MURCIA.- El Gobierno murciano ha instado a la
Asamblea Regional a que convoque antes de que finalice el mes de abril
el Pleno para la aprobación del Presupuesto de la Comunidad de 2020, que
se "adaptará" para dar respuesta a la situación de crisis sanitaria
actual originada por la pandemia del coronavirus.
Así lo ha hecho saber la portavoz del Gobierno regional, Ana
Martínez Vidal, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno,
en el que se ha planteado la necesidad de reformular las partidas
presupuestarias con el objetivo de "priorizar políticas que respondan a
las nuevas necesidades de los murcianos ante una crisis que cambia
nuestra realidad económica, social y también presupuestaria".
Ha recordado que el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Región,
tal y como fue consensuado y presentado en la Asamblea el pasado 28 de
enero, "ha quedado desfasado" y es "imprescindible adaptarlos a la
realidad actual".
Ha reconocido que comenzar unos Presupuestos "desde cero"
conllevaría "un tiempo que no tenemos" y, por eso, el Ejecutivo murciano
ha propuesto "aprobar cuanto antes las cuentas para dar respuesta al
millón y medio de murcianos".
Martínez Vidal ha señalado que la aprobación del Presupuesto de la
Comunidad irá acompañada del refuerzo presupuestario de aquellas áreas
prioritarias para el Gobierno regional en la gestión de esta crisis
sanitaria, sobre todo, en las partidas de gasto necesarias para impulsar
la protección y cobertura de los sectores de población más afectados
por esta situación y para la reactivación de la actividad económica.
Para ello, ha anunciado que el Gobierno regional desarrollará un
plan de contingencia aprobado en Consejo de Gobierno que reforzará las
actuaciones estratégicas en estos momentos. "Es necesario reformular
partidas para reforzar los recursos sanitarios que tienen que hacer
frente a la crisis sanitaria, y son necesarios también las políticas
específicas de apoyo a autónomos, a pymes y al pequeño comercio sin
olvidar, por supuesto, el tejido empresarial, industrial y turístico",
ha añadido.
Ha señalado que las políticas activas de empleo son "prioritarias"
en este momento en el que hay más de 100.000 personas afectadas por un
ERTE en la Región y otras 100.000 en desempleo.
Se trata, añade, de un apoyo que "tampoco faltará a las familias
más vulnerables". Y es que las políticas sociales "son un pilar básico
en el que se tiene que cimentar la reconstrucción para que la
recuperación llegue a todos".
"A pesar de la pandemia, la recuperación del Mar Menor también
sigue siendo una prioridad porque se trata de una emergencia
medioambiental y porque la mejora de su estado incidirá positivamente en
la recuperación económica, especialmente en los municipios ribereños",
según Martínez Vidal.
La portavoz ha indicado que serán unos Presupuestos "con la máxima
austeridad y eficacia, dentro de las limitaciones que nos impone
lógicamente tanto la carga del déficit como la deuda y la
infrafinanciación que recibimos por parte del Estado". Asimismo, destaca
que se trata de unos presupuestos que, por sí solos, "no van a ser
suficientes para hacer frente a esta crisis", por lo que ha reclamado
"la implicación del Gobierno de España y de Europa".
"Nuestra intención es conseguir los mejores Presupuestos para la
Región en estas difíciles circunstancias", ha subrayado. Por eso, confía
en que estos Presupuestos "de rescate", más sociales "que nunca",
obtengan "el consenso y el apoyo mayoritario de todos los grupos
políticos de la Asamblea".
Martínez Vidal ha reconocido que algunas partidas son finalistas y
no se pueden modificar, pero otras procedentes de los Fondos FEDER se
están estudiando para cambiar su destino.
La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias Y Política Social, Isabel Franco, ha dado cuenta de
todas las actuaciones emprendidas para hacer frente a la crisis
sanitaria. Ha recordado que el Instituto Murciano de Acción Social
(IMAS) comenzó a restringir las visitas a residencias de mayores el 5 de
marzo, "mucho antes de que la OMS declarara la enfermedad una pandemia
e, incluso, antes del estado de alarma".
Asimismo, el IMAS decretó el 12 de marzo la orden de cierre de los
centros sociales de personas mayores, y el 13 de mayo ordenó el cierre
de los centros de día; al tiempo que prohibió las visitas de familiares a
todas las residencias de mayores y de personas con discapacidad, un día
antes de que se decretara el estado de alarma.
De los 5.090 usuarios de las residencias públicas y concertadas, a
día de hoy hay 151 residentes positivos, de los que han fallecido 42.
"Desde esa tristeza, tenemos que seguir trabajando y seguir adelante",
según Franco, quien destaca que, por ese motivo, se ha puesto en marcha
una red wifi en las residencias públicas y se ha dotado de tabletas.
"Somos la tercera comunidad con menor porcentaje de contagios
entre usuarios residencias, por detrás de Extremadura y cantabria", ha
ensalzado.
La Consejería también ha habilitado tres teléfonos gratuitos, uno
para personas mayores y familiares, otro para prestar atención
psicológica gratuita a todos los profesionales sociosanitarios, y otro
para ampliar el servicio de teleasistencia al que se han incorporado un
centenar de demandantes que estaban en tramitación.
Asimismo, ha ampliado al Renta Básica de Inserción a un total de
300 usuarios que tenían previsto incorporarse a trabajar en marzo y que
no han podido incorporarse a su empleo; y otras 200 personas que habían
solicitado recibirla y cuyo expediente estaba en tramitación. "Hemos
rebajado el nivel de exigencia burocrática para prestar esta asistencia
económica", ha añadido.
Las becas de comedor siguen llegando a más de 5.000 niños, y ha
movilizado 90.000 euros para las 84 familias que tienen niños en
acogimiento durante 3 meses. Las víctimas de violencia machista siguen
recibiendo asistencia telefónica, y todos los recursos para atenderlas
siguen activos, según Franco, cuya Consejería ha reforzado el servicio
de asistencia a víctimas de explotación sexual.
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