Reig Pla y Mendoza se ponen de acuerdo para que el Vaticano decida sobre la UCAM

MURCIA.- El obispo de la Diócesis se Cartagena, Juan Antonio Reig Pla, y el presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza, se han puesto de acuerdo al menos en una cosa en el conflicto suscitado por la titularidad de la Universidad Católica de Murcia: Ambos acatarán el dictamen del Vaticano en esta cuestión, según revela hoy "La Verdad".

Reig Pla y Mendoza se han dirigido por separado a la Santa Sede para exponer sus razones en el conflicto y para que los dirigentes de la Iglesia determinen quién es el propietario de la Universidad. El obispo lo hizo la semana pasada en compañía del arzobispo de Granada, monseñor Francisco Javier Martínez. Ambos se dirigieron al Dicasterio de Educación para presentar su causa después del recurso de reposición presentado por Reig Pla ante el Gobierno regional, en el que solicitaba a su vez la suspensión cautelar del decreto que aprobó los polémicos estatutos .

El consejero de Educación, Juan Ramón Medina Precioso, ha seguido en los últimos días en contacto con las dos partes litigantes con el fin de propiciar un acuerdo entre ambos. Dicho acuerdo no ha sido posible en los últimos meses, toda vez que el obispo y el presidente de la Fundación han discrepado abiertamente sobre la titularidad de la UCAM. No fue suficiente un informe jurídico de la Conferencia Episcopal, solicitado por Mendoza, el cual daba la razón a la Fundación al interpretar los términos del decreto de erección de la Universidad Católica.

Este informe limitaba la actuación del obispo a su papel de Gran Canciller para velar por los valores católicos de la institución académica, y poco más.

Varias fuentes consultadas opinan que la mejor forma de solucionar el conflicto es que el Obispado y la Fundación se pongan de acuerdo entre ellos, ya que si la decisión pasa a la jurisdicción civil -el TSJ, en el caso de que el Gobierno regional se inhiba- se podría eternizar la disputa sobre la titularidad de las propiedades.

El conflicto, sin embargo, tiene otro campo de juego. Como es el Gobierno regional, dado que sus Servicios Jurídicos deben pronunciarse sobre el recurso de reposición del obispo, en tanto que éste no lo retire. El plazo para contestar finaliza a mediados de este mes.

Por otra parte, el obispo de Cartagena, Juan Antonio Reig Plà, se ha reunido en las últimas semanas con profesores de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) para transmitirles su firmeza y su intención de llegar hasta el final en el conflicto que mantiene con su presidente, José Luis Mendoza, por la titularidad de la institución académica, según cuenta hoy "La Opinión".

En dichas conversaciones Reig Plà ha pedido a los docentes que continúen trabajando por el bien de la Universidad a pesar de las dificultades con las que puedan encontrarse en el día a día. Todos los docentes con los que Reig Plà se ha entrevistado pertenecen a un sector de la Universidad Católica que discrepa con Mendoza en la forma de llevar la institución.

Reig Plà ha querido con estos encuentros garantizar y asegurar a los docentes que, cómo máximo representante de la Iglesia en la Región, no piensa echarse atrás en su pugna con Mendoza.

Además, el obispo también ha mantenido encuentros con profesores que ya no trabajan en la UCAM precisamente por sus diferencias con el presidente. A ellos también les ha informado de la batalla que ha iniciado y que está levantando una verdadera polvareda en el seno de la Iglesia murciana.

Lo que más ha sorprendido a los docentes que han acudido a estos encuentros personales con el obispo es que Reig Plà ha sido muy pragmático y claro con sus intenciones; está seguro de que la Iglesia le dará la razón.

Tal y como publicó esta redacción hace casi dos semanas, el obispo de Cartagena ha presentado un recurso formal ante la Comunidad Autónoma contra los estatutos de la UCAM, que elaboró la Universidad y que aprobó el Gobierno regional.

El motivo es que en esos estatutos la titularidad de la UCAM se atribuye a la Fundación Universitaria San Antonio, cuyo máximo representante es José Luis Mendoza. En los decretos fundacionales de la institución era la Iglesia católica la titular de la Universidad y la citada fundación figuraba como promotora de la Universidad y responsable de su gestión.

Al conocer el contenido de los estatutos Reig Plà, no sólo interpuso el recurso ante la Comunidad Autónoma, sino que también llevó el asunto a la Junta de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Episcopal y a los Dicasterios de Roma (tribunales). Por el momento ninguno de los estamentos que estudian el caso se ha pronunciado, mientras que la Conferencia Episcopal guarda silencio .

(Monseñor Francisco Javier Martínez)

Las inversiones de CAM y Caja Murcia en la costa 'saltan' a Bruselas

MADRID.- La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Kutxa y Caja Murcia se han visto afectadas por la investigación abierta por la Comisión Europea (CE) por el urbanismo incontrolado en las costas de Murcia, tal y como adelantó elEconomista el sábado. La denuncia admitida a trámite no sólo alerta sobre la edificación salvaje, sino que analiza los nexos entre planes urbanísticos, políticos y cajas.

Bruselas estudiará estas cajas como "instrumento de esta corrupción", según la denuncia del abogado murciano Diego de Ramón a la que ha tenido acceso este periódico. También les acusa de actuar como un "monopolio" financiero.

Esta presunta trama consistiría en la presencia de los políticos dentro de los órganos de gobierno de las entidades. Estos políticos, a su vez, son los mismos que, en el seno de la Administración Pública, "modifican planes existentes que protegen el Medio Ambiente y aprueban desarrollos urbanísticos que suponen cantidades millonarias".

Estas recalificaciones y aprobaciones se traducen en "rápidos beneficios" para las cajas que acaban "sin repercutir en proporciones iguales en la Obra Social", alerta.

Expediente de infracción para España

Por ello, la denuncia exige "la inmediata intervención del Parlamento Europeo en el control urbanístico del Levante murciano, por cuanto de forma indirecta afectaría a la contaminación del Mar Nostrum con si fuese una mancha de aceite". Bruselas podría abrir expediente de infracción a España por ir en contra de directivas de Medio Ambiente.

Sin embargo, la CE no tiene competencias ni "poder" sobre las cajas -supervisadas por el Banco de España y bajo tutela de las autonomías-. Por ello, su resolución no tendría consecuencias para las entidades españolas, según las fuentes europeas consultadas.

Otra cosa muy distinta es que se demuestre la posible corrupción entre urbanismo, políticos y cajas. En este caso, podría adoptar una serie de medidas, sin clarificar.

La presunta corrupción de los políticos españoles -Totana, en Murcia, ha escrito un nuevo capítulo- ya no sorprende en Bruselas. El pasado viernes fueron detenidas dos personas más por delitos urbanísticos, en el marco de la operación Tótem.

Una de las ellas es Juan Francisco Casanova, ex concejal del PP de Agricultura, Ganadería y Caminos del Ayuntamiento de Totana entre 1994 y 1999. El otro es Diego C., empresario de Puerto Lumbreras.

Las inversiones millonarias

Las cifras hablan por sí solas. En La Zerrichera (Águilas-Murcia), la Kutxa tiene compromisos por más de 100 millones en la construcción de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos en una finca de 2,4 millones de metros cuadrados. De momento, los beneficios de esta inversión tendrán que esperar ya que el proyecto está paralizado en los juzgados.

Además, la entidad que preside Carlos Etxepare tuvo que desembolsar 23 millones de adelanto al promotor, con lo cual es dinero perdido, a la espera de que los juzgados le den vía libre. La caja seguirá adelante con algo que hoy es poco más que un patatal.

Pero los escarceos de Kutxa en la costa murciana no acaban aquí. El plan urbanístico proyectado en Lo Poyo (Mar Menor) -también paralizado por el Ayuntamiento de Cartagena- participa con una financiación de 110 millones de euros.

En un principio Kutxa y 3 empresarios vascos decidieron aliarse para invertir 220 millones, al 50 por ciento, en el proyecto. Sin embargo, la implicación de uno de estos empresarios, Javier Arteche, en la Operación Malaya, propició que la caja vasca rompiera la alianza. Construiría unas 5.000 viviendas.

Mientras, la CAM aparece vinculada al proyecto en Nueva Cartago-Cartagena. La caja fue el mayor accionista y tenía el poder en la constructora Hansa Urbana, aunque la entidad decidió rebajar drásticamente su capital hasta el 15 por ciento. El abogado Diego de Ramón cifra en 900 millones las inversiones totales en este proyecto, de los cuales una buena parte serían concedidos por CAM.

La caja declinó revelar a este medio el importe concreto de financiación a la promotora. Hansa Urbana construirá una zona residencial en la que hay proyectadas 5.000 viviendas, zonas hoteleras de lujo y dos campos de golf de 18 hoyos. Kutxa también tuvo aquí unos terrenos, pero los vendió.

La presencia de CAM en Murcia no se limita aquí, ya que también financia parte del proyecto de Polaris en el Mar Menor, que prevé inversiones de 1.018 millones. La caja valenciana lidera un préstamo sindicado de 328 millones, junto a EBN Banco, concedido en 2005.

En diciembre de 2004, Caja Murcia y Ahorro Corporación -el brazo financiero de las cajas españolas- lideraron otro préstamo de 500 millones, donde participan 18 entidades, según han confirmado a este medio fuentes de la caja que dirige Carlos Egea.

(Paraje a destruir por Novo Cartago)

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Los populares ponen parches a la ‘Operación Tótem’ / Juan Redondo

Dicen expertos juristas que para que la juez instructora haya decretado prisión incondicional del alcalde de Totana es porque existen evidencias muy fuertes de presuntos delitos. Y el alcalde que duerme en Sangonera ya ha pedido la baja voluntaria del Partido Popular. Los mismo que ha hecho el diputado regional y presidente del PP en Totana, Juan Morales.

Cuantas coincidencias en el mismo día. Los populares regionales encantados de conocer la decisión de sus dos ex compañeros de viaje, porque en la última semana no sabían que hacer con esa patata caliente que les había caído encima.

