La CAM y Caja Murcia preparan su privatización parcial

El secretario de Estado de Economía, el socialista catalán David Vegara, ha pedido a las cajas de ahorro en el “Foro ABC” que avancen hacia un creciente sometimiento a la disciplina del mercado si quieren afrontar ya compras fuera de España. Considera que una buena fórmula puede ser la emisión de cuotas participativas (títulos similares a las acciones pero sin derechos políticos) sin aludir a la histórica reacción en contra de los sectores sociales interesados en función de la naturaleza benéfica de estas entidades.

Esta idea encuentra la oposición frontal y el fuerte rechazo de los sindicatos mayoritarios, UGT y CC. OO., pese a ser una de las condiciones impuestas por el Banco de España para dar su visto bueno a esas posibles compras de entidades financieras foráneas. En los casos de la CAM y Caja Murcia (la ilustración es de su oficina conjunta de representación en Londres) los tanteos sobre el particular no han sido todavía satisfactorios, ni para Vicente Sala ni para Carlos Egea, mientras los impositores no han tenido tampoco la oportunidad de manifestarse al respecto en la Asamblea General, pero la idea es ir preparando esa privatización parcial con la mayor discreción posible.

El instrumento propuesto dice Vegara que ayudaría, además, a paliar su déficit de recursos y, tanto la CAM como Caja Murcia, lo ven con buenos ojos de cara a su, más que deseada por los políticos del PP que hoy las controlan, privatización parcial para que se las queden sus amigos. El gran riesgo es, precisamente, el tipo de manos inversoras en las que pueden caer en la práctica ambas entidades tan enraizadas en Alicante y Murcia, y su propósito final encubierto de utilización excluyente, como ya se ha podido apreciar en los arriesgados casos de “Terra Mítica” y “Polaris World”.

El presidente de la Asociación Española de Banca, la patronal bancaria AEB, Miguel Martín, también ha expresado esa conveniencia tal vez pensando en la brecha que se abre para que los grandes bancos españoles terminen siendo los propietarios “de facto” de un buen número de ellas, aunque no parece tan posible en los casos de la CAM y Caja Murcia al estar en el ojo de un capitalismo emergente y más local de ambas provincias. Hasta ahora, las cajas de ahorro utilizan las participaciones preferentes o la deuda subordinada para captar fondos pero que no cotizan en Bolsa.

El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, reconoce que el Banco de España se ha comprometido a flexibilizar su postura respecto a la expansión internacional de nuestras entidades de ahorro a cambio de que las cajas se auto impongan unos controles excepcionales, lo que, a su juicio,”se puede conseguir a través de diferentes fórmulas como crear una sociedad para controlar la operación bancaria en esos países o con la emisión de cuotas participativas'.

Sólo La Caixa ha anunciado ya que va a constituir ese “holding” con buena parte de su cartera industrial para sacarlo a Bolsa. Pero Caja Madrid, Caixa Galicia, la CAM y Caja Murcia, estudian mejor la posibilidad de lanzar las controvertidas cuotas participativas para su eventual expansión en la Unión Europea e, incluso, América Latina. Tanto la CAM como Caja Murcia tienen ya en Londres (primer centro financiero mundial), en la sede de la CECA, oficinas de representación, dicen que para vender hipotecas. Comparten espacio con La Caixa, Unicaja y Caixa Galicia, a un paso de Picadilly Circus aunque no en la “City” como es el caso del BSCH.

Según Juan Ramón Quintás, “las alternativas que hay ahora para obtener financiación son menos costosas. Sin embargo, el campo de actuación en preferentes y subordinadas es, cada vez, menor por sus límites. Puede que haya cajas de ahorro que tengan que optar, entre seguir creciendo y emitir cuotas, o congelar su crecimiento. Su regulación ha sido algo ortopédico y la caja que las emita tendrá un costo político fuerte por la presión sindical”. (NEM).

Los bancos restringen crédito para comprar suelo

La futura ley nacional del Suelo, actualmente en tramitación por el Congreso de los Diputados, ya hace notar sus efectos benéficos en las provincias del sureste peninsular a la hora de conseguir créditos para comprar terrenos en los que edificar posteriormente. Las entidades bancarias de Alicante, Almería y Murcia, al menos, han elevado el nivel cualitativo de exigencia y garantías de los créditos hipotecarios denominados "préstamos a promotor" para luego edificar viviendas.

Con esta nueva legislación, que entrará en vigor a comienzos de 2007, la valoración de cualquier suelo a la hora de tasarlo tendrá que ver mucho menos que hasta ahora con su expectativa urbanizadora que con su valor de calificación real en el momento de su adquisición como rústico.

Ante ese horizonte tan cercano, las entidades bancarias toman ya sus precauciones frente a la inseguridad de que ahora cualquier terreno rústico no termine siendo finalmente expropiado o no se recalifique nunca como urbanizable. La nueva ley estatal abarata considerablemente, incluso, los procesos para que las administraciones públicas se puedan hacer con cualquier terreno.

Esa ley ya tiene previsto que cualquier plan urbanístico reserve un 25% de su suelo para construir VPO y así contrarrestar el encarecimiento experimentado por la vivienda nueva, de hasta un 150%, entre 1998-2005, y un aumento del 500% del precio del suelo susceptible de ser urbanizado.

La nueva situación hace tremendamente difícil que ahora se lleve a cabo la AIR (Actuación de Interés Regional) de la Marina de Cope, en Águilas, la explosión urbanística de Mazarrón o sur del Mar Menor (con fuerte presencia de promotoras y constructoras alicantinas) y se demuestra lo innecesario de la nueva autopista de peaje Cartagena-Vera ante el parón a la especulación urbanística en todo el litoral meridional de la Región de Murcia y el levante almeriense, con el riesgo de ruina para su concesionaria, "Autopistas del Sureste", al menos que consiga cambiar las condiciones de su actual contrato con el Estado hacia la fórmula más ventajosa del "peaje en sombra", hasta para el tramo en servicio Crevillente-Cartagena. (NEM)

Blog para denunciar presuntas irregularidades

Ante las noticias de actuaciones inminentes de la Policía Judicial en la Región de Murcia, dentro de la lucha contra la corrupción pública emprendida por la Fiscalía en defensa del interés de la sociedad, este blog se abre a partir de este momento a las intervenciones de sus lectores para la denuncia de indicios racionales de delito y presuntas irregularidades de todo tipo cometidas por la clase dirigente regional y que todavía permanecen ocultas para la mayoría de los murcianos de bien.

Desde aquí pedimos la colaboración de la ciudadanía responsable para ayudar a los fiscales anticorrupción, y a los de delitos urbanísticos y medioambientales, a una labor más completa de saneamiento y regeneración de nuestra vida pública, sin caer en la caza de brujas, en la contienda política, ni en las venganzas personales. Es una manera como otra de asistir al poder judicial democrático para que pueda ejercer mejor su función de tercer pilar del Estado de Derecho en un momento de emergencia de la vida regional murciana.

Si nuestra contribución a esa causa es seria, las fuerzas policiales podrán añadir eficacia a su proverbial eficiencia más que demostrada en otras ocasiones. La aparición entre nosotros de mafias locales y de nuevos delitos de blanqueo de capitales, de más que dudosa procedencia, dentro de una nueva delincuencia de "cuello blanco", obliga a mejorar los canales de información de inteligencia como la mejor herramienta para conseguir los objetivos propuestos para que esta región no quede arruinada y en manos de indeseables.

(El actual administrador del blog se reserva el derecho de no publicar aquellas intervenciones que puedan obstaculizar investigaciones ya en marcha y las que resulten redundantes por ya conocidas).

murciaconfidencial@gmail.com

La conjura de Inmaculada

La consejera de Economía y Hacienda, la inspectora fiscal aguileña Inmaculada García Martínez, se postula en la sombra como alternativa al actual presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, si este tuviese que abandonar “de súbito” su actual cargo, renunciar a presentarse a la reelección por consejo de las circunstancias por venir o a indicación determinante de Génova 13 si las cosas se complican por actuaciones policiales y/o judiciales en su entorno más próximo.

La joven alta funcionaria del Ministerio de Hacienda, casada con el hijo de un rico terrateniente de Águilas miembro de “Proexport”, habría conseguido reunir para sus pretensiones el apoyo empresarial de las dos grandes patronales agrícolas regionales y de importantes empresarios de la Región de Murcia (arriba en la foto, con Diego Illán, presidente de la COEC cartagenera) a espaldas del propio Valcárcel aprovechando sus horas bajas, y las del ex consejero y ex delegado del Gobierno, su vecino y promotor Francisco Marqués, hoy enredado en la crisis de “Hefame” y con probable riesgo de ser imputado por la Fiscalía del TSJ en el caso de “La Zerrichera” junto al sospechoso consejero Bascuñana.

El presidente Valcárcel tendría información de primera mano sobre el proceso y tiempos de la conjura de su consejera a través del controvertido director regional de la Función Pública, Ventura Martínez, profesor de Secundaria hasta 1996 y dirigente regional del sindicato CSIF. Diversas fuentes de la Comunidad Autónoma le señalan como un rasputín que pudiera haber “pinchado” teléfonos clave de los principales cargos del gobierno autónomo para tener así asegurada su continuidad en función de la valiosa información que posee y no comparte del todo ni con su almohada.

