MADRID.- La contratación del comisario José Manuel Villarejo para espiar a políticos que entorpecían los negocios de Iberdrola se ordenó desde la actual cúpula de la empresa, según se desprende de un documento interno descubierto por la compañía eléctrica española y al que ha tenido acceso El Confidencial.
Según un acta fechada el 1 de diciembre de 2004, la Dirección de Control de Funciones Corporativas abrió un expediente sobre “ciertas actividades anómalas realizadas por la Dirección de Seguridad Corporativa”.
En el documento se describe la llamada ‘operación Arrow’ para eliminar la oposición municipal para la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz) por 900 millones de euros. Un trabajo de vigilancia que habría sido ordenado directamente por Ignacio Sánchez Galán, presidente del grupo, y que sería conocido por varios altos directivos, como Francisco Martínez Córcoles, el actual número dos de la energética.
Este documento describe los hechos que empiezan el 27 de mayo, cuando Antonio Asenjo,
director del área de Seguridad y la persona que aparece en las
grabaciones de Villarejo, pide hablar “urgentemente” con la Dirección de
Control de Funciones Corporativas para arreglar “un asunto que no puede solucionar”.
Tras intentar buscar un día para ese encuentro, acuerdan verse el 31 de mayo a primera hora en las oficinas de Madrid.
Ese día, Asenjo asegura que “Iberdrola [Ignacio S. Galán] le ha ordenado realizar unos trabajos de vigilancia especiales
relacionados con la unidad de Generación”, división de la que dependía
el proyecto de Arcos de la Frontera, que la compañía intentó poner en
marcha desde 2000.
La central había sido paralizada por el Gobierno local y el Ejecutivo andaluz, ambos del PSOE, así como por numerosas organizaciones ecologistas
agrupadas en torno a la plataforma No a las Térmicas. Todos denunciaban
los efectos nocivos de sus gases en la población y su emplazamiento
entre dos zonas protegidas de esta localidad gaditana.
Al ser cuestionada por este documento, Iberdrola asegura no tener constancia de "la existencia de este expediente,
porque nunca llegó ni al departamento de Cumplimiento, ni al de
Auditoría ni al de Control", por lo que considera que esto "invalida
también el contenido del mismo".
El jefe de Seguridad explica en esa reunión que “los trabajos se van a realizar a través de Casesa
[Castellana de Seguridad], proveedor de Iberdrola”. Pero, en un
encuentro posterior, celebrado el 31 de mayo, Asenjo avisa de que estas
facturas a Casesa se tramitan para ocultar la identidad del destinatario
final del dinero. “No son por servicios prestados por esta sociedad,
sino que son pagos a un tercero a quien Iberdrola no puede pagar directamente”, explicita el documento.
El directivo, despedido por la compañía tras la publicación de las primeras grabaciones con Villarejo, afirma que “hay un presupuesto aprobado para estos trabajos [Proyecto Arrow], con un pago inicial de 210.000 euros y uno posterior de 100.000 euros o más”.
Según
el relato de los hechos del documento, cuando se celebra esa reunión
entre la Dirección de Control de Funciones y Asenjo, “los trabajos ya
han comenzado” y este último entrega la primera remesa de facturas por
un importe de 210.000 euros.
Este pago fue comunicado
inmediatamente a Pablo Insunza, actual directivo del área de
Administración y Control de Iberdrola, para que contabilizase dicho
adeudo al Departamento de Seguridad.
Posteriormente, el 16 de julio y el
15 de septiembre, Asenjo le transmite que tiene un par de facturas más
por 71.500 y 70.000 euros, respectivamente, por lo que los trabajos se habían encarecido en 41.500 euros sobre el presupuesto inicial.
El Confidencial ha tenido acceso a facturas abonadas en esas fechas a Casesa por
conceptos como “la revisión de ambientes, líneas telefónicas y RAC para
análisis, evolución y anulación de posibles sistemas de
emisión-recepción de acuerdo a su petición en los centros de trabajos
EIMA [sede central en Madrid], Melancólicos, Gardoqui (sede oficial en
Bilbao), Larraquitu, Bruselas y Suiza”, entre otras oficinas.
Otras se
justifican por “servicio de asesoramiento estratégico para la seguridad
de sus instalaciones en Bolivia, Chile, México y Guatemala”. Los
importes coinciden con los referidos en el documento.
Según el expediente, Asenjo añade en esa conversación que “Iberdrola
no quiere que se identifique a Generación con dichos trabajos”. El jefe
de Seguridad enfatiza que “el trabajo a realizar es conocido únicamente por I. S. Galán, F. Mtz. Córcoles, Fernando Becker”
y el propio director de Seguridad, y que “es totalmente confidencial”.
En ese momento, Galán era consejero delegado de Iberdrola, Martínez
Córcoles era el director general de Generación y Becker, actual
consejero de El Corte Inglés, responsable de Servicios Generales, del
que dependía Seguridad.
Esta revelación fue transmitida a José Luis San Pedro,
en ese momento director general de Control, Regulación y Servicios, un
hombre de toda la vida de Iberdrola que en 2011 fue ascendido a
consejero director general o número dos del grupo, hasta su salida en
2014.
San Pedro fue consejero de la matriz y de las filiales de
Generación, de Ingeniería y Construcción (Iberinco) y de la británica
Scottish Power. Se desconoce qué hizo San Pedro con este expediente,
pero lo cierto es que la compañía siguió contratando los servicios de
Villarejo durante años, hasta 2017.
Galán renovó el pasado mes de abril como presidente de Iberdrola por los
tres próximos años, mientras que Córcoles, que fue designado consejero
ejecutivo en 2017, es el actual número dos de la eléctrica.
La edil de
Urbanismo que se oponía a la planta de Arcos de la Frontera fue
destituida, mientras que el documento hace alusión a que el dinero ha sido utilizado para que otros políticos actuaran "a favor de Iberdrola".
Explicaciones del descubierto Sr. Galán
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado con rotundidad sobre la presunta relación de la compañía con empresas del excomisario José Manuel Villarejo que "la cúpula" de la energética "no se dedica a espiar a nadie".
En una entrevista a la Cadena Cope, Galán defendió hoy que Iberdrola,
tras conocerse las informaciones sobre el presunto espionaje que el
comisario jubilado y en prisión provisional habría perpetrado en
diferentes ocasiones por encargo de la energética, se abrió una
investigación con medios internos y externos.
Así, el ejecutivo de Iberdrola reiteró su deseo de que exista en este proceso, abierto por el juez de la Audiencia Nacional
Manuel García Castellón dentro de la macrocausa Tándem, "la máxima
transparencia", para lo que Iberdrola pidió la pasada semana personarse
en una de las piezas, y que "no se impida que se publique todo aquello
que consideren los medios de comunicación".
En concreto, Iberdrola
se personó como interesada en la pieza abierta por el Juzgado Central
de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional en torno al portal
'Moncloa.com'.
En paralelo, el juez investiga los contratos de
Villarejo y la eléctrica, en interlocución con su jefe de Seguridad,
Antonio Asenjo. Esta parte de la macrocausa Tándem sigue igualmente bajo
secreto.
En esta pieza, la 17, el presidente de ACS, Florentino Pérez,
está personado en calidad de perjudicado, dado que entre esos encargos
estaría el de atacar sus intereses.
"En este tema parece que muchas empresas tuvieron algún tipo de relación con las empresas de este señor, y es bueno que todos conozcamos y conozcan lo que ha sucedido y se actúe en consecuencia", dijo.
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