¿Han pedido la baja voluntaria, o les han recomendado en el interno que era lo mejor que se podía hacer en esta situación?, dicen que esa es la pregunta. Porque en el caso contrario tras el escándalo de la trama urbanística de Totana, con unas generales a la vuelta de la esquina, no les quedaba más remedio que expulsarles del partido. Con toda la presunción de inocencia incluida, las decisiones de la juez instructora estarán más que motivadas, con sus resoluciones con libertad bajo fianza en la mayoría de los imputados y la incondicional para el alcalde.

La decisión popular de aceptar la renuncia voluntaria de sus dos hasta ayer destacados militantes, no supone una condena interna, ni pública en el partido. Si ellos quieren defenderse por su cuenta que lo hagan, ellos se personarán como acusación pública para garantizar la limpieza del proceso.

No se les ha exigido a los dos totaneros la renuncia a sus cargos públicos. A nivel orgánico se crea temporalmente una gestora para sustituir a Morales como presidente. Se arropa al grupo municipal con con el alcalde en funciones al frente de la corporación, donde gozan de una mayoría holgada. No se exige al concejal independiente, con residencia temporal fuera de su domicilio, que renuncie a su acta municipal.

En la Asamblea Regional sucede algo parecido, con su solicitud de baja en el PP, el diputado Morales podrá defenderse tranquilamente si en los remates de la “Operación Tótem” se ve implicado, sin perjudicar a la imagen del partido. No renuncia a su acta de diputado y queda como independiente. Pertenece al grupo parlamentario popular, ya que formó parte de sus candidaturas. ¿Ahora se irá al grupo mixto a hacer compañía a Pujante el representante de IU-Los Verdes o seguirá bajo el cobijo del grupo popular como independiente hasta que se aclare el culebrón?.

Parece que con las resoluciones obligadas de ayer los populares murcianos han tirado por la calle del medio y dejan las decisiones políticas a los pronunciamientos en los procesos judiciales. En esta ocasión no han aplicado las palabras de César sobre su mujer repudiada, “no basta con que sea honrada sino también aparentarlo”. Y aquí la honradez está cuestionada por un poder independiente que se llama el Judicial. Un partido que ha afirmado que en temas de corrupción sería contundente y no miraría para otro lado.

Quizás un sector de la sociedad precisamente esperaba mayor contundencia por parte de la dirección regional ante un alcalde ingresado en prisión incondicional sin fianza, el primer caso que se da en la Región. Sería un error que la imagen de corrupción generalizada se trasladara aquí, como se empieza apuntar por la trama urbanística de Totana, aunque los cargos públicos y los partidos están para cumplir las leyes. Apunta un observador que los populares no deben olvidar como empezó y terminó la última etapa del feudo socialista en la Región.

¿Ahora le toca al TSJ tomar el asunto?

Parece que la juez instructora ha terminado básicamente ya su trabajo, ahora quedan las conclusiones y las calificaciones. Pero no se esperan nuevas detenciones por la trama urbanística totanera. Todo apunta que el siguiente destino está en el Tribunal Superior de Justicia, aunque sólo sea por el detalle de Juan Morales de renunciar a su militancia del PP, aunque manteniendo su condición de aforado como parlamentario regional.

El ex alcalde ha estado en el ojo del huracán desde el inicio de las investigaciones y tras las primeras actuaciones judiciales. Se ha sentido acosado, atrincherado y desaparecido en su trabajo como parlamentario regional. Ha dado un paso que según muchos compañeros de su ahora ex partido, debería haber dado hace una semana.

La proximidad de las generales y la lucha por el décimo diputado en Murcia dicen los populares que tiene algo o bastante que ver con esta historia, a pesar de la contundencia con la que ha actuado la juez. Según estas teorías no sería descartable que Totana fuera sólo la punta de un iceberg que se podría extender a otros municipios de la Región, y en las quinielas ya suenan varios nombres.

www.elfarodemurcia.info

Una ex concejala de Fortuna acusa al alcalde del PP, Matías Carrillo, de comprar votos

FORTUNA.- La ex concejala del Partido Popular en Fortuna María Dolores Sánchez acusó ayer al alcalde del mismo partido, Matías Carrillo, del PP, durante su declaración ante la Audiencia Provincial de Murcia, de comprar votos en las elecciones de mayo de 2003 a cambio de empleos, precisamente el mismo delito por el que ella fue imputada.

La acusación de la ex edil popular no se quedó ahí, y se extendió a una larga lista de personas. Sánchez implicó en estos actos al padre del alcalde, a su esposa, Felicia Inmaculada Illán; a su hermano, a su prima, Francisca Ortigosa; a su primo, Antonio Ortigosa; al teniente de alcalde, José Antonio López; al concejal de Medio Ambiente, José Antonio Cascales; al de Deportes, Salvador Bernal; al de Cultura, Miguel Romero; al de Urbanismo y Policía, Gregorio Herrero, y a los hijos de este, que, según María Dolores, se habrían encargado de llevar los sobres de los votos al correo.

Ante esta cascada de nombres que citó la acusada, por la que el fiscal dijo sentirse "sorprendido", la Sala suspendió el juicio oral y ordenó que el Juzgado de Instrucción número 1 de Cieza que investigase la implicación de estas personas en los hechos denunciados.

María Dolores Sánchez, por su parte, se declaró inocente. El fiscal pedía para la ex edil de Servicios Sociales y Personal una pena de doce fines de semana de arresto y multa de seis meses, a razón de 6 euros al día, por, supuestamente, haber ofrecido un empleo en el Ayuntamiento -con la posibilidad de firmar un contrato de trabajo eventual- a cambio de hacer entrega de toda la documentación necesaria para votar por correo al PP en las elecciones del 25 de mayo de 2003.

La ex edil aseguró que "el alcalde es quien me decía a quién tenía que contratar". Además, cuando se le preguntó si era cierto que unas 25 ó 30 personas que votaron por correo en 2003 fueron contratadas por el Consistorio, respondió que no lo sabía, y añadió: "El alcalde, su esposa, el hermano o la prima pudieron comprar los votos. Yo no quise participar. Dije que no porque no me parecía ético".

Sánchez se siente, en sus propias palabras ante el tribunal, una "cabeza de turco" y no duda en atribuir al alcalde, Matías Carrillo (en la imagen), la responsabilidad de las firmas de estos contratos irregulares. "Los contratos los firmaba el alcalde, y no firmó ninguno en mi presencia. Él me pedía que diera aviso a las personas que debían firmar y yo les decía el día y la hora en que debían tramitarlos", explicó.

Esto fue así, según ella, hasta que el Ayuntamiento comenzó a ser investigado por estos hechos. "Hasta que no se abrió la investigación judicial, el alcalde no delegó en mí la contratación", apuntó.

Según María Dolores, una de las personas que la ha acusado por estos hechos, llamada Juana María, lo hizo en cumplimiento de una amenaza. "Ella tenía a su esposo en la cárcel y me amenazó con acusarme de la compra de votos si no lo sacábamos de allí. Se lo conté al alcalde, pero él no hizo nada al respecto", afirmó.

El nuevo equipo de gobierno de San Javier asegura estar en condiciones de gobernar

SAN JAVIER.- El nuevo equipo de Gobierno de San Javier, integrado por los siete concejales socialistas y el del CDL afirmaron hoy en un comunicado de prensa tras conocer la renuncia de los cuatro ediles del CISJ que están en condiciones "de asegurar la estabilidad y eficacia en la gestión", por lo que ofrecen un mensaje "de tranquilidad" a los vecinos.

Asimismo el grupo socialista quiere expresar su agradecimiento al grupo Independiente por el apoyo prestado durante estos meses y lamenta que haya decidido romper el pacto del Gobierno "de forma unilateral".

Desde el equipo de Gobierno se ha destacado que hoy comienza una nueva etapa en nuestro municipio en la que el grupo municipal Socialista y el representante del CDL trabajarán "con redoblado esfuerzo y con la vista puesta en el futuro de San Javier, sin perder ni un minuto".

El equipo actual de Gobierno anuncia además en el comunicado que "pondrá todo su esfuerzo y capacidad de trabajo para que el pueblo de San Javier siga funcionando", y que tomará las decisiones oportunas para ello.

El Partido Popular de San Javier dijo poco antes que se posicionaría cuando la ruptura del pacto del tripartito «sea totalmente oficial». Así lo había manifestado el portavoz del grupo municipal popular, Juan Martínez, quien había asegurado que «mientras tanto, los ediles independientes continúan estando en el equipo de gobierno».

Martínez se mostró francamente sorprendido por el reciente anuncio que realizó la portavoz del grupo independiente, Arantxa Espeso, de que el pacto se había roto, ya que de producirse este hecho, tan sólo habrían pasado cinco meses desde que se constituyó el gobierno municipal y hasta que se produzca esta ruptura.

Según manifestó el portavoz popular de San Javier «desde un primer momento veían incongruencia en el pacto que se había firmado», y señaló que se había dado «un excesivo poder del Partido Socialista a la candidatura independiente. Nos da la sensación de que en este pacto de gobierno cada grupo ha ido por su lado», aseguró.

Martínez quiso dejar claro que desde que Arantxa Espeso anunció la ruptura con los otros dos partidos del tripartito, el PP no ha mantenido conversaciones con ninguna formación política, y que esperarán a que se haga oficial, lo que auguró que podría producirse a lo largo del día de hoy.

«Cuando se el anuncio de la ruptura se haga oficial -agregó- será el momento en el que el Partido Socialista tenga que decir cuáles son sus pretensiones, y si tienen intención de gobernar en minoría o tienen pensado hacer propuesta de acuerdo con algún otro partido», concluyó Juan Martínez.- (EFE)

La celebración del patrón del municipio de San Javier había impuesto una tregua en la crisis surgida tras el anuncio de Arantxa Espeso de romper la coalición con el PSOE en el Ayuntamiento.

