España adaptará su normativa para cumplir con la nueva gobernanza europea

MADRID.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha asegurado que tanto el Estado como las comunidades autónomas acatarán la nueva gobernanza europea y adaptarán a la normativa española para poder cumplirla.

   "Adaptaremos nuestras normas en todo aquello que sea necesario para cumplir ese pacto de gobernanza y tendrán ustedes cumplida cuenta de todos los pasos que se vayan dando", ha señalado Salgado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso a la diputada 'popular' Soledad Becerril.

   Salgado ha recordado que España está contribuyendo "muy activamente" al paquete de gobernanza económica y que, por tanto, aplicará las modificaciones que sean necesarias para aplicarla en España a todos los niveles.

   La 'número tres' del Gobierno ha explicado que se trata de un conjunto de normas que tratan de mejorar la supervisión y moderar los desequilibrios macroeconómicos, además de incluir la deuda como un criterio operativo, lo que beneficia a España porque cuenta con una situación mejor que el resto de países.

   Por su parte, Becerril ha recordado al Gobierno que la nueva gobernanza implica también más vigilancia y control, al tiempo que ha pedido al Ejecutivo que piense cómo va a adaptar las nuevas exigencias a la normativa española y que tenga sentido de democracia y lo lleve al Congreso antes de tomar la decisión.

Salgado: imponer un techo de gasto a las CC.AA. no garantiza el cumplimiento del déficit

MADRID.- La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha remarcado en el Congreso de los Diputado que el Ejecutivo no va a imponer a las comunidades un "techo de gasto" y, aunque ha admitido que es una herramienta "útil" que el PSOE llevará en su campaña electoral para las elecciones autonómicas de mayo, no "garantiza en sí mismo" el cumplimiento de los objetivos de déficit. 

   En respuesta a una interpelación del portavoz de ERC, Joan Ridao, Salgado ha precisado que lo que se discute en Bruselas en el marco del Pacto por la Competitividad es que haya una "regla de gasto" que se adapte el ciclo económico, lo que en principio se ciñe a la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria que reformó la anterior Ley del PP, que fijaba objetivos "año a año".

   En este sentido, el planteamiento busca una estabilidad a lo largo del ciclo que permita adoptar estímulos en los "momentos bajos" del mismo, aunque esto, "evidentemente", no ha sido suficiente el caso de la actual crisis para frenar el déficit y el endeudamiento público, que "en buena parte" responde a las ayudas a entidades financieras "radicadas en toda las comunidades autónomas".

   En este sentido, la vicepresidenta ha descartado que el Pacto por la Competitividad suponga grandes cambios en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si bien alterará al "cadencia" de los marcos plurianuales respecto a los Presupuestos del Estado, lo que también repercutirá en los procedimientos del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   Salgado estima que este nuevo "paquete de gobernanza" se aprobará previsiblemente en el mes de junio y tendrá un "tiempo dilatado" para su establecimiento, y ha remarcado que en estos momentos todo lo que se refiere a política presupuestaria está más delimitado por el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit que por los nuevos acuerdos en el marco de la Unión Europea.

   Así, Salgado ha remarcado que la "máxima prioridad" es la reducción de los niveles de déficit público, para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas y la rebaja de los intereses de la deuda pública, lo que mejorará también la capacidad de endeudarse de las comunidades autónomas. De hecho, ha lanzado un mensaje a las comunidades al recordar que todas las administraciones pueden hacer "algo más" para ganar en eficiencia en un momento de crisis y reducción de ingresos.

   Salgado ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011 son los primeros que recogen íntegramente el nuevo modelo de financiación autonómica, lo que ha hecho innecesario conceder anticipos adicionales. Este, precisamente, es uno de los argumentos que el PP ha esgrimido para presentar un recurso contra las cuentas públicas ante el Tribunal Constitucional.

   En este sentido, Salgado ha asegurado que "todos los informes jurídicos" avalan al Gobierno, que está "cumpliendo escrupulosamente" con todos sus compromisos financieros, incluidos los recogidos en la Disposición Adicional Tercera del Estatut catalán.

   "Hemos cumplido, pero algunas comunidades deberán hacer un esfuerzo más decidido", ha insistido la 'número tres' del Ejecutivo, tras recordar que los objetivos de déficit se acordaron en el seno del CPFF y no son una "imposición" del Gobierno.  

   Por último, ha reiterado el compromiso expresado hace una semana por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de publicar las balanzas fiscales cuando se tenga al liquidación de 2010, año en que entró en vigor el nuevo sistema de financiación, pues no es "razonable" presentar datos del anterior.

   También ha aceptado la propuesta de ERC de estudiar un sistema periódico para difundir estos informes, si bien no de carácter anual, pues los datos serían poco relevantes frente al esfuerzo que supondría elaborarlos.

Rubalcaba descarta imponer por ley un techo de gasto a las CC.AA.

MADRID.- El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que el Gobierno no va a imponer por ley un techo de gasto a las comunidades autónomas porque va contra la Constitución pero ha propuesto al Partido Popular que ambas formaciones planteen en cada Parlamento autonómico establecer un techo de gasto.

   De esta forma ha respondido, en la sesión de control del Congreso, a la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, que le ha reprochado que en enero el PSOE votara en la Cámara en contra de una propuesta del PP para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y ahora "esa misma propuesta se vaya a aprobar en el Consejo Europeo de mañana". "No sé con qué cara van a ir a Bruselas, pero espero que no vayan con los mismos argumentos", ha enfatizado.

   Según Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo se ha opuesto hasta ahora a cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque "es reconocer que el gobierno se equivocó de principio a fin en la gestión de la crisis" y porque "PSOE y estabilidad son conceptos antagónicos". Según ha agregado, no quiere cambiar la Ley "porque tienen tanto ruido dentro del Partido Socialista que no escuchan lo que está diciendo la gente fuera".

 

   "No quisieron cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque era una propuesta del PP y no hacen caso cuando es del PP. Entienden mejor cuando se lo dictan desde el pinganillo de Bruselas, que son los que mandan aquí", ha aseverado, cosechando un aplauso de la bancada 'popular'.