Ventura, uno de los brazos armados de Valcárcel junto a Ruiz Vivo, sería actualmente uno de los altos cargos autonómicos con peor imagen interna en la Comunidad Autónoma y uno de los cinco confidentes más relevantes del presidente a partir de su labor de vigilancia sobre su propia consejera y el equipo que la rodea y la secunda en sus ambiciosas pretensiones políticas. No se explica su continuidad, después de los escándalos de presunta corrupción que han rodeado a Ventura durante su actual mandato, como no sea por decisión del propio presidente, con el que tiene hilo directo para tenerle al día de la marcha de su administración.

Inmaculada García ya habría prometido a importantes especuladores de la Región una política favorable a sus intereses de ganar ella las próximas elecciones autonómicas como candidata propuesta desde Murcia a Mariano Rajoy al objeto de conjurar la “hipótesis Trillo”. El movimiento de la consejera se explica por la definitiva ruina del crédito político de Valcárcel ante ese mundo del dinero al no haber sabido defender sus intereses hasta el final tras solicitarle él mismo su “contribución a la causa”…del PPRM.

La consejera tendría también el ánimo y apoyo real del todavía director general de “Caja Murcia”, Carlos Egea, muy cuestionado ya desde dentro de la entidad, donde ahora se mira al actual joven subdirector general, el economista Joaquín Canovas, de Los Alcázares, como su relevo natural de optar aquel por su jubilación el próximo 14 de febrero de 2007. Las relaciones personales entre ambos atravesarían ahora cierta crisis por la opinión de Canovas sobre los difíciles momentos que atraviesa la Caja ante el empecinamiento de Egea de apostar por “Polaris World”, hasta el punto de otorgarle el mayor crédito en la historia de España sin las garantías suficientes de devolución. Canovas estaría bien visto por el Banco de España, el Ministerio de Economía y el propio PSRM de declararse una urgencia emergente que obligase a la dimisión de Egea antes de la eventual fecha de su retirada.

Sin embargo, las promesas de la aspirante al palacio de San Esteban chocarían de frente con el reciente apoyo del Gobierno central a los grupos ecologistas para que no se construya ni un metro más en zonas de costa virgen de toda España, lo que deja sin la más mínima expectativa los planes y proyectos ahora en espera de saber si el PP conserva o no el gobierno de la Región de Murcia después de los comicios de mayo de 2007. La certeza de que con Valcárcel se pierde seguro ha hecho girar la mirada hacia la consejera de Economía y Hacienda y eso explicaría también su resistencia a ser nominada por el PP como nueva candidata a la alcaldía de Águilas en sustitución del gastado y muy cuestionado hoy alcalde, Juan Ramírez Soto.

Inmaculada García contaría, entre otros, con el apoyo del especulador Trinitario Casanova Abadía, editor de “El Faro”, y autor de la frase en la que calificó públicamente a Valcárcel como “débil y cobarde”. Este ex presidente del Águilas F.C. y cabeza del grupo inversor “Hispania”, estaría detrás del movimiento de sustitución financiando el relevo de uno por otra. El presidente de la Comunidad Autónoma podría decidir el cese de Inmaculada García después de Navidad si le queda fuerza política para ello y, pese haber mantenido para rechazar la dimisión presentada por Fernando Cierva, que su actual gobierno es para llegar sin cambios hasta las elecciones autonómicas.

Dentro del actual gobierno autónomo, Inmaculada García contaría con muy pocos apoyos para aspirar a la presidencia en sustitución de un Valcárcel, cada vez, más aislado por los fuertes rumores sobre las actividades heterodoxas de su brazo derecho, Antonio Sánchez Carrillo, y los negocios de su hermano Carlos, se supone que a la sombra del poder de Ramón Luis. Lo que pudiera suceder en las próximas semanas por parte de la Fiscalía del TSJ y de la Audiencia Nacional marcaría el rumbo a tomar por los acontecimientos políticos de altura y contribuirá a despejar muchas incógnitas.

Roto el pacto de silencio

Las presiones del PP sobre el alcalde de San Javier, José Hernández, han desatado una verdadera tormenta en el seno del partido, que amenaza con afectar definitivamente al clan íntimo de Ramón Luis Valcárcel, hasta el extremo de estar preparándose una eventual sucesión con la actual consejera de Hacienda, la aguileña Inmaculada García, como candidata a San Esteban auspiciada desde algún despacho de la planta noble de "Cajamurcia". Su otra alternativa es optar por el PP a la alcaldía de Águilas, inducida también por determinados importantes despachos de Madrid y Murcia con grandes intereses urbanísticos, institucionales y personales, en ese codiciado término municipal. Parece queda descartado así como el "delfín", el actual, por demasiado joven e inexperto, alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez.

El citado alcalde marmenorense y aparejador de profesión, cabeza visible de un sector crítico del PPRM, al que también pertenecen Fayrén y Marqués entre otros muchos destacados militantes, se ha entrevistado hace tan solo horas en su despacho oficial con el secretario regional y alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, para decirle que a él sólo le abre una investigación la autoridad judicial, ante su anuncio público de hacerlo desde el partido por las denuncias del PSRM-PSOE presentadas en la Fiscalía. Un alto funcionario de Génova 13 se habría desplazado el martes hasta Murcia para obligar a esa investigación rápida y a tomar medidas orgánicas a continuación.

Es casi seguro que Hernández no volverá a ser candidato del PP en las elecciones municipales de 2007 a la alcaldía de San Javier (que comporta igualmente serlo de Santiago de la Ribera, arriba en la ilustración, y de gran parte de La Manga) pero parece habría advertido también a Cámara de llevarse por delante a otros destacados políticos de su partido al entender que todo esto es una maniobra de San Esteban para distraer la atención sobre los negocios inmobiliarios de Carlos Valcárcel, hermano del Presidente, y de su hombre de confianza, Antonio Sánchez Carrillo, negados primero y luego "desconocidos" para el lider del PPRM, según declaró de urgencia e improvisadamente Ramón Luis un viernes por la noche desde su propio despacho oficial tras un viaje fuera de la Región. Hernández no parece andar con bromas ni tampoco ir de farol en este caso. "Si Carrillo sigue, yo también", dicen que le dijo.

También le habría advertido Hernández a Cámara del riesgo de manipular la caja de los truenos y que, al final, para defenderse se le obligue a atacar con querellas contra todo lo que se mueva en su contra y del grupo popular del consistorio de San Javier. Cámara también habría sido reprobado por Hernández en esta reunión por su actuación política personal en el tema de "Nueva Condomina" y acusado de no haber aplicado la misma vara de medir a su concejal impune, Antonio Sánchez Carrillo, investigado de nuevo ahora por la venta a muy buen precio (¿siete millones de pesetas?) de una casa a Ruiz Vivo en primera línea de playa, que al alcalde de San Javier, ya de antes promotor inmobiliario en la comarca. (Como acaba de decir en Alicante el ex fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, la corrupción está aflorando ahora al haber quedado roto el anterior pacto de silencio entre los corruptos).

El presidente Valcárcel se mueve ahora presionado por Génova 13 y ante los fuertes rumores que hablan de que el próximo lunes podrían comenzar, por fín en la Región de Murcia, unas detenciones que, eventualmente, podrían afectar a altos cargos políticos tras la visita a Madrid estos días del fiscal-jefe del TSJ, Manuel López Bernal, al fiscal general del Estado y al fiscal Anticorrupción, seguida de la que ha hecho al Ministerio del Interior el Delegado del Gobierno, Ángel Gonzalez. (Sin embargo, el fiscal Anticorrupción de nuestro TSJ, José María Alcázar, iría mucho más lento de lo previsto, en sus investigaciones, y no estaría actuando de oficio ante lo que se publica a diario en los periódicos independientes, a menos que se le indique expresamente desde Madrid).

Suenan con fuerza estos días para tener ya problemas inmediatos con la Justicia, los nombres de los alcaldes de Torre Pacheco, Mazarrón y Águilas, el de Sánchez Carrillo, el del murciano concejal Berberena, el de Domingo Valera y el del consejero Bascuñana, entre los primeros encartados en lo que ahora parece se llama "Operación Santa Lucía". Junto a ellos podrían estar para declarar ante el juez los arquitectos municipales de Murcia, Mazarrón y Los Alcázares, aunque no se descartan sorpresas con nombres de corruptores, que no se han llegado a manejar todavía públicamente, y los de los ex alcaldes socialistas de Lorca y Los Alcázares.

De Nápoles a Murcia

El litoral de Denia hasta Mojácar es uno de los objetivos estratégicos de la mafia napolitana para blanquear su dinero de procedencia ilícita, casi exclusivamente en el sector inmobiliario, según se ha puesto de manifiesto estos días en el seminario organizado en Alicante por la Fiscalía General del Estado.

La fiscal de Nápoles especializada en la Mafia, Roberta Simeone, ha confirmado esta actividad de blanqueo en Alicante, Murcia y Almería, por ser más fácil esconder ese dinero ilícito en la Construcción y ser muy conscientes de ello las bandas criminales organizadas del sur de Italia.

El sector inmobiliario de la zona está pues bajo sospecha y es intensamente investigado actualmente por la Guardia Civil junto a entidades de crédito igualmente sospechosas de cooperación necesaria para delinquir. “Las facilidades dadas aquí a ese blanqueo atrae a las bandas criminales organizadas”, según Simeone.

