Sobre la propuesta de explotación minera en la Bahía de Portmán / Pedro Baños Páez

El 21 de junio pasado la UTE Aria International y Acciona Infraestructuras plantean ante la dirección general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente solicitud de concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre para «la regeneración de la Bahía de Portmán», para restauración ambiental de la bahía de Portmán siguiendo el proyecto aprobado por el ministerio de Medio Ambiente, septiembre de 2011.

Además, realizaría ´actividades complementarias´ para «llevar a cabo el dragado integral de la bahía y las operaciones de valorización de los sedimentos a extraer necesarias para hacer viable el proyecto en su totalidad o en parte». En paralelo, plantea ante la dirección general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad autónoma «la calificación y posterior autorización para el aprovechamiento del yacimiento no natural de la Bahía de Portmán como recurso de la sección B». 

Con esta solicitud «desea ejercitar su derecho preferente para el aprovechamiento (€) para la realización de la Propuesta de Actuaciones Complementarias y Proyecto de Regeneración y Adecuación Ambiental de la Bahía de Portmán para llevar a cabo el dragado integral de la bahía y las operaciones de valorización de los sedimentos a extraer necesarias para hacer viable el proyecto en su totalidad o en parte». Supone una concesión minera de 1.262.126 m2, 764.183 m2 sobre el nivel de mar (casi toda la bahía) y 497.943 m2 sumergidos frente a ella. 

Quieren la concesión minera de explotación del yacimiento que se declarase y, dentro del proyecto de explotación, extraerían los estériles. No parece clara la rentabilidad financiera del proyecto: hablan de la recuperación total de la bahía. Para hacer rentable la explotación extraerían todos los residuos depositados en la bahía, hasta recuperar la línea de la zona marítimo-terrestre de 1957, con los calados que había en la bahía en ese año (más los posibles de esos 497.943 m2 bajo el mar frente a la bahía). 

El proyecto recoge extraer 4,4 millones de toneladas/año de concentrados de hierro. Diversas fuentes consultadas (documentación de Peñarroya; informes de Cedex, IGME, IEO, UPCT, UM...) indican que no es probable que exista en la bahía esa cantidad de mineral de hierro. No alcanzaría 1 Mt. de magnetita. 

La UTE dice que ha realizado once sondeos en la bahía, presenta el análisis de uno de ellos con unos contenidos en % Fe todo uno entre 45,5 y 22,7. Máximo del 45,5 % de Fe todo uno, en la parte superior. Últimamente Peñarroya no extraía la magnetita, ni la quería presente en ´las tierras´ que se enviaban al lavadero, pero hasta medidos de la década de 1960 sí la extraía. Es decir, hay poca magnetita en los estériles que aterran la bahía de Portmán como para hacer rentable una explotación minera que generase esos quinientos puestos de trabajo directos de los que hablan.

Hablan de extraer dos productos valorizables: 1. Concentrado de hierro vendible (0,88 millones de toneladas/año). 2. ´Arena limpia´ (0,25 millones de toneladas/año) para utilizar en la playa recuperada. También dice que generarían estériles sucios «los residuos sólidos 1,45 millones de toneladas/año que serán espesados para su vertido en condiciones seguras en las instalaciones previstas en el proyecto». 

Recoge sin cuantificar que «los efluentes líquidos se gestionarán adecuadamente previo vertido a dominio público». Sería un líquido espeso (aunque no se adicionen productos químicos) pero con una oxidación aérea debido al manejo de los estériles, resuspensión y quizás remolido de los mismos, etc. Algo que recuerda a lo que vertía Peñarroya cuando una legislación ambiental menos exigente y una situación política no democrática permitían ese estado de cosas. Parece poco probable que pueda ocurrir hoy con la legislación ambiental aplicable: CARM, Administración central, UE, ONU, €

Dice: «La deposición de dichos residuos se llevará a cabo no sólo en la Corta San José, como prevé el proyecto, sino utilizando igualmente la Corta Gloria». No es seguro que quepa en las cortas San José-Gloria Este la cantidad a generar en el proceso de recuperación de toda la bahía. Además, hay que conseguir los permisos de vertido, tanto de propietarios como de las Administraciones competentes. 

¿Por qué no se reúne la comisión de seguimiento que se estableció en el convenio de colaboración firmado en enero de 2006 entre el ministerio de Medio Ambiente, el presidente de la CARM y el alcalde de La Unión? No se ha reunido desde febrero de 2011, a pesar de que lo reclaman los colectivos sociales que han venido participando en todo el proceso. La comisión de seguimiento debía haber sido informada de tan importantes cuestiones que se han producido a lo largo de este tiempo. El representante de los colectivos vecinales y ecologistas podría conseguir información relevante de los temas.

Otra duda: ¿Por qué es mejor regenerar la bahía en un procedimiento administrativo de explotación minera con el añadido de recuperarla en lugar de hacerlo desde un proyecto de restauración ambiental ya aprobado?

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2013/10/19/propuesta-explotacion-minera-bahia-portman/506474.html 

De camareros y peones / Ángeles Trujillo *

Hace pocos años leí un artículo (creo que escrito por un compañero del Foro), en el que bajo el título de Todos camareros, analizaba las políticas urbanísticas de esta región, enlazadas a continuación con las formativas, laborales y en general del modelo de desarrollo que se esperaba.

Recordé aquel artículo cuando hace pocos días me encontré con un titular de primera página en este periódico que decía: «Camareros y peones del campo, las dos profesiones más demandadas en la región».

Considerando absolutamente dignos ambos trabajos, así como útiles y necesarios en cualquier sociedad, no dejó de sorprenderme. Tuve la sensación de que en dicho titular existía la intencionalidad de decirnos otras cosas más profundas y que detrás del mismo se escondía un mensaje subliminal. Para mí que se avisaba del modelo social a que nos ha llevado un Gobierno que ya ha sobreagotado su ciclo, que está pidiendo un cambio substancial. Un modelo en el que ya nadie o casi nadie cree: ni jóvenes ni mayores ni conservadores ni progresistas ni derechas ni izquierdas, porque eso del centro me suena a carente de compromiso y de programa.

Sigo aclarando el rechazo a que la mayoría de las posibilidades laborales estén en el esfuerzo físico del campo o en las largas jornadas de un camarero o camarera, aparte de la precariedad laboral de ambas situaciones. No dejemos a un lado el bajísimo nivel salarial que soportan ambas ocupaciones. Por poner un ejemplo diré que se han estado pagando salarios de hasta tres euros la hora por recoger fruta e incluso con condiciones mínimas de número de kilos. Se cuenta y no se acaba de las irregularidades en estos sectores. Hagan cuentas de un peón, que también tiene una familia a la que sustentar, hijos a los que dar un mínimo de dignidad en vivienda, educación y vida social, y díganme como se las pueden arreglar con salarios de unos treinta euros diarios, pero solamente el diario afecta a los días que trabaja.

Por lo tanto si ese es el modelo dominante que nos proponen en esta región, no cabe duda de que nos sobran universidades, empezando por las que nos cuestan buenos billetes y que son inasequibles a muchas familias. También nos sobrarán las públicas, porque con la fuerte decisión de dejar fuera del sistema a muchos y muchas jóvenes, al no poder disponer de becas adecuadas, tendrán que engrosar ese sector de peones y personal sin cualificación que, al parecer la situación ofrece y demanda. Sobran también institutos, programas de integración, centros de FP. Con que sepan un poco leer, escribir y las cuatro reglas van pero que muy sobrados. Para divertirse ya pueden enchufar esos programas basura que les enseña a sentirse imitadores y a debatir sobre famosos, famosas y otros títulos que no quiero utilizar aquí.

Significa también que estamos volviendo a los 50 y 60, en que se despoblaron muchas regiones y pueblos para ir a buscar la Tierra Prometida en la que poder dar de comer a la familia, aunque solo los quisieran para consumir el esfuerzo de sus brazos.

Significa también que hay que salir a las plazas y lugares concretos en donde se elegía al personal para trabajar, aunque eso se haya sustituido por las ETT, en donde también se selecciona a los que interesa, mirando hasta su posicionamiento social.

Caigo ahora en la cuenta de lo que decía una señora adscrita al régimen allá por los cincuenta y tantos: para qué queremos que sepan tanto. Y en ese momento iba a la escuela, el que mucho, hasta los doce años. Hay ilusiones que no se pierden, por lo visto, y siempre hay quien las resucita de vez en cuando.

Pero afortunadamente aún queda gente guapa, pero guapa de verdad, por dentro sobre todo. Gente que no está contenta con este modelo, gente que quiere un progreso serio, de futuro, basado sobre todo en el bienestar social, en la formación de las personas, en la utilización de esa riqueza que sus habitantes le pueden dar a esta tierra. Gente que no quiere que nuestros recursos tanto humanos como materiales sirvan para enriquecer a otros, que no quiere ser una fuente productora de cerebros que tienen que emigrar y generar un vacío en el cuerpo social, después de los esfuerzos que hemos hecho entre todos para aupar nuestro nivel de preparación.

