe de fecha 27 de enero de 2.006, en el que se decía literalmente:

“(...) Así pues las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia no establece la necesidad de aprobar un Plan de Gestión con carácter previo, y será en su caso la legislación sectorial aplicable la que determine esta necesidad.”. De este tenor literal, se descartó expresamente la necesidad de un Plan de Gestión y Desarrollo sobre los terrenos afectados por la actuación urbanística.

QUINTO.- Asimismo les informamos que el Gobierno de la Región de Murcia y en concreto, la Consejería de Industria y Medio Ambiente, solicitó un informe jurídico al Despacho de Abogados Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios, acerca de varias cuestiones relacionadas con la modificación Puntual de P.G.O.U. de Águilas, por la que se lleva a cabo una reclasificación de suelo no urbanizable en suelo urbanizable sectorizado en el paraje denominado “La Zerrichera”, y por el que se solicitaba también, opinión jurídica acerca de los efectos que la tramitación del Plan de Gestión y Conservación de la Zona de Especial protección para las aves (Z.E.P.A.) “Sierra Almenara-Moreras-Cabo COPE”, que se esta tramitando en la actualidad, podría tener sobre el Plan Parcial que desarrolle la modificación puntual, y en concreto, sobre si aquella tramitación podría tener efectos suspensivos sobre la tramitación del Plan Parcial. El informe, de fecha 16 de julio de 2.006, concluyó de una manera sólidamente fundamentada que:,“ no existe una previsión normativa ni en la legislación estatal ni en la murciana que atribuya efectos suspensivos a la tramitación del citado Plan de Gestión sobre el procedimiento de aprobación del Plan Parcial.”, por lo que, que la introducción en este momento de un hecho/requisito novedoso como es “la supeditación o condicionamiento de la Aprobación del Plan Parcial, a la aprobación de un Plan de Gestión o Desarrollo”, como el que se menciona en el hecho quinto de la Resolución de Alcaldía, perjudica gravemente a esta parte y supone un impedimento mas y sin ningún tipo de fundamentación fáctica ni jurídica para UN ACTO DE MERO TRÁMITE, como es, la aprobación inicial del Plan Parcial “La Zerrichera”. (Vid. fundamento primero de las consideraciones jurídicas).

Este requisito sobrevenido debió de ser puesto de manifiesto en un momento anterior a la tramitación del Plan Parcial, a los efectos, de que esta parte pudiera prever y ajustarse al marco que pudiera establecer el mencionado Plan de Gestión y Desarrollo y adaptarse, por tanto, a su contenido. Pero la introducción en este momento de un requisito de este tipo, conlleva implícitamente un interés por demorar el procedimiento y supone un obstáculo mas sin ningún tipo de sostén jurídico, en cuanto, siempre se nos ha contestado e informado por las distintas consejerías afectadas, que la actuación urbanística propuesta era totalmente compatible con el medio natural en el cual se va a ubicar y en ningún momento se ha condicionado la actuación urbanística a la previa aprobación de un Plan de Gestión y Desarrollo del medio natural en el cual se va a ubicar la urbanización.

También hay que hacer constar expresamente, que el cambio de criterio seguido por la Consejería de Industria y Medio Ambiente ( ahora Consejería de Desarrollo sostenible y Ordenación del Territorio), coincide casualmente con el nombramiento como consejero de Don Benito Mercader León, siendo por tanto éste último el principal responsable de la decisión en estos momentos, ya que su Consejería actuó en contra del informe jurídico precitado y en contra, por tanto de la legalidad.

