En la misiva, con fecha 29 de enero, el alto cargo de la Comisión asegura que seguirá la evolución de este caso de cerca y que "se reserva la posibilidad de emprender cualquier acción legal para asegurar la aplicación y el respeto a la legislación comunitaria".
Según Greenpeace, Fotiadis manifiesta que "la Comisión está extremadamente preocupada por este tema, y por la falta de acciones concretas emprendidas por España en relación con los casos de los barcos Galaecia y Paloma V".
La organización ecologista consideró que la CE confirma sus acusaciones acerca de que dos barcos de bandera española propiedad de Vidal Armadores, 'Galaecia' y 'Belma', formaban parte de una red de operaciones pesqueras ilegales en el océano austral que incluían a los barcos piratas 'Ina Maka', 'Chilbo San 33' y 'Paloma V'.
"La Comisión exige a España acciones inmediatas contra los ciudadanos españoles implicados en actividades de pesca ilegal a bordo de los buques de Vidal Armadores, en cumplimiento del reglamento comunitario", apuntó Greenpeace, que consideró que la carta constituye "una prueba más de que el Gobierno habla mucho y actúa poco contra la pesca ilegal".
La organización ecologista demandó que se pida la devolución de las ayudas concedidas a cualquier compañía involucrada en actividades ilegales de pesca y que se sancione "con dureza" a sus responsables.
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