La injusta y no por esperada insólita decisión del Tribunal Supremo de mantener a Oriol Junqueras en prisión sin fianza supone
un golpe de dimensiones colosales al estado de derecho. Al menos, al
estado de derecho basado en decisiones judiciales que descansen en la
comprensión de lo que se dicta y también de lo que se escribe.
Mal se
puede razonar lo que en veintisiete folios resulta un compendio de
supuestos que no constan sino es a través de cuál es la ideología de Junqueras y de hacer descansar la violencia del 1-O en los convocantes del referéndum y no en la policía que la desencadenó con su actuación.
El auto aprobado por unanimidad de los tres magistrados de la Sala de
lo Penal del TS no solo es discutible y opinable, como lo es cualquier
acto jurídico que afecte a la salvaguarda de los derechos de los
ciudadanos, sino que en el caso que nos ocupa, lo es también por lo que
tiene de incursión de la política en el mundo de la justicia,
empezando por el gobierno español y siguiendo por la Fiscalía General
del Estado.
Así, lo que no es delito en Bélgica se retira y no pasa nada
y, lo sea o no en España, que se decidirá en todo caso en un juicio,
acaba siendo que sí por la vía de los hechos y para ello se utiliza la
prisión preventiva.
La impresión generalizada es que habiendo fracasado el intento de impedir la mayoría independentista
en el Parlament, el pasado 21 de diciembre, se ha entrado en una fase
en que el Estado, lejos de aportar una solución a lo que votaron los
catalanes, trata de cerrar todas las alternativas que pueda haber. Tanto
al retorno del president Puigdemont como a la libertad del
vicepresident Junqueras.
No solo eso: mucha gente parece estar disfrutando con el cuanto peor
mejor y la utilización de la prisión preventiva como una condena en la
práctica. Una especie de sentencia firme sin juicio alguno.
De hecho, su privación de libertad es utilizada de manera espuria para
atribuirle conspiraciones y desavenencias en el espacio independentista y
en la relación —compleja y a través de intermediarios— que mantiene con
Puigdemont.
Se mantiene en prisión desde el 2 de noviembre a Junqueras —también a
Joaquim Forn y previamente a los Jordis—; se le impide realizar la
campaña electoral con el perjuicio que supone para su partido, Esquerra;
se ponen en circulación a través de los medios habituales desavenencias
en la configuración del nuevo Govern y se olvida su apuesta por el
diálogo y la bilateralidad expresada ante el Tribunal Supremo.
Ya nada vale y nada se escucha cuando declara que es un hombre de
paz. Alguien ha decidido que con su humillación tampoco habrá
suficiente.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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