Esta semana
será definitiva para conocer el futuro procesal de los antiguos
máximos directivos del Banco de España y de la CNMV por la salida a
bolsa de Bankia. La Audiencia Nacional comunicó el 31 de julio en una
providencia que había aplazado hasta el 15 de septiembre su
decisión sobre el procesamiento de los ex altos cargos: Miguel
Ángel Fernández Ordóñez, Javier Aríztegui, Julio Segura y Fernando
Restoy.
La
Sección 3ª de la Sala de lo Penal fechada el viernes 31 de julio fijaba
esa fecha para la deliberación y votación del recurso de apelación
presentando por Andrés Herzog en nombre de la acusación popular de la
Confederación Intersindical de Crédito (CIC), al que también se han
adherido defensas de otros procesados en esta causa, como la del
exconsejero de IU en Bankia, José Antonio Moral Santín.
La decisión de la sala, de la que es ponente la juez María de los
Ángeles Barreiro Avellaneda se va a conocer más de cuatro meses después
de que el instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, diera por
concluida la fase de instrucción.
El magistrado dictó auto de procesamiento contra 34 personas, entre
las que la personalidad más destacada es la del expresidente de la
entidad Rodrigo Rato. En cambio, exculpó a los máximos exdirigentes del
Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
al considerar que no ayudaron al falseamiento de las cuentas de la
entidad.
Junto a Rato figuran procesados: el exvicepresidente José Luis
Olivas; el ex consejero delegado, Francisco Verdú, y una treintena de
directivos, al entender que se falsearon las cuentas anuales y hubo
fraude a los inversores. Solicita entre cinco años y dos años y siete
meses de prisión al entender que se falsearon las cuentas anuales y hubo
fraude a los inversores.
Sin embargo, archivó las actuaciones relativas a los organismos
reguladores y supervisores, exculpando así al exgobernador del Banco de
España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al exsubgobernador, Javier
Aríztegui, al expresidente de la CNMV, Julio Segura, y al
exvicepresidente y con posterioridad subgobernador del Banco de España,
Fernando Restoy entre otros. Esta decisión fue recurrida por la CIC.
El juez instructor siguió las peticiones de la Fiscalía
Anticorrupción, que atribuye la responsabilidad de las supuestas
irregularidades a 34 personas, sin incluir a los exejecutivos del Banco
de España y de la CNMV.
El CIC recurrió la sentencia alegando que se habían ignorado informes
que confirman la responsabilidad de ambas instituciones en la
colocación en bolsa de la entidad. Menciona el recurso la omisión de
cualquier referencia a los correos electrónicos del inspector del Banco
de España a sus superiores, José Antonio Casaus, quien criticó la
viabilidad del grupo BFA-Bankia, así como de menciones a los últimos
informes aportados "a petición del propio instructor" y realizado por
los peritos Antonio Busquets y Víctor Nogueras.
La Audiencia Nacional ha tenido en cuenta no los correos, sino los
propios informes de Antonio Casaus que eran más comprensivos con las
condiciones de la colocación de Bankia en el mercado.
El informe también recordaba que fue la propia sala de lo Penal la
que instó al juez a citar como investigados a estos antiguos altos
funcionarios al entender que "existían indicios múltiples bastantes" de
la comisión de un delito.
El sindicato también ha recurrido el sobreseimiento de las
actuaciones sobre la auditora Deloitte, aunque en la causa continúa en
cambio incluido el socio auditor Francisco Celma, y los exconsejeros de
Bankia Atilano Soto y Luis Blasco Bosqued.
No será la única noticia esta semana relacionada con la crisis
financiera. Los diputados miembros de la Comisión de Investigación de la
crisis se reunirán el miércoles para ordenar los trabajos y tratar de
ponerse de acuerdo sobre las futuras comparecencias.
Fuentes populares consideran que si se citaran a todos los que han
sido incluidos por los partidos políticos se acabaría la actual
legislatura sin que se elabore el correspondiente informe sobre la
crisis y el Banco Popular. La última semana el grupo IU-Podemos-En Marea
anunció que pediría la comparecencia de más de 150 personas. Si se
suman los casi 300 convocados por el resto de partidos, la comisión
podría convertirse en infinita.
Al ritmo de dos reuniones al mes, con 7 comparecientes por semana,
resultaría imposible acabar los trabajos a tiempo. Más teniendo en
cuenta que en las próximas semanas los portavoces de algunos de los
partidos son también miembros de las comisiones de Presupuestos y de
Economía, lo que les imposibilitaría convocar las sesiones de la
comisión de investigación.
Tras la comparecencia del exsubgobernador, José Viñals, la pasada
semana, algunos de los miembros de la Comisión consideran que se han
dado pasos muy importantes para el esclarecimiento de porqué no se
estranguló a tiempo la crisis. Será objeto de un próximo análisis.
(*) Periodista
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