LIBRILLA.- La Consejería de Obras Públicas ha obligado al Ayuntamiento de Librilla a rehacer, de arriba abajo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, cuya aprobación definitiva ha suspendido debido a los numerosos defectos que presenta, según revela 'La Verdad'.
A raíz del rechazo del plan general aprobado en la Comisión de Coordinación de Política Territorial, reunida el pasado 27 de enero, la Dirección General de Urbanismo ha devuelvo el PGOU al Ayuntamiento para que subsane todos los errores.
La orden firmada por el consejero José Ballesta en la que se comunica al Ayuntamiento de Librilla la suspensión de la aprobación del PGOU comprende trece páginas y una larga y detallada enumeración de todos los defectos.
La adjudicación y elaboración de este plan general fue el origen del supuesto caso de corrupción que ha supuesto la imputación del alcalde y el edil de Urbanismo por la comisión de varios delitos, entre ellos el de cohecho. En el mismo caso están además imputados los autores del plan y el gerente de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla, José Andrés Cortés.
El rechazo del PGOU por parte de la Comunidad Autónoma supone un serio revés para el Ayuntamiento de Librilla, que había apostado fuerte por el desarrollo urbanístico como solución de progreso para el municipio, ya que ahora deberá rehacer casi por completo el plan general previsto.
La Corporación deberá subsanar los puntos reprobados por Urbanismo y volver a aprobar en el Pleno las modificaciones que incluya en el plan, para lo que el alcalde, José Martínez, tendrá muchas dificultades, puesto que ha perdido la mayoría absoluta después de ser expulsado del PP por su implicación en la operación biblioteca.
La principal rectificación que ordena la Consejería de Obras Públicas es el mantenimiento como no urbanizable de los terrenos agrícolas de regadío que el PGOU pretendía recalificar para su urbanización.
La Administración regional ha terminado por dar la razón a la Comunidad de Regantes de Librilla, enfrentada con el alcalde desde hace varios años por el empeño de éste en recalificar 2.800 hectáreas de regadío, lo que habría supuesto perder una inversión pública de 36 millones de euros comprometidos para la modernización de esta zona regable.
Los agricultores esperan ahora poder recuperar el proyecto de modernización y llevarlo a cabo, lo que supondría una importante inyección de dinero público en un municipio muy castigado por la crisis económica.
La orden de la Consejería dice textualmente que «no está justificada la inclusión de los terrenos agrícolas de trasvase como suelo urbanizable sin sectorizar», por lo que pide que «se han de incluir como suelo no urbanizable reconociendo su valor agrícola o, en su caso, como suelo inadecuado para el desarrollo urbano mientras persistan las condiciones para su aprovechamiento agrícola».
Urbanismo reprocha también la recalificación para uso residencial de una zona reservada para equipamiento deportivo, en la que se encuentra el único polideportivo municipal del pueblo.
El catálogo de fallos es tan amplio, que los responsables del PGOU, todos ellos imputados en la supuesta corrupción urbanística, se olvidaron, por ejemplo, de ordenar el núcleo rural de Alamillo y enuncian el plan especial de Cañada de Inés pero luego no lo ponen en los planos.
Urbanismo también ha pedido que se cuantifique y concrete el aumento de edificabilidad en determinadas zonas y que se incluyan determinados espacios naturales protegidos que no aparecen en el plan.
Urbanismo también ha pedido que se cuantifique y concrete el aumento de edificabilidad en determinadas zonas y que se incluyan determinados espacios naturales protegidos que no aparecen en el plan.
El Ayuntamiento carece de plazo para resolver los errores, aprobarlos y remitir de nuevo el plan general a la Comunidad, pero sí dispone de dos meses para presentar recursos contencioso contra la orden de la Consejería
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