SEXTO.- Resulta evidente que el cambio de criterio producido por la aparición de un “novedoso” Plan de Gestión y Conservación, y lo que es mas grave, los efectos que se le han conferido al mismo, de una manera totalmente artificial y maliciosamente dirigida, produce un enorme perjuicio a GRUPO INVERSOR HISPANIA, S.A., tanto por la demora producida por la suspensión del expediente, como por la inseguridad jurídica originada por la aparición de este novedoso Plan, una vez aprobado la Modificación Puntual del P.G.O.U. de Águilas, con su correspondiente D.I.A.. Este hecho nos produce un enorme desconcierto e indefensión, ya que la Consejería de Industria y Medio Ambiente cambia a su antojo el marco normativo que debe de regular ahora la Declaración de Impacto Ambiental del Plan Parcial “La Zerrichera”, cuando resulta evidente que, si preveía que este Plan de Gestión iba a tener algún tipo de impacto sobre el expediente de “La Zerrichera”, lo tenia que haber puesto de manifiesto en un momento anterior a la Aprobación definitiva de la Modificación Puntual; por ejemplo, se nos debió informar en el momento en el que se produjo el trámite de solicitud de informes sobre la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Águilas ( Art. 138 1/2001 solicitud de las distinta administraciones y organismos públicos aquellos informes que sean preceptivos...). De este modo, se creó a GRUPO INVERSOR HISPANIA, S.A. una CONFIANZA LEGÍTIMA por la recalificación del suelo, dando lugar a varias operaciones mercantiles condicionadas a este hito urbanístico, que se están viendo seriamente afectadas.

A los fundamentos de hecho les son de aplicación las siguientes


CONSIDERACIONES JURIDICAS

PRIMERA.- En primer lugar y antes de entrar sobre el fondo del asunto, hay que analizar la naturaleza jurídica del acto suspendido mediante la resolución del Alcalde de Águilas de fecha 4 de julio de 2.006 (Exp. Nº 251.5/03/06), que es la aprobación inicial del Plan Parcial “La Zerrichera”. En línea con reiterada doctrina jurisprudencial ( STS. 10-2 y 28-4-86, 8-7-87 y las que en ellas se citan), y con el propio criterio seguido por el Tribunal Supremo, tanto para los casos de denegación de la aprobación inicial como, por identidad de razón, para los casos de suspensión de la aprobación inicial, con efectos equiparables o equivalentes (SS. 479, de 23-5-02, 523, de 6-6-02, 749, de 19-9-02, 468, de 5-6-03, 645, de 4-9-03, 667, de 12-9-03, 715, de 1-10-03 y 322, de 4-5-04 ), debe señalarse que la decisión del presente deriva de las conclusiones siguientes:

a) Los particulares tienen derecho a la tramitación de los planes que se deban a su iniciativa y, en consecuencia, la Administración no debe cercenar a limine y sin mayores argumentaciones esa tramitación. Dicho en otras palabras, no cabe reconocer discrecionalidad alguna que permita omitir los fundamentos de una denegación que, sin ellos, legitimaría en la práctica la arbitrariedad o la discriminación al tiempo de hacer o no posible la iniciación del expediente.

b) El acto de aprobación inicial es un acto de trámite del procedimiento cuya resolución vendrá determinada por la aprobación definitiva del plan. No constituye un acto automático y debido, sino que implica una toma de posición, siquiera de carácter inicial, respecto de una determinada realidad urbanística y su normativa, o lo que es lo mismo, supone una primera valoración de esa realidad proyectada en el plan o proyecto de que se trate, (...), denegación que sólo se justificará jurídicamente cuando las deficiencias o defectos observados no puedan subsanarse o suplirse durante la sustanciación del procedimiento.

c) Efectivamente, deben distinguirse dos tipos de defectos: 1) Los que resulten terminantemente insubsanables y que deban provocar la denegación de la aprobación inicial por claras razones de economía procesal, 2) Las deficiencias que puedan ser corregidas a lo largo del procedimiento, que no deben impedir la aprobación inicial, dado que ésta no es una resolución sino un acto de trámite que prepara la resolución final. En materia urbanística todo el itinerario que conduce a aquélla ha sido dibujado, en lo que ahora importa, como un conjunto de oportunidades para la modificación (y por tanto subsanación de deficiencias) del instrumento proyectado.

d) El derecho a la tramitación de los planes quiebra en los casos en que el plan proyectado viole de forma clara, palmaria y manifiesta el ordenamiento urbanístico vigente (así los planes de superior jerarquía o las normas legales de aplicación directa), caso en el que razones de economía y lógica imponen el inicial rechazo del proyecto, al ser inviable o inútil la prosecución del trámite. Por contra, cuando los impedimentos para denegar la aprobación inicial son discutibles, y por tanto no amparables en principio alguno de economía procesal, debe prevalecer el derecho al trámite y proseguirse la tramitación del expediente en el cual se pueden introducir las modificaciones, condicionamientos o plazos que la ley permite.