“Ustedes están menos acostumbrados que nosotros a detectar ese dinero ilícito y por eso la mafia de Nápoles (arriba en la ilustración, con el Vesubio al fondo) se ha venido hasta aquí al encontrar menos controles”, dice Simeone.

Por su parte el fiscal de Marsella experto en crimen organizado, Patricio Ollivier, asevera que “donde hay dinero existen organizaciones criminales” tras matizar que estamos blanqueando aquí dinero ilícito de toda Europa.

Ambos fiscales, italiano y francés, están asesorando ahora a nuestra Fiscalía y Policía Judicial en estas cuestiones por lo que puedan afectar a donde se acumula riqueza inmobiliaria en Alicante, Murcia y Almería.

El narcotráfico es la gran actividad de estas bandas, ahora asentadas entre nosotros, como lugar intermedio de ese narcotráfico entre África y Europa, para su mejor control. Otra razón es esconderse en un lugar menos controlado policialmente para gestionar el negocio de la droga entre Sudamérica, Italia, Francia y España.

Ambos fiscales especializados recomiendan a las autoridades policiales y fiscales españolas participar de un servicio de inteligencia compartido y de su base de datos, entre España, Italia y Francia, para un mejor conocimiento de estas bandas mafiosas, sus componentes y actividades criminales.

Finalmente aconsejan a España más represión, penas más duras, confiscación de bienes e intervención de la sociedad civil en contra. (NEM).

Caza mayor

Francisco Poveda. El Minarete.

Los ciudadanos que esperan, hasta desesperar, sobre la decisiva actuación de la Justicia, en lo que se presume sobre numerosos casos de corrupción política en la Región de Murcia, tienen motivos para la esperanza democrática tras ver que este tema no se acaba en Marbella y que la intención de la Fiscalía General del Estado es limpiar de delincuentes ocasionales de “cuello blanco” los aledaños de cualquier poder abusón, ocasional, caciquil o mafioso. Eso ha sido lo sucedido en Baleares y la escalada policial, sin precedentes históricos, que se espera en las próximas semanas en Murcia y Valencia.

El líder nacional del PP, Mariano Rajoy, ha dado pública y reiteradamente “luz verde” a esa limpieza en sus filas, y se ha distanciado políticamente de los “barones” de su partido, eventualmente susceptibles de quedar salpicados de cerca por la corrupción política de origen urbanístico. Que se cumpla la ley en todos los casos es lo que ha pedido, aún a sabiendas de que algunos de sus proclamados candidatos pueden ser todavía encartados. (En menudo lío va a meter Valcárcel a Camps recomendándole a Patricio Valverde para que las Cortes Valencianas lo propongan como consejero de la CAM, después de, al parecer, comentar en privado que lo sacó de su gobierno por codicioso con el dinero).

Ese parece ser el caso de Ramón Luis Valcárcel, su amigo Jaime Matas y, por otras muchas cosas (¿facturas falsas en “Terra Mítica”?), del ex presidente de la Generalidad Valenciana, el cartagenero Eduardo Zaplana, fundamentalmente. Existe la convicción de que ha existido permisividad, facilidades, tratos de favor, aplicación laxa y nada escrupulosa de la legislación y, en ocasiones, puede que hasta dádivas o dinero negro de por medio. En Génova 13 dicen no saber nada de unas supuestas utilidades, que no han entrado en su caja. Algunos ilustres recaudadores del PP parecen ser, sencillamente, unos ladrones que roban a su propio partido.

En el caso de nuestro presidente regional se sabe, donde se debe saber, que la investigación se centra más en presunto tráfico de influencias al aparecer destacado su hermano Carlos en medio de algunos grandes, significativos y polémicos “pelotazos” urbanísticos, y su cuñado, José Miguel Monje, en una muy forzada operación política desde San Esteban para hacerse, finalmente, con la presidencia de la Federación Murciana de Fútbol y asignarse luego una muy sustanciosa remuneración más dietas. Por cierto, ¿ha firmado este aguileño algo que no debía por presión de su entorno?

Por ahí van los tiros al margen de averiguar todos los pasos del muy sospechoso concejal Sánchez Carrillo, socio histórico del letrado Valcárcel en legítimos negocios de construcción. “Caza mayor que requiere de armas idóneas y de precisión en el tiro”, se comenta en Fiscalía. De lo que ya no se alberga ninguna duda es de que en este caso la estrategia pasa por quitar primero la cabeza del grano y no comenzar rebajando el “hinchazón” a base de hacer protagonistas a unos alcaldes, que actuaban así animados desde Murcia por personas de una demostrada suprema confianza del jefe.

En ese supuesto escenario ha trascendido la extraña visita, hace unos días, del delegado del Gobierno, Ángel González, al ahora muy observado director general de “Caja Murcia”, Carlos Egea, en su propio despacho y otra, en igual sentido, al todavía vicepresidente (recién ejecutado políticamente por Valcárcel, al no prestarse desde la entidad al juego de sus intereses y los de su clan y, a la vez, peder fuerza el “padrino” que tenía en las alturas, Carlos Aragonés) de la CAM, Javier Guillamón, según diversas fuentes en relación a una investigación en marcha sobre presunto blanqueo de capitales.

Como un delito lleva a otros, todo induce a pensar que estamos en la última fase de largas investigaciones conexas a punto de ser cerradas y comunicadas al juez competente. No es nada normal que autoridad gubernativa semejante se traslade en su vehículo oficial a una entidad de ahorro (en la ilustración, la oficina conjunta de representación de la CAM y "Caja Murcia" en Londres) aunque fuese a solicitar un crédito para cualquier inversión estatal urgente en la Región fuera del presupuesto. Lo habitual es que ambos ejecutivos financieros hubiesen sido llamados a su presencia sin más.

Pero, tal vez, lo grave del caso por los presuntos implicados requería urgencia y propósito de trascendencia. Si bien Ángel González, como buen catedrático de Psicología de la Universidad de Murcia, no ha hecho para nada alharaca de esa intencionalidad, no es menos cierto que no se ha sentido contrariado al saberlo en conocimiento de determinados periodistas independientes. Se tiene la certeza de blanqueo a través de teóricos créditos concedidos a determinadas personas en el centro de las investigaciones.

Porque el delito fiscal, con blanqueo o evasión de capital a paraísos “ad hoc”, es el último casi necesario de toda una serie anterior, es también por lo que la Fiscalía ha centrado ahí las investigaciones de los especialistas en Vigilancia Aduanera de la Guardia Civil. Se pretende en destino bloquear plazos fijos y cuentas remuneradas fiscalmente muy opacas, descubrir y desmantelar estructuras fiduciarias utilizadas para canalizar fondos de origen sospechoso y desentrañar la operativa de determinadas empresas detectadas dentro de un complejo circuito de tramas para ocultar dinero.

Las pesquisas han llevado ya hasta conocidos despachos profesionales que encauzan inversiones de dinero negro hacia el ladrillo en nuestro litoral, domicilios particulares, entidades de crédito, ciertas notarías y redes empresariales muy sospechosas de intentar defraudar a Hacienda. Las averiguaciones cuestan porque se han desactivado los controles legales-administrativos, porque se presiona a los funcionarios para que avalen con su firma actuaciones dudosas y porque se compra con publicidad cuotas de libertad de algunos medios de comunicación. Se ha verificado la corrupción organizada de varias instituciones al poner sus recursos públicos al servicio de los intereses especulativos, hasta conculcar la propia Constitución.

Entre nosotros, la Construcción es un negocio sin merma de comisión por blanqueo, rápido y de beneficios descomunales. Se ha averiguado que determinadas sociedades murcianas de cierto perfil público, y manejadas con testaferros interpuestos, pertenecen en realidad y son propiedad última de varios capos murcianos muy relevantes socialmente. Nos vamos a llevar muchas sorpresas con un financiero que, en la sombra, mueve a nuevos magnates, ahora terratenientes que se han apoderado de la política regional y municipal sin pasar personalmente por las urnas. No es casualidad la proliferación de tantas promotoras inmobiliarias en nuestra región.

Como las mafias infectan la Administración, un alto cargo de Hacienda en la Región de Murcia pudiera estar siendo investigado internamente, también por su supuesta pasividad ante cierta trama de corrupción y blanqueo de dinero en una importante comarca. Resulta más que paradójico cuando la Fiscalía se está sirviendo en sus actuaciones del apoyo de inspectores de la AEAT aparte de con interventores del Estado, expertos contables oficiales, técnicos de Urbanismo, Fomento y Vivienda, grupos de Inteligencia del Ministerio del Interior, unidades especializadas de Policía Judicial y de la cooperación internacional para tratar de arruinar a todos esos capos locales.

Especialistas de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil han estimado en 10.000 millones de euros en dinero negro el botín de la corrupción urbanística en la Región de Murcia. Su actuación primordial es, ahora, aviso a navegantes sin armador, el análisis e investigación de patrimonios personales cuando un nuevo ciclo de crimen organizado ha terminado por asomar en la política murciana por ausencia de un verdadero control social de las instituciones. Un comandante se va encargar de vincular las nuevas posesiones al fruto de una supuesta actividad delictiva.