A la espera de que la todavía teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente presentase su renuncia a la alcaldesa, Pepa García, la diputada regional Rosa Peñalver, presidenta de la gestora del PSOE en San Javier, consideró que la actitud de Espeso es ‘incoherente’ al notificar la ruptura a los medios de comunicación antes de hacerlo a la alcaldesa.

A los actos de la celebración de San Francisco Javier asistió toda la Corporación municipal, aunque no hubo acercamiento entre los diversos partidos. Espeso y la alcaldesa ocuparon los lugares que protocolariamente les correspondían, pero en ningún momento se saludaron.

Murcia es una de las regiones donde más bajó el precio de la vivienda usada en noviembre

MADRID.- El precio de la vivienda de segunda mano descendió en Murcia un 1,65% en noviembre, con lo que el metro cuadrado se sitúa en los 1.912 euros.

En España, el precio también bajó, pero menos: un 0,68% el pasado mes de noviembre, hasta alcanzar los 2.476 euros por metro cuadrado, mientras que en lo que va de año acumula una subida del 0,12%, según datos del portal inmobiliario Facilisimo.com.

El informe mensual de Facilisimo.com se basa en una muestra de más de 100.000 inmuebles de todo el país anunciados en Internet durante el mes de noviembre.

En este periodo, los precios cayeron en catorce comunidades autónomas, si bien los mayores descensos se produjeron en Asturias, que cayó un 6,6% (2.011 euros por metro cuadrado); en Extremadura, con una reducción del 4,81% (1.325 euros por metro cuadrado); Aragón y Murcia , ambos con el 1,65%menos (2.500 y 1.912 euros por metro cuadrado respectivamente); y Cantabria, con un 1,04% (2.385 euros por metro cuadrado).

Por el contrario, las mayores subidas se registraron en Navarra, donde los precios subieron un 1,76%; Galicia, con un aumento del 1,21%; y Castilla y León con un 0,76% más altos.- (Agencias)

El PSRM destaca "la necesidad" de un cambio en el modelo de crecimiento de la Región

MURCIA.- El secretario de Política Económica y Empleo del PSRM-PSOE, Javier Mármol, destacó hoy, tras conocer los los datos del desempleo de noviembre, que Murcia cuenta con "los mayores incrementos de paro en términos relativos", lo que denota "la necesidad" de un cambio en el modelo de crecimiento.

En un comunicado de prensa Mármol dijo que Murcia es "una de las regiones donde el paro ha subido por encima de la media nacional comparado con el mes de octubre" y "la primera si comparamos con el mismo mes del año pasado".

Estos datos, según el dirigente socialista, demuestran que "ya empieza a ser tarde para que, de una vez por todas, el Gobierno regional adopte medidas concretas de apoyo a la construcción para que no se produzca un enfriamiento brusco del sector, por ejemplo con el fomento de la vivienda de protección oficial".

"El incremento del paro en la comunidad autónoma nos sitúa con 49.895 desempleados, un 14,83 por ciento más que en el mismo mes de 2006. Si cuando esta tasa estaba por debajo de la nacional el PP atribuía el mérito del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, ahora debería de asumir también su responsabilidad con este razonamiento", afirmó Mármol.

Asimismo destacó que la Región está por debajo de la media nacional en contratación indefinida, y exigió al Gobierno autonómico que "adopte medidas para el fomento de la actividad industrial en Murcia y que sea la industria la que absorba con una mayor importancia la mano de obra que esta como excedente en otros sectores, como puede ser el de la construcción".- (EFE)

La Región de Murcia recibe 523,8 millones de euros de los fondos FEDER para 2007-2013

MURCIA.- La Comisión Europea ha aprobado ocho programas operativos regionales del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el período 2007-2013, entre ellos uno a Murcia por 523,8 millones de euros, informó hoy la Delegación del Gobierno.

De esa cuantía, 165,6 millones de euros son para transporte y energía; 111 para medio ambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de riesgos; 90,2 para desarrollo e innovación empresarial; 79,7 para desarrollo de la economía del conocimiento; 39,7 para infraestructuras sociales; 32,1 para desarrollo sostenible local y urbano, y 5,2 para asistencia técnica y refuerzo de capacidad institucional.

Los citados programas corresponden además de a Murcia, a las Comunidades Autónomas de Extremadura, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco, y en total suponen una asignación de fondos comunitarios por un importe de 8.193 millones de euros para el período indicado.

Las actuaciones incluidas en los programas aprobados representan una inversión pública total, incluyendo la aportación española, de 12.278,7 millones de euros.

En total son doce los Programas Operativos aprobados hasta el momento, por un total de 8.873 millones de euros de ayuda FEDER, correspondientes a actuaciones que supondrán un gasto público total de 13.353 millones de euros.

Los Programas Operativos son los documentos que recogen las prioridades a las que se destinará la ayuda comunitaria, así como el plan financiero conforme al cual se ejecutará, y han sido elaborados por el Ministerio de Economía y Hacienda conjuntamente con las Comunidades y Ciudades Autónomas respectivas.

Las actuaciones objeto de financiación de la Unión Europea serán desarrolladas por organismos de la Administración del Estado y de las Comunidades y Ciudades Autónomas, así como por las Entidades Locales.

Asimismo, la Comisión ha aprobado el Programa Operativo plurirregional de Economía basada en el Conocimiento, que se aplicará en: Andalucía, Asturias, Extremadura, Canarias, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Galicia, Murcia, Valencia y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

El citado programa asigna 1.038 millones de euros de ayuda FEDER a la financiación de proyectos e infraestructuras de I+D enmarcadas en el Plan Nacional de I+D+i y desarrollados principalmente por centros públicos, así como otros 412,5 millones a actuaciones de impulso a la Sociedad de la Información integradas en el Plan Avanza y que serán desarrolladas principalmente por la Entidad Pública Empresarial Red.es, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

La firma de los programas operativos tendrá lugar el día 20 de diciembre en Madrid y contará con la presencia de Danuta Hubner, Comisaria Europea responsable de Política Regional, y de Carlos Ocaña, Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, así como de los Consejeros de las Comunidades Autónomas responsables de la gestión del FEDER.- (EFE)

El fiscal pide 4 años de cárcel para un constructor acusado de estafar a un cliente

MURCIA.- El fiscal ha pedido cuatro años de prisión y multa de doce meses con una cuota diaria de seis euros para un constructor que será juzgado en la Audiencia Provincial de Murcia acusado de estafar al cliente que le había entregado 55.000 euros por la compra de una parcela y la edificación de una vivienda.

El Ministerio Público acusa también a Francisco L.P. de un delito sobre la ordenación del territorio por construir en la parcela, que se encontraba en suelo rústico no urbanizable, y pide nueve meses de prisión y otros doce meses de multa con la misma cuota diaria, así como la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de constructor durante nueve meses.

Las conclusiones provisionales del fiscal señalan que mediante contrato privado el acusado vendió a finales de enero de 2005 a Anthony D.C. una finca rústica ubicada en Pliego, con una superficie de 1.300 metros cuadrados, junto con una vivienda de 85 metros cuadrados que se comprometió a construir.

Con posterioridad al mes de mayo de 2005, Francisco L.P. construyó con los trabajadores de su empresa la edificación no autorizada de la vivienda.

El Ministerio Público pide al tribunal que condene también al acusado a indemnizar al cliente con los 55.000 euros que le entregó, más los intereses legales.- (EFE)

Teléfono gratuito para el acoso inmobiliario

MADRID.- El Ministerio de Vivienda habilitará un teléfono gratuito para atender a los afectados por prácticas de acoso inmobiliario.

Así lo ha informado la titular del departamento, Carmen Chacón, tras la firma de un protocolo de colaboración, contra este acoso, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Chacón ha explicado que el acoso inmobiliario es "un delito tipificado en el Código Penal que no va a quedar impune" y ha añadido que el protocolo de colaboración con la FEMP establece una primera experiencia piloto, en un plazo de 60 días, que tendrá lugar en diez ayuntamientos, tras lo cual se extenderá a todo el territorio nacional.

La ministra ha afirmado que el teléfono será atendido por personal especializado del Ministerio que facilitará toda la información a los afectados sobre sus derechos y sobre cómo hacerlos valer ante los acosadores.

Las víctimas de acoso inmobiliario recibirán tres tipos de actuaciones mínimas: información, asesoría legal y asistencia social.

El presidente de la FEMP, Pedro Castro, ha indicado que el acoso lo sufren, sobre todo, las personas mayores que viven en los cascos urbanos de las ciudades y que a veces no saben siquiera que sufren acoso.

Este servicio, según Castro, va a permitir que los ayuntamientos cuenten con una información reglada sobre estos casos de acoso, que padecen en muchas ocasiones los inquilinos de rentas antiguas que llevan toda su vida en un inmueble y a quienes les hacen cortes ilegales de luz y agua, e incluso tretas como el decirles que no paguen el alquiler en seis meses para poder actuar contra ellos.

También se ha firmado otro convenio de colaboración para divulgar el plan de apoyo a la emancipación e impulso del alquiler.- (EFE)

El abogado murciano José Luis Mazón logra la anulación del nombramiento de dos magistrados del Supremo

MURCIA.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de dos magistrados acordado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), estimando así el recurso presentado por el letrado murciano José Luis Mazón en nombre de otro aspirante.

La sentencia indica que el expediente administrativo formalizado por el CGPJ para los nombramientos "no permite comprobar que esas dos designaciones polémicas hayan sido debidamente justificadas con una motivación que cumpla con las mínimas exigencias que resultan necesarias para darle validez".

Y añade que en el mismo se contienen unos juicios de valor "a los que no puede atribuirse relevancia por haber sido realizada su formulación sin una referencia a un preciso soporte objetivo y en términos puramente genéricos".

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado murciano Nicolás Maurandi, comenta asimismo que la motivación de los nombramientos es más exigible aún en estos dos casos, "dado que por ir referidos a la máxima categoría de la carrera judicial rigen con el mayor nivel de exigencia los principios de mérito y capacidad".