e) En el acto de aprobación inicial es suficiente con ponderar esa potencialidad o susceptibilidad de subsanación de deficiencias o de introducción de modificaciones, condicionamientos o plazos, desde luego sin devaluar la trascendencia de la tramitación ulterior para terceros y para el ejercicio de las competencias de planificación urbanística en sede de aprobación provisional y definitiva, pues no cabe olvidar que es en la fase de otorgamiento o denegación de esas aprobaciones donde procede pronunciarse sobre el fondo de las cuestiones suscitadas, debiendo ser examinado y decidido todo lo que corresponda, a salvo el control jurisdiccional que pudiera instarse sobre esas materias de fondo.

Esta doctrina ha sido recogida por la reciente sentencia del TSJ - Cataluña - Contencioso-Administrativo - Sent. de 24 de Noviembre de 2005 - Sección 3ª Sr. López Vázquez(Nº 3025485908) Nº Recurso: 121/2002 en la que en su fundamento de derecho CUARTO expone de manera ejemplar el criterio seguido por el TS en estos casos:

“CUARTO.- Pues bien, en atención al planeamiento preexistente, especialmente el general, caracterizado el presente caso por la inexistencia de una imposibilidad legal, patente, notoria, insoslayable y manifiesta de que el instrumento de ordenación de autos no pudiera obtener la aprobación definitiva, en su caso, con la introducción de eventuales modificaciones, modalidades, condicionamientos, plazos o prescripciones, debe estimarse que no nos hallamos en el supuesto excepcional que autoriza un rechazo ad limine, ni siquiera por la vía de la suspensión de la aprobación inicial, a modo de involucrar ese supuesto como de predeterminación de lo que finalmente deba resolverse, por lo que, en consecuencia, la parte actora no puede verse privada del tamiz de las sucesivas fases del procedimiento administrativo hasta la producción del acto final definitivo que, poniendo término a la vía administrativa, en su caso, permita a los interesados acudir válidamente al proceso jurisdiccional, para impugnarlo si disintiesen del sentido y términos en que venga pronunciado, en acentuado número de ocasiones bien diferentes de los de la aprobación inicial.”

En el caso concreto que nos ocupa, y en base los fundamentos jurídicos y a la reiterada doctrina jurisprudencial citada, se puede concluir claramente que la suspensión de la tramitación del plan parcial por motivo de la elaboración de un Plan de Gestión y Conservación, no tiene ninguna fundamentación jurídica, ya que el Plan Parcial ha sido elaborado dentro del marco normativo delimitado por la Modificación Puntual del P.G.O.U. del TM de Águilas aprobado previamente a la introducción del plan parcial, por lo que se ajusta perfectamente a la legalidad, así como la D.I.A. del Plan Parcial se ajusta al marco jurídico delimitado por la D.I.A. de la Modificación Puntual. Como hemos mencionado en la jurisprudencia a la que hemos hecho referencia en los párrafos anteriores, la denegación o suspensión sólo se justificará jurídicamente cuando las deficiencias o defectos observados no puedan subsanarse o suplirse durante la sustanciación del procedimiento, por lo que debe prevalecer el derecho al trámite y proseguirse la tramitación del expediente en el cual se pueden introducir las modificaciones, condicionamientos o plazos que la ley permite, y en su caso subsanarse o adecuarse a nuevos pedimentos o condicionantes, pero siempre en el marco del principio de jerarquía normativa y en un momento posterior a la aprobación inicial.

SEGUNDA.- Seguidamente hay que analizar el acto que suspende la tramitación del Plan Parcial “La Zerrichera”, es decir, la resolución del Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Águilas, de fecha 4 de julio de 2006, ya que se trata de un acto administrativo ante el cual no se nos notifica la posibilidad de interponer recurso alguno, ni además cabe recurso alguno, al apoyarse en un artificioso informe de la Dirección General de Calidad Ambiental sobre la base de un sorpresivo Plan de Gestión y Conservación, creándose por ello una indefensión y una incertidumbre que vicia de nulidad el propio acto de suspensión.

