CARTAGENA.- Óscar Urralburu, portavoz parlamentario de Podemos en la Asamblea Regional, ha señalado que una de las
primeras cuestiones a abordar en la financiación local es la definición
de las "competencias impropias" de cada corporación local. Como paso
previo a la ley que se va a trabajar en la ponencia, Podemos solicitará
que los Consistorios emitan un informe sobre "competencias impropias
asumidas y el coste que suponen las mismas".
Urralburu ha explicado que como comienzo de los trabajos, cada
Ayuntamiento debería aportar una memoria del déficit de financiación
estructural de sus cuentas y una memoria que determine las "inversiones
esenciales" que entiende que desde el punto de vista de la
administración local deben implementarse.
Por ello, el portavoz parlamentario de Podemos ha asegurado que una
vez que se conozcan estos datos, "ya podremos articular una ley eficaz
que contemple los datos concretos con los que calcular la dotación de
fondos para el desarrollo de competencias impropias. Aparte, así
conoceríamos el déficit estructural e inversiones, así como las fuentes
de financiación, entre las cuales, además de las que provengan
directamente del presupuesto de la CARM deben barajarse otras opciones".
Entre las opciones que ha puesto encima de la mesa, Óscar Urralburu,
se encuentran " la renegociación de las cantidades asignadas a la Región
para el sistema de financiación local. Otra es la aprobación de un plan
plurianual de inversiones en la administración local que se incluya en
años sucesivos en los presupuestos de la comunidad.
Por último, obtener
nuevos recursos por parte de la carm para favorecer la asunción de
déficits estructurales de financiación e inversiones que afecten a
varios municipios, fundamentalmente con el establecimiento de tributos
medioambientales y con la búsqueda de fondos europeos de desarrollo
local o comunitario".
Podemos va a proponer que se desarrollen las comarcas
como entidades, y que dentro del Estatuto se desarrolle una ley que las
regule. La idea es, según Urralburu, "no la creación de nuevos entes
administrativos que generen mayor gasto y menor eficiencia sino un
acercamiento de las instituciones entre ellas y a su vez a la gente.
Trabajarían para coordinar los recursos conjuntos -que afectan a carm y
ayuntamientos-, prestación de servicios comunes y sobre todo para
corregir desequilibrios y desigualdades entre municipios".
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