Comenta igualmente que "una importante meta constitucional debe ser disipar cualquier sombra de sospecha sobre que la proximidad ideológica, partidaria o simplemente asociativa pueda ser el componente principal de las decisiones que sobre nombramientos judiciales ha de adoptar el Consejo General del Poder Judicial".

La Sala concluye estimando el recurso presentado por Mazón en nombre del magistrado de Asturias Eduardo Serrano, y anula las resoluciones que nombraron magistrados del Supremo a José Manuel López García de la Serrana y Rosa María Virolés Piñol.

La resolución no anula todo el procedimiento, sino las actuaciones llevadas a cabo a partir del informe de la Comisión de Calificación para que, primero, sea emitido otro "que cumpla con todas las exigencias" y para que posteriormente se resuelvan los nombramientos "mediante resolución motivada".- (EFE)

El TSJ ya puede citar al diputado Morales para saber por qué se le investiga

MURCIA.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ya puede citar al ex alcalde de Totana y diputado regional, Juan Morales, para que sepa por qué se le investiga y pueda prestar declaración sobre los hechos que, según la UCO de la Guardia Civil, supuestamente le implican en varios presuntos delitos.

Cualquier diputado autonómico tiene, según el Estatuto de Autonomía, la prerrogativa de que un procedimiento judicial que le afecte, lo lleve en primera instancia el TSJ, y no los tribunales ordinarios, siempre y cuando la Asamblea Regional certifique previamente su pertenencia a la cámara, desde qué fecha y grupo parlamentario al que pertenece.

Tanto el TSJ como el juzgado nº 1 de Totana han recibido ya sendas respuestas a sus, oficio y providencia, de la semana pasada al respecto sobre Juan Morales.

Ahora Morales tiene los mismos derechos y deberes frente a la Justicia que cualquier otro ciudadano español para responder a las demandas de los magistrados de la Sala de Lo Penal del TSJ.

Según el artículo 25 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, los diputados "no podrán ser detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la Región, sino en casos de flagrante delito, en tanto decide el Tribunal Superior de Justicia sobre su inculpación, procesamiento y juicio. Fuera de la Región la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo".

El diputado regional ha comentado en varias ocasiones que se siente indefenso, ya que no sabe de qué se le acusa después de que se le haya retirado el pasaporte y registrado su domicilio en la ciudad de Murcia.

En el maletín que le fue interceptado el pasado lunes a su anterior abogado, señor Cegarra, había al parecer 1.500 euros en metálico y varios documentos, que quedaron bajo la custodia de la juez María Asunción Navarro Artero.

Hoy ha trascendido que la titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia Número 1 de Totana es una lorquina de tan solo 30 años, que ha llegado a la titularidad provisional del órgano judicial totanero sin haber aprobado la oposición.

Es juez sustituta desde el 5 de julio del 2005, una figura reconocida y con mucha tradición en un sistema jurídico plagado de comisiones de servicio, excedencias y bajas.

Navarro optó voluntariamente a ser reclutada para estas sustituciones y hace poco más de seis meses llegó a Totana para llevar las riendas del Número 1. Según su nombramiento, sólo puede ejercer -además de en Totana- en Caravaca y Lorca.

Desde entonces, el órgano se ha ido labrando una fama de dureza en sus decisiones. En los pasillos de los juzgados y en los mentideros de los abogados defensores, que un caso cayera en el Número 1 era sinónimo de firmeza y dureza en las decisiones cautelares impuestas a los imputados en cualquier clase de delito.

Navarro Artero compatibiliza su función como juez sustituta con las clases de Derecho Penal que imparte en la UCAM, de la que es profesora ayudante.

Se licenció en Derecho en la Universidad de Granada, y en su currículo luce también una diplomatura en Criminología y un máster en Prácticas Jurídicas.

Por otra parte, la secretaria del Ayuntamiento de Totana, Laura Bastida, se reincorporó hoy a su puesto de trabajo, después de que quedara en libertad con cargos tras abonar una fianza de 20.000 euros.- (NEM)

(Juan Martínez Moya, presidente del TSJ)

Alertan a la CNMV sobre las razones de la emisión de cuotas participativas por la CAM

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón, una especie de Ralf Nader español de nuevo cuño, ha advertido por escrito a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la emisión de cuotas participativas prevista por la CAM, y ha hecho partícipe de esa advertencia al Banco de España, Banco Central Europeo, Reserva Federal norteamericana, Banco de Inglaterra y Defensor del Pueblo, español y europeo.

En síntesis, De Ramón desea que las razones esgrimidas desde la dirección para justificar esa emisión - respaldo financiero ajeno para el crecimiento de la entidad – responda verdaderamente a ese objetivo y no encubra la necesidad de tapar una supuesta gran falta de liquidez, estimada por diversas fuentes, que no cita expresamente, en 1.500 millones de euros, “cuando precisamente todo el sector financiero se encuentra en crisis”, y especialmente la CAM por un exceso de riesgo inmobiliario contraído en los últimos años.

De Ramón dice comparecer ante la CNMV “como ciudadano, español y europeo, y cliente de la CAM” para justificar su intervención en que la emisión de cuotas participativas sirva realmente para la expansión, dentro de un estricto marco de legalidad conforme a las directivas comunitarias en vigor, y para solicitar una investigación previa que afiance los extremos de una emisión avalada por el propio patrimonio social, “que es de todos los receptores sociales de la comunidad valenciana y murciana”.

El letrado desea que la CNMV verifique, antes de admitir a cotización en Bolsa dichos títulos, si la parte alícuota de ese ingreso previsto se destina a los fines sociales a que obliga la naturaleza jurídica de las cajas de ahorro en España – y no los que elija libremente la CAM – allí donde el Estado o la UE no cubra las necesidades de los excluidos sociales.

De Ramón, acogiéndose al anuncio del presidente de la CNMV, Julio Segura, de que se reforzarán los controles sobre las empresas inmobiliarias cotizadas por tratarse de un sector de aparente riesgo contable, señala que la CAM, por si misma o mediante sociedades participadas, ha sido la “inductora y promotora (…) de grandes proyectos urbanísticos”, que se tendrán que investigar, con créditos propios o sindicados, tras la captación de pasivo fuera de España.

Expresamente cita en su escrito las relaciones financieras, incluso de otra naturaleza, de la CAM con Hansa Urbana, Terra Mítica, Polaris World, Llanera, Azora, Godosa, Tenedora de Inversiones y Participaciones, y hasta con las inversiones en Seseña del promotor conocido como “El Pocero”. Pide que sean investigadas a fondo para evitar la desprotección de los posibles inversores en cuotas participativas por una falta de celo de la CNMV, que ya en anteriores ocasiones “provocó la ruina de muchos españoles”, citando, entre otros, el caso de Gestcartera.

Llama De Ramón especialmente la atención de la CNMV sobre las consideraciones subjetivas en las valoraciones de activos inmobiliarios para, coincidiendo con su presidente, comprobar que se generan con procedimientos, hipótesis y criterios reconocidos, “e incluso pedir valoraciones o tasaciones complementarias de los activos a sociedades de reconocida solvencia sometidas a algún tipo de supervisión”.

Dice el abogado murciano en su escrito a la CNMV que “el patrimonio que dice la CAM tener, valorado en 5.000 millones de euros”, deberá constatarse por entidades que supervisen dicha valoración y que, además, se tenga en cuenta “la falta de liquidez, pues entendemos (…) que ese dinero no es para crecer sino para reponer su falta de liquidez”.

Duda De Ramón sobre la completa legalidad de la emisión de cuotas participativas, en base a consideraciones anteriores de la Fiscalía Anticorrupción sobre emisiones de entidades españolas, como la CAM, en paraísos fiscales, desde el punto de vista de la legislación tributaria, ya que estos tolerados instrumentos alternativos a otras vías más convencionales de captación de recursos, han venido eludiendo el pago del 35% de sus plusvalías. Y recuerda que la legislación española prohíbe deducirse del pago de los impuestos “las cantidades destinadas a retribuir, directa o indirectamente, el capital propio, cualquiera sea su denominación”, concluyendo que son lesivas para el Tesoro Público.

Cree este letrado que, en el caso de las cuotas participativas de la CAM, procede investigar “de dónde va a venir el dinero que compre dichas participaciones, pues si viniese de las islas Caimán (…) se vulneraría -según dicho informe de la Fiscalía Anticorrupción- la legislación tributaria”. Y “si el dinero se capta con los pequeños clientes de las Cajas, con escasa instrucción financiera (pensionistas, hombres y mujeres sin ninguna cultura financiera)” debe hacerse bajo las condiciones de protección, transparencia e información que piden las Directivas de la Unión Europea.

Diego de Ramón solicita expresamente de la CNMV que vele si la CAM cumple, en esta emisión de cuotas participativas, con las exigencias garantistas de la Directiva 2004/39/CE y las promulgadas para evitar el blanqueo de capitales ya que, citando cifras recientes de la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), sólo el fraude fiscal inmobiliario en la Región de Murcia -donde la CAM aparece financiando grandes desarrollos urbanísticos- alcanza los 303 millones de euros.

Recuerda este abogado a la CNMV en su escrito de referencia que, conforme a la citada Directiva, “cuando una entidad de crédito decida prestar servicios o realizar actividades de inversión, en este caso emisión de cuotas participativas por la CAM, las autoridades competentes, antes de concederle una autorización, deben verificar si cumple las disposiciones pertinentes en la misma de proteger y legitimar los derechos del inversor” para así evitar una competencia desleal dentro del Mercado Único.

Finalmente, y a modo de conclusión, Diego de Ramón solicita la comprobación de todo lo expuesto anteriormente en su escrito, al objeto de asegurar dicha emisión de cuotas participativas por parte de la CAM “con todos los preceptos de Directivas europeas, transparencia e información en el Mercado de Valores, así como también la supervisión de todas las actuaciones financieras inmobiliarias que ha realizado la Caja de Ahorros del Mediterráneo (…) así como los fines sociales en su grado de cumplimiento y las Fundaciones creadas por la Caja”.