En la línea que hemos apuntado anteriormente, el acto de suspensión que dicta el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Águilas, en base a un informe del Director General de Calidad Ambiental, desnaturaliza y deja sin sentido la facultad que le otorga al Ayuntamiento el artículo 140 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, sobre la tramitación de Planes Parciales, ya que establece que: La aprobación inicial se otorgará por el Ayuntamiento (...), y simultáneamente se someterá a informe de la Dirección General competente en materia de urbanismo, sobre aspectos de legalidad y oportunidad territorial, y de todos los organismos que resulten afectados conforme a la legislación sectorial especifica; informes que deberán emitirse en el plazo de un mes.

En el caso que estamos analizando, el acto de suspensión lleva paralizando el procedimiento mas de 14 meses, vulnerando totalmente el procedimiento legalmente establecido, además de que se produce una desnaturalización del procedimiento establecido, ya que realmente el acto lo suspende la Dirección General de Calidad Ambiental con un informe que va contra sus propios actos.

A mayor abundamiento, el mismo precepto analizado (Art. 140 LSRM) al referirse a las causas de denegación de la aprobación inicial de los planes de iniciativa particular, establece en su quinto párrafo que:

“La denegación de la aprobación inicial de los Planes de iniciativa particular sólo podrá producirse cuando presenten defectos que no sean subsanables a lo largo del procedimiento o cuando sean manifiestamente contrarios a la ordenación urbanística.”

En el presente caso, como se ha argumentado en los fundamentos de hecho, se ha seguido siempre el procedimiento legalmente establecido, y reitero, marcado expresamente por la Consejería a la que me dirijo, además de que no se nos ha requerido, ni por el Excmo. Ayuntamiento de Águilas, ni por la propia Consejería, a subsanar ningún error, sino que simplemente se suspendió indefinidamente el procedimiento.

Por todo lo expuesto, el acto de suspensión y por tanto el informe que le sirve ilegal y artificiosamente de fundamento, son nulos de pleno derecho (Artículo 62 LRJ-PAC, Ley 30/1992, de 26 de noviembre: Nulidad de Pleno derecho), no sólo por haber sido adoptados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, causando indefensión (Art. 24 de la C.E.) a GRUPO INVERSOR HISPANIA, S.A., sino también por no habérsele dado audiencia a ésta ultima, antes de adoptar ese gravoso cambio de criterio.

TERCERA.- Entrando en el fondo del asunto, tal y como se a puesto de manifiesto en los fundamentos de hecho, GRUPO INVERSOR HISPANIA, S.A. ha seguido, desde el comienzo, el procedimiento legalmente establecido, y dentro del marco jurídico delimitado tanto por el Excmo. Ayuntamiento de Águilas, como por la Administración Autonómica. Ambas Administraciones han aprobado, de acuerdo con el procedimiento legal y con la correspondiente publicidad, la modificación puntual del P.G.O.U. de Águilas. Ambas Administraciones han dirigido el procedimiento para la aprobación del Plan Parcial y, en concreto, la Consejería de Industria y Medio Ambiente, dirigió y aprobó en su momento la Declaración de Impacto Ambiental de la Modificación Puntual del P.G.O.U. de Águilas. Todo ello ha creado en GRUPO INVERSOR HISPANIA, S.A. una confianza legitima en la actuación administrativa, sobre la cual ha ido desarrollando su proyecto y realizando sus inversiones. Esa confianza legítima se ve sorprendida en su buena fe por la contradictoria decisión del nuevo Consejero de Medio Ambiente que, sin haberse modificado los elementos que ya estaban integrados en el expediente, ni dado audiencia a esta parte, ni comunicado la justificación que no sea la propia voluntad política publicada en los medios de comunicación, ordena la suspensión de la tramitación del Plan Parcial hasta la realización y aprobación de un plan de gestión, que hasta ese momento ni estaba dictado –no siendo por tanto aplicable al expediente- ni se había considerado que pudiera ser necesario por la propia Consejería, ni en ninguna ley se dispone que tenga tal eficacia suspensiva. En consecuencia, se producen al tiempo una indefensión de la mercantil a la que represento –que se ve además zarandeada en su honorabilidad en determinados medios de comunicación- y una quiebra de la seguridad jurídica ante la incertidumbre que se genera sobre el procedimiento y sobre nuestro proyecto. Por si esto fuera poco, esa incertidumbre se mantiene durante 14 meses y hasta el día de la fecha, con los consiguientes perjuicios de todo orden y desde luego de carácter económico para esta Compañía. Se produce, en consecuencia, unos daños y perjuicios directamente causados por la suspensión ordenada por la Administración, con grave quebrantamiento del principio de confianza legítima, de la buena fe y de la seguridad jurídica, que no son meros enunciados éticos, sino que también proyectan su eficacia al estar positivizados en el Ley y, en consecuencia, su conculpación supone una grave ilegalidad.

