Así lo dio hoy a conocer, en rueda de prensa, el presidente de la Cámara de Contratistas de Obras Públicas de la Región, Luis Fernández, quien precisó que de la inversión total, 542,29 millones fueron de la Administración central, 208,94 millones de la regional, 230,25 millones de ayuntamientos y 4,84 de otros organismos e instituciones.
A tenor de los datos, Fernández puso de manifiesto que el Estado "invirtió un 25,6 por ciento menos que en 2007, la Comunidad un 29,9 por ciento menos, y los ayuntamientos un 34,3 por ciento menos".
Por su parte, el secretario general de la Cámara, José María Riquelme, concretó que esta situación "en el sector de la construcción en su conjunto ha generado en un año y medio algo más de 30.000 desempleados en Murcia, de los que se calcula que el 30 por ciento proviene de la obra pública".
A juicio de Fernández, "estas cifras hacen que nos sintamos defraudados, ya que el conjunto de las administraciones no han sido capaces de articular un sistema de inversiones públicas que paliara las graves consecuencias de la crisis económica".
Así, confirmó dicha caída "y la falta de financiación y de pago por parte de los ayuntamientos a las empresas contratistas que le trabajan".
Explicó, en este sentido, que "la Administración tiene un plazo de 60 días para proceder al pago de las certificaciones ejecutadas por los contratistas" pero, recalcó, "la realidad es bien distinta, dado que hay muchas empresas del sector con graves problemas financieros como consecuencia del impago de la Administración pública, especialmente de los ayuntamientos".
Otro de los problemas a los que hizo referencia fue el hecho de que "antes, si las certificaciones emitidas por las empresas podían ser endosadas por los ayuntamientos y a su vez descontadas en una entidad bancaria, hoy se tiene constancia de que son muchas las empresas que tienen grandes dificultades para producir el descuento de certificaciones, ya que las propias entidades bancarias le ponen pegas al ver que ese documento procede de determinada administración".
Aunque no dio el número de empresas afectadas por esta situación, indicó que "son más de las deseables".
Ante esta situación, anunció la puesta en marcha, de manera "inmediata", de un nuevo servicio para "reclamar a las administraciones las cantidades adeudadas, así como sus correspondientes intereses de demora"; iniciativa de la Cámara de Contratistas junto con la Federación Regional de Empresarios de la Construcción.
De esta manera, "cuando la administración no cumple el plazo de pago de esos 60 días, la empresa tiene derecho a reclamar intereses por falta de pago y esos intereses quedan a criterio del empresario el reclamarlos o no".
"Como últimamente ese periodo de pago se ha alargado de forma preocupante en muchos casos, lo que se ha hecho es facilitar la labor a nuestros asociados con la puesta en marcha de dicho servicio, de manera que cuando el pago supere los 60 días, se hará a través de la Cámara de contratistas para evitar que el contratista tenga que ir a discutir con el Ayuntamiento", señaló.
No obstante, y atendiendo a los datos que se reflejan en la Memoria de Actividades de 2008 de la Cámara, Fernández advirtió que "de no mejorar la capacidad de generar ingresos de las administraciones como consecuencia de la falta de medidas de apoyo a las empresas, 2009 puede ser otro año catastrófico para la obra pública, independientemente de planes coyunturales como el Fondo de Inversión Local".
Así, señaló que si 2008 "ha sido un año del descenso de la licitación, 2009 no será mejor que el pasado año como consecuencia de la falta de ingresos de la administración". De hecho, vaticinó que "el futuro de la obra pública, especialmente en la Región, es bastante oscuro y negro".
Y es que, lamentó, "hay situaciones de muchas empresas del sector que están cerrando o atravesando situaciones financieras muy complicadas como consecuencia de esta crisis que afecta, de forma directa, a las empresas".
Sobre el Fondo de Inversión Local, Fernández lo consideró "una buena idea" pero que "en ocasiones está siendo mal instrumentalizada por la inconcreción del pliego tipo elaborado para servir de guía en las licitaciones, permitiendo que cada ayuntamiento interprete a su manera las condiciones de licitación, y generando una gran inseguridad jurídica a las empresas".
Al hilo, confirmó el hecho de que "en cada ayuntamiento se han detectado criterios distintos a la hora de redactar los pliegos que afectan a los contratistas, cumpliendo todos la ley sin duda".
En concreto, denunció públicamente que "algunos de los criterios de adjudicación de esas obras han sido la baja en el precio", lo que, en su opinión, "no tiene ningún sentido ya que ese dinero revierte al Estado".
Además, comentó que "en esos pliegos, también se ha primado la reducción del plazo", tras lo que consideró que "si se está haciendo un plan para facilitar y fomentar el empleo, pues que no se prime la reducción del plazo, ya que de este modo se tendrá que despedir antes a los obreros".
Es por ello por lo que el secretario de la Cámara abogó porque "se concrete en qué condiciones se va a proceder la licitación, ya que si no cada ayuntamiento la interpreta a su manera".
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Contratistas de Obras Públicas de la Región aplaudió la iniciativa del Gobierno central de una nueva línea de avales de 3.000 millones para ayuntamientos y pymes, ya que "tanto en Murcia como en el resto de España hay ayuntamientos con situaciones complicadas".
Consideró, por tanto, que "esta aportación será muy positiva si se administra y se gestiona bien", puesto que, insistió, "cualquier inyección económica que se pueda hacer a la obra pública siempre es bien recibida".
Por su parte, el secretario de la Cámara mostró su deseo de que dicha ayuda "se aproximara a un porcentaje elevado de lo que supone el total de la deuda". "Es un comienzo esos 3.000 millones y lo saludamos con alegría, pero en ningún caso representan un montante elevado sobre el total de la deuda".
Pese a que Fernández reconoció la existencia de distintos planes "encima de la mesa" como éste último y el de Inversión Local, hizo un llamamiento a que "se activen, se pongan en marcha y se cobren por parte de los contratistas y eso tiene un periodo de tiempo". Propuso, de este modo, "invertir en obra pública, ya que siempre ha sido el refugio y la salida en cualquier situación de crisis de todas las empresas del sector de la construcción".
También demandó de las entidades financieras y las administraciones que "se conviertan en un revulsivo y no una rémora para este sector", por lo que las primeras "han de revisar sus criterios de financiación, atendiendo a las carteras de pedidos y licitaciones concedidas como suficiente garantía de reembolso, mientras que los ayuntamientos deben conseguir capacidad de endeudamiento para responder a sus compromisos de pago".
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