Las denuncias sobre casos de corrupción urbanística, centradas sobre Madrid, Málaga y Murcia (¿qué pasa con Alicante, Valencia, Almería, Cádiz, Huelva, Granada, Tenerife, Las Palmas, Castellón o Baleares?), han demostrado la proliferación de mafias del ladrillo en unas sociedades teóricamente débiles, ricas y de garantías legales, para corromper al poder público. Tenemos imagen percibida de región muy corrupta por encerrar ahora la costa más amenazada de Europa, con el fraude inmobiliario que eso supone al pretender, pese a nuestro déficit hídrico estructural, construir 500.000 nuevas casas en Murcia y Almería. Todo más que sospechoso.

La necesidad de blanquear dinero del narcotráfico, prostitución, juego (atención a esta actividad legal en sede murciana) y venta de armas explica la sin razón de construir incluso por encima de la previsión de la demanda. Los promotores implicados no preguntan nunca por el origen del dinero y son bastantes en esta región quienes se financian de espaldas a la legalidad. Esa es una, entre otras razones, para que el Estado intente sin más dilación poner coto legal al frenesí del cemento y que la expectativa de cárcel frene en seco más desmanes. Hasta ahora el “pelotazo” tendía a quedar impune por el compadreo entre promotores y políticos, y el urbanismo a la carta degeneraba porque los convenios han terminado siendo un nido de corrupción administrativa.

Este modelo deliberado de corrupción de “cuello blanco”, casi desapercibida hasta ahora en el negocio urbanístico, toca claramente a su fin entre nosotros en lo que respecta a prevaricación y tráfico de influencias, y depredador del territorio. No parece ya muy fácil sacar adelante actuaciones faraónicas como las que se pretenden en Cabo Cope o sur del Mar Menor. Los terrenos comprados baratos se los tragarán ahora los especuladores al desaparecer la expectativa sobre ellos y volver a su precio real de mercado rústico. Ya se van a perseguir las alteraciones del planeamiento con demoliciones rápidas.

www.vegamediapress.com

SOLUCIONADO EL PROBLEMA TÉCNICO

Después de varios días con problemas técnicos para acceder a este blog con el navegador "Explorer" (no así con "Mozilla" ó "Netscape"), hace 24 horas ha quedado totalmente normalizado el acceso y navegación en MURCIA CONFIDENCIAL, posiblemente perturbado por la introducción de algún virus en el sistema de edición a través de la participación interactiva de quienes nos leen.

Los sospechosos son siempre los mismos: los servicios de Informática de alguna institución pública regional o empresa privada de fundación pública, que no toleran el ejercicio de la constitucional libertad de expresión de la ciudadanía murciana pensando que les perjudica en su actual situación de poder, sólo aparentemente democrático.

El paroxismo alcanzado es tal, que en una conocida entidad de ahorro (como antes en el ayuntamiento de Murcia y en la propia Comunidad Autónoma) se ha cortado el acceso a nuestro blog desde su red de oficinas a través de un filtro en su propio servidor, en lo que parece más bien un juego de niños para que los padres no se den cuenta de lo malo que soy.

Gracias a todos los participantes que han tenido la paciencia de esperar.

El Administrador de http://murciaconfidencial.blogspot.com

La corrupción puede acabar con la democracia

Las leyes españolas hacen compleja y difícil la persecución especializada de los delitos económicos, urbanísticos, medioambientales y contra la ordenación del territorio. Eso explica, entre otras causas, el retraso en las consecuencias de la investigación en marcha por las Fiscalías alicantina y murciana sobre los ilícitos de corrupción, prevaricación y cohecho, asociados todos a otros delitos económicos cometidos por las mafias locales de cuello blanco y foráneas en presencia.

Para el catedrático de Derecho Procesal de la UNED y ex magistrado del Tribunal Constitucional, Vicente Gimeno Sendra, en la Construcción “hay blanqueo de capitales y se genera dinero negro”, según declaraciones de ayer a la prensa de la zona.

El caso es que la justicia penal es lenta, ineficaz y no sirve frente a la nueva delincuencia desatada en Alicante y Murcia. Haría falta que fuese más ágil, y con controles previos, para evitar también todo tipo de ella tras el descuido que se ha tenido con la corrupción en la política local. Habría que tener más que claro que “no se puede permitir que un delincuente ejerza de autoridad local ni tampoco los reinos de taifas de los ayuntamientos”.

Ni la corrupción en la administración local es de ahora ni la urbanística es nueva sino que hace tiempo que existe en estas dos provincias mediterráneas. La gente huele que se dan políticos y técnicos corruptos, que cobran por recalificar terrenos y otorgar licencias en lo que no es sino una pura prevaricación. Pero como, a juicio de Gimeno Sendra, “la corrupción urbanística es un tipo penal con normas en blanco”, se dan pactos de silencio para delitos de difícil prueba y un dinero B cuyo rastro es complicado de seguir.

Un presunto delito desde las administraciones públicas normalmente se remite primero a la colapsada vía contencioso-administrativa por parte de los jueces penales. La corrupción administrativa precisa de la necesidad previa de la existencia de un ilícito administrativo, una contravención de la legislación urbanística. Pero el Derecho Penal y el Administrativo siguen siendo en España dos compartimentos estancos y, aparte del colapso, la vía contenciosa es poco eficaz a la hora de establecer medidas cautelares al no suspender el acto administrativo. Entonces las obras ilegales se consolidan tras un procedimiento que llega a durar hasta diez años.

Pero también la falta de un conocimiento profundo de fiscales y jueces sobre estos temas y de medios para abordarlos, concluyen en que las querellas por prevaricación urbanística o contra la ordenación del territorio suelen no ser admitidas o archivarse las diligencias previas. Los jueces de Murcia y Alicante son independientes pero muy ignorantes. Policía y Guardia Civil de aquí tampoco suelen saber de urbanismo o de delincuencia económica y societaria. Ni existe relación directa e inmediata, o es muy deficiente, entre la Fiscalía y la Policía Judicial. Para más “inri”, y tal como denuncia este catedrático, Anticorrupción no tiene economistas-auditores a su servicio en ambas provincias ni se da coordinación alguna entre los fiscales y los policías de investigación.

“La corrupción puede acabar con el sistema democrático”, alerta el profesor Gimeno desde su casa de Campello (Alicante), si sigue sucediendo lo que sucede. Y es que el urbanismo y la economía están ahora demasiado relacionados en ambas provincias. Proliferan por eso las construcciones ilegales. Pero no se puede permitir a los ayuntamientos, en materia de urbanismo, falta de previsión y planificación de suministro hídrico, eliminación de residuos o déficit de infraestructuras. Los fiscales tienen que controlar que las autoridades sean las primeras en cumplir las leyes vigentes a la vez que urge despolitizar a los jueces. Porque existe garantía de que la Fiscalía no va a prevaricar, ni siquiera en temas de corrupción política.

Si bien los municipios tienen su autonomía consagrada en la Constitución y ésta habla de las competencias exclusivas de supervisión de las Comunidades Autónomas, si permiten, consienten u otorgan licencias urbanísticas en contra de los instrumentos de planeamiento, hay que acudir al Código Penal porque se estaría hablando de prevaricaciones. Aunque la prevaricación, como el cohecho, tiene hoy una pena leve. Lo más aconsejable, a juicio de los especialistas y expertos, sería contar con una jurisdicción de lo contencioso rápida y expedita para evitar que se levanten edificaciones. Un control judicial-administrativo más efectivo evitaría mucho de lo que ahora está ocurriendo.

Descomposición del gobierno Valcárcel

La descomposición del residual gobierno Valcárcel ha comenzado claramente ya como consecuencia de la grave crisis encubierta por la que atraviesa el PP de la Región de Murcia tras el desaire político del Presidente a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, claramente enfrentada ahora con el líder por desautorizarla en el tema de “Lo Poyo”. Muchos potenciales candidatos a alcaldías no están dispuestos a seguir y perder, seguros de que su partido tiene arruinada desde ya la actual mayoría absoluta. Para colmo de males, ayer circuló insistentemente el rumor de que el juez Torres viene a Murcia trasladado desde Marbella.

Las sospechas de corrupción generalizada en algunos ayuntamientos murcianos controlados por Sánchez Carrillo y la certeza de que la Justicia está a punto de actuar entre nosotros, han precipitado las deserciones entre la militancia con las manos más limpias. “Ramón Luis ha perdido ya casi toda su credibilidad interna, externa e intermedia. Su mensaje está más que agotado y, como siempre, no tiene proyecto ni lo va a tener. Volver a ser candidato es temerario y patético por su parte, y cruel por quienes desde aquí no le dejan marcharse. La sede de Génova 13 vería la luz con una digna retirada voluntaria a tiempo”, comentan militantes muy cualificados sin esconderse en el anonimato.

El consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, ha tratado en ese ambiente derrotista de abandonar su cargo en las últimas horas sin que Valcárcel le aceptase su dimisión para entrar a trabajar formalmente (ya lo viene haciendo de manera oficiosa desde hace muchas semanas) como adjunto de su íntimo amigo Pedro García Meroño, principal accionista todavía de “Polaris World”. (Por cierto: se cuenta que una reciente y larga inspección de la Agencia Tributaria ha levantado un acta en esta empresa para que pagase 18 millones de euros en impuestos y que la delegada en Cartagena de la AEAT la ha dejado en 300.000 tras el correspondiente recurso presentado por la que se autoproclama “número 1 en turismo residencial", con el escándalo consiguiente en la AEAT de Murcia).