Somos gente que queremos que se cubran las necesidades laborales todas, pero también que cualquiera de ellas se considere digna y adecuadamente remunerada, para que nadie se sienta infeliz ni desgraciado, aunque de vez en cuando reciba las migajas del subsidio de desempleo.

Y ese modelo en que todos no tengamos que ser peones ni camareros, hemos de conseguirlo entre todos con la búsqueda de nuevos caminos y nuevas personas que dirijan y encaminen esta región a un buen puerto.

(*) Maestra jubilada y miembro del Foro Ciudadano de la Región de Murcia

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2013/09/14/camareros-peones/497764.html

Más del 40% de los murcianos prefiere un Estado sin autonomías

MURCIA.- El 41,6 por ciento de los murcianos prefieren un Estado con un único Gobierno central y sin autonomías, lo que configura esta opción como la preferida por los ciudadanos de la Región, según consta en el último barómetro autonómico del CIS, de septiembre a octubre de 2012, que se ha publicado este viernes.

   Solo un 21,3 por ciento de los murcianos se decanta por un Estado con comunidades autónomas como en la actualidad. De manera que el 52,3 por ciento de los murcianos cree que la creación y desarrollo de las CCAA para España ha sido algo más bien negativo y sólo el 23,1 por ciento lo ve como algo más bien positivo.

   En este sentido, solo el 0,8 por ciento de los encuestados cree que las autonomías han funcionado muy bien durante los últimos años, y el 8,9 por ciento cree que han funcionado bien. Por contra, la tasa de los que piensan que están funcionando regular se eleva al 39,8 por ciento, el 26,1 por ciento cree que están funcionando mal, y el 8,9 por ciento piensa que funcionan muy mal.

   Por otro lado, el 40,6 por ciento cree que la situación política en la Comunidad es ahora peor que hace un año, mientras que el 37,6 por ciento piensa que es igual. Por contra, el 6,9 por ciento de los encuestados advierte que es mucho peor frente al 4,1 por ciento que la ven mejor.

   Asimismo, el 54,6 por ciento de los murcianos piensa que la situación económica es peor que hace un año, y el 20,6 por ciento la ve mucho peor, frente al 16,2 y 3,8 por ciento, respectivamente, que la ven igual o mejor que hace un año.

   El 37,6 por ciento califica la situación política actual de la Región de Murcia como muy mala, frente al 0,3 por ciento que la ven muy buena; y más de la mitad, en concreto el 55,6 por ciento, tachan la situación económica regional como muy mala, frente al 2 por ciento que la ven buena.

   Los murcianos también son pesimistas a la hora de valorar la situación política actual a nivel nacional, ya que el 47 y el 29,4 por ciento la califican de muy mala y mala, respectivamente; mientras que la económica registra esta misma tendencia, donde el 58,1 por ciento la califican de muy mala, el 32,7 por ciento mala, frente al 0,3 y 0,5 por ciento, respectivamente, que la tachan de muy buena y buena.

   Comparando la situación política de Murcia con la del conjunto de España, el 32 por ciento de los ciudadanos de la Región la ven peor, seguido de un 35 por ciento que la ven igual, un 5,8 por ciento que la ven mejor y un 5,6 por ciento que la ven mucho peor. En parámetros similares se sitúan cuando se les pregunta por la situación económica, donde el 43,1 por ciento de los murcianos creen que en la Región es peor, el 26,9 por ciento la ven igual, el 5,3 por ciento mejor y el 9,6 por ciento mucho peor.

   Por ello, más de la mitad de los murcianos piensa que el efecto de la actual crisis económica se nota en la Región más o menos igual que en el conjunto nacional (57,4 por ciento), y el 30,2 por ciento opina, por contra, que en mayor medida.

   Respecto a la influencia de las decisiones del Gobierno autonómico, el 32,2 por ciento afirma que influyen mucho; el 58,9 por ciento señala que afectan bastante; el 1 por ciento poco; y el 0,3 por ciento nada.

   Al ser preguntados por las relaciones entre el Gobierno central y el autonómico, el 27,9 por ciento de los murcianos encuestados cree que se trata de una relación de colaboración; frente al 24,6 por ciento que estima que se trata de un vínculo de subordinación; y un 8,9 por ciento que cree que son de enfrentamiento. En este caso, un 38,3 por ciento reconoce que no sabe cuál es la relación.

   El principal problema que existe actualmente en la Región es el paro, con un 86,8 por ciento; seguido, a mucha distancia, de los problemas económicos (27,3 por ciento), la inmigración (15,4 por ciento) y los políticos en general (14,4 por ciento).

   En la Región, el 42,1 por ciento de los encuestados cree que las desigualdades entre las clases altas y medias son muy grandes; y el 49 por ciento piensa que estas diferencias son bastante grandes entre las personas españolas y las inmigrantes.

   De forma que uno de cada tres murcianos no confía en nadie para solucionar la crisis económica regional, frente al 37,3 por ciento que depositan su confianza en el Gobierno central de cara a tomar medidas para salir de esta situación y sólo el 7,9 por ciento en el Ejecutivo murciano.

   Se desprende, por tanto, que casi la mitad de los murcianos (47,7 por ciento), piensa que la economía regional está poco preparada para superar esta situación de recesión, el 18,3 por ciento opina que nada preparada y sólo el 14,2 por ciento la ve bastante preparada.

   Apuestan el 34,3 por ciento de los murcianos por apoyar a las empresas y emprendedores y el 22,8 por ciento por el fomento del empleo de los jóvenes para asegurar el desarrollo económico de Murcia. Asimismo, casi el 74 por ciento de los encuestados aumentaría el gasto público en educación, el 72,2 por ciento en sanidad y el 52,7 por ciento en prestaciones sociales, siendo el principal objetivo de la sociedad murciana en los próximos diez años la lucha contra el paro, en el 76 por ciento.

   Casi la mitad opina que es preferible bajar los impuestos, aunque eso signifique gastar menos en prestaciones sociales y servicios públicos (47,2 por ciento); y el 33 por ciento opina que de todos los servicios educativos de la Región, la enseñanza en los colegios públicos es el más necesitado de mejora o reforma, mejorando con mayor urgencia la inversión en becas, ayudas y libros en el 55,3 por ciento de los murcianos.

   Como consecuencia de esta crisis, el 88,1 por ciento confiesa que ha cambiado su costumbre con el fin de gastar menos dinero en el control del gasto en energía o suministros en la vivienda, como electricidad, agua y gas; el 85 por ciento se ha recortado en prendas de vestir y calzado; y el 84,5 por ciento del ocio en general.

El 42,9% de los murcianos tacha de 'regular' la actuación del Gobierno regional y el 33,8% suspende a la oposición

MURCIA.- El 42,9 por ciento de los encuestados murcianos considera que la gestión del Gobierno murciano en general desde las últimas elecciones ha sido 'regular'; mientras que el 22,1 por ciento cree que ha sido una actuación 'mala'. Por contra, un 13,2 por ciento que cree que la actuación ha sido 'buena' y solo un 1 por ciento la califica de 'muy buena', según refleja el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dado a conocer este viernes.

   Respecto a la actuación de la oposición, el 33,8 por ciento de los murcianos la suspende y cree que ha sido 'mala'; seguido del 26,1 por ciento que contesta que no sabe cómo ha sido; del 20, 6 por ciento que la tacha de 'regular'; y el 16,2 por ciento cree que la labor de la oposición ha sido 'muy mala'. Por contra, solo un 2,3 por ciento cree que la actuación ha sido 'buena'; y un 0,5 por ciento la califica de 'muy buena'.

   Al ser preguntados por la actuación de Valcárcel, la mayoría (el 32,7 por ciento) cree que su actuación es 'regular'; seguido del 22,1 por ciento que cree que su actuación es 'buena'; un 20,6 por ciento que opina que es 'mala'; y un 12,4 por ciento que cree que es 'muy mala'. Sólo el 2,8 por ciento cree que es 'muy buena'.

   Valcárcel inspira 'poca confianza' al 30,7 por ciento de los murcianos; la opinión mayoritaria seguida de aquellos a los que inspira 'bastante confianza' (28,7 por ciento); y a quienes les merece 'ninguna confianza' (26,1 por ciento). Solo al 4,6 por ciento les merece 'mucha confianza'.

   Respecto a la responsabilidad que tiene cada administración -estatal, autonómica y local-- en la marcha de las cosas, el 29,7 por ciento achaca la situación de la vivienda al Gobierno central; mientras que el 36,3 por ciento lo atribuye al Ejecutivo regional; y solo el 6,1 por ciento responsabiliza a los ayuntamientos.

   En materia de desempleo, el 66,5 por ciento de los murcianos cree que su situación es responsabilidad del Gobierno central; el 12,4 por ciento lo achaca a la Administración regional; y solo el 0,8 por ciento lo atribuye a los ayuntamientos.

