Sigue la guerra del nacionalismo español
contra Catalunya. No hay día en que no se ataque al independentismo
desde algún frente: políticos falangistas como Rivera, falangistas
políticos como Abascal, militares más o menos excedentes, delincuentes
callejeros al servicio del falangismo, funcionarios de la policía,
ministros, tribunales de justicia, órganos de la administración,
tribunales económicos.
Todo vale en contra de Catalunya. Consigna: hacer
el mayor destrozo que se pueda. Atacar sin descanso. Hacer escarmiento
ejemplar. Corren rumores de que se pretende meter más independentistas
en la cárcel.
Y
todo eso con un gobierno de izquierda, aliado a un partido de más
izquierda. Gentes que criticaban la política represiva del PP y su
judicialización del procés pues, decían, siendo el conflicto político,
debería tener soluciones políticas, no penales. Gentes del "diálogo" y
la "negociación". Gentes sin escrúpulos que pretenden pasar por encima
de la dignidad un pueblo, pidiendo con todo descaro a los gobernantes
catalanes que ignoren la agresión a su país y aprueben unos PGE para
garantizar la estabilidad política de los agresores,
Que
la causa general contra el independentismo es una farsa judicial
escandalosa ya lo sabe todo el mundo. El abuso y la iniquidad resultarán
aun más evidentes en el curso de una vista que, a tenor de la
instrucción, promete ser un cúmulo de atropellos y violaciones de los
derechos de los acusados y los principios elementales de la justicia.
Para
intensificar el ataque del Estado a Catalunya, los dos principales
partidos dinásticos se han repartido el Consejo General del Poder
Judicial. Así se garantiza que los jueces aplican diligentemente la
"justicia" del gobernante.
Esta
es la realidad de un Estado beligerante cuyos representantes ponen el
grito en el cielo cuando el presidente Torra habla de "atacar al Estado
injusto". Como si en Catalunya hubiera otra posibilidad que defenderse
atacando.
Como si hubiera otra salida que la unilateral.
A
los tribunales de justicia en su persecución a Catalunya se une ahora
este adefesio, este remedo de tribunal, compuesto por paniaguados del
bipartidismo, parientes, amigos y subordinados de los políticos con el
encargo de atacar al independentismo por la vía económica.
Este órgano
es un paradigma de incompetencia (o complicidad), pues no ha revelado
ningún escándalo de financiación ilegal y corrupción de partidos, que
está obligado a vigilar. Es también un órgano corrupto en el que cien de
setecientos funcionarios son familiares de los magistrados y al que
hasta el Tribunal Supremo (que tampoco es un ejemplo de transparencia)
ha tenido que llamar la atención por no cumplir sus deberes de
fiscalización.
Salvo
que se trate de independentistas catalanes. En ese caso, el tribunal de
cuentas actúa con dureza y rapidez en una causa tan arbitraria e
injusta como las que se inventa el Tribunal Supremo. Pero hay más y en
el terreno simbólico: es increíble, verdaderamente increíble, que unas
personas nombradas por el partido más corrupto de la historia moderna
del país, que ha robado decenas de millones de las arcas públicas, pidan
cuentas exageradas a quienes han tenido un comportamiento intachable y
han posibilitado que se materializara el mandato democrático del pueblo.
Que
una persona como Margarita Mariscal de Gante, ministra que fue en un
gobierno cuyo vicepresidente está hoy en la cárcel por ladrón, persiga a
los adversarios políticos de sus jefes muestra no ya que España no es
un Estado de derecho, sino que es un Estado de delincuentes sin
escrúpulos que abusan del poder que detentan para aniquilar a sus
adversarios políticos, metiéndolos en la cárcel, arruinándolos de por
vida. Como sea.
No lo conseguirán, claro, pero es bueno que se sepa qué calaña de individuos gobierna España.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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