El magistrado los acusa de depositar residuos peligrosos de origen minero en el vertedero de Los Blancos, autorizado para residuos inertes y de realizar el traslado de los materiales «como si fuera arena, sin tratar, sin cubrir y sin aislar». Una actuación, advierte, de la que el principal perjudicado fue el Mar Menor y sus terrenos colindantes.
En concreto, el auto señala que las empresas investigadas habrían cometido un presunto delito continuado contra el medio ambiente y los recursos naturales, al incumplir de forma manifiesta y evidente sus obligaciones «en el tratamiento y traslado de los residuos mineros existentes en Balsa Jenny hasta su posterior depósito en la Corta de los Blancos, a escasos 900 metros».
El instructor va más allá y remarca que «su actuación estuvo en todo momento presidida por un consciente, deliberado, absoluto y manifiesto desprecio hacia la normativa legal en la materia, hacia el ecosistema que rodea los terrenos afectados y en definitiva hacia la propia salud humana, al ser todos ellos puestos en situación de grave riesgo».
El juez considera que estos hechos han quedado debidamente acreditados gracias a la investigación que se inició en 2014. Hace especial énfasis en las conclusiones de los informes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
La investigada principal, Portman Golf, habría asumido ante la Comunidad la función de «gestor final de residuos» procedentes de la denominada Balsa Jenny. Sin embargo, resalta el auto, no consta que estos fueran previamente analizados para ser objetivamente calificados.
«La calificación de los residuos como 'residuos mineros inertes' es una calificación, además de errónea por realizarse sin ningún tipo de estudio previo, inexistente porque no la contempla la norma», incidieron los guardias en su análisis dirigido al instructor.
Los agentes trataron de acreditar, con sus análisis de los lixiviados que esos residuos circulan por la superficie a modo de escorrentía y afloran aguas abajo. Sus resultados «superan los valores límite máximos para la admisibilidad de los residuos peligrosos de la balsa Jenny en el vertedero de Los Blancos». Los agentes concluyeron que la Corta de los Blancos I «no reunía los requisitos técnicos exigibles para este tipo de residuos (peligrosos) ni era el lugar adecuado».
Esta resolución judicial prepara las diligencias para que el fiscal, las acusaciones privadas y las defensas formulen sus escritos de calificación. En este caso se produjo la primera aplicación de la novedosa ley de personalidad jurídica del Mar Menor por lo que permitió el pasado octubre que cuatro nuevas acusaciones se sumasen a la causa. La decisión del juez, sin embargo, aún no es firme y puede ser recurrida por las partes.
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