En definitiva cree debe saberse públicamente si dicha emisión de cuotas participativas por la CAM “es para cubrir liquidez o para crecer, pues si es lo primero, estaríamos potenciando lo que ahora es crisis inmobiliaria financiera por haberse extendido o abusado en proyectos de grandes construcciones”. De Ramón expresa en su epílogo que “ojalá se cumplan estos preceptos y pueda salir esa emisión de cuotas participativas, sin quebrantar todas estas normas que garantizan un Estado de derecho y Europa”.

El PP acepta las bajas cautelares del alcalde de Totana y su antecesor, Juan Morales

MURCIA.- La Junta Directiva del Partido Popular de la Región de Murcia ha aceptado esta noche las solicitudes de baja cautelar de militancia en el partido presentadas por el alcalde de Totana, José Martínez Andreo, y su antecesor en el cargo, Juan Morales.

Antes de la reunión que ha realizado en la tarde de hoy el máximo órgano entre congresos de este partido en la Comunidad, se ha producido un encuentro con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Totana con el fin de garantizar la gobernabilidad del municipio.

El PP, indicó el secretario general del PP en la Región, Miguel Angel Cámara, se reserva "todo tipo de acciones" precisas para defender los intereses del partido y de su militancia, así como el buen nombre de la Región de Murcia.

Sin embargo, el portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, ha afirmado, en un comunicado de prensa, que "ni el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo, ni el anterior, Juan Morales, deben seguir en sus puestos", por lo que consideró que "la suspensión cautelar de militancia aceptada por la Junta Directiva del PP no es más que una estratagema, un subterfugio para engañar a los murcianos e intentar salvar el escollo de la opinión pública".

De este modo, Jara insistió en que "lo que debe hacer el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, es echarlos a ambos de la política y hacer que dimitan de sus cargos", porque, subrayó, "lo único que están consiguiendo es que la imagen de la Región se deteriore todavía más".

Es por ello por lo que "retó" al ex-alcalde de Totana y ahora diputado regional, Juan Morales, a que "dé la cara y deje de parapetarse detrás de su condición de aforado".- (Agencias)

Largos e intensos interrogatorios judiciales / Juan Redondo

La “Operación Tótem” cumple ya una semana y hasta conocer el pronunciamiento oficial de la instructora, parece, según observadores como si la posible trama urbanística, partiera de una pieza central, de la que a lo largo de las investigaciones hubieran ido saliendo ramas o hijuelas.

La juez interrogó en bloque a los detenidos por la recalificación de El Raiguero para un proyecto urbanístico del grupo gallego Nuaria con más de cinco mil viviendas. Estableció unos cargos y una fianza. Por medio se aparecieron los terrenos industriales de El Saladar, con vinculación de un empresario avícola. Posteriormente la vinculación del jefe de la Policía Local y de un empresario de Puerto Lumbreras, en temas al parecer distintos, ambos en libertad.

La secretaria general municipal también ha quedado en libertad bajo fianza en este caso de 20.000 euros, y un ex concejal con 15.000, unas cantidades aparentemente no muy significativa para las comparaciones marbellís. Y están pendientes las tres imputadas a las que no se ha tomado declaración. “¿Muchos hilos distintos para una misma tela de araña?”, apuntan los observadores. Y como fondo del culebrón Juan Morales, aforado, atrincherado y sin pasaporte.

Al parecer, según fuentes populares, en la asesoría de la ex mujer de Morales no existían documentos oficiales, sino copias de documentos públicos. El ex alcalde y diputado regional Juan Morales dicen que tenía copias de los convenios urbanísticos, porque son documentos públicos, y en alguna medida para “curarse en salud”, como medida preventiva ante un eventual triunfo electoral de los grupos de la oposición y poder demostrar que todos los acuerdos se habían ajustado a la legalidad.

Todas especulaciones o pequeñas filtraciones ante un hermetismo judicial, que tiene en un sinvivir a los populares murcianos y con los comunicados cargados a la oposición. La expectación de cara al comité regional de los populares de esta tarde y su posible resolución sigue dependiendo de los pronunciamientos judiciales. Han anunciado contundencia contra posibles comportamientos ilegales de militantes y cargos públicos.

Es cierto que es la primera vez que un alcalde murciano duerme ya durante tres noches en los calabozos de la Guardia Civil, pero también como apuntan los dirigentes hay más de seiscientos cargos públicos del partido en la Región, que están realizando su trabajo sin sombra de duda. Dicen ser los primeros interesados en acabar con “este circo mediático” y apoyan firmemente a Morales, hasta que la Justicia demuestre lo contrario. “Todo este tema está siendo muy anómalo y si se producen cosas raras actuaremos en consecuencia”, insiste un dirigente regional del PP.

De momento el primer paso para empezar a entrar en el fondo de posibles responsabilidades políticas del asunto pasa por el pronunciamiento de la juez Asunción Navarro sobre la situación judicial del actual alcalde popular Martínez Andreo, que ayer estuvo cerca de seis horas declarando en el juzgado de instrucción y a medianoche aún estaba en expectativa de destino.

Concentraciones ante el poder judicial

En un estado democrático hay dos poderes que requieren tranquilidad para tomar sus decisiones. En teoría no se debe presionar al Legislativo ni tampoco molestar al Judicial. Las manifestaciones y protestas deberían dirigirse ante los poderes ejecutivos.

Con la “trama urbanística de Totana”, ayer varios centenares de personas se concentraron ante el Juzgado para reclamar la inocencia de los imputados, gritando slogan como “esto es un atraco” y de paso tratando de impedir a la prensa realizar su trabajo.

Dicen los populares que son “concentraciones espontáneas”, aunque las declaraciones de algunos de sus dirigentes han alentado a estos movimientos y además los asistentes son militantes o simpatizantes del PP.

La presunción de inocencia es un derecho constitucional, pero la jueza debe hacer su trabajo con tranquilidad, sin algaradas callejeras partidarias, para pronunciarse sobre el sumario que está instruyendo. Resulta también curioso que a lo largo de la tarde el Delegado del Gobierno no haya puesto protección policial especial ante los juzgados de Totana.

El PSOE asegura que la ruptura del pacto de gobierno no es oficial y que los ediles independientes de San Javier siguen trabajando

MURCIA.- La presidenta de la gestora del PSOE en San Javier, Rosa Peñalver, dijo a EFE que la ruptura del pacto de gobierno anunciada recientemente por la portavoz del grupo independiente, Arantxa Espeso, todavía no se ha hecho oficial, y que los ediles independientes continúan trabajando en el consistorio.

"Los concejales independientes trabajan y cumplen con su cometido y lo demás son declaraciones", agregó.

Peñalver consideró "incoherente" la postura de Espeso de notificar a los medios de comunicación una ruptura sin antes haberlo hecho a la alcaldesa, la socialista Josefa García, y comentó que "el pueblo de San Javier" no se merece esta situación.

Indicó que, a pesar de tal anuncio, Espeso participó esta mañana junto a la alcaldesa en los actos oficiales con motivo de la festividad de San Francisco Javier, y en ningún momento le ha comunicado la citada ruptura.

La dirigente socialista afirmó que la alcaldesa "ha mantenido la mano tendida" a Espeso, en un pacto de cuatro años, y dijo no entender la postura "personal" de la portavoz independiente, a la que instó a notificar en el registro municipal la ruptura del pacto "que sería lo coherente", afirmó.

Según Peñalver, "el equipo de gobierno no ha dejado de trabajar ni un sólo día y en este momento está donde corresponde, en los actos oficiales, y lo que los ciudadanos necesitan es tranquilidad y estabilidad, y que vayamos cumpliendo el programa".

Por su parte, el concejal del Centro Democrático y Liberal, Jesús Montesinos, dijo que él continúa apoyando a la alcaldesa, "que entró en el equipo de gobierno para trabajar", y que oficialmente desconoce la existencia de la ruptura anunciada a los medios de comunicación por Arancha Espeso.

Se intentó recabar la opinión del portavoz del grupo popular en este ayuntamiento, Juan Martínez, quién excusó tal posibilidad porque estaba ocupado con los actos oficiales de la festividad local. Tampoco la portavoz del grupo independiente, Arantxa Espeso, se puso al teléfono.- (EFE)

Un mirlo blanco de Gredos en la ciénaga murciana / Apunte de Argárico

Ha sido llegar Bermejo y empezar el baile de Santa Lucía. Los corruptos tiemblan, incluidos los ex alcaldes socialistas Navarro, Escudero y Hurtado, desde Águilas a San Javier y desde Cartagena a Cieza. Ya está aquí el ángel exterminador de la corrupción, piensan algunos. Otros más escépticos esperan a ver si todo no son más que fuegos artificiales.

Los del PP tienen el pañal más que pegadito desde que supieron la que se avecinaba con el de Arenas de San Pedro suelto, hasta el punto de que Valcárcel ya no puede controlar su acreditada mala educación llamando hoy por los micrófonos hijos de puta a no se quienes. Seguro que estaba entrenando con ese vocablo en las últimas horas, pensando en alguien, y no ha podido evitar soltarlo en la primera ocasión. Nervios de más porque esta dinámica Dios sabe dónde puede llevar a los de PP. (Por mucho menos, Jaume Matas huyó a Miami y ahora está “missing” hasta para los del PP balear).

Un alcalde dudoso preso en Sangonera por once presuntos delitos, a cual peor, es un magnífico precedente para la regeneración de la democracia murciana aunque no tanto para un Valcárcel pendiente de la Balsa Jenny y de que el agua de esta ciénaga en que ha convertido la Región de Murcia no anegue pronto predios familiares. Le faltaba un amigo en apuros, de los que sabe demasiado, caso del diputado regional Juan Morales Cánovas, pendiente de un suplicatorio para comparecer y, seguramente, acabar también en prisión sin fianza, como su testaferro Martínez Andreo.

Si el PSOE del señor Bermejo aspira a recobrar fortuna electoral en esta circunscripción, debe darse prisa, sin más dilación, en poner frente a los jueces a todos los corruptos en ejercicio de cargo público, sean del partido que sean, y sus corruptores, más que nada por esa izquierda volátil que no perdona la falta de huevos y de eficacia.

