La Asamblea Regional nombrará el próximo
miércoles al director o directora del ente público Radio Televisión
Murciana. El nombramiento corresponde al Parlamento, pero esta vez lo
hará, a través de éste, el Gobierno. Digo que esta vez será así porque
el tripartito parlamentario que facilitó el cogobierno PP-Cs dispone de
la mayoría necesaria para hacerlo, de manera que ahora ese cargo será a
satisfacción de San Esteban, a diferencia de la anterior legislatura, en
que la oposición mayoritaria (PSOE, Podemos y Cs) impuso el nombre del
actual director, Juan Miguel Aguado, doctor universitario de
Comunicación.
Lo que Aguado
comprobaría, sin duda, desde su toma de posesión, hará cuatro años, es
que la pomposa denominación del cargo no se corresponde con la realidad
de sus funciones. El director general de RTVM es en la práctica el
director general de Onda Regional, la radio, pero carece de competencias
reales sobre la televisión, limitadas tan solo a controlar el
cumplimiento del contrato, es decir, a vigilar que la productora que la
gestiona cumpla con las horas de emisión sobre los asuntos determinados
en el concurso por el que accedió a programar la televisión autonómica.
Una
vez que Cs ha pasado a formar parte del Gobierno y que la cuña de Vox
otorga mayoría, cabe suponer que la radio sufrirá una adaptación
progubernamental mientras que la televisión tendrá que reenfocar hacia
Cs parte de su dedicación exclusiva, hasta ahora, al Gobierno popular.
A
pesar de que la gestión de la radiotelevisión pública debiera obedecer
al máximo consenso, ni el PSOE ni Podemos han sido consultados hasta
ahora para la elección de una dirección general que contente a todos. El
acuerdo se ha intentado establecer entre los dos grupos que conforman
el Gobierno y alguna consideración a Vox.
Azparren, Villalba, Ferrero. Tres
han sido los nombres que se han venido manejando en los mentideros,
todos ellos profesionales de los medios que componen el grupo público:
Joaquín Azparren, Alejandro García Villalba y Marta Ferrero. El primero
ya fue director de Onda Regional en una etapa anterior y pertenece a la
plantilla de la emisora; el segundo es editor de informativos de la 7, y
la tercera, redactora de la radio.
El PP parecía decidido a trasladar
el encargo a García Villalba, mano derecha del director general de La 7,
Antonio Peñarrubia, que es el hombre de confianza del Gobierno, pero
tal vez por esto Cs no ha mostrado mucho entusiasmo con la propuesta y
parece preferir a Marta Ferrero. A tres días del nombramiento este es el
nombre que parece darse por decidido.
En todo caso, ya digo, la
función de la dirección general de la empresa pública afecta
exclusivamente a la radio y escasamente a la televisión, que es un
fuerte del PP completamente blindado. De ahí el escepticismo de Cs sobre
la propuesta de García Villalba, que sería para ellos como si
Peñarrubia tuviera un clon en la dirección general.
El núcleo Secuoya.
La productora de La 7, Secuoya, es una empresa que en su momento
impulsó el Gobierno de Rajoy con el propósito de crear un grupo de
medios en línea, aunque su desarrollo posterior languideció, al menos en
España y en cuanto a influencia informativa, aunque está bien asentada
en la producción de series, un área políticamente neutra. Secuoya obtuvo
la licencia de La 7 gracias a la influencia de Vicente Martínez Pujalte
en su etapa de 'conseguidor' del Gobierno regional, del que todavía es
consejero áulico.
Su esposa, Isabel Borrego, le sucedió en las
candidaturas por Murcia al Congreso y se reveló en las improvisadas
primarias del PP para el relevo de Rajoy como una muy efectiva activista
en favor de Pablo Casado, lo que ha consolidado la posición de la
pareja en la nueva etapa popular.
El
núcleo Secuoya está bien asentado: Pujalte y Borrego, más Peñarrubia,
que dirige los informativos con mano de hierro, y su esposa, Mar Moreno,
que acaba de ser ascendida a secretaria general de la Presidencia con
rango de consejera y dispone en el nuevo Gobierno de una determinante
influencia, empezando por la administración informativa a los medios y
la distribución de premios y castigos.
Se añaden la vicealcaldesa de
Cartagena y anterior portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo, y el propio
presidente, Fernando López Miras, quien en su día firmó la adjudicación
de la tele a Secuoya como presidente que fue del tribunal que lo
decidió, en su calidad entonces de secretario general de la consejería
de Hacienda, que Martínez Pujalte dirigía desde la sombra a través de un
consejero títere y la colaboración de Arroyo.