   En cuanto a la Sanidad, el 49,5 por ciento atribuye la responsabilidad de su estado al gobierno central; mientras que el porcentaje de murcianos que atribuye esta situación a la Comunidad Autónoma baja al 29,9 por ciento, y un 20,1 por ciento desconoce qué administración es la responsable.

   En lo que respecta a la situación de la economía, una mayoría de 76,6 por ciento achaca la responsabilidad al Gobierno central; mientras que solo un 2,5 por ciento atribuye esta responsabilidad al Ejecutivo regional; y un 0,3 por ciento lo achaca a los ayuntamientos. En este caso, el porcentaje de quienes no saben a qué administración achacar la responsabilidad se eleva al 19,8 por ciento.

El 36,5% de murcianos considera que el Gobierno regional no tiene capacidad para defender los intereses de la Comunidad Autónoma

MURCIA.- El 44,9 por ciento de los encuestados murcianos considera que el Gobierno regional no ha demostrado eficacia y el 36,5 por ciento que no tiene capacidad para defender los intereses de la Comunidad frente al 35,5 por ciento que opina lo contrario, según consta en el último barómetro autonómico del CIS, de septiembre a octubre de 2012, que se ha publicado este viernes.

   Asimismo, el 29,4 por ciento de los encuestados opina que el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel no es honrado, frente al 28,4 por ciento que opina que sí lo es y el 40,6 por ciento que no sabe.

   Por contra, el 46,4 por ciento destaca la capacidad de diálogo del Gobierno de Murcia y el 50 por ciento su capacidad para comunicarse con la gente, además el 51,2 por ciento de los encuestados asegura que el Ejecutivo conoce los problemas de la Región.

   Según el barómetro, el 39,8 por ciento cree que la organización del Estado en las Comunidades Autónomas ha sido durante estos años regular y el 26,1 por ciento opina que mala frente al 8,9 por ciento que cree que bien y tan solo el 0,8 por ciento que contesta que muy bien.

   Para el 27,9 por ciento las relaciones actuales entre el Gobierno central y regional es de colaboración, el 24,6 por ciento opina que de subordinación, el 8,9 por ciento de enfrentamiento y el 38,3 lo desconoce.

   El 53,8 por ciento asegura que las decisiones del Gobierno central afectan bastante a su bienestar y al de su familia, así lo opinan también el 58,9 por ciento de los encuestados sobre las decisiones del Gobierno autonómico y el 57,4 por ciento sobre el local.

   En materia de Educación, el 52,8 por ciento culpa al Gobierno central de que las cosas vayan como van, el 40,6 por ciento le responsabiliza también en materia de infraestructuras frente al 34 por ciento que señala a la Administración regional.

   En la protección de medio ambiente, el 24,9 por ciento de los murcianos señala a los Ayuntamientos y el 24,6 por ciento al Gobierno de la Nación; en materia de inmigración, el 65,7 por ciento responsabiliza asimismo al Ejecutivo central.

   Además, el 20,8 por ciento califica de regular la labor que desempeña la Asamblea Regional, frente al 14,7 por ciento que la tacha de buena y el 14,2 por ciento de mala, mientras el 45,7 por ciento no sabe qué contestar. Tampoco el 48,5 por ciento sabe qué opinar sobre la labor del Congreso de los Diputados ni el 51,8 por ciento sobre el Senado.

   Aunque el 19,5 por ciento de los encuestados califica de regular la labor del Congreso, de mala el 13,7 por ciento y de buena el 12,9 por ciento de los mismos. Sobre el trabajo en el Senado, el 18,8 por ciento de los murcianos la tacha de regular, el 12,4 por ciento de mala y el 10,2 por ciento de buena.

   Finalmente, el 54,1 por ciento de los encuestados, que en el 86,3 por ciento de los casos ha nacido en la Región así como el 83 por ciento de sus progenitores, asegura sentirse muy orgulloso de ser murciano y el 60,7 por ciento de ser español.

Su crisis, nuestro exilio / Javier Sánchez Serna

Dice un chiste -que viene circulando estos días por la Red- que en España, una vez acabada la carrera, tienes tres salidas: por tierra, mar y aire. Y es que la emigración ha dejado de ser un recuerdo pretérito de padres y abuelos, para convertirse en una realidad cada vez más presente en nuestras vidas: bien por la marcha de un familiar o amigo, o porque nosotros mismos nos la planteamos como opción. 

Según datos del Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero, casi 400.000 españoles han emigrado en busca de trabajo desde el inicio de la crisis. Se trata, en su mayoría, de jóvenes con estudios superiores que eligen como destino Europa y Latinoamérica.

Aunque algunos pretendan justificar estas cifras invocando al 'espíritu aventurero' de la juventud, lo cierto es que la generación mejor preparada de la historia de este país se va porque no le queda otra, porque no tiene la posibilidad de progresar aquí.

Hasta ahora, la nueva emigración ha crecido silenciosamente en forma de ilusiones rotas, despedidas en el aeropuerto y familias separadas. Pero, al igual que ha sucedido con otras manifestaciones de esta crisis, tales como los desahucios y los recortes sociales, quizá vaya siendo hora de visibilizar el problema y, sobre todo, de 'desnaturalizarlo'. Porque el exilio laboral no es una mera decisión personal, sino una salida casi obligada para cada vez más jóvenes que no pueden encontrar un empleo digno. Y, más importante aún, porque este exilio es resultado de unas determinadas políticas que están arruinando el país y robándonos el futuro.

En un contexto marcado por un 57% de paro juvenil y una tasa de temporalidad del 61%, las sucesivas reformas laborales no han hecho más que empeorar nuestra situación. Desde agosto de 2010 -como es sabido-, es posible encadenar contratos temporales consecutivamente. Y desde el pasado 19 de noviembre --día en que entró en vigor el 'contrato' de aprendiz- los menores de 25 años pueden trabajar a jornada completa por 423 euros. Además, el abaratamiento del despido, el fortalecimiento del poder empresarial y el chantaje del paro, nos obliga a aceptar condiciones de trabajo claramente abusivas y sueldos de subsistencia (y a veces ni eso). 

Por otra parte, las políticas de austeridad, auspiciadas por la Troika comunitaria y aplicadas a pies juntillas por los sucesivos Gobiernos, están deteriorando gravemente nuestro sistema educativo y sanitario, empeorando no sólo nuestras condiciones de vida, sino también las expectativas laborales de los jóvenes investigadores, médicos y profesores. Lo que, dicho sea de paso, supone un evidente desperdicio de la inversión educativa realizada en los miles de profesionales que ahora se ven obligados a emigrar, así como un 'golpe de suerte' para terceros países, como reconocía hace unas semanas la ministra alemana de Trabajo.

El problema, sin embargo, no se acaba con la decisión de abandonar el país, porque esta Europa de la austeridad no es precisamente un paraíso de los derechos laborales. La precariedad se da de igual forma en Alemania, Inglaterra o Bélgica, que en España. Algunos analistas nos advierten, incluso, de que se está aprovechando la llegada masiva de mano de obra del sur y el este de Europa para bajar los salarios en los países receptores. 

Deberíamos desmitificar, por tanto, algunos aspectos de la nueva emigración. Todos tenemos amigos y conocidos que se han marchado, y que nos cuentan que las condiciones de trabajo no son siempre las mejores. Generalmente, estos jóvenes emigrantes se encuentran con jornadas laborales maratonianas y sueldos muy bajos, que tampoco les permiten construir un proyecto de vida digno. Además, llegar a un país con un idioma diferente, buscar un trabajo, dejar atrás a la pareja o los amigos, no es nada fácil y no responde a un 'espíritu de aventura'.

Pero el drama derivado del exilio no sólo atañe al individuo empujado a irse fuera, sino que también afecta a las familias y al conjunto del país. Sin duda, resulta injusto que el gran esfuerzo hecho por las familias para que estudiemos y tengamos un trabajo digno, se tire, de la noche a la mañana, a la basura. Y resulta injusto que la sociedad tenga que perder a sus jóvenes trabajadores, médicos, científicos o profesores, mientras se le obliga a salvar a los banqueros y hacerse cargo de su deuda privada.

Paro, precariedad y exilio aparecen, pues, como las tres únicas opciones de toda una generación. No era eso, sin embargo, lo que nos prometieron, ni para lo que estudiamos, ni para lo que la sociedad y nuestras familias nos prepararon. Y es, precisamente, esa distancia entre las expectativas generales de futuro (trabajo, bienestar, derechos) y un presente sin oportunidades, la que explica fenómenos como el 15-M y, en general, las movilizaciones de la juventud por todo el Mediterráneo, desde Túnez a Atenas.

Un régimen político y económico que no puede responder a las más esenciales demandas de su población (dación en pago, paralización de los recortes, creación de empleo), y que nos empuja al exilio, es un régimen crecientemente agotado. Así, puestos a irnos nosotros, tal vez haya llegado el momento de echarlos a ellos. Quizá no estemos condenados a ser la 'generación perdida', quizá todavía podamos ser la generación que reconquistó su futuro y recuperó su país.