   En el primer rifirrafe parlamentario que mantienen tras la enfermedad del ministro, Rubalcaba ha admitido que es posible que el Consejo Europeo, en el marco de la discusión sobre la competitividad, se adopten "algunas decisiones sobre el control de gasto y deuda en los Estados" que pueden hacer necesarios "pequeños cambios en nuestra legislación". Eso sí, ha recalcado que en todo caso serán "pequeños cambios".

  

Tras espetar a Sáenz de Santamaría que "de economía anda regulín", el vicepresidente ha explicado que no van a "imponer" por ley un techo de gasto a las CC.AA. "No lo vamos a hacer porque creemos que va contra la Constitución y ustedes también cuando hicieron la ley en 2001", ha añadido, en referencia a la ley de financiación que aprobó el Gobierno de José María Aznar.

   Eso sí, ha reconocido que "es bueno" que haya techo de gasto y, de hecho, ha subrayado que el PSOE lo incluirá en su programa electoral para aplicarlo en las comunidades en las que ganen las elecciones.

"Esperamos que ustedes lo hagan donde gobiernen. Aquí tiene un buen acuerdo, pongámonos de acuerdo en que los dos grupos vamos a llevar a los Parlamentos autonómicos que en el uso de su autonomía establezcan un techo de gasto", ha planteado.

   El ministro del Interior ha subrayado que el Ejecutivo ha hecho de la estabilidad "uno de los ejes" de su política presupuestaria y ha recordado que han alcanzado un acuerdo fiscal con las comunidades para conseguir que cuadren las cuentas públicas. "Hemos tomado medidas de recorte nosotros y las CC.AA. --ha recalcado--. Aquí nosotros solos, con nuestras manitas y sin su ayuda. Y por eso estamos saliendo de la crisis económica, nosotros solitos, sin su ayuda", ha dicho a Sáenz de Santamaría.

Pujante recuerda al PP que Aznar aprobó un sistema que no reconocía la actualización de la población

MURCIA.- Izquierda Unida de la Región de Murcia ha recordado hoy al PP que el sistema de financiación autonómica que no reconocía la actualización de la población fue aprobado bajo el mandado del ex presidente José María Aznar y después "sostenido" durante un tiempo, hasta que se dio luz verde al actual sistema, por el PSOE.

   El candidato de IU-Verdes a la Presidencia de la Región, José Antonio Pujante, ha reaccionado así tras conocer las declaraciones de la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, en las que aseguraba que si el Gobierno central reconociera los 450.000 nuevos habitantes que residen en la Comunidad habría superávit en lugar de déficit.

   Pujante ha indicado que uno de los motivos por los que ha aumentado la población es por la población inmigrante, "al albur de un crecimiento económico vinculado a la actividad inmobiliaria y a la agricultura intensiva, lo que implicó un mal reparto de la riqueza, generando así un incremento de la economía sumergida".

   Sobre la deuda histórica del Gobierno central con Murcia, ha indicado que su formación "siempre reclamará una deuda consensuada gobierne quien gobierne", y ha asegurado que el PP de la Región "reclamó su pago cuando Felipe González gobernaba y ahora, pero cuando llegó Aznar dejó de reclamarla".

   A juicio de Pujante, "la determinación de la cuantía tiene que hacerse bajo criterios de objetividad y del consenso de las fuerzas políticas, para reclamarla con la misma fuerza e intensidad gobierne quien gobierne".

Saura afirma que "votar a Valcárcel implica un nuevo tijeretazo el doble de grande"

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, afirmó este sábado que "votar a Valcárcel implica votar un ajuste, un tijeretazo, el doble de grande del que ya ha hecho", según han informado fuentes socialistas en un comunicado. 

   Además, cree que "votar a Valcárcel implicaría, como consecuencia del déficit y la deuda que tiene la Región debido al despilfarro de estos últimos años, la privatización de la educación y la sanidad, y que los empleados públicos no podrán cobrar más de un mes, y también que la inversión pública desaparezca de la Comunidad Autónoma para años y años".

   Saura explicó que, "dado que el déficit al que nos ha conducido Valcárcel en 2010 excede en unos 1.000 millones de euros a lo exigido y pactado con el Consejo de Política Fiscal y Financiera para el año 2011, el ajuste de Valcárcel, el nuevo tijeretazo, va a ser con toda seguridad el doble del que se ha producido ya".

   Asimismo, puso de manifiesto además que el Gobierno regional y el PP "ocultan información a la sociedad murciana, no la quieren informar de las consecuencias que el primer tijeretazo está teniendo en muchas capas sociales, en empresas, en investigadores, en creadores o en universidades".

   "No obstante, hay una manera distinta, esperanzadora, de plantear la gestión económica y presupuestaria de la Comunidad Autónoma, de enfocar la creación de empleo, hay en la Región una alternativa esperanzadora, progresista y moderna", ha concluido.

El TC admite a trámite el conflicto de competencias presentado por el Gobierno regional por la financiación autonómica

MURCIA.- El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencias en materia de financiación autonómica promovido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma frente al Ejecutivo central, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

   Así, el pasado 11 de febrero, el Consejo de Gobierno aprobó la interposición ante el Alto Tribunal de un conflicto positivo de competencias contra la aplicación del sistema de financiación autonómica, al considerar que lesiona la autonomía política y financiera de la Región.

   La Comunidad inició los trámites legales tras tener conocimiento de forma oficial, en octubre de 2010, del importe de la financiación autonómica de la Región de Murcia para el año 2011, por aplicación de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas.

   A partir de este momento, el Gobierno regional puso en marcha todos los mecanismos jurídicos a su alcance, en defensa de los intereses de la Región. Entre otras cuestiones, el importe de la financiación para 2011 en la Región no recoge el pago de los Fondos de Convergencia, entre los que se encuentra el Fondo de Competitividad, que ascienden a 211 millones de euros.

   Finalmente, el Gobierno regional destacó "la importancia de la admisión a trámite de esta iniciativa por parte del Tribunal Constitucional, que pone de manifiesto el esfuerzo del Ejecutivo regional por defender el interés de todos murcianos y por recibir una financiación justa".

La deuda de las comunidades autónomas españolas alcanza el 10,9% del PIB

MADRID.- La deuda de las comunidades autónomas españolas aumentó un 31,7% en 2010, hasta registrar 115.455 millones de euros (el 10,9% del PIB), la cifra más alta de toda la serie histórica, según datos del Banco de España.