Militante en Cartagena, Cierva constata la tensión reinante en su agrupación (y de las verdaderas posibilidades de Trillo ahora como preferido de Acebes, Zaplana y Aznar) al ser este velezano hermano de otro registrador de la Propiedad más que amigo de Rajoy. El portavoz sabe de la verdadera situación relativa del Presidente después de la que se avecina la próxima semana a la vuelta de López Bernal de la reunión nacional de fiscales celebrada en Granada. Allí ha podido cambiar impresiones con el fiscal-jefe de Málaga, tan curtido en los últimos meses. Es por eso que Cierva no quiere cargar con el "marrón" de tener que explicar lo inexplicable, incluso tener que mentir cuando salgan a relucir familiares involucrados en sospechas ciertas.

El Presidente tiene el criterio de que nadie abandone el gabinete antes de las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2007 (tras las pérdidas valiosas de Marqués, Valverde, Bernal ó Fayrén) pero la descomposición es ya un hecho, fundamentalmente por la falta de confianza del dinero en la palabra presidencial. Trinitario Casanova ha acabado con él al tacharle de “débil y cobarde” por no asumir su papel de colocado y sostenido en el cargo por quienes quieren hacer de nuestra región un cortijo propio. “Valcárcel se rebela tarde contra su destino y sus valedores no lo quieren si está temeroso. Se ha vuelto muy cobarde, y muy caro, y así ya no le sirve al “ladrillo” más exigente y depredador”, sentencia un dirigente empresarial muy progresista.

Otros consejeros de cierto nivel también han expresado en privado su intención de dejar el cargo, si fuera posible antes de las elecciones, casos de Medina Precioso (para volver a la Universidad) y la inspectora de Hacienda, Inmaculada García (que no tiene claro que le convenga ser candidata a la alcaldía de Águilas pese a la creciente crítica interna del PP local al más que investigado alcalde Juan Ramírez Soto). Parece tener algunas dudas Ruiz Abellán mientras Cerdá dicen que conspira contra los desertores, entre los que no se cuentan tampoco Bascuñana ni Ruiz Vivo. El gobierno regional está dividido, roto y nada funciona desde hace ya demasiados días debido a la provisionalidad instalada por el miedo a los fiscales entre los muros de San Esteban. Aquello, cuentan desde dentro, “es una casa de locos” donde Ruiz Vivo no para de dar órdenes tras órdenes a todos, dice que en nombre del Presidente.

La situación de inseguridad jurídica en que se ha puesto políticamente a la “Kutxa” donostiarra tras sus fuertes inversiones en suelo rústico en los términos de Cartagena y Águilas ha actuado como una caja de resonancia en toda España y las compras para edificar se han desplomado como consecuencia de los zigzagueos de Valcárcel en los temas urbanísticos tras los avisos oficiosos que le ha hecho llegar la Fiscalía y las advertencias emitidas desde Génova 13. Aduciendo mala fe en la venta de “La Zarrichera”, la entidad financiera vasca puede exigir legalmente ahora la devolución de los miles de millones pagados a Trinitario Casanova si no se puede urbanizar finalmente. El alcalde de Águilas también se vería en apuros y muy asustado.

Los grandes empresarios, con su elocuente silencio, son lo que realmente están precipitando una crisis institucional importante a seis meses de la cita con las urnas. El que un emprendedor tan arriesgado como García Meroño esté contribuyendo a desarbolar el gabinete regional, significa la amortización de Valcárcel y que el jurídico de la Armada, que es el portavoz Cierva, trate de desengancharse a toda prisa arguyendo un “gran cansancio”, puede que sea su olfato profesional quien le dicte la mejor conveniencia.

Si a eso le añadimos el “absentismo” real de Gómez Fayrén al frente de la no nata campaña electoral formal, se puede concluir que desde dentro se tiene poca o ninguna confianza en el futuro a corto plazo y en las verdaderas posibilidades electorales de este PP en la Región de Murcia, con un Valcárcel que, como ser humano, infunde pena a casi todos y compasión a muchos al ver como tantos lo dejan ahora tan solo ante el peligro.

Ahora le toca a la Región de Murcia

Los efectos de la llamada “Operación Malaya” no tardarán de sentirse en la Región de Murcia de forma inmediata, según fuentes policiales solventes. Al igual que en Marbella, aquí se dice habrá detenciones preventivas, mucho más sonadas, de políticos, empresarios, altos funcionarios, profesionales, intermediarios y hasta puede que algún que otro financiero muy comprometido, al parecer, con ciertos sospechosos muy relevantes. Miembros del CNI, con base en Cartagena, Valencia, Alicante y Madrid, pueden haber aportado información previa a las investigaciones más complejas.

La Fiscalía del TSJ trabaja a toda marcha gracias a la rapidez y agilidad de las unidades especializadas de la Policía y la Guardia Civil destacadas en Cartagena y Benidorm respectivamente, y otras de Delincuencia Económica llegadas expresamente desde Madrid y Barcelona. Existen claras ramificaciones delictivas murcianas en el sur de la provincia de Alicante y en el levante almeriense, que también han sido objeto de investigación, y un segundo viejo financiero-promotor inmobiliario alicantino, en el punto de mira de los detectives que rastrean algunas pistas muy determinantes.

En medios periodísticos marbellíes, que han seguido este caso, está más que claro que la lucha contra la corrupción urbanística y el consiguiente blanqueo de capitales vivirá muy pronto entre nosotros su segundo gran capítulo a tenor de los movimientos ya percibidos con la Guardia Civil solicitando y analizando papeles en el interior de Ayuntamiento de Cartagena y otras conexiones delictivas descubiertas en su comarca natural. (La alcaldesa no ha llegado todavía, que se sepa, a presentar en el juzgado de guardia denuncia por el acoso policial del que se queja en la Prensa). Los resultados más sorprendentes los arroja la investigación, no obstante, en la capital regional y se esperan las conclusiones más definitivas a la altura de la próxima Navidad.

Tanto la Jefatura Superior de Policía como la Comandancia de la Benemérita participan igualmente en algunas de las pesquisas a las órdenes directas de jueces y fiscales locales. Se han detectado también conexiones con el sur de Italia, Rusia, Florida y República Dominicana, que ya se investigan con ayuda de “Europol” e “Interpol”. Se cree que lo de Marbella es una conspiración para delinquir, comparativamente mucho menor que lo sucedido en la Región de Murcia en los últimos diez años, con las mafias autóctonas, y foráneas de Nápoles, San Petersburgo, Moscú, Miami y Santo Domingo.

Desde hace quince días, la Delegación del Gobierno (arriba en la fotografía) conoce gran parte del operativo puesto en marcha desde instancias judiciales y fiscales de Madrid y Murcia, gracias a una comunicación personal e interna del Ministerio del Interior, que tiene absolutamente movilizado, desde la Secretaría de Estado de Seguridad, al Servicio de Información de la Guardia Civil en toda la costa desde San Javier a Águilas pasando por Los Alcázares y Mazarrón.

Algunas denuncias concretas desde embajadas europeas en Madrid han obligado a intervenir al fiscal de Sala de la Fiscalía General del Estado para ordenar alguna investigación suplementaria mientras se rumorea insistentemente que casi todos los sumarios que se puedan abrir en Murcia terminen finalmente en manos de la Audiencia Nacional por la extensión de esta presunta delincuencia organizada a otras provincias limítrofes, como Alicante y Almería. (NEM)

Cartagena, cuna de "Los Malayos"

Si quieren saber donde aprendió Tomas Olivo y su “súbdito” Juan Antonio Roca las artimañas del mundillo del ladrillo vengan a Cartagena, cuna de ambos y de otras grandes fortunas nacionales relacionadas con la recalificación y el convenio urbanístico. En Cartagena la expropiación forzosa es utilizada para saquear barrios enteros. Por ejemplo, en el Peri C4 se expropiaron más de 100 viviendas por un importe que no llegó a los 300 millones de pesetas. Después la sociedad municipal “Casco Antiguo” lo vende en 1.000 millones a Sethome (sociedad relacionada con el PSOE); precio este aún por debajo de mercado pues se puede y se están construyendo cerca de 500 viviendas, 700 plazas de garaje y la nueva sede de la ONCE. El gerente de Puerta Nueva (Sethome) es el ex-alcalde socialista José Antonio Alonso. El PP expropia y el PSOE hace caja.

La expropiación de una vivienda en Cartagena no supera los 8.000 euros. Mientras con esa vara se mide al ciudadano, a uno de los amos del ladrillo de Cartagena y componente del trío de los intocables Pan de Higo-M.Roca- Tomas Olivo, al primero por un solar cercano al Peri C4, donde se va a ampliar el Museo de Arte Moderno, se le han pagado 250 millones de pesetas ¿Por qué no se le hace una expropiación forzosa y se le paga un justiprecio? Pues en este caso el interés general si es claro, pues es para la ampliación de un museo público.

Qué decir de Mariano Roca, implicado en la sustracción de joyas y documentos de una caja de seguridad bancaria. Ellos son los grandes beneficiados de las más de 120 modificaciones del PGOU de Cartagena. De Tomas Olivo es contar y no parar.

