Cabe destacar que el caso tiene su origen en una querella presentada en 2010 por el abogado murciano Diego de Ramón a la Fiscalía para instar a la investigación de las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de la desaladora de Escombreras.
En ese momento, De Ramón afirmaba que se trataba del "mayor escándalo de corrupción" de la Región de Murcia, al suponer un "agujero de 600 millones de euros de deuda para la Comunidad y representar un gasto que oscila entre los 40.000 y los 70.000 euros diarios a las arcas del Gobierno regional".
La Fiscalía Superior de Murcia, liderada por José Luis Díaz Manazanera, pidió que se abrieran diligencias para investigar la responsabilidad de Valcárcel en este asunto.
En concreto, el Ministerio Público veía en el ex presidente el responsable último de una planta desaladora que iba a costar 600 millones de euros a la Comunidad Autónoma y mencionaba la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, fraude, prevarización y falsedad documental, entre otros.
La Fiscalía parte del hecho de que se haya puesto fin al denominado 'caso La Sal' o 'Desaladora', que investiga una presunta malversación de 600 millones en la construcción y posterior adquisición por la Comunidad de la planta desaladora de Escombreras, sin que Valcárcel haya sido señalado formalmente como sospechoso, a pesar de ser entonces presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad y el que aprobó parte de las decisiones sobre este proyecto; y pide abrir una pieza separada contra Valcárcel dentro de la causa principal.
En este proceso figuran como investigados, entre otros, el ex consejero de Agricultura y Agua del Gobierno murciano, Antonio Cerdá.