   Los datos muestran que desde el año 1995, el endeudamiento de las regiones no ha parado de crecer, batiendo en cada ejercicio récords históricos, a pesar del compromiso de estabilidad presupuestaria adquirido en los últimos años.

   La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda en 2010 fue nuevamente Cataluña, con 31.886 millones de euros, cantidad que representa el 27,6% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades.

   Después de Cataluña, se situó la Comunidad Valenciana (17.600 millones de euros), que vuelve a ocupar el segundo lugar por delante de Madrid, cuya deuda ascendió a 13.492 millones de euros. Entre las tres, acumulan el 54,5% del total del endeudamiento regional.

   A continuación, figuran Andalucía (12.176 millones de euros), Galicia (6.162 millones), Castilla-La Mancha (5.819 millones), País Vasco (4.916 millones), Castilla y León (4.294 millones de euros), Baleares (4.064 millones), Canarias (3.298 millones), Aragón (2.901 millones) y Murcia (2.107 millones).

   Completan la lista Extremadura (1.747 millones), Navarra (1.725 millones), Asturias (1.634 millones), La Rioja (726 millones) y Cantabria (911 millones).

   En cuanto a la evolución de la deuda, ninguna comunidad autónoma logró reducir su endeudamiento respecto al pasado año. Los incrementos más destacados se localizaron en País Vasco (+95,1%), Extremadura (60,8%) y Murcia (57,2%),

   Tomando el ratio deuda/PIB, Comunidad Valenciana volvió a situarse en 2010 a la cabeza de la deuda autonómica, con un volumen que alcanza el 17,2% de su PIB, seguida de Castilla-La Mancha (16,5%), Cataluña (16,2%), Baleares (15,3%) y Galicia (11,2%), todas ellas por encima de la media (10,9%).

   Los porcentajes son menores en Extremadura (9,8%), Navarra (9,4%), La Rioja (9,2%), Aragón (8,9%), Andalucía (8,5%), Canarias (7,9%), Murcia (7,7%), Castilla y León (7,6%), País Vasco (7,4%), Madrid (7,1%), Asturias (7,1%) y Cantabria (6,7%).

   Por su parte, las corporaciones locales arrojaron una deuda de 35.441 millones de euros al cierre de 2010, el equivalente al 3,3% del PIB, lo que representa un aumento de solo un 2,1%. Además, estas corporaciones redujeron su endeudamiento en igual proporción (2,1%) en en el cuarto trimestre respecto al trimestre anterior.

   Del total de la deuda de las corporaciones locales, la mayor parte (28.769 millones) corresponde a los ayuntamientos, con un incremento del 0,6%, y de esta cifra, 14.412 millones pertenecen a capitales de provincia.

   La deuda de los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza) alcanzó los 10.490 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,2%.

   Destaca, sobre todo, el incremento del 59,2% de la deuda del consistorio de Barcelona, que sumó 1.202 millones de euros, y el de Valencia, que elevó su endeudamiento un 6,5%, hasta los 890 millones de euros.

   La deuda del Ayuntamiento de Madrid (6.453 millones) es superior al de todas las comunidades excepto Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, aunque descendió un 4,5% durante el pasado año. Además, es más de cinco veces superior a la deuda del ayuntamiento de Barcelona.

Unas 2.000 personas rodean San Esteban con una cadena humana para pedir que se derogue la 'ley Valcárcel'

MURCIA.- Unas 2.000 personas, según fuentes sindicales, han rodeado este jueves el palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, para pedirle al Ejecutivo murciano que derogue la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, más conocido como 'tijeretazo' o 'ley Valcárcel'.

   Al acto, en el que se ha leído un manifiesto realizado por las federaciones de enseñanza de los sindicatos que componen el 'Comité de Resistencia', han acudido los secretarios generales de UGT y CCOO, Antonio Jiménez y Daniel Bueno, respectivamente, así como el portavoz de Sterm-Intersindical, Toni Carrasco, que han coincidido en que es el Ejecutivo murciano el que tiene que tomar la iniciativa para erradicar las medidas que trajo consigo la ley 5/2010.

   En este sentido, Bueno ha indicado que la cadena humana "es un acto de protesta en torno a la sede del Gobierno regional, exigiendo al presidente que solucione el grado de conflicto que se ha abierto con la Ley de los Recortes".

   Asimismo, Jiménez ha incidido en que "el valor de la cadena humana es el de insistir en la necesidad de que se deroguen unas medidas que son muy regresivas para los trabajadores públicos, para la calidad de los servicios públicos que prestan y que son perjudiciales para la economía murciana".

   De este modo, ha apuntado que "el objetivo es situar en el problema en el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo murciano, porque creemos que es el que tiene que tomar la iniciativa para erradicar las medidas que trajo consigo el tijeretazo".

   Al hilo, Jiménez ha pedido al Gobierno regional que "modifique esa postura y que convoque a las organizaciones sindicales que representamos a la mayoría de los trabajadores, porque tenemos que resolver el problema con la Comunidad", un problema, que en su opinión, "está motivado por una incapacidad en la gestión económica y la falta de previsión".

   Por otro lado, Carrasco ha afirmado que esta nueva movilización "demuestra la tozudez de lo trabajadores públicos en la defensa de sus derechos, frente a la tozudez del Gobierno regional que se empeña en recortarlos".

   Y es que, para el portavoz de la Intersindical, "es curioso que, cada vez que se anuncia una nueva movilización, el Gobierno regional saque de la chistera una nueva forma más positiva de leer la ley 5/2010 pero incongruente con los contenidos de la misma".

   Así, ha señalado que este jueves "se han repartido en los centros de trabajo una hoja de los horarios laborales con 35 horas, pero no han dicho nada de lo que se va a hacer con la hora y media que, claramente, están obligados a pedir por la ley".

   Por ello, ha pedido a la Comunidad "que se deje de rodeos y que directamente arregle la ley, fijándose la jornada en 35 horas", al tiempo que ha añadido que, "de paso, puede mejorar las otras medidas que recortaron, como la ayuda social, y que no pretendan privatizar la gestión de la incapacidad transitoria a través de mutuas privadas".

   Respecto a las nuevas movilizaciones, Carrasco ha explicado que, durante toda la semana próxima, "se realizarán asambleas en los centros de trabajo para definir el nuevo calendario de modificaciones, que llegará, por lo menos, hasta la Semana Santa".