Es un Principio General del Derecho que “nadie puede ir validamente contra sus propios actos”. Así se ha admitido desde su originaria formulación en el Derecho Romano -venire contra factum propium non valet- pasando a nuestro Derecho histórico (Ley 6ª, Titulo VIII, Partida 6ª) y recogiéndose reiteradamente por la Jurisprudencia española, tanto civil como administrativa (desde las paradigmáticas Sentencias del Tribunal Supremo del 13 de julio de 1892, 3 de enero de 1913 y 14 de abril de 1921).

Justamente es en el ámbito del Derecho Administrativo donde este principio general ha tenido una supervivencia y aun reviviscencia mayor en la actualidad. Y no solo en el Derecho español, también en el Derecho Comparado y, más en concreto, en el Derecho Alemán es donde encuentra su formulación contemporánea como principio de protección a la confianza legítima, desde donde pasará a la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia Tomadini, de 16 de mayo de 1979). En esta nueva formulación, la doctrina de los actos propios se presenta ya como una aplicación de los principios más general de buena fe y seguridad jurídica.

Así lo vio con nitidez nuestro Tribunal Supremo, en sentencia de 27 de enero de 1990, al dar virtualidad operativa a los principios contenidos en el artículo 9 de la Constitución Española: “los principios de buena fe, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad, proclamados en el artículo 9 de la Constitución, obligan a otorgar protección a quienes legítimamente han podido confiar en la estabilidad de ciertas situaciones jurídicas regularmente constituidas en base a las cuales pueden haberse adoptado decisiones que afecten no sólo al presente sino también al futuro... de aquí que lo que rotundamente no puede aceptarse es que se produzca una brusca alteración en una situación regularmente constituida, desarticulando por sorpresa una situación en cuya perdurabilidad podía legítimamente confiarse”.

Consiguientemente, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (30/92 de 26 de noviembre) cuyo artículo 3 .- Principios Generales.- obliga a las Administraciones Públicas a “respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima”.

Pues bien, tales principios se quebrantan gravemente cuando la Administración –en este caso la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Murcia- interrumpe un procedimiento por tiempo indefinido, en contradicción con todos sus actos anteriores, causando graves perjuicios al interesado y sin justificación jurídica que no sea la pura contradicción de sus actos anteriores en el mismo procedimiento.

La doctrina es pacífica al respecto, tal y como lo sostuvo la recientísima Sentencia del Tribunal Supremo, TS - Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, Sent. de 15 de Febrero de 2006 - Sección 5ª Sr. Peces Morate (Nº3008319209) Nº Recurso: 6166/2002

“La Gerencia de la Oficina Municipal del Plan es un órgano de la Administración urbanística y, aunque su criterio, por no ser vinculante, no tenga que ser necesariamente seguido o respetado al tiempo de aprobarse provisional y definitivamente el planeamiento, no cabe duda que el acto emanado de la mencionada Oficina genera en el propietario, cuya propuesta fue aceptada, la confianza de que se mantendrá salvo que existan circunstancias o razones, claramente explicadas, que lo impidan, pues, de lo contrario, se permitiría a la Administración apartarse, sin justificación alguna, de sus propios actos, lo que resulta contrario a los principios de buena fe y de confianza legítima, recogidos por el artículo 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común como pautas de la actuación administrativa,(...).”

