CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Vox ha presentado una moción en la Asamblea
Regional en la que pide al Gobierno regional que solicite al Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el cierre del campamento de
inmigrantes ubicado en la explanada del antiguo Hospital Naval de
Cartagena.
La portavoz adjunta de la formación, ha advertido
que Cartagena " ya es la capital regional de la inmigración ilegal con
la existencia del CATE pero, con este campamento, se ha convertido en la
capital de la península ibérica".
En ese sentido, consideran
que las instalaciones deberían destinarse a fines sociales y sanitarios
en beneficio de los vecinos "como estaba inicialmente previsto".
Desde Vox recuerdan que el consejero de Interior, Emergencias y
Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, José Ángel Antelo,
solicitó el 31 de octubre al anterior delegado del Gobierno la
convocatoria urgente de la Junta Provincial de Seguridad, "solicitud que
ha sido ignorada hasta la fecha".
También señalan que según la ley de Régimen Jurídico del Sector Público, "las competencias del delegado del Gobierno incluyen, entre otras, coordinar la información sobre los programas y actividades del Gobierno, y la Administración General del Estado y sus organismos públicos en la Comunidad Autónoma".
Sin embargo,
la parlamentaria lamenta que "el anterior delegado del Gobierno en la
Región de Murcia no ha realizado nada al respecto, incumpliendo la
mencionada Ley".
A su juicio, el Gobierno nacional ha vuelto a
"adoptar decisiones de espaldas a la ciudadanía, a las asociaciones de
vecinos, y sin contar con el Ayuntamiento de Cartagena ni con la
Comunidad Autónoma de Murcia, actuando de forma desleal, con
nocturnidad, sembrando la inseguridad en la Región y siendo uno de los
principales culpables de la invasión migratoria como consecuencia de sus
sucesivas políticas de efecto llamada".
En la iniciativa
registrada en la Asamblea Regional, desde Vox explican que este tipo de
inmigración puede acarrear efectos negativos en materia de seguridad.
"Además, el campamento parece no estar supervisado por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, sino solo por Accem, con lo que los
riesgos de inseguridad podrían multiplicarse".
Ruiz añade que
"la situación actual se atribuye a las políticas migratorias del
Gobierno de España que no atajan el problema en el origen, esto es,
neutralizar a las mafias que trafican con personas. Sus nefastas
políticas perjudican gravemente a los ciudadanos, que sufren la
inseguridad en primera persona y deberán sufrir las consecuencias
económicas derivadas de la necesidad de revertir los errores de la
izquierda".
La parlamentaria ve necesario que desde la Asamblea se inste
al Consejo de Gobierno para que requiera a la delegada del Gobierno en
la Región de Murcia a convocar "de manera urgente la Junta Provincial de
Seguridad".
Además de eso, solicitan al Gobierno de España
que implante las medidas adoptadas por países como Italia, Hungría y
Polonia, entre otros, con el objetivo de liderar en la implementación de
políticas migratorias efectivas.
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