MADRID.- De la promesa de 1.500 millones a casi la mitad. Un total de 807 millones en tres años es la última oferta que ha realizado el Ministerio del interior de Juan Ignacio Zoido a los policías y guardias civiles, que el martes se levantaron de la mesa dando por concluidas las negociaciones de la ansiada equiparación salarial con los Mossos d'Esquadra.
Desde el Gobierno dicen que no tienen más margen de maniobra y esperan
que sindicatos y asociaciones profesionales recapaciten. Desde la Secretaría de Estado de Seguridad,
que ha llevado a cabo a los trabajos, ya renuncian abiertamente a la
igualación con los cuerpos autonómicos: “el concepto de equiparación
hace aguas porque se quieren equiparar cosas que no son iguales”. Estos son los motivos de la ruptura, según Voz Pópuli:
1. La cifra
Desde Interior discuten que para igualar los sueldos de
policías y guardias civiles con los de los mossos d’Esquadra sean
necesarios los 1.500 millones en tres años
(500 millones por ejercicio) que se reclamaban desde el principio.
Describen esa cuantía como “un mantra” que se ha venido repitiendo los
últimos meses sin una base real. Eso a pesar de que el mes pasado fue el
propio Ministerio el que se comprometió con los sindicatos a alcanzar
esa cifra en un documento escrito que fue distribuido a los medios.
Recuerdan ahora que en el punto siguiente se añadía que esa cifra podría
ser menor si se descontaba lo equivalente a los derechos que tienen
policías y guardias civiles y que no disfrutan los Mossos (la segunda
actividad, productividad, destinos mejor remunerados en embajadas,
viviendas pagadas, medallas pensionadas…).
De este modo, lo que se ofrece es un incremento de 290 millones
para sueldos en los presupuestos de 2018, 550 en 2019 y 807 en 2020.
Esta última cifra podría ascender hasta los 825 millones atendiendo a un
posible incremento de la oferta de empleo público. Los sindicatos
desconfían de esos números. En privado afirman que si realmente fuesen
807 millones en tres años firmarían, pero en realidad son cuantías
acumuladas por lo que en realidad el aumento en tres años sería sólo de
unos 500 millones (un tercio de la aspiración de los 1.500).
2. La situación económica
Interior ha
ofrecido presupuestar 850 millones en cada ejercicio de 2021, 2022
y 2023 contando con que continúe la situación de recuperación económica
actual. Desde los colectivos policiales pretenden que los acuerdos que
surjan de esta negociación no estén sujetos a la coyuntura económica.
Pero desde el Gobierno les lanzan una pregunta: "¿En caso de que en un
futuro el Gobierno de la Generalitat bajase el sueldo a los mossos, ellos también aceptarían reducírselo?".
Desde la otra parte, cuyo horizonte ideal sería una ley de
retribuciones, responden con otra cuestión: "¿Y si mañana cambia el
Gobierno, quién garantiza que se mantendrán estos compromisos?".
3. La segunda actividad
Cuando
desde el Ministerio ponen el acento en los privilegios que tienen los
policías y los guardias civiles llegan siempre a la segunda actividad y
la situación de reserva. En el caso de la Policía se accede a los 55
años, una especie de prejubilación que
permite trabajar en la empresa privada sin dejar de percibir el sueldo
de policía. Interior, que cifra el coste de la segunda actividad en 331 millones al año, reprocha a los sindicatos que en la mejora salarial tratasen también de incluir a la segunda actividad, inexistente en los mossos.
4. La estructura
A
la hora de calcular la diferencia entre lo que cobran los mossos y el
sueldo de policías y guardias civiles, Interior tomó como baremo la
media de salarios en cada escala. El coste promedio de un agente catalán es de 37.000 euros al año mientras que el de un policía nacional es de 33.400 euros y el de un guardia civil, 31.200 euros.
Es por ello que, según Interior, para equiparar a la Policía con los
Mossos hacen falta 331 millones y para igualar a la Guardia Civil, son
necesarios 476 millones. De la suma de ambas resultan los 807 millones.
Desde Interior sostienen que una vez conocidos los datos de los Mossos d’Esquadra han comprobado que el cuerpo autonómico cuenta con muchos menos mandos que la Policía y la Guardia Civil,
lo que les permite tener sueldos más altos a la base. Desde los
sindicatos replican que ese es un problema que tiene que solucionar la
administración por otro lado y que no debería tenerse en cuenta en esta
negociación.
5. La subida general de funcionarios
La oferta de Interior ya incluye la subida general para los funcionarios públicos
que prepara el ministro Montoro de un 8 por ciento del sueldo. Los
sindicatos consideran eso es una trampa ya que de esa subida también se
van a beneficiar los Mossos d’Esquadra por lo que la equiparación no sería real.
Desde la Secretaría de Estado de Seguridad alegan que si se atiende por
separado, un guardia civil de la escala más básica pasaría a tener un
incremento de sueldo del 34 por ciento en un sólo año. “En ningún país
con una inflación razonable sucede eso”, dicen desde la Administración
al tiempo que recuerdan que, de los 500 millones que se preparan para
esa subida, 300 van a ir destinados a las fuerzas de seguridad del
Estado.
Desde los sindicatos quieren que se sepa
que de los 290 millones prometidos por Interior el primer año, Hacienda
aportaría 90 que ya estaban previstos. De los 550 en 2019, la subida de
Montoro supone 190 y de los 807 del tercer ejercicio, la subida general
inyectará 310.
6. Un plan a seis años
En las últimas semanas el Ministerio del Interior ha apostado por aprovechar la negociación salarial para emprender un plan más amplio que consiste en un paquete de 6.000 millones a desglosar en seis años.
En ese proyecto se incluyen 4.165 millones en sueldos, 600 millones
para los agentes en segunda actividad y reserva y 1.125 millones para
mejorar infraestructuras y reformar instalaciones (para lo que se
empleará a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios S.A.
que usa la administración para hacer las cárceles). Los sindicatos y
asociaciones creen que la presentación de este plan general con
inversiones en infraestructuras ya estaba previsto con anterioridad e
Interior lo usa ahora como recurso para enfrentarles a la opinión
pública por levantarse de la mesa.
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