La firmaron por unanimidad y sin presiones, según aseguraron, y han estado negociando durante toda la semana el acuerdo para gobernar con los socialistas. Por eso algunos dirigentes naranjas no entienden que ahora se hayan descolgado salvo por una cuestión de ganar poder.
Este nuevo giro imprevisto en una semana de terremoto autonómico ha echado por tierra la política de Inés Arrimadas y de su vicesecretario general, Carlos Cuadrado, artífice de la operación murciana, que en una sola carambola ha dejado al partido naranja sin los gobiernos de Murcia y Madrid.
Con esta enorme pérdida de poder territorial -de las cuatro comunidades en las que cogobernaba con el PP, se queda con Andalucía y Castilla y León- sumado al hundimiento en Cataluña y al descalabro que arrastraban tras el 10N, Ciudadanos queda ahora al borde del precipicio.
A la vista de lo ocurrido y después de que el coordinador de Valencia, Toni Cantó, que lleva días reclamando la reunión de la ejecutiva, y otros dirigentes, como Begoña Villacís o Juan Marín, lo reclamara, la dirección ha convocado a esté órgano el próximo lunes.
Y quizá en esta ocasión haya más voces, y no solo la de Cantó, las que exijan a Arrimadas la cabeza de Cuadrado, de quien muchos dirigentes autonómicos llevan meses quejándose del ninguneo, las imposiciones y "las malas formas" con las que les trata, han señalado algunas fuentes.
Precisamente, una de sus damnificadas es Isabel Franco, la vicepresidenta de Murcia y uno de los tres parlamentarios naranjas que se ha saltado en el último momento el acuerdo firmado, ya que Cuadrado intentó en diciembre pasado que dejara la Vicepresidencia de Murcia, pero ella se negó y desde entonces si la relación ya no era fluida, paso a ser de marginación absoluta, según fuentes próximas a Franco.
En esta jornada de sobresaltos, Cs habría hecho, según Vox, un movimiento a la desesperada al ofrecer un acuerdo a los tres diputados expulsados del partido de Santiago Abascal para que apoyen la moción de censura.
La dirección de Ciudadanos lo ha negado, pero el portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, el miembro de la dirección que ha salido a dar la cara tras lo ocurrido, ha apelado a la conciencia de los 45 parlamentarios de la Asamblea murciana y "no a esos tres en concreto", para que apoyen la moción.
"Sin ningún tipo de vergüenza y sonrojo, nos encontramos con el acto de compra de la voluntad y el silencio, con cargos y poder", ha apuntado Bal, portavoz parlamentario y miembro de la Ejecutiva.
Las acusaciones de corrupción vertidas por los naranjas son lanzadas al PP pero también a los que eran sus diputados. "Nadie puede tener la más mínima duda de que se han vendido", ha dicho Bal sobre sus ex diputados, a los que el partido ha abierto un expediente de expulsión. "El PP ha comprado su voz y su silencio para que no se desvelen los casos de corrupción que no quieren que salgan a la luz pública".
Aunque no es "un tamayazo" literal, todo lo que ha sucedido este viernes y que pone la guinda a una semana tremendamente agitada, recuerda a aquella votación del 30 de junio de 2003 en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, en la que dos parlamentarios electos del PSOE (Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez) impidieron con su abstención la investidura del candidato socialista, Rafael Simancas, como nuevo presidente madrileño.
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