   Antes de la lectura del manifiesto, las personas que formaban la cadena humana, que han conseguido rodear el palacio de San Esteban, han dado una vuelta completa a la sede del Gobierno regional, para volver cada uno a su posición inicial.

   Una vez realizara esa vuelta, se ha leído un manifiesto realizado por las federaciones de enseñanza de UGT, CCOO y Sterm-Intersindical, en el que han denunciado públicamente la actuación del Servicio de Inspección Educativa el pasado 4 de marzo en el IES Cañada de las Eras, con la misión de levantar acta de un acto informativo consistente en la representación teatral de la obra 'El señor de las Tijeras'.

   De este modo, a través del manifiesto, han expresado su solidaridad con el director del citado instituto, así como con los 64 profesores del mismo, "que pueden verse afectados por la actuación de la Inspección, cuyo carácter intimidatorio resulta evidente".

   Finalmente, han considerado que "este tipo de actividades se enmarcan en el ejercicio de los derechos de los trabajadores, por lo que demandamos del Servicio de Inspección la inmediata paralización a las actuaciones que hubieran podido derivarse del acta levantada por sus inspectores".

El Gobierno publicará nuevas balanzas fiscales cuando tenga la liquidación de 2010

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha comprometido a publicar nuevas balanzas fiscales cuando se tenga "al menos" la liquidación del primer ejercicio del nuevo sistema de financiación autonómica, que entró en vigor en el año 2010.

   "Como parece natural o de sentido común", ha señalado Zapatero en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, donde el diputado de CiU Josep Antoni Duran i Lleida ha pedido al Gobierno que publique las balanzas fiscales.

   El jefe del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno mantiene la convicción de que la transparencia que ofrecen los datos que incluyen estas balanzas es "positiva" y, por tanto, mantiene también el compromiso de publicarlas en el futuro.

   Sin embargo, ha explicado que ha transcurrido un plazo "muy corto" desde la entrada en vigor del nuevo modelo de financiación autonómica, por lo que aún no se dispone de datos de liquidación de ningún ejercicio que pueda mostrar una evolución "relevante" en las balanzas.

   Aún así, sí ha considerado "razonable" la petición del Duran i Lleida de analizar el principio de solidaridad del sistema en el marco de un debate que siempre tiene que ser "abierto", pero cuando se tengan los resultados del nuevo modelo de financiación. "Volver ahora a retrotraer a algo que ya no existe no parece que sea muy útil para el debate público", ha indicado.

   Zapatero ha recordado que su Gobierno fue el primero en publicar un estudio sobre las balanzas fiscales "históricamente reclamado" con el objetivo de aportar información "oportuna" sobre los flujos financieros interterritoriales.

   En este estudio, que se publicó mientras se debatía la creación del nuevo modelo de financiación, se ofreció la "máxima transparencia" con datos "precisos" que aportaban objetividad al tratamiento del principio de solidaridad interterritorial.

   Por su parte, Duran i Lleida ha recordado al Gobierno que las balanzas que publicó correspondían al año 2005 y le ha reclamado la publicación de las de años anteriores a la entrada en vigor del nuevo modelo, es decir, los años 2006, 2007, 2008 y 2009.

   Además, ha instado al Ejecutivo a revisar el concepto de solidaridad porque "algo no funciona en España" cuando cuatro comunidades acaparan los fondos europeos. "No tiene sentido que unos paguen y otros abunden en la cultura de subsidio", ha indicado.

Empleados públicos formarán una cadena humana contra el 'tijeretazo', rodeando el Palacio de San Esteban

MURCIA.- El personal empleado público rodeará este jueves, día 17, el Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, formando una cadena humana, dentro de las movilizaciones contra la Ley 5/2010 de Medidas Extraordinarias.

   Esta actividad, sigue con el objetivo, nunca abandonado, de la derogación efectiva del "tijeretazo" y de que el Gobierno busque en otro tipo de medidas, que no afecten a los servicios públicos ni a las condiciones de trabajo esenciales de sus empleados, la solución al desequilibrio presupuestario de la Comunidad Autónoma, según han explicado fuentes sindicales en comunicado de prensa.

   Así se han programado cuatro puntos de concentración, correspondientes a las cuatro calles que rodean el Palacio y los jardines de San Esteban: Callejón Burruezo, Jerónimo de Roda, Acisclo Diaz y Portillo de San Antonio.

   En cada punto se concentrarán las personas, a partir de las 18.00 horas, en función de las distintas comarcas de procedencia. La construcción de la cadena humana empezará a partir de las 18.30 horas, para conseguir completarla en torno a las 19.00 horas.

   Las organizaciones que componen el 'Comité de Resistencia' esperan rodear completamente el Palacio de San Esteban y seguir demostrando que el Gobierno regional "no tiene otra salida", para acabar con la protesta, que garantizar la calidad de los servicios que presta y el cumplimiento de los acuerdos de condiciones de trabajo firmados en los últimos años.

Valcárcel dice que si es necesario se tomarán medidas de ajuste

MURCIA.- El presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, ha asegurado este viernes que en el caso de que sea necesario adoptar nuevas medidas de ajuste lo harán, "siempre y cuando nadie quede fuera de esa calidad de los servicios básicos". Ha dejado claro, no obstante, que los funcionarios no se verían más afectados.

   De lo que se trata, ha subrayado Valcárcel, es de "garantizar los servicios básicos de los murcianos, especialmente la educación y sanidad, de forma que no haya ni un solo murciano sin estos servicios".

   Al respecto, ha insistido que "si tenemos que tomar otras medidas las tomaremos siempre y cuando no quede nadie fuera de esa calidad o de esos servicios básicos".

   Sin embargo, el presidente murciano ha confirmado que en el Plan de reequilibrio financiero que ya se ha enviado al Gobierno central "no hay ninguna novedad y los recortes" son los que ya se están manteniendo, ya que, entiende, "es más que suficiente" confiando en que no haya que tomar ningún tipo de medidas y se le autorice a Murcia "lo que a otros" se le aprueba.