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2013/04/06/crisis-exilio/462039.html

Una convocatoria para cambiar la Región de Murcia / Foro Ciudadano *

La Región de Murcia está en el peor momento desde que se constituyó como región autónoma, como esfera política con amplio autogobierno, hace más de treinta años. Si la crisis económica es general, su gravedad aquí, tras el derrumbe de la intensa fase especulativo-inmobiliaria, es brutal, está fracturando profundamente la sociedad y dejando a miles de familias abandonadas a su suerte por los poderes públicos.

El panorama de lo que cada vez se parece más a un infierno social es conocido: desempleo masivo, exilio laboral de jóvenes, descenso de salarios y pensiones, creciente pobreza, precariedad general, polarización de las desigualdades, deterioro de los servicios públicos, miles de familias desahuciadas, disminución de prestaciones sociales, y empeoramiento de la condiciones de vida de la mayoría.

Una brecha insalvable de desconfianza está separando a los ciudadanos de sus representantes, alimentada por la evidencia de que la corrupción se ha apoderado en estos años de una parte muy importante de las instituciones públicas. El sistema democrático se ha degradado y los ciudadanos han terminado expulsados de la vida política, capturada como propiedad por una oligarquía profesionalizada e incompetente que nos ha conducido al desastre.

El proyecto político que ha gobernado la región casi veinte años está a todas luces agotado y se ha convertido en parte nuclear del problema. El pacto de élites (económicas, políticas, financieras) que ha protagonizado las decisiones de este largo periodo ha terminado por llevarnos al mayor de los fracasos. Aún en el mejor de los casos, tenemos por delante años muy duros y generaciones enteras de ciudadanos van a sufrir las terribles consecuencias de tanto despropósito y tanta injusticia.

El desgaste es tal que el todopoderoso PP, que ha creado en la región un sólido sistema de poder con profundas ramificaciones clientelares y complicidades mediáticas, que ha convertido en hegemónico política y socialmente su discurso y obtenido resultados electorales continuadamente espectaculares desde 1993, está en caída libre, y como un Titanic político que ha colisionado con el iceberg de la crisis y la corrupción, se hunde, habiendo perdido en apenas quince meses, según las encuestas, veinte puntos de intención de voto.

Esta situación, que ya nos ha hecho retroceder una década en la mayor parte de indicadores, va a continuar deteriorándose mientras se mantenga el dogma impuesto de drásticos objetivos de reducción del déficit. La sensación que se extiende es la de estar a la deriva, sin otro rumbo que el de seguir cayendo, sin horizonte alguno de salida. Una creciente desesperanza, para muchos ya angustiosa, está cundiendo en una sociedad que se mueve entre el temor y la indignación, consciente de que las decisiones que se están tomando son erróneas, injustas y sólo van a traer más dolor social.

La calle está más agitada que nunca. Se suceden las protestas, que hace tiempo que son masivas. Pero el movimiento social necesita dotarse de sus propios instrumentos políticos para producir los cambios que precisamos. Estos cambios tiene que ver con dos cuestiones decisivas: el fin de la política neoliberal de recortes que está liquidando aceleradamente el Estado del Bienestar, y la transformación de nuestro sistema político en una democracia real donde los ciudadanos sean los protagonistas de su autogobierno.

El modelo bipartidista ya no sirve, y cada vez interesa a menos gente. Las ideas que defendió el 15M, y que apoyaron el 70% de los ciudadanos, siguen pendientes pero no tienen expresión política clara. Casi la mitad de los ciudadanos se plantea no votar. Pero la inhibición sólo favorece a los responsables de habernos conducido al actual estado de cosas, a quienes no quieren que nada sustancial cambie de verdad para que sigan prevaleciendo sus intereses.

Por eso muchos ciudadanos se plantean ahora, por todo el país, intervenir directamente para innovar las anacrónicas e inservibles estructuras políticas, creando nuevos sujetos políticos que introduzcan una discontinuidad constituyente en la política que abra un periodo nuevo de la vida colectiva.

No se trata de hacer tabla rasa: en la representación política no todos son iguales, y hay que reconocer y sumar a aquellos que luchan en minoría por cambiar las cosas, pero que no tienen la fuerza suficiente por sí sólos para conseguir cambiarlas, y junto a ellos, en un proceso muy abierto de participación ciudadana, dar a luz los nuevos instrumentos del cambio. Pero esto no se hará nunca bajo las viejas formas de hacer política, endogámicas, institucionalizadas, pactadas al margen de los ciudadanos. Toda una cultura política ha muerto -aunque algunos no parezcan haberse enterado y sigan hablando "a dioses extinguidos" (Antonio Gamoneda)- y otra nueva está naciendo.

Si este proceso no puede esperar en ninguna parte, es ya por completo inaplazable en Murcia. Hay que constituir desde una amplia confluencia la fuerza organizada capaz de derrotar al PP y cambiar las políticas de gobierno en la región, y ayudar a cambiarlas también en España y en Europa. Por eso un grupo de ciudadanos hemos tomado la iniciativa de crear un movimiento cívico que la promueva, una Convocatoria para el Cambio en la que quepan diferentes organizaciones políticas y miles de conciudadanos y que, junto al movimiento social de protesta, sea capaz de formular un programa de cambio para la región democráticamente elaborado y decidido, y de crear el instrumento para competir en condiciones de ganar en los procesos electorales que vienen.

A este empeño invitamos a activarse políticamente a la buena gente de la región que no está dispuesta, en cada uno de sus barrios, pueblos y ciudades, a resignarse ni rendirse, ni a delegar ya más tiempo en otros lo que es tarea cada uno de nosotros, incorporándose a esta Convocatoria por el Cambio, por la defensa de los bienes comunes y la democracia real, hasta hacerlo imparable.

(*)  JOSÉ ANTONIO MORENO MICOL, CHUSA HERRERO HERNÁNDEZ, JUAN E. SERRANO MORENO, ENRIQUE DE ANDRÉS, PATRICIO HERNÁNDEZ PÉREZ

Los éxitos de Viudes / Cayetano Jaime Moltó *

Se jacta el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena de ofrecer un incremento del tráfico de nuestro Puerto en el pasado año 2012 de casi 7,7 millones de toneladas o, lo que es lo mismo, un 33,77% más respecto a 2011. El dato es cierto y verificable en la estadística oficial que ofrece Puertos del Estado. Ahora bien, expuesto al conocimiento público, dicho organismo ofrece información pormenorizada del comportamiento singular de todas y cada una de las actividades del Puerto de Cartagena. 

Estudiado el conjunto de informaciones disponibles, habríamos de convenir que 6'4 millones de toneladas del crecimiento obtenido lo son de graneles líquidos. Es decir, que corresponden a petróleo y gas licuado, cuyo perfil es de una baja intensidad de demanda de mano de obra en su proceso de descarga, toda vez que los que verdaderamente trabajan son las tuberías y las bombas. También se observa un leve incremento de 1,2 millones de toneladas en graneles sólidos, explicativo del importante descenso de la producción nacional en materia de cereales que ha precisado mayor importación.

Salvados este dos aspectos, cuyo comportamiento poco tiene que ver con la capacidad de gestión del Sr. Viudes, nos asomamos sin embargo a evidentes datos que demuestran su fracasada gestión. Así, en tráfico “ro-ro” de transporte de maquinaria pesada móvil hemos pasado de 2.976 toneladas a tan sólo 17. Esto supone un descenso del 99,4%. En pesca fresca, de 917 toneladas a 547, una disminución del 40,3%. La escala de cruceros, de la que tanto presume el Sr. Viudes y que ha motivado incluso ante su presíón la liberalización de apertura de establecimientos comerciales, se ha visto reducida de los 79 cruceros que visitaron Cartagena en 2011 a 77 y el número de pasajeros de 88.000 a 83.000, casi un 5% menos. 

En relación a las mercancías en tránsito la suerte no ha sido mejor, porque de las 99.000 toneladas de 2011 hemos pasado a 57.000 en 2012, bajando un 41%.Y en lo que es la “niña de sus ojos”, es decir, la mercancía en contenedores, en toneladas hemos descendido un 5,7% y en número de contenedores en teus un 7,9. Singularmente es importante el descenso de entrada-salida de contenedores nacionales, que ha bajado un 38,4%. De las mercancías en general hay una reducción del 10,6%, así como de los avituallamientos, en los que también descendemos un 29,2%.

En términos de evaluación merecería un suspenso porque nunca el hecho de sacar un 10 en gimnasia o religión supuso aprobar el curso. Por ello, más que precisar de la repetición, por reincidente, merecería la expulsión de la responsabilidad que ostenta. Sus éxitos le delatan.

