Se cumplen estos días diez años de la consulta popular por la independencia que se celebró en Arenys de Munt
y que, de alguna manera, fue el origen del amplio movimiento ciudadano
que implantó votaciones similares en muchos municipios de Catalunya,
incluida Barcelona.
Arenys fue, en este sentido, la punta de lanza o el
embrión, como se prefiera, que permitió vislumbrar un camino, hasta
aquella fecha no desarrollado, para sacudir las estructuras del país y
caminar con paso firme y decidido hacia la independencia de Catalunya.
Nadie se imaginaba en aquel momento el empuje que iba a tener aquella
iniciativa, ni tampoco cómo la acogerían los partidos, siempre
pendientes de no ser desbordados por una ciudadanía cada vez más
exigente y, por aquellas fechas, aún pendiente de la sentencia del Estatut, aunque ya pintaban bastos sobre qué acabaría haciendo el Tribunal Constitucional.
Aquel primer ensayo, oficioso, no vinculante y consentido ya demostró
que había terreno para correr ya que votaron un 41% de los ciudadanos,
una cifra respetable por el porcentaje de personas que suelen
involucrarse en este tipo de consultas, y el 96% se mostraron favorables a apoyar la independencia.
Hoy, con el camino recorrido, puede considerarse incluso como una cosa
folklórica la iniciativa del municipio de Arenys de Munt.
Pero sería un
error hacer esta valoración ya que todos los pasos dados, igual que la
consulta no referendaria del 9 de noviembre de 2014
impulsada por el president Mas, acabaron desembocando en el estallido
popular del referéndum del 1 de octubre de 2017 organizado por el Govern
de la Generalitat y, como consecuencia del cual hay miembros de aquel
Ejecutivo, además de líderes de las entidades soberanistas, en el exilio
y en la prisión.
Mucho ha cambiado el país desde aquel septiembre de 2009 en que era president de la Generalitat José Montilla.
Pocos se hubieran imaginado que, diez años después, el camino
transitado fuera el que se ha hecho. Mucho menos se podía pensar en la
encrucijada del momento actual, en que convergen la vigencia de la
represión y una amenaza latente, de manera permanente, hacia cualquier
movimiento político al margen de la Constitución con unos discursos que
persiguen no perder las posiciones alcanzadas el 1 de octubre.
El president Torra apeló este viernes desde Arenys a
no prostituir más las palabras y repitió que el objetivo era la
independencia. Sus palabras resonaron con fuerza, aunque los hechos de
su Govern, ciertamente, tienden a matizar siempre sus declaraciones
públicas. Sobre Torra pesa también una petición de inhabilitación por no
retirar a tiempo una pancarta del palau de la Generalitat, que juzgará
el TSJC después de la Mercè, lo que le convierte en el primer president
de la Generalitat que es juzgado por razones políticas en pleno
ejercicio de su cargo.
Las informaciones que llegan, además, son que la
justicia está dispuesta a poner la directa en esta vista y que,
inmediatamente después del fallo del TSJC, el Supremo, con celeridad,
podría llevar a cabo una inhabilitación exprés del president durante el
primer trimestre del año próximo.
Arenys fue el inicio del tsunami democrático y un ejemplo de cómo la
ciudadanía organizada acaba desbordando las expectativas. Y
sorprendiendo.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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