CCOO afirma que "Murcia y Wisconsin son hoy dos referencias mundiales en la eliminación de derechos sociales"

MURCIA.- El secretario general de CCOO en la región de Murcia, Daniel Bueno, ha afirmado que "Murcia y Wisconsin (Estados Unidos) son hoy dos referencias mundiales de la eliminación del derecho a la negociación colectiva y el acoso a las organizaciones que representan a los trabajadores", según han anunciado fuentes de este sindicato en comunicado de prensa.

   Bueno ha añadido que "el Gobierno tiene que abrir la puerta a un cambio sustancial en su política económica y de gestión del gasto público, que sitúe el empleo en el centro de toda actuación, y que evite que se sigan cerrando más empresas",

   El secretario general de CCOO en Murcia ha hecho estas afirmaciones en relación con las declaraciones del Presidente Valcárcel en que admitía la posibilidad de negociar con los sindicatos que no firmaron la modificación de la Ley de Medidas Extraordinarias, y que representan a casi el 60 por ciento de los 55.000 empleados de la Comunidad.

   De esta forma, Bueno ha afirmado que CCOO "no se mostró favorable a la modificación de la Ley porque lo único que garantizaba era perdida de empleo, perdida de derechos laborales y sociales, y deterioro de los servicios públicos y lamento que el Gobierno regional haya abrazado las tendencias más extremas en contra de los derechos sociales de los trabajadores".

   "En una región donde el paro sigue creciendo por encima del 25 por ciento y se destruyen miles de empresas, la situación presupuestaria y de tesorería de la administración regional está generando más desempleo y destrucción de empresas, y algo tendrá que ver con esta situación la actuación del Gobierno regional y, particularmente, de la Consejera de Hacienda", ha añadido Bueno.

   Al hilo de este tema, el responsable de CCOO ha invitado al presidente regional a una reflexión profunda sobre el futuro ya que "después de las elecciones seguirá habiendo crisis, no es creíble la ocurrencia de crear 125.000 puestos de trabajo de la nada".

   Respecto a este asunto, Bueno ha añadido que "sería bueno que se buscase un acuerdo amplio de la sociedad para acometer cambios profundos que nos permitan salir del agujero en el que estamos, tanto en lo relativo a la Ley de Medidas Extraordinarias como a la situación general de la región".

   "Es posible hacer otras políticas, mejorar los ingresos sin dañar a las clases más desfavorecidas, frenar gastos desmedidos que se acometen todos los días por parte de la administración, y empezar a generar confianza en el futuro, una confianza que hoy no existe ni en la economía ni en la capacidad del Gobierno regional para sacarnos de esta situación", ha puntualizado el secretario general de CCOO.

El PSRM considera que la emisión de deuda que pide Valcárcel "es un parche que no salvará a la Región de la bancarrota"

CARTAGENA.- El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Francisco Oñate, ha subrayado que la emisión de 500 millones de euros en deuda regional sería "un parche y no la solución a los problemas de solvencia de la Administración regional que la llevarán a la bancarrota si no se tomas medidas de austeridad".

   Oñate consideró que la negativa del Ministerio de Economía a esa solicitud a "la existencia de unas reglas técnicas y acordadas por todos con las que no cumple la Administración regional" y subrayó que el principal problema es "la falta de solvencia y capacidad para devolver préstamos, por el elevado déficit".

   A su juicio ni siquiera con una autorización favorable a un endeudamiento superior podrá colocar el Gobierno regional esa deuda en el mercado. "Por eso aún estamos esperando que el presidente regional se digne a considerar nuestro plan de ahorro por 500 millones de euros, en lugar de hablar de suprimir entes cuyos trabajadores ni siquiera han sido informados", añadió Oñate.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP en la Asamblea Regional, Juan Carlos Ruiz, ha anunciado este miércoles la preparación de medidas urgentes para forzar al Gobierno central a autorizar la emisión de deuda solicitada por el Ejecutivo autonómico y que deje de "intentar llevar al colapso financiero a la Región de Murcia".

   Ruiz indicó, en la sede de su grupo parlamentario en la Cámara, que esas medidas deberán ponerse en marcha antes de las elecciones de mayo, en el caso de que no se responda a la petición de endeudamiento en 500 millones de euros entonces irán en la dirección de "evitar que el Gobierno central roce la prevaricación y quede impune".

   A su juicio, "también en el silencio ante las peticiones de entrevista del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel con su homólogo del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, y de un encuentro entre la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, y la ministra de Economía, Elena Salgado", se ve el tratamiento discriminatorio.

   Según Ruiz, estas negativas "se deben a la falta de argumentos del Gobierno central para justificar por qué no se permite el endeudamiento respecto al déficit" y llegó a subrayar que "el peso de nuestro PIB es pequeño y la calificación de nuestra solvencia no supondría un problema para el conjunto de España, cosa que si ocurre con otras como la Comunidad Valenciana".

El PSRM exige a la Consejería de Universidades que pague lo que les debe a las Universidades públicas de la Región

CARTAGENA.- El portavoz de Universidades del Grupo Parlamentario Socialista, Domingo Carpena, exige a la Consejería de Universidades que pague lo que les debe a las Universidades públicas de la Región.

   Carpena manifestó que el consejero tiene que dar explicaciones "claras y contundentes" sobre por qué, a pesar de recibir un montante económico del Ministerio de Educación de 5,3 millones de euros, a finales de 2010, para la ejecución del CAMPUS MARE NOSTRUM, no se ha ingresado cantidad alguna a las Universidades públicas.

   El responsable de Universidades del Grupo Parlamentario Socialista recordó que "sólo a la Universidad de Murcia se le adeudan 50 millones de euros, más de 8.300 millones de pesetas, desde junio de 2010; mientras que en el caso de la UPCT, el montante asciende a más de 20 millones de euros".

   Por ello, añadió en comunicado de prensa, "urge que se le abonen estas cantidades o al menos conocer un calendario de pago para saber cuándo y cómo se les va a abonar a las Universidades este dinero".

   Carpena añadió que esta deuda está asfixiando la gestión de ambas instituciones, hasta el punto de que sólo disponen de dinero para pagar las nóminas y poco más.

   Aclaró que "no tiene nada que ver con los recortes presupuestarios, ya que el presupuesto para 2011 de las Universidades Públicas descendió un 7 por ciento. Todo se debe a la insuficiencia de la ejecución presupuestaria de 2010", comentó.