(*) Responsable regional de Economía y Empleo en IU

Murcia, líder mundial de corrupción / Cano Vera

España, como ya suponen nuestros lectores, es uno de los países más corruptos del mundo, y el cuarto de Europa  después de Grecia, Italia y Turquía. En este océano de inmoralidades, testaferros, recaudadores políticos y empresarios tercermundistas, Murcia ocupa un lamentable lugar de privilegio, pero sorprendentemente pocos españoles lo saben como ya hemos dejado escrito, porque los medios de comunicación, incluyendo las grandes agencias de prensa, han impuesto un silencio extraño. 

Entre el mito y la realidad, entre la verdad y las mentiras, incluso nuestras ex grandes cajas de ahorros, hoy fagocitadas por los bancos, tuvieron delegaciones y oficinas abiertas en las Islas Caimán y Vírgenes, a donde se fueron y se refugiaron millones de las ultimas pesetas y euros de procedencia española y especialmente murciana, segun informó en su día la revista especializada Economía Avanzada, sin que hasta ahora, le hayan replicado fuentes autorizadas.

La fuga de capitales y la compra de grandes centros urbanísticos, incluso en Acapulco, México, asciende al menos a unos seis mil millones de euros murcianos, y a doscientos cincuenta mil millones hispanos sin que las listas de los defraudadores se hayan publicado como prometió el lenguaraz ministro Montoro, un verdadero catamañanas, hace ya más de seis meses, aunque no nos sorprende tras el escándalo del multimillonario Bárcenas.

Pero no nos importa, alguien está en lo más profundo del meollo. Se trata del Comité Mundial de Responsables de la Guerra al lavado del dinero negro y financiación del Terrorismo Global, cuyos objetivos es lograr la transparencia y entrar en la "lista blanca" de países limpios. Hay un punto negro en la Región murciana, entre media decena, uno de ellos se refiere a la finca Lo Poyo, que hace unos años intentó comprar un jeque árabe de una casa real de determinado país.

Y es que nuestra Comunidad Autónoma es importante para la Agencia Federal de delitos financieros internacionales, que sigue otra pista muy murciana que podría relajar los esfínteres. Prometo contar toda la historia en su momento. Ahora ni debo ni puedo. Manda la prudencia. Solamente me resta apuntar que este caso tiene relación con un medio de imagen mediática.

La sombra de Cope es alargada / Miguel Ángel Esteve *

Con los ojos humedecidos recibí la noticia del fallo del Tribunal Constitucional sobre la famosa disposición adicional octava del ley del suelo de 2001, por la que se desprotegían 11.500 hectáreas de espacios protegidos en nuestra región, entre ellos la Marina de Cope. Habíamos ganado y esto no ocurre todos los días.

Once años de espera, de trabajo y sacrificios, once años de una lucha colectiva como nunca había habido en la defensa de nuestro patrimonio natural, once años que merecen una pequeña reflexión, pues la sombra y las lecciones de Cope son muy alargadas.

Como ha ocurrido en tantas otras ocasiones, Ecologistas en Acción, tras intentar sin resultado y conjuntamente con ANSE una negociación de última hora con los diputados del PP Lourdes Méndez y Alberto Garre para que retiraran la mencionada disposición adicional, decidió activar públicamente este asunto por varias vías, una de ellas el Tribunal Constitucional. Rápidamente muchos profesionales del medio ambiente se unieron a la idea de forma prácticamente espontánea. 

En pocas semanas teníamos una primera contabilidad detallada sobre la desprotección, pues afectaba a toda la red de espacios naturales construida desde 1992, y en unos meses disponíamos de un primer informe ecológico sobre los valores naturales desprotegidos y un análisis de varios abogados ambientalistas sobre las debilidades legales de la disposición. Sin estas aportaciones técnicas, científicas y jurídicas hubiera sido imposible avanzar en este camino. 

Nos faltaba el instrumento para poder materializar el recurso en el Constitucional, en concreto cincuenta diputados o senadores que lo pudieran apoyar. Esta opción nos la podía ofrecer el PSOE en el parlamento nacional. Los contactos con Cristina Narbona, entonces secretaria de Medio Ambiente de dicho partido, fueron fructíferos de inmediato. Su sensibilidad y competencia fue manifiesta desde el primer momento. Las reuniones en Madrid con ella, con su secretario De la Torre y el letrado Luciano Parejo acabaron rápidamente en un sólido recurso, apoyado por sesenta y cinco diputados socialistas, que fue admitido a trámite sin discusión en el Tribunal Constitucional. Nuestro reconocimiento hacia Cristina Narbona y todo su equipo.

Después sucedieron las primeras Marchas Por el Litoral, organizadas entonces por la Plataforma en Defensa del Litoral y posteriormente por Murcia No se Vende, que logra convocar a decenas de miles de murcianos en una de las manifestaciones más numerosas que ha acogido nuestra ciudad. Se constituye la Iniciativa Ciudadana y Profesional para la Defensa Jurídica del Litoral (Prolitoral) para mantener vivos todos los recursos en la prolongada tramitación del macroproyecto urbanizador de Marina de Cope, entre otras tareas técnicas. 

En esta larga década de burbuja inmobiliaria y de infraestructuras innecesarias se suceden los conflictos ambientales: Autopista Cartagena-Vera, Puerto Mayor, Lo Pollo y Novo Cartago, Cerrichera, Calblanque, Portmán, el teletransporte urbanístico, Gorguel, algunos desgraciadamente consolidados, otros ganados y con los actores del entuerto sometidos a juicio y varios de ellos aún vivos y en su fase final. No obstante el megaproyecto urbanizador de Marina de Cope suscitó todo tipo de respuestas, incluida una iniciativa legislativa popular promovida por IU-Los Verdes que de nuevo fue abortada por el PP en la asamblea regional, y fueron muchas las personas que se unieron en la defensa de su estado natural hasta el momento presente con el proyecto Marina Nos Interesa y el último informe sobre los valores naturales de la Marina de Cope y los posibles efectos de la urbanización, en el que he tenido la oportunidad de colaborar.

Tres son las lecciones que podemos aprender de este largo y tortuoso conflicto ambiental:

1- Todos estos años, D. Ramón Luis Valcárcel ha demostrado ser un magnífico constructor de fracasos. Especialmente en lo que respecta a su modelo inmobiliario y de infraestructuras, como él mismo reconoce abiertamente. Optó, por pereza mental e incapacidad, por el camino trillado y equivocado y esto nos ha supuesto perder un tiempo y unos recursos económicos preciosos para diseñar y construir otra Región de Murcia, más innovadora, justa y sostenible. Además, en esta locura urbanizadora hemos desacreditado en extremo nuestro sistema democrático, salpicándolo de una pléyade de casos de corrupción cuya factura está aún sin pagar. La sombra de Marina de Cope se cierne sobre otros proyectos de similares características que también están abocados al fracaso, por sus debilidades ambientales y económicas y por la prepotencia de sus promotores, que desprecian lo que ignoran, como es el caso del Macropuerto de El Gorguel.

2- La Marina de Cope tendrá su tercera oportunidad para un desarrollo verdaderamente sostenible. Cuarenta años después de evitar un proyecto de central nuclear, se vuelve a frenar otro macroproyecto incompatible con sus valores físico-naturales. Ya es hora de interpretar con inteligencia el papel de los segmentos de costa que quedan sin urbanizar, en un contexto de protección de la naturaleza e integración territorial más amplio, donde acoger otras ofertas de ocio y esparcimiento más reducidas, blandas y distintas a las convencionales.

3- La realidad económica y social de nuestra región también la construimos desde las organizaciones sociales, con nuestra actividad y ejerciendo en lo posible el estado de derecho. Así lo demuestran, por ejemplo, el movimiento actual contra los desahucios o los colectivos ecologistas en su larga trayectoria. Hago desde aquí un llamamiento a todos los ciudadanos: elijan la injusticia social o ambiental que más les indigne, que por desgracia hay donde escoger, organícense y luchen contra ella, se incorporarán a una guerrilla extensa, prolongada e incruenta que en ocasiones nos da una alegría. Marina de Cope de nuevo protegida, a pesar de la rabieta del Sr. Valcárcel.

(*) Profesor de Ecología y miembro de Ecologistas en Acción de la Región Murciana

El tasazo judicial: otro duro golpe a los más desfavorecidos / Carmen Checa Avilés y Miguel Ángel Alzamora Domínguez *

"La ley no está hecha para impedir tal o cual tipo de comportamiento sino para diferenciar la manera de sortearla". Michel Foucault en Saber y verdad.

Ver las calles llenas de policías, la prensa y la televisión llena de arrestos a pequeños comerciantes de droga y de evocaciones sobre terrorismos pasados, la exaltación mediática de los delitos de las clases populares, no es otra cosa que la fotografía de miedo que un gobierno autoritario quiere mostrar a la multitud indignada. Paralelamente, las redes de internautas invaden el espacio social con vídeos, fotos y textos que muestran el ascenso de la violencia de un Estado que prepara con premeditación un escenario de represión con el objetivo de controlar a las masas desquiciadas por la precariedad y la pobreza. 

