MURCIA.- Las empresas que prestan el servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se encuentran actualmente en una situación de "vacío legal",
según indicó esta mañana la portavoz del Gobierno regional, Noelia
Arroyo, que insistió en la necesidad de solucionar cuanto antes esa
situación de "inseguridad jurídica" para trabajadores y usuarios.
Arroyo hizo esas declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Gobierno, después de que este lunes los grupos de la oposición impidieran la aprobación del decreto ley que preveía ampliar las 8 concesiones actuales hasta 18 estaciones.
Durante
la reunión, una veintena de representantes sindicales de la estación de
Alcantarilla, la única de gestión pública (otras seis son concesiones y
una más está liberalizada) protestaron a las puertas del Palacio de San
Esteban para pedir la gestión pública en todo el servicio y mejoras de sus condiciones.
Antes
de atender a los medios de comunicación, la propia Arroyo y el
consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán,
mantuvieron un breve encuentro con ellos a pie de calle para escuchar sus reivindicaciones.
Los
representantes sindicales insistieron en que la estación pública de
Alcantarilla es la más rentable económicamente, a la vez que es la más
barata y también la que plantea más exigencias a los usuarios y, por
tanto, garantiza una mayor seguridad de los vehículos, y lamentaron la falta de medios y personal.
Ya
en rueda de prensa, Arroyo insistió en que, al no haberse aprobado el
nuevo modelo de gestión de la ITV, estos trabajadores, como los del
resto de estaciones y los usuarios, se encuentran en una situación de
"inseguridad jurídica" por el "vacío legal" que se ha producido y ha
insistido en que el Gobierno está trabajando para encontrar una solución "lo antes posible".
No
obstante, lamentó que esta situación se podría haber evitado con una
"actuación política responsable" y no se debería haber generado, puesto
que las condiciones del decreto estaban negociadas de antemano y estaba previsto que Ciudadanos apoyara el texto permitiendo así su aprobación.
Por
ese motivo, Arroyo lamentó el cambio de actitud que se produjo y
advirtió de que esto no es "un revolcón al Gobierno, sino a los
ciudadanos y los trabajadores".
En ese sentido, y ante la
amenaza de Ciudadanos de no apoyar tampoco los presupuestos regionales
para 2018, la portavoz insistió en que "los revolcones no son para el
Gobierno, sino para los ciudadanos".
"Lo que nos preocupa es que piensen que van a perjudicar al Gobierno cuando a quienes perjudican es a los ciudadanos y a los trabajadores", afirmó, y advirtió de que en política se debe actuar "por el interés general" y no por intereses "partidistas".
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