La única oportunidad de Pablo Casado para al menos intentar remontar la crisis y alterar este guion autodestructivo es aprovechar la puerta abierta que le están dejando los presidentes del partido en los distintos territorios, que bien de forma directa, bien de manera reservada, están exigiendo ya la salida de Teodoro García Egea de la secretaría general del partido.
Es la pieza sustancial que debería sacrificar Casado de una vez por todas. Primero, porque sería el modo de volver a recuperar la confianza de grandes referentes regionales del partido -el PP no es solo Madrid-, y sobre todo, porque sería la única manera de intentar al menos pacificar la relación con Díaz Ayuso. Algo verdaderamente difícil, pero que no debería ser un imposible si el PP aspira a subsistir.
Alberto Núñez Feijóo fue este viernes explícito respecto a la necesidad de que Egea renuncie o sea destituido. En Castilla y León, Fernández Mañueco está tratando de armar un Gobierno con manos libres, recurriendo incluso a Vox, lo cual supondría desmarcarse de la orden de la dirección nacional del partido. En Andalucía, Juan Manuel Moreno no es precisamente un admirador declarado de Egea.
Solo el presidente de Murcia, López Miras, apoyó expresamente a Génova en su batalla contra Ayuso. En cualquier caso, no es solo cuestión de nombres. Se hace indispensable que Génova rectifique de inmediato su manera de relacionarse con los estamentos del partido en las autonomías, agrandando sus márgenes de maniobra, sin generar enfrentamientos y conflictos sistemáticos, y evitando guerras continuas que solo perjudican al partido y debilitan a Casado.
Ser un partido de banderías es un suicidio, y si Casado no actúa en ese sentido, quien dejará de estar refrendado por los propios barones hasta el congreso de julio será el propio Casado. Así de simple.
No es posible que no haya soluciones inmediatas. Las destituciones que ha habido hasta ahora han sido irrelevantes. La de Carromero, y la de un responsable de redes sociales del aparato de comunicación del PP. El camino por recorrer que tiene Casado es largo porque estos no son más que gestos inocuos.
Además, la reacción de Pablo Casado, al fin reaparecido en una entrevista con la Cope, no fue todo lo convincente que debiera. Se comportó como una suerte de policía contra Ayuso alimentando sospechas de corrupción que de momento nadie ha demostrado. Pesan por encima de todo la ambición de poder, el control político del partido en Madrid y el choque de egos. Además acusar a Ayuso, como hizo, de inventarse un montaje de espionaje para encubrir un supuesto caso de tráfico de influencias es un error de magnitud.
Quedan muchas explicaciones por conocer, y preguntas en el aire, sobre las condiciones en las que el hermano de Díaz Ayuso pudo beneficiarse de 55.850 euros por gestionar la adquisición de mascarillas. Y por qué, como lamenta Ayuso, no le informó a ella de que participaba en una licitación a través de la empresa de un amigo. Lo que no valen son las sospechas. Si hubiese algo ilegal, deben ser las autoridades administrativas y judiciales quienes lo aclaren.
Pero mientras no existan indicios de ilegalidad, no tiene sentido que el presidente de un partido tilde de corrupta a una de sus presidentas autonómicas. Si Casado quiere disponer de una última oportunidad, el camino pasa por sustituir a García Egea y cambiar muchos modos y maneras en Génova. Y después, por trabajar mucho para paliar tanta destrucción.
Ley del embudo con la corrupción y transparencia
Es cierto que algunos de los casos de enchufismo que está denunciando ABC no adquieren la notoriedad política de la crisis que afecta al liderazgo del PP. Pero eso no oculta que son casos reales. El modo en que el marido de Nadia Calviño se ha visto favorecido con ayudas europeas, la imputación de Ada Colau por regar con dinero público y subvenciones a organizaciones de amigos, o revelaciones como las que hoy hace ABC sobre los contratos que consigue el marido de la directora general de la Guardia Civil, podrán ser legales o no.
Cada caso es distinto y tendrá sus matices. Pero no se puede aplicar la ley del embudo, y criminalizar a Ayuso sin pruebas mientras se condenan al ostracismo casos de aparentes corruptelas solo porque sus protagonistas pertenecen a la izquierda. En todos los casos, más allá de que existan o no ilicitudes penales, lo idóneo es la transparencia. Porque pueden no ser ilegales. Pero la ciudadanía tiene derecho a conocerlo todo con pelos y señales.
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