miércoles, 5 de enero de 2022

La jueza impone la prohibición de salir del país al médico Alejandro Masso, que operó a una mujer, fallecida tras la lipoescultura


CARTAGENA.- El cirujano Alejandro Masso que operó a Sara, la mujer de 39 años fallecida tras someterse a una lipoescultura en Cartagena, ha quedado libre pero sin el pasaporte y con la prohibición de salir de España tras declarar este miércoles ante la juez de guardia de la ciudad portuaria.

La operación, contratada en la clínica Galena, de Murcia (imagen inferior), duró cinco horas, tras las que se informó a la familia de que todo había ido bien, pero que había perdido líquidos y sangre, por lo que estaban estabilizándola, ya que costaba mantenerle la tensión, por lo que tenía que estar más tiempo en el quirófano.

Posteriormente, se decidió trasladarla al hospital público de referencia en la ciudad portuaria, donde entró en urgencias con shock hipovolémico en situación de extrema gravedad.

En el parte médico de la operación reparadora de urgencia que se le hizo se habla de "necrosis de la pared abdominal, peritonitis, absceso con contenido intestinal, disección de todo el retroperitoneo derecho e izquierdo con exposición de ambos músculos psoasiliacos y congestión gastrointestinal con múltiples perforaciones", entre otras lesiones.

Tras presentarse en los juzgados voluntariamente después de que en la tarde de este martes la magistrada dictara una orden de búsqueda y detención tras no ser localizado con una citación judicial el lunes, lo apercibe de que incurrirá en un delito de quebrantamiento o desobediencia si no cumple esas medidas cautelares impuestas, solicitadas por la acusación particular.

El médico está siendo investigado por homicidio imprudente en el juzgado de Instrucción nº 2 de Cartagena tras una denuncia de la familia de la fallecida. Se había acordado a principios de semana una comparecencia de las partes y se citó al denunciado en calidad de investigado, pero no acudió a declarar. El abogado de la familia, Ignacio Martínez, adscrito a la Asociación del Defensor del Paciente, confirmó que ni el médico ni su letrado, Pablo Martínez, se personaron en los juzgados.

La magistrada no se pronuncia sobre la inhabilitación del facultativo, como pretendía la acusación particular, al entender que una suspensión del ejercicio de la profesión solo está prevista en derecho penal como pena tras una condena --el auto cita concretamente las penas de inhabilitación absoluta y de inhabilitación especial del artículo 33-- y, por tanto, no como medida cautelar, que además de proporcionales, han de ser excepcionales y subsidiarias.

“Al derecho administrativo le corresponde desempeñar un papel preventivo y sancionador de primer grado, y conforme al principio de intervención mínima, la sanción penal debe reservarse para aquellas conductas que pongan el bien jurídico protegido en una situación de peligro suficientemente relevante”, explica la resolución. Lo contrario supondría, según la instructora, invertir “el proceso lógico establecido en la actuación penal y en la actuación administrativa”.

Además, acuerda la inhibición a favor del juzgado del partido judicial de Cartagena que resulte competente por la fecha en la que tuvo lugar la intervención quirúrgica (2 de diciembre) que derivó en las lesiones que llevaron al fallecimiento de la mujer el pasado 1 de enero.

La familia amplía la denuncia por homicidio imprudente al anestesista

La familia ha extendido ahora la denuncia por homicidio imprudente al anestesista que asistió a la operación, según ha confirmado el letrado de la acusación particular, Ignacio Martínez.

"Por la información fehaciente que vamos conociendo entendemos que el anestesista podía haber parado la operación cuando había claros signos de que se estaba desangrando, de que ya no se estaba sacando grasa", ha señalado Martínez. 

La familia de Sara pide "que se haga justicia"

 

 

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