“El sentido común del siglo XVIII, su comprensión de los hechos
evidentes del sufrimiento humano y de las exigencias obvias de la
naturaleza humana, actuaron en el mundo como un baño de purificación
moral”
Alfred North Whitehead
Yo soy una damnificada de Eduardo Zaplana.
Miren que me gusta poco hablar en primera persona, pero en este caso me
parece pertinente. Lo soy de forma objetiva. Zaplana fue uno de los
padres de las teorías conspiratorias del 11M. Uno de los que se
consideraron agraviados cuando la Justicia se hizo sin darles el más
mínimo respiro a sus falacias. Él, y otras, se ocuparon de cobrarse
pieza en mí. Una patada en mi culo que iba dirigida a quien no podían
alcanzar, en una represalia totalmente política y desprovista de
cualquier justificación profesional. Tiempos pasados.
Aún así nunca he
dudado de que Eduardo Zaplana, con su soberbia, con su poder
incuestionable en otros tiempos, con su pléyade de víctimas, es un ser
humano. De esto va esta reflexión: de seres humanos, de la humanidad del
Estado y de la inaceptable implantación de una venganza
institucionalizada a priori, sea del signo político que sea su
destinatario.
Zaplana tiene una leucemia -un cáncer
de la sangre- y fue trasplantado para intentar detenerla. A raíz de ese
trasplante, realizado en el hospital público de Valencia, sufre ahora lo
que se denomina Enfermedad del Injerto Contra el Huésped (EICH), es
decir, se trataría del ataque de los linfocitos del donante de la médula
a los órganos del trasplantado. Sería el equivalente a lo que llamamos
“rechazo” de un trasplante de otro órgano. Si ese rechazo no responde a
los corticoides, como es el caso del político popular, las expectativas
de supervivencia disminuyen considerablemente.
La situación es similar a
la que tenían los enfermos del sida antes de la llegada de los
retrovirales: estaban expuestos a que el más mínimo contacto con un
virus o una bacteria les provocara la muerte. Seguro que se hacen cargo
de la situación, sin embargo, la juez instructora del procedimiento
contra él parece no enterarse. Zaplana tiene sangrados internos,
llagados de las mucosas, se le deben realizar algunas pruebas con
grandes cuidados para evitar que microroturas de la pared intestinal
hagan pasar a la sangre microorganismos... y todo un largo etcétera de
complicaciones que le han sido explicadas en múltiples informes a la
magistrada por el jefe de servicio del Hospital Público La Fe de
Valencia.
Algo objetivo que llevó a los médicos forenses en mayo a decir
que podría correr riesgo su vida en prisión aunque en septiembre
recularan, a pesar de que el paciente no ha ido objetivamente a mejor
sino a peor. Deberían explicar por qué.
La juez de
Instrucción que lo mantiene imputado y en prisión preventiva, Isabel
Rodríguez, parece no tener capacidad para comprender lo que técnica y
científicamente se le expone. Eso que ustedes mismos ya han comprendido,
que una persona con ese nivel de complicaciones y de riesgo de
infección, que no podría superar, no puede estar en una prisión
conviviendo con todo tipo de reclusos aquejados cada uno de cosas
diversas, de un resfriado a una tuberculosis. Rodríguez no lo ve.
Así
que día tras día oficia al hospital para apretar y devolver a Zaplana a
Picassent. Para ello no duda en tratar a una eminencia en hematología,
el doctor Guillermo Sanz, como si fuera un médico de parte vendido a la
familia y que, según se deduce de sus autos y oficios, parecería que
está dispuesto a firmar cualquier tipo de papel que la familia necesite
para beneficiarse. Es tan insultante el comportamiento de la magistrada
que nos debe ofender a todos.
Guillermo Sanz es un
médico sin sombra de sospechas. Una eminencia en hematología cuya
especialidad en los Síndromes Mielodisplásicos y en el trasplante con
progenitores hematopoyéticos es reconocida internacionalmente. Ha
publicado centenares de artículos de investigación y actualmente es
co-chair de Harmony, el proyecto estrella europeo dotado con 40 millones
de euros y que se piensa extender posteriormente a otras enfermedades.
