MURCIA.- La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) ha defendido su personación como perjudicada en los casos abiertos en sendos juzgados de instrucción de Murcia por la Desalinizadora de Escombreras (Cartagena), en el que se muestra muy crítica con el letrado que ejerce la acusación popular, cuyo planteamiento califica de "tendencioso".
En un escrito que acaba de ser notificado a las partes personadas en uno de los casos, en el que figura como investigado el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel,
los servicios jurídicos de la CARM piden que se desestime la petición
hecha por dicha acusación, que no solo ha pedido que se la expulse del
proceso, sino que se la incluya como denunciada.
Afirma el escrito que la petición del
letrado de que se la excluya como parte perjudicada "no se apoya en
ningún precepto legal, ni invoca doctrina jurisprudencial alguna, carece
absolutamente de sentido y resulta contradictoria con el contenido de
lo planteado por la propia acusación popular".
Y
añade que en el caso de que, finalmente, se determinara la existencia
de responsabilidades penales por parte de los gestores públicos, la
responsabilidad civil derivada de las mismas estaría constituida por los
perjuicios económicos soportados, como consecuencia de los hechos
investigados, por la propia Hacienda Regional, de la que es titular la
CARM".
Señalan así mismo los
servicios jurídicos que la administración regional está personada
también como perjudicada en las diligencias que por la Desalinizadora
fueron abiertas en 2016 en otro juzgado de instrucción de Murcia, en las
que tampoco la Fiscalía acusó a la Comunidad Autónoma ni el mismo
letrado consiguió que fuera apartada del proceso.
"Queda
de manifiesto, dice el escrito, el tendencioso planteamiento de la
acusación popular, que se permite incluso afirmar que la autoría en la
participación es de la Comunidad en todos los hechos delictivos,
confundiendo, por ignorancia o deliberadamente, a la institución con las
personas investigadas".
Para
la administración regional, en el escrito de la acción popular se
mezclan interesadamente hechos y actos que, sin tener relevancia penal,
son llevados al proceso "para intentar justificar y dar peso a las
desacertadas tesis vertidas en su escrito".
En
los dos casos abiertos por la construcción y explotación de la
Desalinizadora de Escombreras se trata de esclarecer si la misma supuso
un perjuicio millonario para los fondos públicos por los compromisos
adquiridos por la Comunidad al hacerse cargo de la planta a través del
Ente Público del Agua (EPA).
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