   El diputado socialista agregó que lo más llamativo es que la CARM recibió un montante económico para la ejecución del programa MARE NOSTRUM "que no ha sido ingresado a ninguna de las Universidades, por lo que el consejero debe dar explicaciones rigurosas y fiables sobre el destino de ese dinero".

   Domingo Carpena cree que si de verdad se quiere apostar por el futuro de nuestra Región para salir de la crisis es necesario apoyar la educación universitaria, "máxime cuando en estos últimos cursos se está incrementando de manera notabilísima la matrícula en los Centros Universitarios, debido al incremento del desempleo y a la falta de una salida laboral de los jóvenes sin formación, consecuencia del modelo de desarrollo basado en el ladrillo. Es ahora precisamente, cuando el Gobierno de Valcárcel está abandonando a la Universidad, concluyó.

El plan de reequilibrio financiero de Murcia obliga a bloquear el presupuesto y cerrar la caja temporalmente

MURCIA.- El plan de reequilibrio financiero que está elaborando el Gobierno murciano con el Ministerio de Economía ha obligado a que la Administración regional cierre la caja, de forma temporal, y bloquee el presupuesto de 2011 "hasta conocer el marco definitivo en el que nos movemos para poder hacer frente a todo lo que está contenido en el presupuesto".

   Así lo ha anunciado este viernes, en rueda de prensa, la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, quien ha dejado claro que como consecuencia, "no se pueden imputar nuevos pagos de los que ya están imputados ahora mismo".

   Aunque el cierre de la caja, que no es la primera vez que ocurre, es de carácter "temporal" y como medida de prudencia, Reverte ha asegurado que "se va a pagar todo".

   "No es la primera vez que ni el Gobierno murciano, ni el la Administración central ni ejecutivos de otras CCAA deciden cerrar la caja en un determinado momento y reajustar todo", ha insistido Reverte, quien ha justificado el cierre de la caja a que actualmente se está trabajando en dicho plan.

   En esta línea, la portavoz del Ejecutivo murciano ha afirmado que el presupuesto que tienen aprobado "es el que se va a ejecutar", al tiempo que ha pedido tranquilidad y que "no se genere más incertidumbre a los proveedores y aquellas personas que tienen que seguir recibiendo el dinero que está previsto en los presupuestos".

   Tras señalar que desconoce el tiempo que la caja estará cerrada, Reverte ha vuelto a precisar que la previsión de todo el gasto para este año "está contenida en el presupuesto y ahora mismo está bloqueado".

   Ello responde a que como otras CCAA, Murcia "tiene problemas para realizar determinados pagos, puesto que si no los tuviera no estaría acudiendo a ese plan de reequilibrio financiero para que se le autorizada la emisión de deuda de 500 millones".

   Sobre este asunto, ha recordado que el pasado año "en un determinado momento se cerró la caja, pero esto simplemente es un tema estrictamente coyuntural y está en función de los ingresos que se va produciendo por el propio Gobierno regional".

   Preguntada sobre si el Gobierno regional tiene un Plan B en el caso de que el Ministerio no autorice la emisión de deuda, Reverte ha reconocido que "tiene que haberlo, pero en nuestra cabeza no entra que no se nos autorice el endeudamiento".

   Y es que, ha destacado, a Murcia se le esta exigiendo "un plan muy duro en los ajuste", por lo que ha reclamado un "trato igual que al resto de CCAA".

"Para Cataluña, que no tenemos nada contra los catalanes ni contra su gobierno, sin que se le haya aprobado su plan de reequilibrio financiero se le ha autorizado la emisión de nueva deuda", ha criticado.

   De forma, ha lamentado, que "las reglas del juego las vuelven a cambiar sobre la marcha", al tiempo que ha vuelto a precisar que la Comunidad no prevé "ninguna medida adicional de ajuste", como ya anunciara hace unos días la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García.

CCOO, Sterm y UGT acuerdan estudiar la posibilidad de denunciar al consejero de Educación por prevaricación

MURCIA.- Los sindicatos CCOO, Sterm y UGT han acordado estudiar jurídicamente la posibilidad de denunciar por prevaricación al consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, en calidad de presidente de la Mesa de Negociación sobre la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas. 

   Así las cosas, han rechazado incorporarse a la mesa sectorial de Educación, que tachan de "ilegal", porque, explican en comunicado de prensa, "empeora las condiciones de trabajo y echa a la calle a miles de interinos".

   Aseguran que el secretario general de la Consejería de Educación no ha querido acceder a la petición previa, realizada el pasado miércoles, de que se reconocieran los resultados electorales de diciembre pasado, "tal y como establece el reglamento de la mesa y el propio Estatuto Básico".

   El reconocimiento de los resultados electorales, especialmente después de la constitución definitiva de la Junta de Personal No Universitario, el pasado 28 de febrero, implicaría la no presencia en la mesa del SIDI, uno de los sindicatos firmantes del preacuerdo de modificación de la Ley 5/2010.

   A pesar de esta maniobra "ilegal", CCOO, Sterm y UGT tenían y tienen en la nueva mesa la mayoría de la representación sindical (59%), con lo que, subrayan, "cualquier acuerdo que pueda alcanzarse en la mesa de hoy carecerá de validez jurídica, tal y como establece el Reglamento de Funcionamiento".

   En lo relativo a la propuesta que se ha presentado, de modo previo al inicio de la Mesa Sectorial, por parte de la Administración, ANPE y SIDI, "no garantiza" para el próximo curso el mantenimiento de las plantillas actuales al dejar sin vigencia el Acuerdo Global de Plantillas de 2006, así como el Acuerdo de 28 de febrero de 2008 en el que se mejoraban las condiciones de trabajo del profesorado, especialmente en lo recogido en su punto 2º y 4º.

   En estos puntos se indica computar un periodo lectivo semanal, para ejercer la acción tutorial a partir del 1 de septiembre de 2008, al profesorado del Cuerpo de Maestros y establecer que el horario lectivo del profesorado que tenga jornada completa -secundaria, FP y Enseñanzas de Régimen Especial- constará de 17 periodos lectivos semanales, formado por las horas de docencia directa, así como por las horas de cómputo lectivo y excepcionalmente, se podrá llegar a un máximo de diecinueve periodos lectivos, cuando la distribución horaria del centro lo exija.