Para la juez de instrucción es “el juez de la familia”. Alguien
sospechoso. La realidad es que se trata de un vocacional de la sanidad
pública, un hombre comprometido y de izquierdas, que no ha cejado en su
compromiso desde que militara en el Partido Comunista de estudiante en
la Autónoma de Madrid, hasta haber aceptado ser interventor de Podemos
en las últimas elecciones.
Es indignante que les tenga que contar esto
pero, dada la actitud de la Justicia en este caso, casi es preciso
justificar que no hay ningún interés oculto en lo que para Sanz es un
ejercicio práctico de su juramento hipocrático: salvar a su paciente.
Para ello no ha dudado en pedir amparo a la Sociedad Española de
Hematología, que en los días que vienen emitirá dos informes de sendos
jefes de unidades de trasplante sobre la situación científicamente
adverada de Zaplana. La ciencia, aquello que nos trajo a la civilización
y que parece significar ya tan poco.
Todo eso se lo despacha la jueza
con “hasta en los paraísos fiscales hay hospitales” así que se puede
fugar. Tampoco ha debido leer en los informes que las directivas del
European Blood an Bone Marrow Transplantation Group y de la Organización
Nacional de Trasplantes señalan que cualquier paciente trasplantado
debe ser tratado en el centro que lo trasplantó o en un centro
acreditado por ellos. Ella prefiere el hospital penitenciario porque
todo esto se lo explica el que debe considerar un mindundi vendido a no
se sabe qué intereses.
Zaplana ahora mismo, siendo un
preso preventivo, es de peor clase que un condenado. Ningún juez de
Vigilancia Penitenciaria le mantendría en prisión en estas condiciones.
Recuérdese el caso Bolinaga en el que, a pesar de mostrarse en contra
forenses y fiscales, el juez Castro de la Audiencia Nacional viajó a
Donosti a entrevistarse con los médicos, “sus médicos” que diría
Rodríguez, y finalmente le excarceló por motivos humanitarios.
En el
caso de Zaplana, una persona que aún conserva indemne todo su derecho a
la presunción de inocencia, se están poniendo en riesgo de vulneración
su derecho a la vida y a no sufrir un trato inhumano y degradante. Todo
eso para conseguir que no se convierta en un fugitivo -con ese panorama,
imaginen, yendo de hospital en hospital- y mantenerlo preso para
asegurar un proceso que probablemente nunca termine con el cumplimiento
de la condena dado que, de seguirse los impulsos de la instructora,
morirá mucho antes de que ésta llegue.
Es una incongruencia del sistema
que un imputado en prisión preventiva acabe recibiendo peor trato que un
condenado en firme. No es la primera vez que sucede. En cuatro párrafos
mal hilados se despacha la juez la fundamentación para no ponderar los
derechos que están en juego aunque más parece barajar si Zaplana parece
ser más o menos culpable según pasa el tiempo, algo impropio de un auto
como este.
Ya saben que yo creo que los hechos
acabarán probando que también se corrompió pero eso no quita ni ápice a
ninguno de los argumentos que les he dado. La Justicia que practica un
Estado de Derecho siempre mostrará unos principios y una magnanimidad
que el delincuente nunca tiene. Porque somos mejores que los que
vulneran la ley y porque el sistema que auspiciamos también lo es.
Por eso Eduardo Zaplana debe ser excarcelado por motivos humanitarios
sea cual sea su participación en la corrupción o sea cual sea su estela
de altanería y prepotencia. No es sólo por él, es por todos nosotros. La
crueldad, la ceguera, la falta de apoyo en la ciencia, la prepotencia
del que tiene la sartén por el mango no engrandecen el Estado de Derecho
sino que contribuyen a enfangarlo.
(*) Periodista
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