Este grupo ha tenido en
algún tramo sus más y sus menos, pues hasta el propio Peñarrubia se ha
sentido en alguna ocasión abrumado por las exigencias gubernamentales,
pero a la hora de la verdad es muy compacto.
Servicio público.
La 7 ha roto techos de audiencia recientemente con su programación
especial sobre la DANA, y no es extraño, dada la calidad de sus
profesionales y del asombroso trabajo que hicieron durante días con pie
en barro, aunque se la echó de menos en la primera noche y madrugada de
tormentas, en que emitían programas de fiestas locales y reposiciones
folclóricas, lo que da idea de la deficiente capacidad de reacción de
sus directivos. Sin embargo, Onda Regional validó la existencia de una
radio autonómica al mantener durante la primera madrugada de la DANA una
programación abierta con rueda de corresponsales e información
instantánea y de alertas, es decir, servicio público en directo.
Ahora
bien, algo debió ocurrir en esa casa, pues a los profesionales que
insistían en mantener abierta la programación durante las siguientes
madrugadas les fue vetada tal posibilidad, y alguno de ellos ha
informado del asunto a los distintos partidos políticos parlamentarios
sin que ninguno haya dicho esta boca es mía.
Alfombra gubernamental.
La 7 siempre ha sido una alfombra para el Gobierno (del PP, porque no
ha existido de otro color desde que inició las emisiones, pero lo sería
de cualquier otro, pues es a lo que conduce el actual modelo, que la
oposición tuvo posibilidad de modificar en la anterior legislatura,
aunque no mostró ni habilidad ni decisión para hacerlo). Durante el
periodo en que la televisión fue gestionada por GTM, el ejemplo más
chusco de dependencia lo puede expresar el hecho de que el entonces
presidente Valcárcel era entrevistado en los intermedios de los partidos
de la Champions, contratados para obtener la máxima audiencia e
introducir de paso la mayor plataforma de propaganda.
Ya con Secuoya, al
expresidente PAS le hacían reportajes hagiográficos que ya entonces
sonrojaban, y a López Miras le sigue una cámara hasta cuando va a mear.
Se supone que ahora habrá otras, vayan donde vayan, para la
vicepresidenta y la portavoz, ambas de Cs, y así equilibrar, aunque solo
desde dentro. El truco habitual para que las estadísticas señalen un
aparición equitativa en pantalla de los distintos partidos consiste en
entrevistar en largo a los representantes de la oposición en programas
de baja audiencia y multiplicar la presencia del presidente en los
informativos convencionales, que suelen tenerla algo más elevada.
Que viene el concurso.Nada
cambiará en La 7 con el relevo en la dirección general de RTVM. Está
blindada; si acaso se le dará un cachito a Cs, pero olvidémonos de
debates verdaderamente abiertos y de programas no editorializantes. Y es
que la cuestión clave no está en este acontecimiento controlado, sino
en lo que viene después, o mejor, ya está en curso: la renovación del
contrato para Secuoya. Esta es la verdadera clave. La primera parte del
concurso se anunció en el BORM sin publicidad informativa, y la
definitiva está al caer. Frente a Secuoya concurrirá de nuevo GTM, la
anterior concesionaria, esta vez encabezada por Juan Francisco Zambudio,
propietario de la emisora Televisión Murciana y consejero delegado de
GTM desde que se hiciera con las acciones de su antecesor en el cargo,
León Heredia.
Precisamente esta compra de acciones alertó a Secuoya de
que dispondría de la competencia de un potente grupo local, y la primera
decisión fue suprimir el contrato que mantenía con Televisión Murciana
para la producción del programa Murcia Conecta, descontándole los
ingresos del millón de euros anual en que se valora para, tras un corto
periodo de suspensión, volver a lanzar el programa con otras
productoras. El Gobierno, que suele decir que no interviene en los
concursos públicos, esta vez ha intervenido a las claras para que ambas
partes dialoguen y elaboren un proyecto común, pero la incompatibilidad
es manifiesta.
De nuevo, la
concesión de la televisión se juega, como en el concurso anterior, entre
un grupo afín al Gobierno y otro de empresarios murcianos (Zambudio,
Fuertes, Paloma, Terrazos Pilar...), y eso si no aparecen terceros
aspirantes, que estarían en lo suyo si lo hicieran. Si ya el concurso de
las ambulancias ha resultado altamente confuso al resolverse en favor
de amigos clásicos del Gobierno ¿cómo cabe esperar que en un asunto tan
delicado para sus intereses como la gestión de la televisión pública
mantenga las manos quietas? Ni de coña.
Así que habrá que estar atentos a
esta resolución, a ver por donde salen. Mientras tanto, viene por
delante el nombramiento en la dirección general de RTVM en un pacto a
medias entre PP y Cs con la aquiescencia de Vox. Antena a tres.
(*) Columnista
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