Trinitario Casanova niega ante la Policía Judicial haber sobornado a políticos murcianos

MURCIA.- A su llegada ayer a las fortificadas instalaciones de Canillas (Madrid), donde tiene su sede la Comisaría General de Policía Judicial, eran las once cuando Casanova, que hace quince días se libró de ser arrestado por encontrarse de viaje en Estados Unidos, escuchó de boca de un policía de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, sección Blanqueo de Capitales (UDEV-BLA), que iba a ser interrogado en calidad de detenido y comenzó a informarle de sus derechos, revela hoy 'La Verdad'.

El funcionario, sin embargo, le evitó el nada agradable trance de hacerle la reseña (tomarle las huellas digitales y fotografiarle para la ficha policial), como a cualquier otro detenido. Una deferencia, quizás, por haber cumplido su compromiso de presentarse ante la Policía a su regreso de EE UU.

Fuentes próximas al caso señalaron que el interrogatorio se centró en tres facturas por importes muy cuantiosos (9, 5 y 2,9 millones de euros), de las que la Policía intuye, sobre todo en el caso de la tercera, que podrían ser falsas y haber servido para justificar el desembolso de importantes cantidades de dinero por parte de Casanova.

Un dinero que -eso intentan probar los investigadores- podría haber servido para sobornar a políticos y lograr así que saliera adelante el plan parcial La Zerrichera: 4.000 viviendas, un hotel de lujo y varios campos de golf en una sierra de Águilas que era objeto de especial protección por la legislación medioambiental y que, pese a ello, fue superando uno tras otro todos los trámites administrativos.

¿En qué se basan los especialistas de la UDEV-BLA para pensar que ese dinero (casi 500 millones de pesetas) pudo ser destinado a cohechos? Fundamentalmente, en una llamativa coincidencia de fechas: el desembolso se habría producido a finales de octubre del 2005, apenas dos días antes de que el Pleno del Ayuntamiento de Águilas diera luz verde a la urbanización.

El citado Pleno estuvo rodeado de polémica. Primero, por que el secretario general del Ayuntamiento había pedido que no se abordara la modificación del PGOU, al existir «dudas racionales» de que no se adapta «a la legislación vigente».

Y segundo, y especialmente, por el hecho de que cuatro concejales socialistas, encabezados por el entonces secretario general de la Agrupación Local, Pedro Gil, decidieron ausentarse y dejaron a su grupo sin posibilidad de frenar el plan parcial. Todos ellos fueron expulsados del PSOE.

Casanova negó ayer rotundamente que el desembolso de 2,9 millones de euros en esa fecha tuviera alguna relación con posibles sobornos a políticos y aportó documentos que probarían su versión. Así, señaló que ese dinero, como los anteriores pagos de 9 y 5 millones, estaba destinado a tres empresas que intermediaron en la venta de La Zerrichera a la sociedad Inverlur, propiedad de la caja vasca Kutxa, por unos 130 millones de euros.

El promotor añadió que el pago de 2,9 millones respondía al hecho de que, unos días antes, había cobrado 20 millones de euros de Kutxa y que, con cargo a ese dinero, libró unos cheques bancarios para los intermediarios. Casanova, siempre según las mismas fuentes, habría aportado documentación sobre tales efectos, que habrían sido expedidos incluso a nombre de esas sociedades.

Tras finalizar el interrogatorio, hacia la una de la tarde, el promotor fue puesto en libertad sin medida cautelar alguna. Se marchó escoltado por sus abogados y, sin duda, con muchas ganas de no volver a tener que pasar por un trance igual por el caso Zerrichera. Algo que, para su desgracia, sí que no está en su mano.