   De este modo, CCOO, UGT y Sterm aseguran que el acuerdo que pretenden firmar en el día de hoy supone una "aplicación restrictiva", por parte de la Administración, de la jornada de trabajo del profesorado y, como consecuencia, abre la puerta a una reducción de plantillas incalculable para el próximo 1 de septiembre. En esta clave es como debe interpretarse la intención del ahorro efectivo en los presupuestos regionales: "miles de compañeros van a engrosar las listas del paro en los próximos meses", remarcan.

   En definitiva, "estamos ante una ley ilegal que se modifica mediante un acuerdo ilegal y que se pretende concretar en una Mesa Sectorial de Educación, asimismo, ilegal". En estas condiciones, CCOO, Sterm-Intersindical y UGT han acordado estudiar jurídicamente la posibilidad de denunciar por prevaricación al consejero de Educación, en claridad de presidente de la Mesa de Negociación.

   Por último, las tres organizaciones sindicales han acordado convocar la Permanente de la Junta de Personal para buscar una respuesta "contundente" por parte de la legítima representación de los trabajadores de la Enseñanza Pública No Universitaria.

Asfixia de la UMU

Sterm-Intersindical ha denunciado públicamente que el Gobierno regional "está asfixiando económicamente a la Universidad de Murcia (UMU), a quien le adeuda 50 millones de euros". El sindicato ha hecho estas declaraciones tras la comunicación que ha realizado el vicerrector de Economía de la UMU, en la que se muestra "una alarmante inquietud ante la incertidumbre abierta por la Comunidad sobre su voluntad expresa de garantizar los compromisos adquiridos de financiación universitaria".
   Por todo ello, Sterm ha emplazado al Gobierno murciano a que "busque otras fórmulas distintas a las empleadas hasta ahora para enjugar el déficit, distintos a la transferencia del coste de la crisis al conjunto de trabajadores/as y al conjunto de la ciudadanía".
   En palabras del vicerrector de Economía, "no se trata ya de los recortes presupuestarios, sino de los riesgos por incumplimientos", puesto que, ha advertido, "no existe una garantía expresa de que el Gobierno regional pueda asegurar el presupuesto de la Universidad para 2011".
   Al parecer, ha apuntado Sterm, "existen partidas económicas de 2010 sin pagar a la Universidad después de que otros entes, como el Ministerio de Educación, el de Investigación y fondos Feder que ya han sido traspasados a las cuentas de la Comunidad sin que ésta los haya transferido a las cuentas de la Universidad".
   En concreto, el vicerrector de Economía recoge en su escrito que la Comunidad "no ha reconocido ni pagado el contrato programa 2010 a pesar de que la Universidad sí lo ejecutó, lo que supone una minoración directa a déficit superior a cuatro millones de euros".
   Asimismo, subraya que la Comunidad "ha reducido en 520.000 euros la subvención de inversiones de la Universidad de Murcia 2011 para poder atender el programa Feder 2010 y pese a que el Ministerio le ingresó el montante global el 30 de diciembre de 2010, no ha realizado pago alguno a la Universidad de Murcia para la ejecución de Campus Mare Nostrum".

IU pide un recorte salarial de los cargos electos y no electos proporcional al de los empleados públicos

MURCIA.- El diputado autonómico y candidato a la Presidencia de la Comunidad por Izquierda Unida-Verdes, José Antonio Pujante, ha anunciado que va a presentar una iniciativa en la Asamblea Regional para que se aplique un recorte salarial a todos los cargos públicos de la Región, electos y no electos, en la misma proporción al recorte aplicado a los empleados públicos de la Administración con la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, más conocida como 'Ley del tijeretazo'.

   En rueda de prensa, Pujante ha señalado que presentará la iniciativa este jueves o este viernes en la Asamblea Regional, y ha precisado que este recorte afectaría "a todos los miembros del Consejo de Gobierno, a los directores generales de las consejerías, al personal eventual de los gabinetes de la Administración autonómica y parlamentarios".

   En este sentido, ha asegurado que el Gobierno regional "debe dar ejemplo" y aplicar a los titulares de las consejerías, altos cargos y diputados una disminución de su salario equivalente en porcentaje a la que el Gobierno regional ha aplicado a los empleados públicos de la Región de Murcia, mientras no se elimine la Ley de Medidas Extraordinarias.

   Pujante ha propuesto que el destino de los fondos generados por estos recortes sea la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la Región, lo que ha justificado porque "hay un conjunto de ciudadanos que están sufriendo de una forma directa e intensa la crisis, y ahora lo van a sufrir todavía más intensamente".

   Así, ha considerado que, "aunque el dinero recaudado sea una cantidad simbólica que no deja de ser el chocolate del loro, es importante por el valor simbólico que tiene y puede servir de ejemplo". Todo ello, sin perjuicio del mantenimiento de la posición de IU-Verdes en el sentido de que la Ley de Medidas Extraordinarias "debe de derogarse".

   Pujante ha señalado que el recorte debe ser en la misma proporción que el que se ha aplicado en segunda vuelta a los empleados públicos, porque "no es de recibo que queden exentos los cargos públicos, aunque en un primer momento se aplicó un recorte a los cargos electos tras el recorte de Zapatero".

   Todo ello, ha insistido, de forma "independiente" a la apuesta de IU-Verdes por la derogación de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas.

   Ha apostado además por "racionalizar" los sueldos de manera que ningún alcalde o consejero cobre más que el presidente de la Comunidad, al tiempo que ha instado al Gobierno central a que regule los salarios de los primeros ediles en función del presupuesto y el número de habitantes del municipio.

García Retegui afirma que "Valcárcel será el único responsable del hundimiento de la Región"

MURCIA.- La candidata a la Presidencia de la CARM, Begoña García Retegui, afirmó este jueves, que el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, "será el único responsable del hundimiento de la Región".

   Para Retegui, "si el Gobierno regional, hace un año, como le dijimos los socialistas, hubiera recortado 500 millones del gasto superfluo y de algunas subvenciones y ayudas que no tienen ninguna justificación, habríamos llegado a final de año con un cumplimiento, o con un mínimo incumplimiento de los objetivos de déficit".

