LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes de Lorca, Gloria Martín, ha denunciado el
incumplimiento del Ayuntamiento sobre la orden de demolición que pesa
sobre un cebadero, cuyo promotor fue sancionado por la Sección de
Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Lorca al incumplir el Plan
General en cuanto a la distancia mínima de 500 metros al suelo
urbanizable sectorizado de la Hoya. Además, para la realización de la
obra, el infractor tampoco aportó autorización de la Consejería de
Agricultura y Agua, según reza la documentación que ha sido facilitada a
IU-Verdes.
Por ese motivo, Urbanismo declaró las obras "no susceptibles de
legalización" y ordenó su demolición el 20 de mayo de 2014, sin que se
haya llevado a cabo casi cuatro años más tarde. El propio Servicio de
Intervención Urbanística apreció un "agravante" en la actuación del
infractor por "resistencia a las órdenes emanadas de la autoridad,
relativas a la defensa de la legalidad urbanística" una responsabilidad
que también se extiende al técnico director de las obras ya que se
prosiguió con la construcción de la nave a pesar de las órdenes, primero
de paralización, y luego de demolición.
En la diligencia de notificación al infractor, se le ordenaba que
procediera a la demolición de una nave de 360 m2 en un plazo de 30 días,
con apercibimiento de que en caso de incumplimiento "las actuaciones
serían ejecutadas por las brigadas municipales o personal contratado a
costa del obligado", de conformidad con la ley, lo que no se ha
producido.
Por si fuera poco, el ganadero tampoco realizó en su momento las
actuaciones a que le obligaba la legislación en materia de bienestar
animal por lo que el Jefe de Servicio de Sanidad Animal de la Dirección
General de Ganadería y Pesca de la CARM propuso la disminución de la
capacidad autorizada a un máximo de nueve cerdas reproductoras, tal y
como contempla el Real Decreto 1392/2012.
De forma extemporánea, el infractor solicitó de la Consejería de
Agricultura y Agua un informe favorable sobre ampliación de su
explotación en relación a una nave de gestación animal de 360 m2 (la nave
declarada ilegal) con capacidad para 90 plazas reproductoras. La
Consejería de Agricultura no encontró "inconveniente" a dicha ampliación
y emitió informe favorable sin entrar a valorar el cumplimiento de las
distancias mínimas que establece el Plan General, ni las condiciones
impuestas por la normativa sectorial aplicable relacionada con el
carácter molesto o el riesgo sanitario o medioambiental, ni siquiera el
incumplimiento previo de la legislación relativa al bienestar animal.
Por si fuera poco, en julio de 2014, tras una inspección ocular de la
consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, se
comprueba que en la explotación existen 280 madres reproductoras, lo que
incumple flagrantemente lo expuesto por el solicitante de la
autorización en el proyecto, según las denuncias de los afectados.
Y, por último, en marzo de 2016, la teniente de alcalde delegada de
Urbanismo, Saturnina Martínez, concede licencia de actividad y obras al
cebadero afectado por una orden de demolición de su propia concejalía,
desestimando las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos de
La Hoya y por seis familias directamente afectadas, amparadas en
denuncias del Seprona.
Por todo ello, los afectados acusan al Ayuntamiento de Lorca de
"priorizar los intereses económicos de este ganadero frente a los
derechos de los ciudadanos" y de "no defender la legalidad vigente", por
lo que han tenido que recurrir a la interposición de un recurso
contencioso-administrativo que está a la espera de resolución judicial.
Al respecto, Martín ha pedido explicaciones a la concejala de
Urbanismo sobre la concesión de una licencia de actividad y obras a una
explotación que, al mismo tiempo y con conocimiento del Ayuntamiento,
"incumplía el Plan General y tenía decretada una orden de demolición por
parte del propio consistorio".
El Plan General no ha cambiado al
respecto y exige que las nuevas ampliaciones de las explotaciones de
ganado porcino no queden a menos de 500 metros del suelo urbanizable
sectorizado, algo que sigue incumpliendo esta explotación.
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