Pero como con la violencia inmobiliaria y bancaria -del capital- y de su amigo ejecutivo no parece ser suficiente, el gobierno impulsa leyes para que esa violencia no deje grieta para respirar, organizando así un encarnizamiento más hacia la población noqueada, negándole de facto el derecho a la justicia. 

Y cómo no ver en el drama social de la vulneración del derecho fundamental a la vida y del derecho a la vivienda digna que nos muestra cada desahucio, una imagen vergonzosa de quienes gobiernan alternativamente este sumidero de país. 

Intentemos, desde la corrección razonada, un ejercicio de desmontaje de la mentira institucionalizada sobre la cuestión de la sangría de los desahucios desde su dimensión jurídica. Para empezar, es manifiesta la incoherencia del ministerio de Justicia que, por un lado, dice "proteger" a los desahuciados, y por otro lado los acosa con leyes injustas e inmorales.

A ver, si comparamos las dos últimas normas aprobadas, una en vigor desde el 16 de noviembre y la otra desde el 22 de noviembre, veremos que con una simple lectura, contemplan planteamientos totalmente dispares. 

Por un lado, el Real decreto de 27/2012, de 15 de noviembre, de Medidas Urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Esta norma pretende "aliviar" la situación de los deudores hipotecarios, dado el drama social que para cada una de las personas y familias que no pueden hacer frente al pago de su crédito hipotecario supone perder su casa y, además, quedar endeudados con el banco para el resto de su vida. Los requisitos para acogerse al Real Decreto de protección para los desahuciados, resumidamente, son: ser familia numerosa, tener hijos menores de 3 años, tener a cargo a dependientes o discapacitados, a los que hay que añadir una serie de requisitos económicos, siempre y cuando se trate de la vivienda única.  Como ya se puede observar en la práctica, es un reglamento menos que insuficiente que ni siquiera ha llegado a maquillar el problema tal y como era su intención.

Por otro lado,  el 'tasazo', esto es, la Ley 10/2012, de las tasas judiciales, que supone un desembolso económico por parte del desahuciado. Veamos. El banco tiene que pagar unas tasas para demandar al deudor, y el desahuciado tiene que pagar unas tasas para 'defenderse' ante esa demanda. Como en estas situaciones siempre  sale triunfante el banco, son al final esos mismos 'desahuciados' los que tendrán que pagar, además, las tasas judiciales abonadas por el banco al demandar, incluidas en la condena en costas.

Pero no queda todo ahí. Las causas de oposición a la ejecución hipotecaria son muy concretas. Así que, si el desahuciado entiende que su contrato contiene cláusulas abusivas la ley le obliga a acudir a un segundo procedimiento, esta vez declarativo, lo que implica unas nuevas tasas. Nadie podrá ejercer su derecho a defender su hogar, pues si carece de medios para pagar la hipoteca por las circunstancias actuales en que se encuentra el país, mucho menos dispondrá de ellos para seguir pleiteando. 

Resumiendo. Los requisitos del Real decreto 27/2012 son totalmente incoherentes con lo que ahora reclama la Ley de Tasas Judiciales, ya que a partir de esta ley tienen que pagar todas las personas jurídicas y físicas, excepto la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, organismos públicos dependientes de éstas, las Cortes Generales y las asambleas autonómicas, el Ministerio Fiscal y los funcionarios en determinadas situaciones, sí, y también los beneficiarios de justicia gratuita, es decir, los más pobres entre los pobres con hijos menores de 3 años o con personas dependientes (familias que fueron engañadas por los bancos, ya que sin tener empleos estables les permitieron hipotecarse sin explicarles las consecuencias que hoy están sufriendo, como bien sabe la Plataforma de Afectados por la Hipoteca). 

Por tanto nos encontramos con que a la población más empobrecida junto a las clases medias en descenso social que están sufriendo desempleo o empleo precario, se les acumulan sufrimientos en forma de problemas relacionales encarnados en rupturas familiares, problemas de salud mental, con un incremento del gasto de los hogares en forma de impuestos como el IVA, de servicios básicos como el agua potable y la energía eléctrica, de la atención sanitaria, por citar algunos, y una disminución progresiva de los ingresos, a lo que ahora se suma un nuevo golpe en forma de tasa judicial que limita su ya precario deambular por las instituciones jurídicas, políticas, sociales, y cómo no, bancarias.

En esas estamos, grandes tasas para acceder a una administración de Justicia "obsoleta, añosa, desnortada y caótica, incomprensible en su funcionamiento e incapaz de generar confianza ni hacia dentro ni hacia fuera. Algo que sabemos bien los que trabajamos en ella", según palabras de los Jueces Decanos de España reunidos en su encuentro anual en Vitoria en noviembre del año pasado. 

Y es que cada día se hace más cierto en el paisaje social de este país el hecho de que las leyes las hacen unos pocos para unos pocos. Por eso hay que evidenciar claramente la estafa. Hay que dejar claro a la ciudadanía que la imposición de una ley que vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva y a la igualdad consagrados como fundamentales en la Constitución, para lo único que sirve, además de para recaudar, es para disuadir a la población vulnerable impidiéndole el acceso a la justicia, con el efecto de quedarse sin posibilidad alguna de defender sus derechos e intereses. Y esto nos lleva también a evocar que aquella a la que llaman 'nuestra Constitución', hace aguas por todos lados, sobre todo cuando su vulneración la realizan sistemáticamente las que llaman 'nuestras instituciones'.

(*) Abogados

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/12/29/tasazo-judicial-duro-golpe-desfavorecidos/447140.html

Valcárcel, demediado y catastrófico / Pedro Costa Morata *

La sentencia del Tribunal Constitucional (STC) que declara inconstitucional y nula la tristemente célebre disposición adicional octava (DA8) de la no menos famosa, y aborrecida, Ley regional del Suelo de 2001 (esa de las Actuaciones de Interés Regional como Covaticas y Marina de Cope), vuelve a exponer en su desnudez jurídica y política a un Gobierno regional en imparable caída por la pendiente de la incompetencia y la arbitrariedad. 

Es una pena que esa STC no haya podido contemplar y enjuiciar, calificándolo, el fondo del asunto: que la incrustación alevosa de la DA8 en aquella ley tenía como principal objetivo la destrucción del Parque Regional de Cabo Cope-Puntas de Calnegre para destinar las miles de hectáreas desprotegidas a una macro urbanización rapaz y escandalosa.

Cuando el presidente Valcárcel, representación en carne y verbo de ese vértigo y ese gafe, dedicó hacia mayo pasado su última fanfarronada sobre la macro urbanización Marina de Cope, mirando al tendido vociferante de logreros ansiosos de despedazar ese reducto de luz, naturaleza y resistencia, le advertí que si persistía seguramente ese proyecto y ese espacio serían su tumba política. 

Ahora, tras este serio varapalo que, reincidente, se ha tomado un tanto a la ligera, a juzgar por sus declaraciones, y reuniendo este cronista en la memoria sus continuos fracasos, que vienen siendo victorias, sin embargo, para el medio ambiente, el sentido común o la ética pública, no he podido evitar representarme a su Gobierno como a la tripulación de un barco pirata que, con vías de agua por doquier, sigue mandado por un capitán seriamente maltrecho y disminuido que ha ido perdiendo, en provocaciones y combates caprichosos, ahora un ojo, luego un brazo, después una pierna? pero que continúa en su empeño de otear objetivos por depredar.

Pero, incapaz de cambiar de rumbo y de objetivo, a este presidente le quedan amargos trances por atravesar, que serán otros tantos triunfos para quienes le hacemos frente, cara y escarnio. Que se prepare para lo que le vaya a deparar esa grotesca ocurrencia de la Paramount, ese proyecto irresponsable del aeropuerto o esa batalla que nos brinda por El Gorguel. 

La pena, que con indignación sentimos, es que no se le podrá hacer económicamente responsable de cuanto sus fracasos políticos suponen para el erario público: ya nos gustaría que él (y los innumerables corifeos que lo jalearon) tuviera que pagar por la ruina de la autopista Cartagena-Vera. 

«No hay marcha atrás con la autopista», fue su respuesta a nuestras luchas, denuncias y recursos, sabiendo que era un derroche injustificable, aparte de una grave cuchillada en el territorio; o que se le exija algo parecido cuando haya de ejecutarse ese aval infame a favor de la concesionaria del aeropuerto, aval de cuyos contenidos no ha querido dar cuenta ni siquiera tras la interposición de nuestros recursos administrativos y contenciosos.

Tras su rotunda victoria electoral de mayo de 2011, sobre la que recordará que le envié mi más sentido pésame por considerar que para usted debía resultar insoportable tanto éxito y tan abrumador margen para la discrecionalidad, le sugería que se retirara cuanto antes: que gesto de grandeza suele ser no apurar las victorias (y en su caso lo habría sido también de prudencia inteligente).