Menuda putada le hicieron Navarro y Hurtado cara a esa izquierda seria y exigente, apareciendo visiblemente por el mitin de Lorca. Si ahora no los trinca, podría parecer que existen corruptos de primera y de segunda en la Región de Murcia. Ánimo don Mariano, no se corte y exija justicia para todos, comenzando por los de su propia casa.

¿Qué pasa con los alcaldes de Águilas, Mazarrón, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Cieza, Cartagena, Alcantarilla y Puerto Lumbreras, y los ex de Lorca, Ceutí, Los Alcázares, San Javier, La Unión y San Pedro? ¿Van a pasar otras Navidades en casa?

El PSRM se ha puesto el listón demasiado alto con Bermejo como para que aquí luego no pase casi nada entre Santa Lucía y San Valentín. Todos los presuntos delincuentes deben acabar ante el juez, más pronto que tarde, para responder de todo lo que han hecho contra los intereses generales de la ciudadanía o fuera de la Ley.

Don Mariano debe saber que el PSRM debe volver a creer en los murcianos para que los murcianos vuelvan a creer en el PSRM. Debe saber también, antes de que se confeccionen las listas de candidatos para sustentar la política de Rodríguez Zapatero en las Cortes siguientes, que la derecha murciana en el poder regional, radicalizada y cerril, se mantiene crecientemente hegemónica por el demérito e incoherencia del propio PSRM.

Si no se incorporan a esas listas del PSRM experimentados independientes con poder social, progresistas identificados con la política de Zapatero, de poco servirá su esfuerzo de venir tan lejos para clamar en solitario en este desierto de ideas y convicciones democráticas, en esta ciénaga murciana de corrupción muy generalizada, como vemos.

Es vital insacular elementos impolutos de la sociedad civil, gente de Murcia, mujeres, jóvenes, profesionales, docentes y pequeños empresarios. Más en la cuarentena que en los treinta sin olvidar alguna aportación cincuentona para que Bermejo no se sienta generacionalmente solo. Enfrente, el PP, carece de elementos para la necesaria renovación de candidaturas. Será más de lo mismo o peor porque no existe partido. No resultaría tan difícil darle la vuelta a la tendencia electoral dominante hasta ahora. Hay candidato.

Con todo, Zapatero es más víctima en la Región de Murcia de una falta de renovación profunda del propio PSRM, hasta la inevitable refundación dentro del año 2008, que del discurso político de un histrión como Valcárcel. Y mire lo que le digo, don Mariano, si la sociedad murciana, no ya la izquierda volátil, no ve en las listas una renovación total de caras y de nivel, el Presidente puede perder aquí y en la Comunidad Valenciana, las elecciones en España. Y la reacción, acecha, dentro y fuera. Usted me entiende.

Yo sé, por eso, que Murcia preocupa electoralmente en Ferraz y en Moncloa. El PSRM se encuentra embarrancado desde hace demasiado tiempo porque su electorado natural no se moviliza en espera de algún signo creíble y de que el aparato sea capaz de salir de Princesa y conectar con los problemas, aspiraciones y anhelos de la gente. Toda la sociedad murciana no está envilecida detrás de Valcárcel, ni mucho menos. Pero la mayoría, ahora abstencionista, exige seriedad, compromiso y gente fiable en política.

Esa es una auto justificación para incapaces políticos. Lo que sucede en el PSRM, pese al empeño de Saura sabido de sobra en Madrid, es que tampoco resulta fácil vertebrar una alternativa interna, realmente renovadora, y por eso el pasado trata de condicionar demasiado el futuro, fundamentalmente desde las agrupaciones de Cartagena, Cieza, Lorca y Ceutí. Los rescoldos de la antigua corrupción propia hay que apagarlos cuanto antes también por eso y precisamente por eso. Con más de lo mismo no se despega. Es necesario evitar otro desastre, como el de las últimas elecciones autonómicas y municipales.

El PSRM no puede volver a engañar a Zapatero. Ahora o nunca. Bermejo es un mirlo blanco de Gredos llegado a Murcia casi por casualidad. Se pensó en Solbes, en Molina, en Narbona… Algún amigo del fiscal, que es el ministro de Justicia, pudo sugerir la idea. Luego el partido la recogió, como otras más. Y más tarde alguien de fuera la consideró excelente. Pero de las ideas hay que pasar a los hechos y con Bermejo puede no bastar si desde Princesa no se diseña una estrategia coordinada para que la más elevada izquierda sociológica murciana deje de pasar del PSRM por considerarlo, sin solución de continuidad, una burocracia paralizada e inoperante.

Murcia también puede hacer granero para Z si sus candidatos gozan de credibilidad como para movilizar a la izquierda volátil y que la Región cuente en Madrid por el valor añadido que aporten sus representantes. ¿Quién conoce o se acuerda de los actuales diputados y senadores del PSRM, excepto de Saura? La estrategia parlamentaria desconocida es, desde luego, incapaz de movilizar a la izquierda sociológica moderada. Por eso Z se la juega si se repiten caras y caretos de ilustres desconocidos casi inactivos. ¿Qué ha hecho en el Senado, por ejemplo, Francisco Abellán, alcalde de Jumilla?

El PSRM debe presentar ahora como candidatos a personas de su tiempo que sepan en qué comisiones es preferible trabajar por la Región de Murcia, que cuenten por su esfuerzo en el seno del Grupo Parlamentario Socialista y que se ganen por méritos alcanzar el entorno de Zapatero. Y el único que en este partido ha funcionado hasta la fecha con ese pensamiento estratégico ha sido Saura.

Murcia: El PP prefiere hacer el avestruz en vez de encarar los problemas políticamente

MADRID.- El ‘Caso Tótem’ de Totana ha puesto a las claras el carácter del Partido Popular de Ramón Luis Valcárcel en Murcia. Mezcla de populismo “gilista” al estilo marbellí y de “fabrismo” castellonense, el PP gobernante en Murcia, con el determinante genio y figura de Valcárcel, queda caracterizado como un partido que renuncia a admitir políticamente las equivocaciones que hayan podido cometer algunos de sus miembros y que reafirma su legitimidad en los resultados electorales como justificantes de posibles actuaciones ilegítimas.

En efecto, las decenas de militantes del PP que ayer apoyaron políticamente al alcalde de Totana mientras declaraba ante la juez no muestran otra cosa sino el convencimiento de que las victorias electorales son patente de corso para realizar las actuaciones más discutibles que se puedan imaginar, al más puro estilo marbellí.

La petición de amparo al TSJ de Murcia del investigado diputado regional Juan Morales, ex alcalde de Totana, –en vez de renunciar a su aforamiento y ponerse a disposición de la Justicia– es más de lo mismo.

Además, el pertinaz recurso del PP murciano al argumento de que las urnas les siguen dando la razón como leit motiv para justificar sus actuaciones entronca con el “fabrismo” castellonense, que se ve igualmente justificado por el número de votos que obtiene en cada cita electoral.

Sin embargo, a ojos de muchos ciudadanos de a pie, los argumentos de Valcárcel para explicar lo inexplicable, argumentos de los que vuelto a hacer uso esta semana a cuenta de la Operación Tótem, se están empezando a caer por su propio peso debido a su propia inconsistencia.

Las reacciones políticas de la cúpula del PP en Murcia y en Madrid tras el inicio del caso Tótem se ven como un intento de esconder la cabeza debajo de ala, el cráneo en el agujero o perder la mirada en el infinito. “Cuando haya imputaciones o acusaciones, actuaremos”. Ésa ha sido la respuesta-tipo de los dirigentes del PP murciano, con Ramón Luis Valcárcel a la cabeza, y secundados desde Génova, ante el escándalo de Totana.

Pero en Murcia, como en otros lugares de España (Canarias, León, Castellón, etcétera), se recuerda que cuando eso ha pasado el PP ha continuado encastillado en su actitud general y generalizada de negar la evidencia.

Petición fiscal

Basta recordar un caso cercano por la proximidad geográfica a Totana y paradigmático por revelador de la actitud del PP. En el pueblo también murciano de Alcantarilla, el alcalde Lázaro Mellado está procesado y con una petición fiscal de seis años de cárcel por contaminar el Río Segura. El asunto data de una denuncia de 1999 interpuesta por el grupo municipal de IU en el vecino ayuntamiento de la capital regional.

Antes de la pasada campaña electoral del 27-M, Mellado ya estaba imputado, acusado y procesado en espera de juicio oral. Repitió como candidato del PP a la Alcaldía de Alcantarilla –acto de proclamación con presencia de Valcárcel mediante–, fue el candidato más votado y ahí sigue: de alcalde.

Por éste y por otros casos, que sería prolijo detallar, el PP murciano tiene actualmente, sin contar los de Totana, 19 imputados por corrupción. Está bajo mínimos la credibilidad del presidente regional del partido, Ramón Luis Valcárcel, y de su secretario general, Miguel Ángel Cámara, alcalde de Murcia.

Nadie les discute sus triunfadores altos porcentajes electorales –cercanos al 60% del voto emitido–,, pero está claro que los dirigentes populares de Murcia utilizan esos resultados para crear desde un punto de vista victimista la sensación de que cualquier actuación contraria a sus postulados o a sus intereses es un ataque a la Región murciana como tal.

Ya lo hicieron a cuenta del caduco y desestimado trasvase del Ebro a las cuencas mediterráneas. Y ahora lo intentan hacer con las actuaciones judiciales en curso. El primer comunicado del PP murciano al respecto insinuaba que todo el asunto de Totana estaba urdido desde el Ministerio de Justicia contra la Región con intereses electorales.

