Después del posicionamiento de la fiscalía del Tribunal Supremo, mostrándose favorable a suspender la inhabilitación del president Quim Torra
como diputado ordenada por la Junta Electoral Central, todo hace
prever que el caso quedará aplazado y se apartará del camino uno de los
conflictos que parecía a punto de estallar entre el Parlament de
Catalunya y la justicia española.
Tendrá que pronunciarse ahora el
Tribunal Supremo, en la misma línea que el fiscal y la defensa del
president de la Generalitat. De ser así, la inhabilitación no tendría
fecha y dependería discrecionalmente del Alto Tribunal acelerarla o
prudentemente calificarla en el orden correspondiente y nos iríamos
hasta bien entrado el segundo semestre.
El hecho de que esta noticia coincida con el inicio del diálogo político entre el gobierno español y el catalán quita
presión a la primera reunión, que, pese a no tener fecha, no podrá
demorarse más de ocho o diez días.
Previamente se tendrán que ver los
dos presidentes, aunque solo sea para escenificar la reanudación de las
conversaciones y establecer un guión de los temas a abordar,
calendarizar los tiempos entre uno y otro encuentro, y fijar un
horizonte realista de los resultados.
Si atendemos a la previa de los
partidos políticos catalanes que se han reunido este viernes en el palau
de la Generalitat, cada formación utiliza una partitura diferente, la
voluntad de alcanzar acuerdos es inexistente y el objetivo de la
oposición -PSC y, sobre todo, los comunes- forzar un adelanto electoral, cosa que no parece que vayan a conseguir.
En medio de todo ese magma de estrategias partidistas, legítimas pero
que valdría la pena que fueran entendidas así, se ha generado un estéril debate sobre la composición de la mesa de diálogo entre gobiernos
y la inclusión o no de grupos que no forman parte del Ejecutivo
catalán.
No sé, exactamente, qué parte de la frase es la que cuesta
tanto de entender del documento que firmaron el PSOE y ERC para la
investidura de Pedro Sánchez y que dice
así: "Composición: el gobierno de España y el Govern de la Generalitat
de Catalunya. Se establecerán las delegaciones de forma paritaria y con
los miembros que ambas partes decidan". Parece bastante claro, ¿no?
¿A qué viene entonces el debate sobre si se deja fuera a media
Catalunya si solo van los partidos del Govern? ¿Acaso Sánchez piensa
incorporar en la otra parte a Casado, Abascal, Arrimadas o al PNV o
incluso a la propia Esquerra? Claro que no.
Esta mesa de diálogo no son
las comisiones mixtas de transferencias del gobierno central con las autonomías en
las que a un lado se sienta el Ejecutivo español y al otro el
autonómico de turno, con incorporación de los partidos representados en
el parlamento. Es una mesa entre gobiernos que representan lo que
representan pero que tienen la confianza de sus respectivos parlamentos.
Lo que tienen que hacer algunos de los que se quejan es remar para que
el acuerdo sea satisfactorio ya que si el barco catalán hace aguas
volverá a hacer aguas el español y, quizás, la investidura de Sánchez no
habrá servido de mucho.
(*) Periodista y director de El Nacional
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