Porque si persiste seguirá cosechando desastres, que volcará en nuestras espaldas como suele, agravando nuestro empobrecimiento económico, moral y ambiental. Si se aparta (prometo no acusarle de huir) su partido podrá colocarlo en algún limbo bruselense, de igual o parecido lustre como eso de las Regiones que tanto brillo le viene dando; o alguna regalía de las que se reserva el liberalismo procaz de sus correligionarios; o un buen premio de empresas agradecidas como Iberdrola, esto es un suponer: siento por esta empresa una invencible debilidad, que aunque vuelvan a fracasar sus proyectos en esta heroica Marina de Cope no debiera ignorar los entusiastas servicios que usted le ha querido prestar. (¡Cómo no aprovechar para decir al señor Valcárcel que aquella lucha antinuclear de 1974, de la que ni se enteró ni hubiera compartido, sigue produciendo réditos de dignidad y demuestra ser generadora de fervores en las nuevas generaciones!) 

El presidente debiera prometerse para este 2013 (que ya le aseguro que no sólo va a ser ingrato para la ciudadanía sino también para usted y su partido) que se disminuirá y esfumará, y que apurará las últimas oportunidades de quitarse de en medio y poder así echar la culpa de lo que se le viene encima a quienes le sucedan, por fieles y continuistas que resulten (además de a Zapatero, claro).

(*)  Ecologista, ingeniero y profesor universitario

¿Hasta cuando vamos a tener que aguantar todo ésto? / Patricio Hernández *

El diario 'La Verdad' publica hoy una amplia entrevista -de Manuel Buitrago- con el presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, en la que habla de su futuro político, posibles cambios en el Gobierno, de los casos de corrupción política, de la crisis, de los grandes proyectos de la Región y de su labor en la política europea. No podemos enlazarla por que sólo está en la edición de pago o en la de papel, pero merece una lectura para comprender hasta que nivel ha perdido los papeles el presidente regional.

¿Hasta cuando vamos a tener que aguantar todo esto?

Para darnos cuenta del grado de deterioro de la vida pública y del completo desastre que representan las personas que nos gobiernan en la Región basta con leer la penosa, lamentable entrevista de hoy a Vacárcel en La Verdad. "Todos no hemos equivocado con el modelo urbanístico. No volvería a hacer la misma política, reconozco el error". ¿Todos, Sr. Valcárcel? Durante muchos años desde el Foro Ciudadano, desde la coordinadora Murcia No se Vende, desde las organizaciones ecologistas, etc. nos hemos cansado de señalar que este modelo nos llevaba, despues de un despilfarro altísimo de recursos no renovables, a una inevitable y dramática crisis económica y social.

¿Qué se nos respondía, siempre desde la prepotencia? Que éramos antimurcianos que proclamábamos el catastrofismo, y que el "modelo Valcárcel" era tan bueno que sería imitado por otros. ¿Qué se nos decía cuando advertíamos de los efectos culturales y educativos del modelo? Que los chicos abandonaban el sistema educativo por las oportunidades que les ofrecía el mercado laboral (¿os acordáis de aquel disparate incalificable de Medina Precioso?). ¿Y de la corrupción? ¿cuántas veces hemos dicho que era estructural al modelo y que estaba generalizada prácticamente por toda la Región, que degradaba la vida pública y tiraba por tierra la calidad de nuestra democracia? Y la respuesta era el desprecio y la apelación a que las elecciones lavaban las responsabilidades, sin tomar medida alguna.

¿Cuál ha sido el resultado de tanto desatino y de tanta chulería parapetada tras las mayorías absolutas? Más 200.000 parados, un tercio de la población bajo el umbral de la pobreza, una región muy endeudada y que está viendo como se le deterioran gravísimamente los sistemas públicos de protección social y los servicios básicos de salud, educación, servicios sociales, etc., Mientras se pretende seguir entreteniendo a la gente con quimeras y engañabobos como la Paramount, se mantiene la amenaza de errores imperdonables como Cabo Cope o El Gorguel, y se sigue con el juego grotesco del nuevo aeropuerto y el AVE, sin proyecto económico alguno, fracasados todos los planes estratégicos, y con la corrupción llevando, uno tras otro, a todos los alcaldes del "milagro" Valcárcel al banquillo de los acusados y ya con muchas condenas firmes.

¿Cómo se puede decir, en el actual escenario social, sin que a uno se le caiga la cara de vergüenza, que "no hemos abandonado la lucha contra la pobreza. Es verdad que se ha rebajado un 42%. Es decir que se mantiene un 58%"?. De verdad que hay que dudar del grave deterioro de la inteligencia de un hombre -un jefe de gobierno- que llega a decir cuando se le pregunta por qué se mantuvo a un alcalde en su puesto pese a existir condena firme (Fortuna), literalmente, "le pedí consejo a una persona de mi gobierno y me dijo que creía que debíamos esperar". Parece una respuesta del teatro del absurdo sino fuera una decisión impresentable de una enorme gravedad de quien tiene la máxima responsabilidad en el gobierno y en el partido mayoritario en la Región.

Acabo: dice Valcárcel que le podría "atormentar" creer que, después de 17 años, la Región hubiera dado un giro de 360%, y estuviéramos otra vez al comienzo, con una crisis y la sensación de haber perdido todos estos años. No señor presidente, la cosa es aún más grave: tenemos más paro y pobreza que nunca antes en democracia, mucho más desigualdades y precariedad por todas partes, menos recursos para enfrentarlas, un sistema político en pleno descrédito (realmente en caída libre), sin ningún horizonte de futuro que podamos vislumbrar pero, sobre todo, tenemos una élite gobernante que no está dispuesta a sacar conclusiones de todo esto y pretende seguir, como único objetivo, aferrada al poder y hacer el mismo tipo de cosas que nos han hundido. ¿Cuanto más agonía va Vd. a traer a la Región de Murcia, qué más ha de ocurrir para que se vaya, de una vez, de la vida pública- y se lleve a su partido con Vd.- y deje de arrastrarnos al abismo de su mano Sr. Valcárcel? Haga un último -esta vez sí - servicio a la región de (y contra) la que ha vivido todos estos años, y desaparezca. 

(*) Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia

Lorca y la comisionada / José García Murcia *

Como las cosas no iban bien, el Gobierno de España, presidido entonces por el señor Zapatero, creó la figura del Comisionado para las actuaciones derivadas del terremoto y nombró a Jesús Miranda para coordinarlas e impulsarlas. Realmente este primer comisionado puso voluntad. Alumbró un segundo Real Decreto Ley, el 17/2011 de 31 de octubre (el primero fue el de medidas urgentes de 13 de mayo), pero a la postre, como pasó con el primero, también se demostró insuficiente, porque entre otras cosas no contempló programas de recuperación económica globales (Plan Lorca) ni tampoco intervención directa de la Administración en la reconstrucción de Lorca.

Con el triunfo del PP en las elecciones de noviembre, el Comisionado Miranda decayó de sus funciones y el Gobierno entrante nombró el 31 de diciembre a Mario Garcés, que al poco tiempo, tras declarar que el presidente Valcárcel incumplía sus compromisos y que las ayudas a los damnificados estaban retenidas en la Comunidad Autónoma, terminó su corto mandato, viéndonos sorprendidos el 16 de marzo de 2012 con la noticia del nombramiento de Inmaculada García como nueva y tercera persona que ocupaba el cargo, y lo hacía, con la clara finalidad, se decía, de «dar un impulso clave y aportar al Gobierno las bases para un Plan de Dinamización de la zona».

Aunque no lo parezca, porque apenas su presencia se ha notado, García es, de los tres, la que más tiempo ha desempeñado el cargo. Ya lleva siete meses y aún está por ver de qué es capaz. El RD-ley 11/2012 de 30 de marzo (y ya son tres), que contempló el préstamo ICO y la ejecución forzosa, ya estaba preparado cuando ella fue nombrada, por lo que no se le deben atribuir méritos en el asunto. 

¿Y después, qué ? Pues básicamente que la participación de la Comisionada se viene caracterizando por lo que podríamos denominar ´actividad plana´: escasas declaraciones con apreciaciones erróneas de la realidad y del proceso; pocas visitas a Lorca y casi siempre a hurtadillas; interlocución mínima con los damnificados y sus asociaciones; y, sobre todo, sin cartera de resultados. 

Con siete meses en el cargo, salvo la «Ley 7/2012, de 20 de julio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, reguladora de la reedificación por sustitución forzosa para la urgente reconstrucción de Lorca», que se acometió precipitadamente por ausencia de la figura del agente edificador en la Ley del Suelo de la Región, que será de dudosa eficacia práctica, y en la que ella poco o nada ha hecho, nos preguntamos qué logros puede presentar. 