CUARTA.- Por todo lo expuesto, los daños y perjuicios causados son consecuencia de un funcionamiento anormal de la Administración y generan una responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración misma, contemplada en el articulo 106.2 de la Constitución Española y 139 y ss de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y un derecho en el particular a ser indemnizado.

Con ser esta nuestra principal pretensión en este escrito, no podemos dejar de señalar que, al derivarse esta responsabilidad de la actuación sin justificación y arbitraria de una Autoridad pública –Don Benito Mercader León, Consejero de Medio Ambiente- éste podría haber incurrido a su vez en la responsabilidad prevista en los artículos 145 y 146 de la propia Ley citada, dicho sea para expresa reserva de las acciones administrativas, contenciosas y penales, que pudieran corresponder a esta Compañía y a la propia Administración Autonómica.

Expuesto cuanto antecede, se cumplen todos los requisitos o circunstancias que dan lugar a una responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por su anormal funcionamiento, ya que GRUPO INVERSOR HISPANIA, S.A. ha actuado en todo momento siguiendo el marco jurídico delimitado por la Consejería de Industria y Medio Ambiente, y por tanto, no tiene el deber jurídico de soportar un cambio de criterio como el sufrido, con el consecuente perjuicio económico para la mercantil a la que represento.

Por tanto, nos encontramos ante una lesión resarcible, revestida de las notas de antijuridicidad, efectividad, evaluabilidad económica, e individualización necesarias para que exista el derecho.

(Trinitario Casanova y oficina de la "Kutxa")

Moody's detecta un mayor riesgo inmobiliario en cinco cajas españolas

MADRID.- Moody's también cree en el famoso aterrizaje suave del mercado inmobiliario que el Gobierno lleva meses anticipando. Es decir, que los pisos seguirán encareciéndose, aunque a un ritmo mucho menor del experimentado hasta ahora. Pero la agencia de calificación también baraja otras posibilidades, como una ligera reducción de los precios, según publica hoy "El País".

Y si esta caída se produce, Moody's ya ha detectado a los que pagarán los platos rotos. Son las entidades financieras con una mayor exposición al sector inmobiliario. Sobre todo, las cajas de ahorros regionales (?) que en los últimos años han prestado más dinero a los promotores. Moody's ha identificado -aunque sin publicar su nombre- a cinco cajas en concreto que serían las primeras en ver cómo se rebaja su calificación.

La agencia estadounidense reconoce estar más preocupada por los fondos que bancos y cajas han prestado a las promotoras inmobiliarias que por los créditos concedidos a las familias para la compra de un piso. Aunque la agencia descarta las alternativas más pesimistas -una explosión violenta de la burbuja inmobiliaria-, también advierte de que la evolución del sector depende de la buena marcha de las cifras macroeconómicas.

El escaso número de familias que dejan de pagar su hipoteca es uno de los factores que la agencia cita para fundamentar su optimismo. Pues bien, aunque continúa en niveles bajos, ayer se supo que el porcentaje de morosidad alcanzó en el primer semestre del año su nivel más alto del último lustro. Un 0,506% de las familias hipotecadas dejó de pagar sus cuotas el pasado mes de junio, frente al 0,462% de marzo. Hace tan sólo dos años y medio, esta cifra no llegaba al 0,3%.

Y en lo tocante a morosidad entre los que alquilan un piso, un estudio realizado por la Asociación Europea de Arbitraje afirma que ésta se produce principalmente en los primeros meses de la relación contractual entre casero e inquilino.

Este estudio intenta desmentir la muy extendida idea de que alquilar ocasiona una infinidad de problemas a los arrendatarios. De los 500 propietarios consultados, el 92% afirmó no haber tenido ninguna queja. Y de los que sí se encontraron con dificultades, la gran mayoría dijo que éstas llegaron en los seis primeros meses de relación, lo que muestra que el propietario se da cuenta desde el principio si ha tenido la mala suerte de topar con un mal pagador.
www.elpais.com

(Sede central de "Cajamurcia", en Murcia)