La sociedad civil al rescate de "Cajamurcia"

La primera entidad de crédito de la Región de Murcia, propiedad última de todos los ciudadanos residentes y/o censados aquí, se encuentra desde hace meses en el ojo del huracán del Ministerio de Economía, del Ministerio del Interior, del Banco de España, Hacienda y de nuestra sociedad civil menos complaciente ante su apuesta radical por la economía especulativa en vez de la productiva o la social. “Cajamurcia” está hoy, además, bajo sospecha hasta de la perspicaz administración federal norteamericana por ciertas compañías que frecuenta y el sorprendente montante de algún crédito concedido.

Otorgar créditos más que multimillonarios a empresas promotoras relativamente jóvenes, muy por encima del capital social desembolsado por éstas, parece algo más que una temeridad de los máximos gestores de “Cajamurcia” ante las insuficientes garantías de devolución, por muchos millones de metros cuadrados de suelo recalificado que se ofrezcan como aval, en virtud de legalmente dudosos convenios urbanísticos firmados con ayuntamientos ahora sospechosos de corrupción por presunto cohecho y supuesta prevaricación. Este tema ya se trabaja en alguna redacción madrileña desde enero.

No gusta tampoco nada su enorme implicación como inversor de referencia en negocios dudosamente rentables y, por el contrario, su renuencia a financiar políticas sociales prioritarias por derecho constitucional. Ni la competencia de “Cajamurcia”, posiblemente desleal, a tradicionales pequeñas/medianas empresas de determinados sectores de la economía murciana, por abuso de posición de dominio institucional en un contexto más general del mercado no financiero. El cliente clásico no está muy a gusto.

Un cualificado sector de la sociedad civil regional y de la comunidad universitaria está muy alarmado, precisamente por eso, con la gestión del casi sexagenario director general de “Cajamurcia”, Carlos Egea Krauel en la última década sobre dos más en el cargo, y así se lo han puesto abiertamente de manifiesto en persona algunos de sus más significativos exponentes, al Gobierno de la Nación y a otras altas instancias del Estado para su conocimiento y efectos, ante el cariz de la derrota tomada por la citada entidad de ahorro de fundación pública. El proceso de su rescate se acaba de poner en marcha.

La unidad de vigilancia financiera de la Guardia Civil (en su calidad de policía administrativa), con sede en el propio Banco de España (institución con capacidad legal suficiente para solicitar el cese del máximo ejecutivo de cualquier entidad), en Madrid, sabe bien de las actividades, parece que un tanto heterodoxas, de “Cajamurcia” en las comarcas prelitorales y litorales de la geografía regional, y en el paraíso fiscal de las islas Caimán (prestigioso y acreditado lavadero caribeño de capitales opacos a cualquier fisco). Es ya más que un rumor que se avecinan serios problemas para alguien concreto.

La extendida convicción de que “Cajamurcia” no cumple plenamente tampoco su función social pese al eufemismo contemplado en estatutos y la opacidad galopante de algunos de sus departamentos clave, refractarios a cualquier tipo de auditoria, preocupa seriamente en círculos muy cualificados de la sociedad civil regional, que se apresta a intervenir, con premura y sin más dilación, con todos los medios legales a su alcance ante la sensación del práctico secuestro de la entidad por determinadas personas de nuestra vida pública, que no han sido elegidas nunca por los ciudadanos. Especulen.

Se quiere pues que sea pronto la Asamblea Regional el verdadero y primer órgano de control democrático de una entidad fundada en el seno de la extinta Diputación Provincial y ahora asumida como parte de la Comunidad Autónoma. Su actual utilización extrema arbitraria por determinados miembros del Ejecutivo conservador y bajo sospecha, con la total connivencia de la dirección general proveniente del tardofranquismo, aconseja un profundo replanteamiento de la misión suprema de “Cajamurcia” de cara a la próxima legislatura autonómica. La transparencia en su gestión se considera fundamental en esa nueva etapa para conjurar posibles actuaciones ventajistas, y hasta caprichosas, en atención a peticiones interesadas desde la política.

La democratización inaplazable, efectiva y real en “Cajamurcia” de sus órganos de representación y gobierno también debiera alejar de una vez por todas las suspicacias en cuanto a lo auténtico del proceso electoral y sus resultados para evitar las actuales profundas dudas sobre su eventual contaminación por el control ejercido desde la estructura directiva sobre candidaturas únicas y previsibles, elección tras elección, repetidas con gentes que hacen profesión por ocupar tanto las bien remuneradas poltronas. A partir de ahí, “ormetá” a cambio de sustanciosas dietas de asistencia y legitimación unánime de todo lo que se presenta para aprobar a gente muy controlada.

El director general debiera responder a varias preguntas formuladas públicamente ya por esa sociedad civil al rescate, en órganos independientes de prensa y en aras de la debida transparencia inherente al sistema democrático, para demostrar que no estamos ante una enfermiza actitud patrimonialista respecto de la entidad, clara propiedad de todos los murcianos sean o no impositores de “Cajamurcia”. Si no lo hace y subestima a una sociedad civil en marcha, más pronto que tarde parece tendrá nuevas complicaciones insolubles a tenor de las exigencias puestas en circulación sin más contemplaciones. En 2007 comienza un nuevo ciclo de vida para una Caja de todos.

No es, sin embargo, ningún secreto que “Cajamurcia” atraviesa uno de los peores momentos de su corta historia debido a demasiado abandono de su negocio financiero tradicional y prudente por acorde con su modesta dimensión comparada. Su tradicional opacidad ha disparado toda suerte de rumores sobre una base verosímil de dificultades previsibles como consecuencia de varias inversiones industriales fallidas aparte de créditos otorgados con cierta ligereza a amigos o recomendados del poder político regional actual o nacional anterior. Los amables certificados de solvencia adquiridos ya no parecen colar, como tampoco una cuenta de resultados de ingeniería y no sometida a contrastes públicos. Pertinente contemplar a la sufrida Fundación dentro de un conjunto.

Su excesiva intervención directa, de un tiempo a esta parte, en todo lo que afecta al mundo económico murciano más osado, no gusta del todo a amplios sectores de la sociedad al desvirtuar su papel original de simple coadyuvante. La perturbación que origina del mercado regional no debe gustar tampoco mucho a las autoridades de la Competencia, en Bruselas, ni a la gran banca privada española en Madrid. Esa ansiedad de sus gestores por estar repicando y en la procesión es casi seguro, según observadores locales muy cualificados, que ha llevado a “Cajamurcia” a meterse en más de un charco y a protagonismos excesivos, que ahora supuestamente la tienen con el agua al cuello.

Las profundas dudas que suscita “Cajamurcia” al jugar de lleno en la política regional en busca de ventajas por estar en todas las salsas locales, la sitúan a un tiempo en un plano de notoriedad y desgaste, que está ahuyentando a mucha gente porque no desea que con su dinero se participe en tramas peligrosas, de privilegios socialmente rechazados u órganos de propaganda partidista para anestesiar ideológicamente a su propia y plural clientela. La entidad debe volver a ser, simplemente, una caja de ahorros al servicio del pueblo llano y olvidarse de disparar a todo lo que se mueve en el universo murciano con la vana pretensión de no dejar escapar ni un solo euro a ganar desde una histórica renta de situación y favorecida posición por mor de la política.

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