¿Y quién es el actual ministro de Justicia? Mariano Fernández Bermejo, que encabezará la lista del PSOE murciano al Congreso de los Diputados en la próximas elecciones generales de marzo. La táctica del avestruz sigue siendo imitada por el PP murciano cuando se plantean problemas incontrolables. Como hizo Gil y Gil en Marbella y como hace Fabra en Castellón.

www.elconfidencial.com

(Los alcaldes de Puerto Lumbreras y Cieza junto al diputado regional Juan Morales)

El alcalde de Totana seguirá detenido mientras la juez deja en libertad a la secretaria general

TOTANA.- El fiscal del caso Totana, José Luis Díaz Manzanera, solicitó anoche a la juez Navarro Artero, y consiguió, prisión incondicional sin fianza para el actual alcalde y ex concejal de Urbanismo, José Martínez Andreo, del PP, tras más de seis horas de declaración, según nota del TSJ, mientras la secretaria general del Ayuntamiento, Laura Bastida, quedaba en libertad provisional mediante fianza de 20.000 euros.

La decisión de la juez, anunciada poco antes de las dos de la madrugada, se produce después de la toma de declaración del primer edil, que entró en el juzgado a las ocho de la mañana de este domingo, cuando Martínez Andreo, detenido el pasado viernes, fue puesto a disposición judicial por la Guardia Civil.

El fiscal que investiga la corrupción urbanística en Totana, José Luis Manzanera, había solicitado poco antes para Martínez Andreo prisión incondicional sin fianza por los presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público y prevaricación. El detenido fue conducido inmediatamente, a las 2,20 horas, en un vehículo de la Guardia Civil al Centro Penitenciario de Sangonera, a escasos 25 kilómetros de Totana, donde ha pasado ya el resto de la noche en el módulo de ingresos.

Martínez Andreo (en la imagen) está siendo investigado por su anterior etapa como responsable de Urbanismo siendo alcalde de Totana Juan Morales, según fuentes de la investigación. En su declaración ante la juez han salido a relucir «muchos favores» que éste podría haber atendido desde su responsabilidad municipal anterior. La situación de Martínez Andreo podría comprometerse si se confirman los contenidos de «numerosas grabaciones telefónicas» realizadas por la Guardia Civil en los últimos meses.

El actual alcalde debe aclarar su participación en la supuesta falsificación de un documento público porque, de momento, se le ha relacionado directamente con el presunto cobro de comisiones por favores urbanísticos y presuntas decisiones injustas a sabiendas que lo son. Se le acusa de once posibles delitos, entre otros, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, malversación, prevaricación o blanqueo de capitales.

La juez Asunción Navarro ha dejado, pues, en libertad a once de las doce personas detenidas inicialmente, unas con y otras sin fianza, cuando parece que el caso, una vez instruido, pasará hoy a manos del la Sala de Lo Penal del TSJ al aparecer una persona aforada, el diputado autonómico y ex alcalde Juan Morales.

Martínez Andreo fue trasladado a los juzgados de Totana después de permanecer 72 horas en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia, donde fue interrogado acerca de la venta de unas parcelas del polígono industrial, del supuesto cobro de favores y de los contenidos de varias escuchas telefónicas, una de ellas relacionada con un almuerzo mantenido con el promotor gallego Manuel Núñez, que también ha sido detenido en esta operación, y puesto en libertad provisional tras pagar una fianza de 150.000 euros.

La permanencia del alcalde durante 18 horas en las dependencias judiciales estuvo rodeada de cierta tensión en la calle, donde se llegaron a congregar simpatizantes y amigos para darle su apoyo. Entre los 250 manifestantes vociferantes, el resto de miembros de PP en la Corporación municipal de Totana.

Los insultos y las amenazas puntuales a los periodistas destacados en Totana continuaron durante toda la jornada del domingo hasta requerir la protección por parte de la Guardia Civil, que creyó conveniente ofrecerla el ante el cariz tomado por los acontecimientos y lo exaltado de los ánimos.

El primero en declarar, tras llegar a las 7,30 horas, fue el empresario y ex-concejal Juan Francisco Casanova, quien quedó en libertad provisional con fianza de 20.000 euros. Después la secretaria general del Ayuntamiento de Totana, Laura Bastida, también quedó en libertad provisional con cargos y una fianza de 20.000 euros para evitar la prisión preventiva por presunto falso testimonio y supuesta falsificación de documento público.

El empresario local y ex concejal de Agricultura fue el primero en abandonar los juzgados por una puerta trasera mientras Laura Bastida también fue luego objeto del apoyo de los vecinos cuando salió del edificio por la puerta posterior, acompañada de su letrado. Ambos tienen que comparecer semanalmente en el juzgado nº 1 de Totana.

La nota del TSJ no especifica los nombres completos ni los cargos que se le imputan a los encausados, si bien informa de la lista de delitos que instruye en este caso y que afecta a las doce personas detenidas.

La relación incluye cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.

La información proporcionada por el TSJ especifica que el jueves pasado, cuando se detuvo al alcalde, se practicaron registros en el Ayuntamiento, la concejalía de Urbanismo, la sociedad municipal del Suelo Industrial y Vivienda (Proinvitosa), y en las dependencias de la Policía Local de Totana.

El lunes, indica la nota, se realizaron registros en domicilios, despachos profesionales y oficinas en Vigo, Madrid y Murcia.

La relación de imputados establece que el sábado 30 de noviembre, la juez estableció para P.J.M.R. libertad provisional bajo fianza de 12.000 euros y obligación de comparecer ante el juzgado, en tanto que para D.C.C. y para A.C.L. libertad provisional sin fianza.

Para cuatro de los seis detenidos que declararon el viernes, J.A.A.N., J.C.A., G.M.N., P.J.M.G., la juez decretó libertad provisional con fianzas que van desde los 24.000 a los 90.000 euros; para uno, J.A.G.C libertad provisional sin fianza; y para el sexto, el empresario gallego M.N.A. prisión provisional eludible bajo fianza de 150.000 euros.

Todos ellos tienen retirado el pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, cuya titular ha decretado el secreto de sumario para el procedimiento.

La juez ha dejado en libertad sin fianza a: José Antonio Carrocera, Pedro Martínez, Alfonso Canales, David Carrión y Juan Francisco Casanova.

Y bajo fianza, Manuel Núñez Arias: 150.000 euros; Pablo José Maceira, entre 30.000 y 120.000 euros; Joaquín Carmona entre 30.000 y 120.000 euros; José Antonio Alcántara, entre 30.000 y 120.000 euros. Gabriel Martínez, entre 30.000 y 120.000 euros. Carmen Jordán y Vaneide Freita, entre 30.000 y 120.000 euros. Y Laura Bastida fianza de 20.000 euros.

También se ha sabido que el abogado y militante del PP, Javier Cegarra, es actualmente asesor urbanístico, al menos, en los ayuntamientos de Abanilla, Fortuna, Lorquí, Santomera y Totana, todos ellos gobernados por el PP.

Este partido, y su presidente, Ramón Luis Vacárcel, mantienen silencio ante el encarcelamiento de uno de sus alcaldes, a quien ni le piden su dimisión ni tampoco le expulsan de la formación pese a las solicitudes de la Oposición en ese sentido.- (NEM)

Por otra parte, el Grupo Municipal de Izquierda Unida + Los Verdes, ante la entrada en prisión, esta madrugada, del Alcalde de Totana, dictada por la titular del Juzgado número 1, quiere manifestar a la opinión pública lo siguiente:

• 
  
"Pedimos al pueblo de Totana que mantenga la serenidad y bajen los niveles de crispación, que solo harán empeorar la situación ya de por si confusa.

La Institución municipal y el buen nombre de Totana, está muy por encima de políticas, intereses o los mismos concejales y el alcalde, sometidos al imperio de la Ley, tal y como contempla la Constitución española y nuestro ordenamiento jurídico.

Si existe responsabilidad en los escándalos en las que este pueblo, personas concretas, empresas y familias, se encuentra inmerso, es exclusiva responsabilidad de los que, presuntamente, han incurrido en delitos que socialmente deben ser repudiados sin paliativos.

Ante la actuación de la Justicia, Fiscal y la Guardia Civil, no se puede, de una forma irresponsable, querer desviar o inventar culpas hacía los periodistas y medios gráficos, que cumplen con su trabajo, igual que los partidos de la oposición, cuyo deber es hablar a los ciudadanos y manifestar opiniones.

Ante la situación del Alcalde, José Martínez Andreo, y respetando siempre su presunción de inocencia, debe presentar su dimisión de inmediato, para poder defenderse, sin suponer un lastre para el Ayuntamiento de Totana, su partido o los miles de vecinos que depositaron su confianza en el Partido Popular, el pasado 27 de mayo.

La situación jurídica de la secretaria, Laura Bastida, para la que se decretó prisión, atenuada con fianza, es insostenible como funcionaria máxima en la Institución que representa a los totaneros y totaneras. Un cargo de ese nivel, acusada de presunta falsedad en documento público y falso testimonio, debe cesar de inmediato en sus funciones, por el buen nombre de los funcionarios y la Institución.

Solicitamos que el Jefe de la Policía Local, sea relevado de su puesto, en tanto no se sustancia su presunta responsabilidad ante los tribunales de Justicia.

Solicitamos a los miembros del Equipo de Gobierno, que estén a la altura y colaboren con la Justicia, sin cuestionar las decisiones emanadas de la misma, en un Estado democrático y de Derecho.

Exigimos al Partido Popular en la Región, que adopte medidas urgentes, porque el buen nombre de Totana, no puede ser moneda de cambio en luchas o enrocamientos que alargan una agonía jurídica que nos perjudica seriamente.

Exigimos al Diputado del PP, Juan Morales, que deje de manifestar la cobardía e irresponsabilidad, salga de la “gatera” que ha convertido un puesto que los ciudadanos le dieron para defender su cargo con honestidad, presente su dimisión y se dirija a los tribunales de justicia, para ser tratado como cualquier ciudadano en una Estado de Derecho. Debe, hoy mismo, hacer un favor al pueblo y la región que tanto dice querer, cerrando su triste y patética carrera política".

