El Parlament de Catalunya abordará este lunes una
cuestión crucial a la hora de decidir cómo dar respuesta a la decisión
de la Junta Electoral Central, ratificada por el Tribunal Supremo, sobre
la pérdida del escaño en la cámara catalana y la
posterior comunicación de la Junta Provincial de Barcelona al president
Roger Torrent notificándole de que disponen de 48 horas para notificar
quién es el sustituto de Torra en la cámara catalana.
Aunque la pérdida del escaño no supone, al menos en principio y por la
doctrina conocida, la pérdida del cargo de president, es evidente que
infiere directamente en atribuciones que no le son propias a un órgano
administrativo como la JEC, y que, además, ahora está avalada por el
Supremo.
De la reunión del Parlament, la Mesa y, en última instancia, del
president como máximo representante de la institución, debería derivarse
una de estas tres opciones: que siga siendo diputado a todos los
efectos, o sea, que nada cambie y pueda votar en los plenos como
cualquier otro de los 135; que sea un diputado de la Cámara pero no
participe en las votaciones, quedándose en una zona difusa como lo que
sucedió al inicio de la legislatura con los diputados en el exilio y los
de la prisión; o bien, que pierda sus derechos y su acta de diputado,
como piden los partidos de la oposición unionista Cs, PSC y PP.
Del camino que se tome y de la unidad con que se adopte la decisión entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana
se derivarán unas consecuencias u otras y afectará a la legislatura.
Desde el pasado viernes la tensión entre ambas formaciones es más que
evidente y los esfuerzos soterrados de unos y de otros para culpabilizar
a su adversario y marcar perfil propio, notorias.
A primera hora de la
noche, la ANC salió en defensa del president Torra y reclamó que el
Parlament le garantice sus derechos como diputado y president y preserve
la soberanía del Parlament.
La unidad que se fraguó el 4 de enero en el pleno extraordinario que
ratificó a Torra como diputado da alguna pista, pero ha llovido desde
entonces. Ha hablado el Supremo, ha presionado la Junta Electoral y Cs,
en su línea de derivarlo todo a la justicia, ha amenazado al president Torrent
de acudir a los tribunales y denunciarlo por desobediencia.
Todo ello,
la víspera de que el martes los presos políticos que fueron miembros del
Govern comparezcan en la Comisión del 155 del Parlament en una sesión
cargada de enorme simbolismo.
(*) Periodista y director de El Nacional
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