Hablar del problema del agua es siempre un asunto incómodo para los
ocupantes del Palacio de Fuensalida. Hacerlo allí ya es directamente
mentar la bicha. Lo era para María Dolores de Cospedal, como constaté al
poco de que ganara las elecciones autonómicas en una conversación en la
sede del Gobierno manchego.
A diferencia de su antecesor («creo que soy
muy popular en Murcia», me dijo hace años José María Barreda en
Albacete, sonriendo irónica pero afablemente), Cospedal abordaba el
asunto con especial frialdad y rigidez. Ella entonces tenía mucho más
que perder que ganar, sobre todo después del batacazo con el proyecto de
estatuto que ponía fecha de caducidad al Trasvase. Como en la Región de
Murcia, también allí la ‘guerra del agua’ da y quita votos.
Y de esa
necesidad política de la secretaria general del PP nació la ley del
Memorándum del Tajo, tejida por los barones populares bajo la batuta del
exministro Arias Cañete, para endurecer los desembalses al Segura, como
quería Cospedal. Después de diez meses con el tablacho echado al
acueducto, lo que no pudo conseguir la multitudinaria protesta en Madrid
de los regantes, porque esa ley lo impedía, se va a producir ahora por
la sucesión de borrascas que descargaron agua y nieve en cantidad
abundante sobre los embalses de cabecera.
Ha sido cosa del cielo, no de
la política, que a partir del 1 de abril pueda reabrirse el Trasvase y
lleguen los primeros veinte hectómetros cúbicos desde mayo pasado.
Después de su ‘annus horribilis’, el sector agroalimentario murciano
afronta con relativa tranquilidad lo que resta de 2018. Si algo de bueno
hay en la ley del Memorándum, que elevó notablemente la reserva mínima
en la cabecera, es que las reglas de explotación del Trasvase quedaron
desprovistas de criterios políticos en favor de técnicos que deben ser
de aplicación automática. Y hoy, de seguir el lento deshielo, se dan las
condiciones exigidas para que el agua vuelva a fluir hacia el Levante.
A poco más de un año de las elecciones autonómicas, el nuevo
escenario augura un repunte de la bronca política. Por las declaraciones
de los últimos días, el presidente manchego, Emiliano García-Page,
anticipa que dará la batalla. Lo tiene complicado. Al menos en los
tribunales. Pero la diatriba política, en plena negociación entre PP y
PSOE por un pacto nacional del agua, subirá de tono: es mucho más fácil
arremeter contra las transferencias al Segura que dar explicaciones
sobre qué infraestructuras hidráulicas se han hecho en esa comunidad con
los 400 millones de euros pagados por los regantes de Murcia, Alicante y
Almería por el uso del acueducto durante treinta años.
Un dinero que
debía haberse utilizado para garantizar el abastecimiento de los
municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, cuyos habitantes se ven
obligados en ocasiones de extrema sequía a ser abastecidos con camiones
cisterna.
O las obras para asegurar el riego a municipios albaceteños
que ven cómo pasa por sus territorios el canal del Trasvase hacia Murcia
y Alicante sin que allí quede una gota. A mayor ruido menos focos habrá
puestos en otros problemas domésticos: en Guadalajara, los empresarios y
la agrupación provincial de agricultores y ganaderos esperan desde
mediados de marzo una reunión con García-Page para resolver el problema
de la falta de conexión entre los pantanos de Alcorlo y Beleña, este
último desembalsando agua por falta de capacidad. Paralizado con
Cospedal y con Page, la puesta en marcha de ese proyecto frustrado
garantizaría el abastecimiento de medio millón de habitantes y el
desarrollo de la provincia.
Viernes de Dolores
El
Trasvase representa en el Palacio de Fuensalida lo que la desaladora de
Escombreras significa en el Palacio de San Esteban. La bicha que no se
menta. Material políticamente inflamable que ardía en las manos a todos
los sucesores de Valcárcel. Garre, Sánchez y ahora López Miras han
tenido que lidiar con este ‘elefante blanco’, transformado ahora en una
causa judicial que toca de lleno al «macizo de la raza» de la familia
popular.
El ‘caso Púnica’, con unos pocos miles de euros presuntamente
malversados, o el mismo ‘caso Auditorio’ de Puerto Lumbreras, son
‘pecata minuta’ en comparación con este sumario judicial recién abierto
donde se ventilan decisiones de Consejo de Gobierno que pudieron tener
un perjuicio potencial para las arcas públicas de hasta 600 millones. El
paso al Grupo Mixto de la senadora Pilar Barreiro y la declaración del
expresidente Pedro Antonio Sánchez, todo en este mismo Viernes de
Dolores, son rescoldos políticos y judiciales que palidecen ante la
magnitud del ‘caso desaladora’.
Los informes de la Intervención y de los
Servicios Jurídicos de la Comunidad ya obligaron al Gobierno regional,
recién investido Pedro Antonio Sánchez, a colaborar con la Fiscalía y a
comunicar, hace unos días, que se personará en la causa emprendida por
la juez. La clave puede estar en la actitud a partir de ahora de algunos
de los imputados que no están vinculados al PP y por tanto sin ataduras
para fijar su defensa jurídica de la manera más conveniente para sus
intereses personales. Dado que los tiempos de la Justicia son lentos,
este quinario se va a hacer eterno para los potencialmente implicados.
(*) Periodista y director de La Verdad
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