El edil de Urbanismo de Totana dirigirá el Ayuntamiento

El concejal de Urbanismo de Totana y primer teniente de alcalde, Juan Carrión, ha asumido la dirección de la corporación municipal, después de que la titular el Juzgado número uno de esta localidad decretase prisión provisional sin fianza para el alcalde, José Martínez Andreo, del PP, cuyo abogado, José Antonio Ramos, ya prepara un recurso contra el auto judicial.

Según informaron fuentes del ayuntamiento de Totana, la corporación municipal se encuentra reunida en la sede consistorial desde primera hora de la mañana estudiando la situación derivada de la 'operación Tótem', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en esta localidad.

Añadieron que, "por protocolo de funcionamiento", Juan Carrión, como primer teniente de alcalde de Totana, sustituye ahora al regidor municipal, aunque la corporación está decidiendo el futuro del Ayuntamiento.

Martínez Andreo presentó esta tarde, lunes, solicitud de baja cautelar en el PP, mientras también se ha sabido que el oficial jefe de la Policía Local de Totana, Alfonso Canales, según la Cadena SER, es investigado por presunto robo de documentación judicial relacionada con casos de corrupción urbanística hallada en su caja fuerte y por presunta falsificación de documento público.- (Agencias)

El pintor lorquino Muñoz Barberán cuelga para siempre los mejores pinceles murcianos del XX

LORCA.- Los restos mortales del artesano lorquino, Manuel Muñoz Barberán, sin duda el mejor pintor murciano del siglo XX, fallecido este fin de semana en su casa de Murcia a los 86 años, descansan ya en el cementerio de San Clemente tras un responso en la colegiata de San Patricio y una misa en el tanatorio murciano de Jesús al que, igualmente, acudieron a despedirlo numerosos amigos junto a sus nueve hijos y su esposa. El alzéhimer y un cáncer de próstata lo tenían postrado y ausente desde hace más de tres años, según la familia. La lápida que indica su enterramiento tiene la singularidad de que fue pintada hace años por él mismo.

Con una significativa presencia de la sociedad civil murciana, a despedirlo concurrieron, además de algunos políticos oportunistas, los pintores Molina Sánchez y Ángel Hernansáez, y los catedráticos de la Universidad de Murcia, Gerardo Landrove y Juan Torres Fontes, éste último en su calidad de presidente de la Academia Alfonso X el Sabio.

Con una proyección puramente regional, Muñoz Barberán fue nuestro "pintor de cámara" en las décadas de los 60, los 70 y los 80, y al igual que el imaginero Salzillo, nunca quiso salir de su tierra, cuyos colores entendía y plasmaba como ningún otro pintor murciano de su tiempo. Era, sin duda, el número uno de su generación y así lo atestigua una vasta y prolífica obra diseminada por toda nuestra geografía donde, en numerosos hogares ilustrados y pudientes cuelga, al menos, un "muñozbarberán" como símbolo de murcianía. El artesano lorquino comenzó a cotizarse con enorme fuerza conforme consolidaba su estilo y unas relaciones de altura que le servían de promoción para sus numerosas exposiciones locales.

Ha realizado 54 individuales de pintura, y entre sus obras destacan ‘La puerta del contraste de la seda’, ‘La plaza de Santo Domingo’ o ‘El mercado de Santo Domingo’. Muñoz Barberán , que fue nombrado cronista de la ciudad de Murcia en 1968, era descrito por amigos y críticos como un gran pintor que ha sabido reflejar como pocos el azul intenso del cielo murciano.

De formación puramente autodidacta, Muñoz Barberán fue adquiriendo sus conocimientos a lo largo de toda una vida de análisis de los grandes maestros del arte ya que, aunque fijó su residencia en Murcia, fueron frecuentes en una época los viajes que realizó a Madrid. Sus años de juventud estuvieron marcados por el clasicismo de la época y su relación con la nueva generación de artista murcianos relacionados con la Generación del 27.

Durante esta época, ganaba dinero realizando algunos retratos y comenzó a aceptar encargos sobre temas religiosos. Comienza entonces un período de viajes por las principales capitales de nuestro país, donde visita las principales salas de exposiciones y admira las obras de Fortuny, Goya y Velázquez.

Muñoz Barberán (Lorca, 1921) recibió a lo largo de su vida premios como la Tercera Medalla del Salón de Otoño de Madrid; "Paisaje Madrileño" del ayuntamiento de Madrid; Palma de Plata de la Bienal de la C.A.S.E., de Elche; Premio Nacional Villacis, de la Diputación Provincial de Murcia, Laurel de Murcia de la Asociación de la Prensa en 1967, Premio Chys y Premio del ayuntamiento de Madrid en la Exposición Nacional de Bellas Artes, entre otros.. Era hijo predilecto de Lorca, que le concedió su Medalla de Oro.

En 1968 fue nombrado académico de número de la Academia Alfonso X el Sabio de Murcia; en 1977, director del Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, y en el 2000 académico de número y fundador de la Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de la Arrixaca. Diseñó la bandera de Lorca y ejerció de director artístico del Paso Blanco.

Miembro de la generación de pintores murcianos de la posguerra, Muñoz Barberán se forma de manera autodidacta aunque asiste a clases en la Academia Municipal de Dibujo y profundiza en sus conocimientos a través del estudio de los grandes pintores del Museo del Prado y del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Conoce y admira a Ramón Gaya y Bonafé y mantiene relaciones de amistad con otros artistas de su tierra natal. Combina la creación y la búsqueda histórica, a la que ha contribuido con varias publicaciones. Su obra es extensa: desde murales de gran tamaño y temática religiosa a cuadros costumbristas, pasando por la realización de carteles para fiestas populares. En todos ellos encontramos la luz y el color tan característicos de su estilo posimpresionista, que lo caracteriza y define hasta encumbrarlo a la consideración de mejor pintor murciano del siglo XX.

La infancia de Manuel Muñoz Barberán estuvo marcada por la temprana muerte de su padre, Alejandro Muñoz Furió. Asiste a clases en la Academia Municipal de Dibujo que dirigía Francisco Cayuela, aunque es expulsado por falta de disciplina. Los ruegos de su madre, Bibiana Barberán, para que fuera admitido, le permitieron continuar sus estudios. Durante esos años pudo observar a otros alumnos: Marcos Cayuela, Joaquín Ruiz o Enrique Espín.

En la década de los 30 se traslada a Garrucha, allí se relaciona con personas que le ayudarán a desarrollar sus inclinaciones artísticas. Además durante esos años llegó el Museo Ambulante de las Misiones Pedagógicas, donde descubre a Ramón Gaya, Juan Bonafé y Eduardo Vicente.

Al inicio de la Guerra Civil Muñoz Barberán regresa con su familia a Lorca, y comienza a trabajar en el taller fotográfico de Juan Navarro Morata. Aunque solicitó una beca a la Diputación Provincial no se la concedieron por faltarle el certificado de prisiones.

En 1939 conoce a Joaquín Espín y desde ese momento la amistad les unió. De él recibió muchos libros de arte, además de consejos. En los años 40 se traslada a Cehegín. Allí realizó la restauración de la Iglesia de la Magdalena. Luego comienza un período de viajes por Zaragoza, Barcelona y Madrid, donde realiza visitas a las principales salas de exposiciones y museos.

En 1942 el párroco de San Antolín, de Murcia, solicita los servicios de Manuel Muñoz Barberán para decorar la capilla de la Comunión. Ese mismo año le otorgan el tercer premio en la Exposición Regional de Cieza con el cuadro “ Calle de Cehegín”.

Aunque fija su residencia en Murcia son relativamente frecuentes sus viajes a Madrid, que aprovecha para completar sus conceptos acudiendo al Círculo de Bellas Artes y realizando copias de los cuadros expuestos el Museo del Prado.

En Murcia comienza a tener relaciones con artistas de todos los campos: escultores como José Planes y Juan González Moreno; algunos de los pintores más relevantes del momento: Molina Sánchez, Hernández Carpe, Medina Bardón, Almela Costa, Mariano Ballester o Luis Garay; y también con escritores y profesores de la Universidad: Cano Pato, Fernández-Delgado, Marín-Baldo, Alemán Sainz, Torres Fontes o Antonio de Hoyos.

Muñoz Barberán fue el encargado de restaurar las pinturas de la iglesia del Rosario y de diseñar las pinturas de la Capilla de Fátima, en Espinardo.

Su relación con el decorador y galerista Manuel Fernández-Delgado Maroto, le llevó a conocer la decoración mural, ya que de él recibió el encargo de hacer un mural para la galería Chys, aunque actualmente no queda nada de él. Son numerosos los encargos de este período: Santo Domingo de Mula, los franciscanos de Cehegín y en Murcia.

En los años 50 Manuel Muñoz Barberán se ha consolidado como uno de los pintores más importantes de la Región.

En 1954 comienza a realizar los murales de la basílica de la Purísima de Yecla, en San Francisco Javier de Los Barreros y en San Dionisio Areopagita de Fuente Álamo, en Albacete. Posteriormente pinta en San Bartolomé, realiza la fachada de San Antolín, decora las iglesias de Ricote y la Asunción de Molina de Segura y la capilla de la Hermandad del Cristo de los Azotes.

Durante estos años Muñoz Barberán también participó en la pintura decorativa que se estaban realizando en buena parte de los edificios murcianos: establecimientos, oficinas y en entidades financieras.

Realizó una amplísima actividad artística: carteles para la Semana Santa, Festival de Folklore del Mediterráneo, numerosos encargos de retratos, bodegones y paisajes e, incluso, ilustra a plumilla artículos de periódico y libros.

Del viaje que realiza por Portugal con Molina Sánchez han quedado algunas anécdotas, como el que atravesara España en sidecar.

Con la llegada de la madurez, realiza de nuevo trabajos de gran envergadura: las decoraciones de los teatros Guerra, de Lorca y Concha Segura, de Yecla. También destaca su obra gráfica y los carteles. Destacan los libros “Murcia, Reino de Frontera. Castillos y Torreones de la Región de Murcia”, “Sobre el autor del Quijote Apócrifo”.