La decisión de la Generalitat catalana de cortar el flujo de
información al Ministerio de Hacienda sobre los gastos de la
Administración catalana parece a primera vista un importante golpe de
mano. Son palabras mayores.
Los gestos y aún los hechos de carácter
rupturista se multiplican y estamos entrando en una situación en la que,
de hecho, la Administración catalana trata de hacer su propio camino al
margen del Estado con plena efectividad, como si la independencia fuera
ya un hecho consumado, antes por lo tanto de que un eventual resultado
del referéndum de octubre se haya traducido en la declaración
unilateral de independencia.
Cataluña no tiene, tal y como sus dirigentes han diseñado el
funcionamiento de la entidad, capacidad financiera propia y por lo
tanto no puede funcionar sin el auxilio financiero del Estado, que en
los últimos años se ha instrumentado a través del denominado Fondo de
Liquidez Autonómico (el FLA), una especie de remedo de plan de
financiación autonómica provisional mientras se concreta el largamente
esperado y escasamente negociado nuevo plan de financiación autonómica.
Las insuficiencias financieras de las Autonomías se han puesto de
relieve de forma muy aguda durante la reciente crisis económica,
durante la cual los impuestos inicialmente cedidos para asegurar el
funcionamiento de las competencias traspasadas en su día han caído muy
por debajo de los umbrales previstos. La culpa de este desajuste es
doble: la crisis mermó los ingresos y las políticas de gasto, lejos de
ajustarse a la baja y a las nuevas realidades, se mantuvieron en alza.
El resultado ha sido un creciente déficit autonómico que el FLA ha
tratado de paliar pero sin conseguirlo de forma satisfactoria. En el
caso de Cataluña, este desajuste ha alcanzado niveles fuera de control
debido a la deriva independentista que la Generalitat ha ido
desarrollando en los últimos años y más todavía en los últimos meses,
hasta llegar a una confrontación abierta y de difícil vuelta atrás. Los
gastos pertenecen ya a una órbita alejada de lo que es el normal
funcionamiento de una Autonomía.
La decisión anunciada ahora por la Generalitat, de interrumpir el
flujo de información con el Gobierno abre una seria crisis ya que esta
exigencia por parte del Ministerio de Hacienda de recibir cuenta
detallada de los gastos de la Generalitat estaba estrechamente vinculada
a la continuidad del Fondo de Liquidez Autonómico. Sin los recursos de
este fondo, Cataluña tendrá serios problemas para seguir su trayecto,
lo que significa que antes o después, la Generalitat echará mano de
sus aspiraciones de autonomía fiscal, llevando a toda su plena
operatividad la Agencia Tributaria catalana al margen del Estado.Es
decir, la independencia de facto.
La Generalitat parece tener preparado desde hace tiempo todo el
engranaje necesario para hacer realidad esta Agencia. Solo falta que
los impuestos del Estado (básicamente IVA, IRPF y Sociedades) sean
exigibles por las autoridades fiscales catalanas, lo que previsiblemente
será el siguiente paso y posiblemente no muy lejano en el tiempo. ¿Cómo
reaccionará el Gobierno si este escenario se desarrolla en estos
términos? Pronto saldremos de dudas.
(*) Periodista y economista
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