Si el gobierno socialista y su presidente, Pedro Sánchez, están perdiendo la batalla de la opinión pública en la lucha contra el coronavirus, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya es claramente la diana de todas las críticas:
las de la oposición y también las de sus compañeros de gobierno y de
partido, que no dejan de filtrar comentarios nada halagüeños respecto al
único miembro del PSC en el ejecutivo español.
Pasada la primera fase que se podía superar con declaraciones, sus
casi dos semanas de gestión están recibiendo reprimendas importantes. La
más grave por no entender que la descentralización del ministerio, uno
de los que tiene más competencias cedidas a las autonomías, hacía del
todo inviable la centralización que impuso en la compra de material sanitario y
que ha llevado a que muchos hospitales se las tuvieran que ingeniar
para intentar mantener unas mínimas medidas de seguridad. La reprimenda
del sector sanitario ha sido alta y a ello se ha unido la posición de muchos científicos pidiendo el confinamiento total de España.
Medios internacionales relevantes, desde el francés Le Figaro, hasta los británicos Financial Times, The Guardian o The Telegraph, los medios audiovisuales alemanes o el primer diario suizo, Neuer Zürcher, han estado muy ácidos con la gestión española y una encuesta de la edición europea del diario Politico contrasta
la valoración de Giuseppe Conte o Emmanuel Macron en Italia o Francia
con la que recibe Sánchez en España, cuya gestión solo aprueban el 40%,
lejos del 76% del premier italiano.
Si algo le faltaba al ministerio de Illa para acentuar las lagunas de su gestión, ha sido la compra de tests rápidos defectuosos a una empresa china para la detección de la pandemia.
Primero se supo que eran 9.000 tests, después que habían sido comprados
a una empresa no homologada por la CE y, en consecuencia, no eran
válidos.
Mientras eso sucedía, se filtró que no eran 9.000 sino que
había otras 50.000 pruebas que también habían sido compradas por el Ministerio en las mismas condiciones.
Cuando trataron de culpar a la complejidad del mercado chino, salió la
embajada señalando que habían acudido a una empresa que no figuraba en
la lista que les habían facilitado las autoridades chinas.
Y este viernes por la tarde, la cifra de tests defectuosos ya se elevaba a 650.000.
Se supone que no seguirá subiendo en las próximas horas en la
proporción que lo ha hecho estas últimas 24, aunque el escándalo ya es
políticamente hablando imparable.
Y, en buena medida, todo arranca de una mala decisión inicial: concentrar todo el poder en un mando único
y dejar las compras de material en manos del ministerio, cuando son las
autonomías la administración más capacitada para hacerlo, ya que así ha
sido desde hace muchos años. Hacer política con decisiones
exclusivamente técnicas tiene estas cosas: que los errores los pagamos
todos.
(*) Periodista y director de El Nacional
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