No son conocidos ni análisis, ni balances, ni informes elevados al Gobierno de España que hayan salido de su departamento. No ha agilizado los trabajos de la Comisión Mixta y después de diecisiete meses de los terremotos aún quedan por resolver 5.000 solicitudes de ayuda (aproximadamente un tercio de las solicitadas). El denominado Plan Lorca sigue siendo una entelequia sin reflejo práctico en los presupuestos estatales pese a las reiteradas llamadas a la ´cuestión de Estado´ hechas por los dirigentes populares. La Comisionada tampoco ha accionado los mecanismos para el cumplimiento del compromiso de construcción de 300 viviendas por parte del Sepes en Lorca, ni su mano se ha sentido en los barrios más afectados, como por ejemplo en San Fernando donde aún están por derribar nueve bloques de viviendas. Además, no ha conseguido que los veintiún millones de euros del fondo de solidaridad europea lleguen directamente a Lorca, ni siquiera que los costes de los derribos posteriores al 31 de agosto de 2011 los asuma el Estado. Ni tampoco que el préstamo anunciado de 185 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones logre su correspondiente aportación de España para hacerse efectivo.

Entonces decimos, ¿qué es lo que hace la Comisionada? Podríamos pensar que está pendiente del «plan integral de recuperación del patrimonio o de la rehabilitación de palacetes y casas solariegas», pero todos sabemos que salvo actuaciones puntuales el fin está muy lejano, por lo que hay que concluir que su intervención es mínima y que Lorca sigue esperando.

Y espera que los desplazados de la ciudad vuelvan, que sus viviendas sean reconstruidas y rehabilitadas, que los dos institutos derribados se vuelvan a levantar, que los centros de salud se construyan, que su conservatorio se rehabilite, que su complejo deportivo Europa y sus centros culturales funcionen, y espera el tan necesario plan de reactivación económica, máxime ahora cuando a la catástrofe de los terremotos se ha sumado el desastre del pasado 28 de septiembre.

El Partido Popular de Lorca y de la Comunidad de Murcia, y principalmente el presidente Valcárcel esquivando su alta responsabilidad en el tema (sobre todo antes de la entrada de Rajoy en el Gobierno) siempre ha lanzado balones fuera aludiendo a que la recuperación de Lorca tras los terremotos era ´cuestión de Estado´. Debemos suponer que la Comisionada comparte dicho criterio y que precisamente ella en uso de sus facultades y de la responsabilidad que le otorga el cargo debería actuar en coherencia y promover cuantas iniciativas fuesen necesarias para llevar a buen fin dicho principio y lograr en plazos no muy lejanos la ansiada recuperación de Lorca.

Realmente es increíble que hasta la fecha el Estado, ante la magnitud de la catástrofe ocurrida en Lorca el 11 de mayo de 2011, no haya tenido una intervención directa en la reconstrucción. Por el contrario, hay que concluir que los avances en Lorca provienen de loables y entusiastas, pero insuficientes, iniciativas privadas o comunales, y por tanto ha entrado en un proceso con múltiples y variadas complicaciones para levantar de nuevo sus edificios y activar la vida social y económica. 

Es esperpéntico pensar que el Estado, precisamente en coincidencia temporal con la tragedia de Lorca, cuya dimensión no tiene precedentes cercanos en España, haya cubierto los desmanes financieros de los bancos y no haya sido capaz de atender las necesidades de vivienda de los damnificados lorquinos. 

Los hechos lo demuestran. Todavía no se ha inaugurado la reconstrucción de ninguna de las 1.500 viviendas derribadas y la Comisionada ni sabe ni contesta. Por su parte, Valcárcel se ha salido por la tangente y con los 115 millones del préstamo ICO que la Administración estatal ha puesto a disposición de las ayudas después de más de un año de sufrimiento (por cierto, sin que todavía se hayan hecho efectivas), da por zanjado su compromiso con Lorca, aunque, sin ninguna duda, la historia lo pondrá en su sitio. Y deja a la Comisionada, la aguileña Inmaculada García, como nexo entre Lorca y Madrid sin que para ello esté preparada, y ni siquiera ponga voluntad.

La Comisionada no ha ofrecido resultados; la Comisionada, por dignidad, debe dimitir. Quizás a la cuarta vaya la vencida. De momento la tercera ha sido ineficaz e ineficiente.

(*) Concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/10/27/lorca-comisionada/435600.html  

Yo soy de Cartagena. ¿Y qué? / Arturo Pérez Reverte *

¿Y a mí qué me cuentan?. Quisiera que alguien me explique de una puñetera vez qué pretenden decir con esa murga de "es que yo soy de aquí, y no soy de allí" que le salta a uno a la cara cuando abre un periódico, o enchufa la tele, o el arradio. Porque, a ver. ¿Dónde diablos es aquí y dónde es allí? Y cuando se invoca un hecho diferencial como si fuese palabra mágica, ¿estamos hablando de diferencias con quién? Porque si de lo que se trata es de ser diferentes, el de arriba firmante es tanto como el que más. Y a la hora de plantear argumentos nacionalistas, paletismo local o factores raciales e históricos no estoy dispuesto a dejarme achantar por nadie. Puestos a ello, puedo ser tan poco español o tan cantamañanas como cualquiera.

Porque vamos a ver. Si de lo que se trata es de marcar paquete, diré que yo, por ejemplo, soy de Cartagena: una ciudad que tiene tres mil años de historia y que podría abastecer de solera a media Europa. Fue capital de la España cartaginesa, y capital de cada una de las cinco provincias romanas de Hispania. Mis antepasados eran griegos, fenicios y cartagineses; y cuando de jovencito me zambullía en el mar, sacaba ánforas que llevaban veinte siglos allá abajo, enfrente de mi casa. En cuanto a raza también soy distinto, porque mi RH positivo es mediterráneo, antiguo y sabio. Y puestos a eso, me siento más a gusto en un cafetín moruno de Tánger o bebiéndome un vaso de vino con aceitunas bajo una parra griega, que en la Gran Vía de Madrid, El Sardinero, Las Ramblas o la plaza mayor de Trujillo.

En cuanto a peripecias históricas, pues bueno. Mientras los comerciantes, los campesinos y la gente de la iglesia y de la paz se iban al interior - a Murcia- para esquivar las incursiones de los piratas berberiscos, mis architatarabuelos se quedaron en la costa a pelear. Y cuando la primera república, el Cantón de Cartagena se autodeterminó por las bravas, acuñó su propia moneda, poseyó su escuadra, y al aparecer las tropas centralistas no se desbandó como una manda de conejos, sino que resistió seis meses a cañonazo limpio. Y en lo que se refiere a lengua propia, cierto es que no hay una nacional cartagenera; pero los críos, antes de tener uso de razón, saben leer en las piedras inscripciones en latín. Y mucho podríamos discutir sobre si decir: "deme sinco sentímetros de sinta de senefa asul" o blasfemar con la barroca riqueza léxica del habla cartagenera no es un hecho diferencial lingüístico de cojones...

En cuanto a agravios, para qué les voy a contar. Hoy, Cartagena es una ciudad industrialmente desmantelada, deshecha por el paro, con menos alternativas que un bocadillo de mortadela en Ruanda. A los cartageneros no es que los hayan puteado histórica y sistemáticamente el gobierno central, las monarquías austriaca y borbónica, la dictadura franquista o los cien años de acrisolada honradez. A los cartageneros nos han hecho la puñeta la administración fenicia, la griega, la de Roma, la bizantina, los suevos, los vándalos, los alanos, los visigodos, el califato de Bagdad, el de Córdoba, el Cid Campeador, los reyes de Castilla, los de Aragón, Napoleón Bonaparte, el general Martínez Campos, la primera y la segunda repúblicas, y todo el que pasó por allí. 

 

Mis antepasados pagaron impuestos, palmaron en la Invencible, Trafalgar, Santiago de Cuba, Filipinas, Annual. Y a cambio, como el resto de los españoles, recibieron hostias hasta en el cielo de la boca. Cierto es que fueron cómplices y actores en empresas imperiales de la España centralista castellana. Pero cuando vas y abres los libros de historia, compruebas que en cualquier batalla de Flandes, en cualquier episodio colonial de América, en cualquier aventura española en Nápoles, Sicilia, norte de África o Constantinopla, los apellidos de los capitanes, soldados, marinos, comerciantes y frailes eran también, y no pocos, vascos, catalanes, gallegos, navarros, mallorquines y etcétera. 

 

En esta galera hemos remado todos, y a todos nos han dado infinitas veces por detrás y por delante. Aquí no hay víctimas de primera y de segunda clase, y sólo a los muy canallas o a los muy imbéciles se les ocurre trazar líneas divisorias con tan irresponsable arrogancia. ¿Diferentes? Claro que sí. No sólo van a serlo tres o cuatro chantajistas bocazas. Aquí todos tenemos motivos para piarlas, y cuando llueve se moja todo cristo. Así que, para diferencia, la mía y la de la madre que me parió. A ver qué se ha creído esa panda de gilipollas.

 

(*) Académico y periodista