Todos
los países del mundo (excepto España) que han sufrido en sus
propias carnes el desgarro interno de una guerra civil entre hermanos
han tenido que iniciar, tarde o temprano, un proceso de reparación
a las familias de las víctimas.
Este proceso no se llevó a cabo en España debido a la amnistía que
se promulgó durante la transición. Dicha amnistía violó los
acuerdos internacionales que había firmado España, porque los
delitos de sangre nunca prescriben en derecho internacional. Por
eso se cargaron al juez Baltasar Garzón, por intentar aplicar el
derecho internacional en España.
Argentina también promulgó su Ley de Punto Final para los
que violaron derechos humanos en su dictadura militar, pero tuvo
que rectificar porque era incompatible con el derecho
internacional. Aquí no se ha rectificado nada en España. No puede
ser que no se hayan juzgado los crímenes del franquismo y que la ley
de Amnistía se haya convertido en una ley de punto final.
Todo proceso de reparación nacional requiere dos virtudes de las que
carecemos los españoles: la humildad y la capacidad de
perdonar, porque aquí somos demasiado arrogantes y
rencorosos. Hay que ser muy valiente para salir a la palestra y
decir con lágrimas en los ojos “lo siento mucho; me
equivoqué; perdónenme por favor” como se hizo en la
Sudáfrica de Mandela con la Comisión de la Verdad.
PSICOTERAPIA
Esto no puede ser nunca una venganza ni una revancha, sino más
bien una psicoterapia colectiva o un psicodrama social. También
Argentina inició su proceso de reparación a las víctimas de la
dictadura militar, pero aquí seguimos en Babia: “Hay una
España que llora y otra España que bosteza”
dijo
Antonio Machado.
Un sistema podría ser la anulación de los juicios militares
sumarísimos que se hicieron al terminar la guerra civil con
fusilamientos masivos en las tapias de los cementerios, no
siempre por delitos de sangre, sino en muchos casos por el simple
hecho de tener el carnet de un partido político o de un sindicato,
o por haber sido maestro de la República. Matar a la gente sólo
por su forma de pensar es lo mismo que hacía la satánica
Inquisición.
Dicen los historiadores que, después de la guerra civil, los
ganadores fusilaron a diez veces más personas que los perdedores
antes de la guerra civil, lo que evidencia una venganza brutal.
Pero no sé si hubiera sido peor en caso contrario, con el precedente
de las purgas de Stalin.
ANULACIÓN DE JUICIOS
Actualmente el Gobierno y el PSOE están dispuestos no solo a exhumar
los restos del dictador Francisco Franco, sino también a desarrollar
otras exigencias históricas de las víctimas del franquismo como la
anulación de los juicios de la dictadura.
El Gobierno de Zapatero sentenció en la ley de memoria la
ilegitimidad de esos tribunales militares que hicieron los
juicios sumarísimos, pero no anuló las sentencias por miedo a
provocar “inseguridad jurídica”. Unidos Podemos, ha ido
más lejos planteando una revisión de la Ley de Amnistía,
aunque asegura que apoyará cualquier medida que profundice la
memoria histórica.
Por otro lado la exhumación de los restos de Franco es un
requerimiento de varios organismos internacionales, como la propia
Naciones Unidas, ya que no es normal, cuando se cumplen 40 años
de la Constitución y 43 de la muerte de Franco, que este país tenga
un mausoleo dedicado a un dictador.
Sin embargo hay enemigos de España, como el multimillonario
George Soros, cuyo interés no es precisamente la reparación de
las familias de las víctimas sino la división y el
enfrentamiento entre los españoles para sacar tajada de este río
revuelto.
COMISIÓN DE LA VERDAD
Yo no soy quien para decirle a nadie cómo se debe realizar este
proceso de reparación en España, ni para entrar en polémicas de
rencores y agravios entre rojos y azules, pero puedo señalar el
ejemplo de otros países como Sudáfrica o Argentina.
La Comisión para la Verdad y la Reconciliación fue un
organismo oficial creado por el gobierno de Sudáfrica en 1.995 que
buscaba alcanzar la justicia restaurativa después del fin del
régimen del ‘apartheid’. Se creó a partir de dos premisas
fundamentales: la búsqueda de la verdad y la procuración de
medidas para la reconciliación.
Las personas que eran identificadas como víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos eran invitadas a prestar
declaración sobre sus experiencias. Muchas de estas víctimas
ofrecieron sus relatos en audiencias públicas. Los autores de los
hechos violentos también podían confesar sus crímenes, y eran
sus propias víctimas las que decidían si concederles la impunidad.
El tribunal de la CVR nunca funcionó como equipo judicial,
sino como intermediario entre víctimas y agresores.
La Comisión se fundamentó en la Ley para la Promoción de la Unidad
Nacional y la Reconciliación, sancionada en 1.995. Fue encabezada
por el arzobispo Desmond Tutu, quien estableció como lema de la
misma: “Sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede
haber perdón.”
Este ejemplo se ha convertido en un modelo para posteriores
organismos que han usado el nombre de Comisión para la Verdad y la
Reconciliación en distintos países que salían de períodos de
violencia, dictadura o guerra civil como Argentina, Chile, El
Salvador y Guatemala.
Concretamente, Argentina ha tenido una
experiencia de reparación económica en los casos de
violaciones graves de los derechos humanos. Pero cada país debe
seguir su propio camino de reparación, porque está claro que si
el tema sigue coleando en España es porque todavía quedan heridas
sin cerrar.
(*) Periodista
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