Pero el expolio no ha terminado. Con la ayuda de “Tele 5”, podemos evitar que más de 200 afectados por los Peri de Monte Sacro y del Molinete, sean arrebatados injustamente de sus propiedades a golpe de expropiación forzosa. Además, si tenemos en cuenta que el casco histórico de Cartagena es reconocido por ley, desde el año 1982, como Conjunto Histórico- Artístico y que por esa razón se han conseguido fondos europeos para rehabilitar dicho casco, dichos fondos han sido utilizados por Casco Antiguo S.A. sociedad municipal, en expropiar, expulsar y desarraigar a lo vecinos afectados de los Peri y derribar todos los edificios para dejar un inmenso solar.

Hay muchos temas de corrupción o tratos de favor o “pelotazos”, también en el Campo de Cartagena. La concentración parcelaria de las tierras cae en manos de don Mariano y sus amiguetes. Y qué contar del vertedero municipal, gran chollo, nunca la mierda produjo tan suculentas rentas: 1.800 millones al alimón para Portmán Golf (Pan de higo y M.Roca. Y...

Esperemos que “Tele 5” informe a la sociedad de lo que ocurre en Cartagena, donde PP y PSOE parecen la misma cosa y unidos por los mismos fines. De todo lo expuesto existen documentos y copias de documentos oficiales, actas de embargo y de valoraciones, fotografías...

Hasta nuestros días Cartagena ha sido conocida como la ciudad de los “cuatro santos”: San Fulgencio, San Isidoro, San Leandro y Santa Florentina. Ahora también como Cartagena cuna de "Los Malayos".

Y dos notas de cierre:

* Las cuentas corrientes de Tomás Olivo parece ser que están en Paribás (B.N.P).

* J.A. Roca fue empleado de Tomás Olivo, que lo “despidió”, pero luego fue el que llamó a Olivo a Marbella, y le abrió las puertas.

El Calamarí

La sociedad civil al rescate de "Cajamurcia"

La primera entidad de crédito de la Región de Murcia, propiedad última de todos los ciudadanos residentes y/o censados aquí, se encuentra desde hace meses en el ojo del huracán del Ministerio de Economía, del Ministerio del Interior, del Banco de España, Hacienda y de nuestra sociedad civil menos complaciente ante su apuesta radical por la economía especulativa en vez de la productiva o la social. “Cajamurcia” está hoy, además, bajo sospecha hasta de la perspicaz administración federal norteamericana por ciertas compañías que frecuenta y el sorprendente montante de algún crédito concedido.

Otorgar créditos más que multimillonarios a empresas promotoras relativamente jóvenes, muy por encima del capital social desembolsado por éstas, parece algo más que una temeridad de los máximos gestores de “Cajamurcia” ante las insuficientes garantías de devolución, por muchos millones de metros cuadrados de suelo recalificado que se ofrezcan como aval, en virtud de legalmente dudosos convenios urbanísticos firmados con ayuntamientos ahora sospechosos de corrupción por presunto cohecho y supuesta prevaricación. Este tema ya se trabaja en alguna redacción madrileña desde enero.

No gusta tampoco nada su enorme implicación como inversor de referencia en negocios dudosamente rentables y, por el contrario, su renuencia a financiar políticas sociales prioritarias por derecho constitucional. Ni la competencia de “Cajamurcia”, posiblemente desleal, a tradicionales pequeñas/medianas empresas de determinados sectores de la economía murciana, por abuso de posición de dominio institucional en un contexto más general del mercado no financiero. El cliente clásico no está muy a gusto.

Un cualificado sector de la sociedad civil regional y de la comunidad universitaria está muy alarmado, precisamente por eso, con la gestión del casi sexagenario director general de “Cajamurcia”, Carlos Egea Krauel en la última década sobre dos más en el cargo, y así se lo han puesto abiertamente de manifiesto en persona algunos de sus más significativos exponentes, al Gobierno de la Nación y a otras altas instancias del Estado para su conocimiento y efectos, ante el cariz de la derrota tomada por la citada entidad de ahorro de fundación pública. El proceso de su rescate se acaba de poner en marcha.

La unidad de vigilancia financiera de la Guardia Civil (en su calidad de policía administrativa), con sede en el propio Banco de España (institución con capacidad legal suficiente para solicitar el cese del máximo ejecutivo de cualquier entidad), en Madrid, sabe bien de las actividades, parece que un tanto heterodoxas, de “Cajamurcia” en las comarcas prelitorales y litorales de la geografía regional, y en el paraíso fiscal de las islas Caimán (prestigioso y acreditado lavadero caribeño de capitales opacos a cualquier fisco). Es ya más que un rumor que se avecinan serios problemas para alguien concreto.

La extendida convicción de que “Cajamurcia” no cumple plenamente tampoco su función social pese al eufemismo contemplado en estatutos y la opacidad galopante de algunos de sus departamentos clave, refractarios a cualquier tipo de auditoria, preocupa seriamente en círculos muy cualificados de la sociedad civil regional, que se apresta a intervenir, con premura y sin más dilación, con todos los medios legales a su alcance ante la sensación del práctico secuestro de la entidad por determinadas personas de nuestra vida pública, que no han sido elegidas nunca por los ciudadanos. Especulen.

Se quiere pues que sea pronto la Asamblea Regional el verdadero y primer órgano de control democrático de una entidad fundada en el seno de la extinta Diputación Provincial y ahora asumida como parte de la Comunidad Autónoma. Su actual utilización extrema arbitraria por determinados miembros del Ejecutivo conservador y bajo sospecha, con la total connivencia de la dirección general proveniente del tardofranquismo, aconseja un profundo replanteamiento de la misión suprema de “Cajamurcia” de cara a la próxima legislatura autonómica. La transparencia en su gestión se considera fundamental en esa nueva etapa para conjurar posibles actuaciones ventajistas, y hasta caprichosas, en atención a peticiones interesadas desde la política.

La democratización inaplazable, efectiva y real en “Cajamurcia” de sus órganos de representación y gobierno también debiera alejar de una vez por todas las suspicacias en cuanto a lo auténtico del proceso electoral y sus resultados para evitar las actuales profundas dudas sobre su eventual contaminación por el control ejercido desde la estructura directiva sobre candidaturas únicas y previsibles, elección tras elección, repetidas con gentes que hacen profesión por ocupar tanto las bien remuneradas poltronas. A partir de ahí, “ormetá” a cambio de sustanciosas dietas de asistencia y legitimación unánime de todo lo que se presenta para aprobar a gente muy controlada.

El director general debiera responder a varias preguntas formuladas públicamente ya por esa sociedad civil al rescate, en órganos independientes de prensa y en aras de la debida transparencia inherente al sistema democrático, para demostrar que no estamos ante una enfermiza actitud patrimonialista respecto de la entidad, clara propiedad de todos los murcianos sean o no impositores de “Cajamurcia”. Si no lo hace y subestima a una sociedad civil en marcha, más pronto que tarde parece tendrá nuevas complicaciones insolubles a tenor de las exigencias puestas en circulación sin más contemplaciones. En 2007 comienza un nuevo ciclo de vida para una Caja de todos.

No es, sin embargo, ningún secreto que “Cajamurcia” atraviesa uno de los peores momentos de su corta historia debido a demasiado abandono de su negocio financiero tradicional y prudente por acorde con su modesta dimensión comparada. Su tradicional opacidad ha disparado toda suerte de rumores sobre una base verosímil de dificultades previsibles como consecuencia de varias inversiones industriales fallidas aparte de créditos otorgados con cierta ligereza a amigos o recomendados del poder político regional actual o nacional anterior. Los amables certificados de solvencia adquiridos ya no parecen colar, como tampoco una cuenta de resultados de ingeniería y no sometida a contrastes públicos. Pertinente contemplar a la sufrida Fundación dentro de un conjunto.

Su excesiva intervención directa, de un tiempo a esta parte, en todo lo que afecta al mundo económico murciano más osado, no gusta del todo a amplios sectores de la sociedad al desvirtuar su papel original de simple coadyuvante. La perturbación que origina del mercado regional no debe gustar tampoco mucho a las autoridades de la Competencia, en Bruselas, ni a la gran banca privada española en Madrid. Esa ansiedad de sus gestores por estar repicando y en la procesión es casi seguro, según observadores locales muy cualificados, que ha llevado a “Cajamurcia” a meterse en más de un charco y a protagonismos excesivos, que ahora supuestamente la tienen con el agua al cuello.

Las profundas dudas que suscita “Cajamurcia” al jugar de lleno en la política regional en busca de ventajas por estar en todas las salsas locales, la sitúan a un tiempo en un plano de notoriedad y desgaste, que está ahuyentando a mucha gente porque no desea que con su dinero se participe en tramas peligrosas, de privilegios socialmente rechazados u órganos de propaganda partidista para anestesiar ideológicamente a su propia y plural clientela. La entidad debe volver a ser, simplemente, una caja de ahorros al servicio del pueblo llano y olvidarse de disparar a todo lo que se mueve en el universo murciano con la vana pretensión de no dejar escapar ni un solo euro a ganar desde una histórica renta de situación y favorecida posición por mor de la política.

http://murcia-digital-news.blogspot.com

17 medidas contra la corrupción y especulación urbanística

Ben Magec-Ecologistas en Acción considera que las propuestas del Gobierno

Central y de algunas organizaciones políticas no aportan soluciones

concretas y se convierten en "pura filosofía".

El portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Heriberto Dávila, valora

como "muy tibias las medidas propuestas por los partidos y considera

necesario que estos se dejen de tirar la pelota unos a otros y comiencen a
dar ejemplo ante al ciudadanía".

Dávila afirmó que "es por ello que hacemos llegar las presentes propuestas a
la opinión pública y a las administraciones competentes para su estudio y
debate, como aportación para que se adopten las medidas legales y políticas
que consigan paralizar esta vorágine urbanística, que eviten nuevos casos de

corrupción, que garanticen la conservación de nuestro medio ambiente y

nuestros recursos naturales y que promuevan un desarrollo sostenible y
equilibrado".

Los ecologistas entienden que es necesario un compromiso político, social e
institucional para que estas medidas puedan ponerse en práctica y evitar así
que la especulación y la corrupción urbanística siga extendiéndose de forma
irreversible en nuestro archipiélago.

Algunas de las medidas que proponemos son las siguientes:

1ª. Prohibición legal de los convenios urbanísticos, que son puras
compraventas de recalificaciones urbanísticas.

2ª. Prohibición de venta de los aprovechamientos urbanísticos de los
Ayuntamientos y de suelos públicos para usos que no sean equipamientos
públicos o viviendas protegidas.

3ª. Prohibición de Modificaciones Puntuales que tengan por objeto
reclasificar suelos no urbanizables a urbanizables, o recalificar suelos
terciarios, industriales, de equipamientos, zonas verdes... a usos
residenciales.

4ª. Obligatoriedad de construcción de los equipamientos con carácter
previo a los desarrollos inmobiliarios.

5ª. La protección de un suelo debe suponer la imposibilidad de su
reclasificación como suelo urbanizable, y más en las condiciones de
limitación de nuestro territorio insular.

6ª. El crecimiento urbanístico de los pueblos y ciudades debe tener un
límite legal, en base a las necesidades de vivienda protegida y de
equipamientos públicos. No permitir a ningún Ayuntamiento reclasificaciones
y/o recalificaciones que supongan más de un 10% de aumento de viviendas y
suelo urbano/urbanizable por cada década, con la única excepción de las
necesidades de vivienda protegida.

7ª. Los crecimientos urbanísticos deben realizarse como ampliación de
los actuales núcleos urbanos, recogiendo estrictamente la filosofía al
respecto de las Directrices Generales de Ordenación, prohibiendo las
urbanizaciones segregadas de los núcleos urbanos.

8ª. Aumento de la Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo
Terrestre de los 100 metros mínimos que prescribe la ley a los 500 metros,
para blindar el frente litoral contra las presiones especulativas, este
aumento se podría realizar donde no haya núcleos urbanos consolidados.

9ª. Retirada total o parcial de las competencias sobre suelo que no sea
urbano a los Ayuntamientos.

10ª. Exigencia de certificación de la legalidad de las inversiones antes
de aprobar cualquier plan urbanístico o licencia de obras para impedir el
blanqueo de dinero.

11ª. Obligatoriedad de realizar una declaración anual de bienes de los
cargos electos y de libre designación de los Ayuntamientos, si es que
existen, y de sus familiares directos, con acceso público.

12ª. Compromiso político de un pacto anticorrupción, que incluya la
destitución inmediata de cualquier cargo electo o de libre designación, que
esté imputado, procesado o condenado por la justicia.

13ª. Modificación legal para hacer responsable económico directo a los
cargos públicos que aprueben planes u obras ilegales, y a los técnicos que
las informen favorablemente. Exigir el pago de los gastos de su defensa a
los cargos públicos que sean condenados, al margén de sus responsabilidades
penales.

14ª. Potenciación de las fiscalías anticorrupción y contra los delitos
medioambientales y urbanísticos con dedicación exclusiva. Crear juzgados
insulares o provinciales especializados en este tipo de delitos.

15ª. Facilitar el ejercicio de la acción pública a las asociaciones
entre cuyos fines se encuentran la defensa de la legalidad, del territorio
y/o del medio natural, así como la exigencia de responsabilidad a los
miembros de dichos tribunales y fiscalías si hicieran dejación de las
funciones encomendadas.

16ª. Promoción de la participación pública en los procedimientos
administrativos, facilitando el acceso a la información de las normas,
planeamiento municipal y de todo tipo de proyectos de construcción, así como
de los informes técnicos y jurídicos que lo justifican, implementando la
posibilidad de que la ciudadanía se pronuncie mediante consulta popular
sobre los proyectos importantes de cada municipio o isla.

17ª. Potenciación del suelo rústico como principal valor de nuestro
territorio y facilitar la posibilidad de la recalificación de suelo urbano a
suelo rústico o de protección ambiental.

www.ecologistasenaccion.org

El ladrillo

Maximiliano Bernabé

(...) Si repasamos nuestra historia de los últimos años nos encontramos con una expresión que se repite bastante en los titulares: “burbuja inmobiliaria”. Hace referencia al gran crecimiento de nuestra economía basado, en gran parte, en la especulación inmobiliaria. España, en el s. XX ha tenido dos grandes empujones económicos. Uno fue, así aproximadamente, desde 1959 hasta 1974, y el otro comenzó en la segunda mitad de la década de 1990, y en el cuál todavía estamos. Han provocado un gran aumento del nivel de vida, que haya habido una gran brecha entre nuestra sociedad actual y una basada en la actividad agrícola y una economía precaria que traía una solución de continuidad de varios siglos anteriores. También, ha extendido bastante una estética chabacana de nuevo rico, del que ha hecho dinero –o, a lo mejor, no tanto- pero no ha tenido tiempo de pulirse un poco.

En este segundo salto, es donde ha desempeñado un gran papel la especulación inmobiliaria: Si damos un paseo por cualquier calle, veremos que donde antes había una panadería ahora hay una agencia inmobiliaria. Sólo en España se ha construido más en los últimos años que en varios países de la Unión Europea juntos; creo que cada español tocaría a dos casas si se repartieran todas. La urbanización desenfrenada arrasa muchos espacios naturales, multiplica el consumo de agua y parece como si nuestros campos fueran a convertirse, primero, en un mar de grúas y luego en filas de adosados. El precio de la vivienda se ha cuadruplicado en muy poco tiempo, lo que ha provocado una precarización en el acceso a la misma, es decir, hipotecas que, a este paso, acabarán institucionalizando la esclavitud por deudas, descenso de la calidad, infraviviendas, etc. Hasta las conversaciones de mucha gente parecen estar centradas casi exclusivamente en estos temas. No obstante, ningún ciclo de expansión, como nada, es eterno; mucho menos aquellos basados en la creación artificial de riqueza, es decir, en la especulación.

El caso paradigmático es el “crack” de Estados Unidos en 1929, que no fue tan fortuito como pudiera parecer sino que tuvo signos premonitorios. De hecho, las grandes fortunas, los magnates de aquellos años, se vieron tocados, claro, pero no perdieron ni fortuna ni poder. Las riquezas deshechas fueron, más bien, las de “medio pelo”. Si alguien –que tiene acceso a mucha información- ve signos de que el río va a venir crecido, trata de llevarse lo que tiene en la orilla a otro sitio. Otros, que no saben de dónde les viene el viento, cuando ven esto, primero fingen impasibilidad, luego se desconciertan y, más tarde aún, viene el pánico. Y al final de la cascada, los que más acaban sufriendo siempre son los que tenían muy poco o nada.

Eso que oímos tan frecuentemente de que “la burbuja inmobiliaria se va a desinflar” nos parece algo tan lejano, una mezcla de redención y catástrofe, algo que no sabemos si desear o temer, siempre en la esfera de lo nebuloso, como las catástrofes o los amaneceres de gloria. Sin embargo, quizá sea algo más cotidiano y hasta anodino, que ya está pasando. Puede que lo que vemos sean signos, puede que no sea nada, es absurdo jugar a profeta. Están los movimientos de capital de que hablábamos más arriba. Está el aumento continuado de las tasas de interés de los préstamos hipotecarios –cuando los precios están más bajos, los intereses suelen ser altos, cuando los precios suben mucho el precio del dinero baja, lo que no suele coexistir durante mucho tiempo sin convulsiones es precios altos y “dinero caro”-. Están, claro, todas las viviendas que han sido construidas en los últimos años; todas las que están en venta, que no se venden tan rápidamente como algunos pretenden hacernos creer. Y ahora, si jugamos un poco a la ciencia ficción podemos suponer lo que pasaría si esto sigue así, digamos, dos años más.

Se sigue construyendo mucho, la oferta está saturada. Pero, al mismo tiempo, la subida de los intereses hace que el pago de una hipoteca sea cada vez más oneroso. Por consiguiente, los bancos se cuidan mucho de conceder estos préstamos a quienes no ofrecen garantías de poder hacerles frente. Como consecuencia, sumado a la saturación del mercado, la venta de viviendas comienza a ralentizarse, cada vez más. Mientras tanto, muchos promotores, que han continuado construyendo, han de hacer frente a sus pagos. Alguno, incluso, puede llegar a estar en una situación apurada. Frente a la disyuntiva de quebrar o bajar el precio de las viviendas, y perder algo pero continuar en pie, la elección es clara. En cuanto uno baje, otros, empujados por la competencia, lo harán también.

