MURCIA.- Los expropiados para el virtual aeropuerto de Corvera afirman que el proceso “está estancado” pero confían en que la expropiación “no se quede estancada, como lo ha hecho hasta ahora”, sobre todo porque, tal y como argumentan, tienen “hipotecado” el porvenir.
La junta directiva de la Asociación de Afectados por las expropiaciones del aeropuerto internacional de la Región de Murcia, que se ubicará en la pedanía murciana de Corvera, se reunieron con el secretario de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José María Bernabé, para exigir que se fije una fecha para el justiprecio de sus tierras, una valoración de la que “no se tienen noticias desde hace meses”, según recoge 'El Faro'.
María José Rabal, portavoz de los expropiados, explicó que su padre es uno de los afectados, con una propiedad de 20.000 metros que “no constituía su único modo de vida, pero sí un bien que garantizaba el futuro”. Como su historia, 99 más.
La Asociación, que aglutina a un total de cien familias afectadas por la expropiación de los terrenos, lucha ahora por conseguir la valoración de sus propiedades.
Las tierras expropiadas, tal y como indicó Rabal, se extienden por una superficie total de más de 300 hectáreas, lo que significa un precio justo aproximado de 3,6 millones de euros, que debe emitir el jurado de expropiación, según palabras de los ciudadanos afectados.
Tras el encuentro mantenido con el secretario de la Consejería competente, María José Rabal explicó que “no se ha conseguido una fecha para el justiprecio, pero sí la intención de la Administración regional por entablar conversaciones e iniciar las gestiones oportunas para que la empresa concesionaria continúe con este proceso”.
En palabras de Rabal, “el secretario ha puesto sobre la mesa un plazo de diez días para dar una respuesta a la petición” y amenazan con “utilizar todos los mecanismos de presión” que se les permita legalmente para presionar y conseguir la tasación de los terrenos si los plazos se alargan y no se fija la fecha definitiva para la evaluación.
Asimismo, y como añadieron los propios afectados, la Asociación acudirá al Defensor del Pueblo para pedirle apoyo si la promesa de la Consejería, finalmente, cae en saco roto.
María José Rabal, portavoz de los expropiados, explicó que su padre es uno de los afectados, con una propiedad de 20.000 metros que “no constituía su único modo de vida, pero sí un bien que garantizaba el futuro”. Como su historia, 99 más.
La Asociación, que aglutina a un total de cien familias afectadas por la expropiación de los terrenos, lucha ahora por conseguir la valoración de sus propiedades.
Las tierras expropiadas, tal y como indicó Rabal, se extienden por una superficie total de más de 300 hectáreas, lo que significa un precio justo aproximado de 3,6 millones de euros, que debe emitir el jurado de expropiación, según palabras de los ciudadanos afectados.
Tras el encuentro mantenido con el secretario de la Consejería competente, María José Rabal explicó que “no se ha conseguido una fecha para el justiprecio, pero sí la intención de la Administración regional por entablar conversaciones e iniciar las gestiones oportunas para que la empresa concesionaria continúe con este proceso”.
En palabras de Rabal, “el secretario ha puesto sobre la mesa un plazo de diez días para dar una respuesta a la petición” y amenazan con “utilizar todos los mecanismos de presión” que se les permita legalmente para presionar y conseguir la tasación de los terrenos si los plazos se alargan y no se fija la fecha definitiva para la evaluación.
Asimismo, y como añadieron los propios afectados, la Asociación acudirá al Defensor del Pueblo para pedirle apoyo si la promesa de la Consejería, finalmente, cae en saco roto.
2 comentarios:
Afectados, bien definido. Y el aeropuerto ese NUNCA va a ser rentable.
Os está muy bien empleado por votar al PP, dejar vuestras tierras y creeros lo del aeropuerto y de os lo iban a pagar para haceros millonarios. El silencio de los corderos, ahora no teneis ni tierras ni dinero.
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