   "El problema es que Valcárcel ha estado gastando diariamente por encima de las posibilidades de los ingresos de la Región y ha dejado que se gaste en cosas superfluas, que se derroche, mientras crecía el agujero, y ahora dice que no era posible cumplir".

   Según la candidata socialista, "el problema es muy grave, entre otras cosas porque la Comunidad no tiene crédito ni credibilidad". Y recordó que "hace un mes y medio la consejera de Hacienda fue a pedir dinero a los bancos para un crédito-puente que le permitiera seguir funcionando, pero pidió 500 millones de euros, y sólo consiguió que los bancos y las cajas nos prestaran 191 millones".

   En opinión de Regegui, "eso es porque Valcárcel ha acabado con la confianza de esta Región, no hay confianza en la economía ni en la gestión de la economía del Gobierno regional". "Mientras que la situación empieza a ser grave, el Gobierno regional sigue mirando para otro lado sin dar argumentos de por dónde tiene que recortar y de lo que tiene que recortar para cumplir el objetivo de déficit y que no sean intervenidas las cuentas regionales".

   La candidata socialista subrayó que "ninguna Comunidad Autónoma va a emitir, ni ha emitido, deuda nueva si no ha cumplido los objetivos de déficit, como le ha pasado a la CARM". "Pero, repito, cuando ha intentado emitir deuda a corto plazo, los bancos no le han prestado porque no hay confianza en la economía regional".

   "Al Gobierno de la Región de Murcia se le ha tratado exactamente igual que al de la Rioja o al de Madrid, que son gobiernos del PP, pero que no tienen los problemas de la Región de Murcia porque no habrán despilfarrado ni gastado en las mismas condiciones que aquí se ha hecho". "Si nosotros ahora tenemos un agujero porque gastamos más de lo que ingresamos, ¿cómo podremos hacer frente a nuevo endeudamiento?", se preguntó.

   Mientras no se produzca un recorte del gasto superfluo, y los ingresos se sitúen en el misma magnitud que los gastos, "nadie nos va a prestar dinero, y las cuentas de la CARM serán un agujero sin fondo que nos llevará al hundimiento total de Comunidad, y el único responsable será el presidente Valcárcel. Nadie nos trata de una forma discriminatoria, sólo que Valcárcel pretende derivar la responsabilidad a los demás de lo que él ha malgastado", finalizó.

El 94% de los médicos del I Congreso de la Profesión Médica apoya la creación de una Mesa de Negociación Específica

MURCIA.- Murcia ha acogido este fin de semana la primera edición del Congreso de la Profesión Médica que ha reunido a más de 230 profesionales para debatir aspectos básicos del ejercicio de la Medicina, en el que el 94% de los clínicos ha apoyado la creación de una Mesa de Negociación Específica.

  La mayoría de los médicos asistentes al Congreso defiende la creación de una Mesa de Negociación Específica donde sean los médicos los que negocien de forma directa las condiciones profesionales, laborales y retributivas de los facultativos.

   Esta es la conclusión que se extrae tras la votación de los médicos, ya que un 94 por ciento votó que sí a esta opción. Los motivos de su respuesta afirmativa son que "el resto de sindicatos no entienden ni valoran la formación y responsabilidad de la Profesión Médica", y que "una Mesa Específica permitiría introducir conceptos retributivos ligados a la eficiencia, la productividad y la gestión".

   Igualmente, y cuando se preguntó a los facultativos sobre la posibilidad de las alianzas con otros grupos, el 81,63 por ciento respondió que "no son positivas porque impiden la creación de una Mesa de Negociación Específica".

   Del mismo modo, la mayor parte de los médicos apoya la existencia de un Sindicato Médico, ya que, según respaldó el 72,55 por ciento de los votos, "un Sindicato Médico profesional es necesario porque nadie va a defender los intereses de los médicos mejor que un compañero de profesión".

   Por otra parte, un 32,61 por ciento de los médicos opina que "una Mesa de Negociación no es posible en la actualidad por la oposición de los sindicatos de clase". En cuanto a la posibilidad de las huelgas como medidas de presión para la resolución de los conflictos, el 86 por ciento de los médicos responde que "se debería articular una Mesa de Negociación y arbitraje propia de la Profesión Médica", respaldando de nuevo la creación de este espacio de negociación específico.

Zarrías aclara que se autorizará refinanciar deuda de Murcia cuando venza

MURCIA.-   El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, aclaró este viernes en Murcia que lo que autoriza el Gobierno de la Nación es refinanciar la deuda de las comunidades autónomas que le ha vencido en el semestre anterior. Ese mismo trato, acentuó, "se dará a Murcia cuando le venza la deuda, en las mismas condiciones, derechos y obligaciones".

   Lo que se autorizará por parte del Gobierno de la Nación en el Consejo de Ministros de hoy, insistió, es "refinanciar deuda que ha vencido con anterioridad y que semestralmente se autoriza por parte del Ejecutivo. Un mismo trato que se le dará a la Región de Murcia cuando su deuda venza". Así pidió al Gobierno regional que no haga de esto un elemento de confrontación.

   Por lo tanto, continuó Zarrías en rueda de prensa, "Murcia va a recibir exactamente el mismo trato que cualquier comunidad y cuando venza su deuda pedirá su refinanciación y se le autorizará". No es dinero que se vaya a otro sitio, apostilló, "es simplemente refinanciar una deuda anterior, no nueva, que cuando vence a partir de ese momento se le autoriza para que se pueda alargar el pago de la misma".  

   "No se trata de marginación o agravio, si se hacen mal las cosas que las hagan bien, es su problema", subrayó. Según Zarrías, "me consta que en algún momento se ha podido pensar, seguro que no por mala fe sino por no conocimiento, de que hay un trato discriminatorio".

   Tras lo que explicó que según la información del Ministerio de Hacienda lo que está pendiente de vencimiento en la Comunidad de Murcia es una cantidad ínfima, de unos dos millones de euros, "por lo tanto no hay ningún tipo de problema o inconveniente".

   Así, repitió la autorización de refinanciar la deuda de ocho comunidades "no es más deuda, es refinanciar la presente que ha vencido, luego tendrán que hacer su plan de estabilidad presupuestario como toda comunidad y una vez que se le apruebe por parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera podrá ir a emisiones de deuda como cualquier otra comunidad". En ningún caso, concluyó, "se trata de un trato discriminatorio" a Murcia.