Durante todo este proceso, es posible que los grandes intereses económicos hayan dejado de invertir en un sector que ya no proporciona ganancias tan rápidas. Sin embargo, no habrá desplome aún, porque muchos pequeños y medianos inversores aprovecharán para comprar mucho de lo que ha bajado o, al menos, no ha subido. Después de todo, la vivienda todavía conservará parte de su prestigio como inversión segura. Esto reactivaría el sector sólo momentáneamente; antes o después la caída continuaría.

Esto no es ningún apocalipsis, la construcción y venta de viviendas continuaría, a una escala mucho menor. Los primeros interesados en ello son los intermediarios, las inmobiliarias: ellos cobran su porcentaje tanto de una transacción alta como de una más baja, lo que no quieren es que le mercado se paralice. Naturalmente, muchas constructoras e inmobiliarias de las que han proliferado en estos últimos años quedarán por el camino. Al descender grandemente el ritmo de construcción y venta, muchas empresas que dependen de ello cerrarán; habrá despidos, el paro crecerá y el crecimiento económico español se parará, o bajará mucho. Esto es lo que se denomina una crisis.

El que pierda su empleo o su poder adquisitivo, no podrá hacer frente al pago de sus deudas, es decir al recibo de la hipoteca. Como es técnicamente imposible que los bancos ejecuten miles o millones de viviendas impagadas –coste económico, opinión pública-, el Estado se vería obligado a intervenir de alguna forma que estaría por ver, puede que de alguna parecida al “corralito” argentino. Y puede que incluso se recortasen o suprimiesen las competencias urbanísticas de los municipios: algunos han actuado como sociedades mafiosas para intereses turbios, y muchos han recalificado terrenos, cuando menos, irresponsablemente. En cualquier caso, nada de esto es tan descabellado, y en algo así podría consistir el fin de la “burbuja inmobiliaria”.

www.elinconformistadigital.com

La hipótesis Trillo/El Minarete

Francisco Poveda

La más que probable precipitación de serios acontecimientos en las próximas semanas (véase la reciente entrada de la Guardia Civil en dependencias municipales cartageneras con alcaldesa del PP) podría estar aconsejando en las filas nacionales de este partido, manejar algunas hipótesis de salida para la grave crisis política que se aventa en nuestra región, por parte del líder nacional Mariano Rajoy. Se vuelve a cuestionar allí la conveniencia de mantener de candidato a Valcárcel pese al empecinamiento del secretario general de la CROEM, el director general de “Cajamurcia” y algunos otros de sus peones, enrocados en sus propios intereses más que privados de saurios políticos.

Una de ellas, la que parece más probable y ha trascendido, es la “hipótesis Trillo” para aparcar casi por sorpresa en su tierra al cachorro fraguista cartagenero y ex ministro de Defensa en lo que le resta de vida política. Suena ahora en Génova 13 como sustituto de Valcárcel si éste renunciase finalmente, casi a la fuerza, a su cuarta reelección. Pero la cosa no es tan sencilla en esta Baviera panocha y bicéfala, con tres vértices para no olvidar a una Lorca que siempre inclina la balanza a favor de la capital regional.

La reciente gira propagandística por California, tan mal concebida por Carlos Egea y el miembro de la sospechosa Fundación “Cajamurcia” y actual cónsul de España en Los Ángeles, Inocencio Arias, vuelve a demostrar las limitaciones internacionales de su candidato preferido intentando justificar el aeródromo de Corvera en la necesidad de escalas entre USA y Oriente Medio o en unas exportaciones murcianas desplomadas por encarecidas o de tecnología obsoleta. Definitivamente, es que le sube mucho la tensión.

El objetivo último sería volver a controlar el PP murciano desde la sede central para que deje de ser un instrumento exclusivo del trío Carlos-Antonio-Ramón Luis y de la trama caciquil que, por conveniencia, lo mantiene. Por algo Valcárcel prometió estar solamente dos legislaturas y ahora quiere aspirar a perpetuarse en el poder regional sin pactarlo con la dirección nacional del PP. Vamos para dieciséis años de pelele pillo.

Pero a nuestro pobre presidente es cierto que se le complican las cosas conforme avanza el calendario hacia la fecha electoral del 27 de mayo. Al secretario general del PP murciano y alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, los hados también se le están tornando en contra al ser investigadas a fondo las verdaderas razones del hermanamiento de Murcia con Miami en 1998 y sus efectos sobre el urbanismo municipal y regional.

Es un tema muy oculto pero que, de salir a la luz, puede dar mucho de sí e invalidarlo como alternativa natural en San Esteban. Tiene tela tanto viaje de algunos a la República Dominicana para colocar los dineros que se llevan conseguidos aquí. O de otros a “cazar” a Polonia. ¿Ha “cazado” ya la Interpol a alguno de nuestros “cazadores”? Parece que hay localizadas unas cuentas corrientes muy comprometedoras en algún lugar de Caribe, que sorprenderán a la audiencia cuando se conozcan en marzo.

En cuanto a Gómez Fayrén, no está del todo en la carrera de recoger la herencia envenenada del duodenato ni tiene la más mínima fuerza en la organización regional del PP. Lucharía, de poder ser alcalde de la capital regional. Pero su sentido de la libertad individual le impide ceder más y más…para, al final, nada de nada o más de lo mismo. Tiene su dignidad y la vida resuelta como para dejarse utilizar tan burdamente por ancianos locales tan resentidos con la monarquía y la democracia. Se mantiene a la expectativa, seguro de que tendrá su oportunidad en un escenario regional renovado.

Pero la guerra entre las facciones murciana y cartagenera del PPRM lleva abierta meses. Y las batallas de “Lo Poyo” y “Puerto Mayor” por hacerse con el gran botín ha llenado de costurones a los lugartenientes Ayala y Sánchez Carrillo; éste, victorioso total en un principio, pero en el punto de mira de la Justicia. Ese es un ámbito mucho más dominado por los abogados Trillo y Ayala que por el letrado Carlos Valcárcel y sus exclusivos “socios” Antonio y Ramón Luis. El concejal es hoy el talón de Aquiles de todo el entramado valcarcelista y quien puede acelerar los acontecimientos si “canta”.

No obstante, los cartageneros tienen en Madrid muchos más agarres que el provinciano que nos gobierna y que no alberga ni la décima parte de la astucia que el ex comandante jurídico de la Armada. En territorio “comanche” ha quedado también la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, tras el insólito “asalto” de nuestra particular Gendarmería a su ayuntamiento en busca de pruebas documentales que la incriminen en presuntos delitos urbanísticos. Es mujer, en política, de Sánchez Carrillo más que de Andrés Ayala. Ojo.

En la Región los apoyos sociales a Valcárcel van disminuyendo, es cierto, pero Trillo sólo es fuerte en Cartagena aunque tenga de su lado a verdaderos pesos pesados como el ex portavoz vaticano Joaquín Navarro-Valls y a su hermano Juan Carlos, subdirector general de “Cajamurcia” y primero en la línea de sucesión de Carlos Egea (¿se jubila el lorquino el 14 de febrero próximo al cumplir los 60 años o preferirá aguantar hasta 2017, tal como le permiten los vigentes estatutos de la entidad?). Zapatero está por retirar de primera fila a todos los protagonistas de la Transición con más de 50 años.

También cuenta Trillo con toda la fuerza de inercia que le pueda quedar al presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, pese a sus rifirrafes veraniegos con su ex profesorado miembro del “Opus Dei”. Y no es desdeñable su opción por el ex ministro del decano diario “La verdad” y también de “El Faro”. ¿Qué haría “La Opinión”? Apoyar al ganador: Trillo, aunque en la televisión autonómica el clan cartagenero no haya conseguido todavía ni un sólo resquicio de poder por decisión del centralismo murciano más radical. ¿Se retira Viudes de la Autoridad Portuaria de Cartagena el año que viene?

En el trasfondo de esta soterrada lucha en la derecha extrema por conservar o hacerse con los resortes de poder en la Región de Murcia, late la histórica rivalidad entre las viejas burguesías conservadoras de Murcia y Cartagena, la competencia entre sendas oligarquías y, ahora, la necesidad histórica de conseguir la provincialidad con una reforma del Estatuto de Autonomía que Valcárcel retrasa y retrasa para no abrir el melón de su propia sucesión al conllevar la pérdida del control de los tiempos. Su sectarismo huertano no concibe siquiera un pacto de convivencia que estabilice políticamente nuestra autonomía con dos provincias. No tiene sentido de Estado ni de nada.

Trillo calla, mientras alberga la esperanza de lograr la impunidad necesaria frente a los efectos judiciales del accidente del “Yak-42” siendo presidente para entonces de su Comunidad Autónoma. Lo tiene más fácil que otras veces pero la situación que le dejan Valcárcel, Clemente García y Carlos Egea, con la Fiscalía investigando los excesos de los gobiernos regionales del PP desde 1995, dificultan que su partido siga ganando en la Región frente a un centro izquierda renovado y con un mensaje lejano a las viejas rencillas de los poderes caciquiles del ya muy alejado siglo XX.

http://www.vegamediapress.com