miércoles, 4 de febrero de 2009

La Asociación de Prevención de Morosos pide al Gobierno que exija a los ayuntamientos que paguen sus deudas

MADRID.- La Asociación Española para la Prevención de Impagados y Morosos (Aepim) pidió al Gobierno que tome medidas para que antes de que los ayuntamientos comiencen a gastar los 8.000 millones de euros del fondo de inversión local, paguen todas las deudas que mantienen con las empresas y no superen los 60 días que marca la ley.

"Cada día son más las empresas que se encuentran en riesgo de cerrar en los próximos meses por falta de pago de las administraciones públicas", denunció Aepim, que insistió en que el Gobierno debería garantizar que con esos 8.000 millones se va a hacer frente a esos pagos retrasados, con el fin de "salvar muchos puestos de trabajo", que fija en más de 200.000.

Para ello, Aepim ha iniciado una recogida de firmas para pedir al Gobierno que exija a los ayuntamientos el cumplimiento de esas obligaciones de pago con los proveedores, de tal manera que quienes no hayan liquidado todas sus deudas pendientes, no puedan disponer para otras inversiones o iniciativas del dinero que les asigne el fondo local.

"Algunas administraciones públicas, con mayor incidencia por parte de la local, cuando vienen épocas duras prefieren diferir 'sine die' determinados pagos en el entendimiento de que las empresas aguantarán porque saben que los ayuntamientos no pueden quebrar y que los proveedores callarán por la cuenta que les trae si quieren seguir trabajando para ellos", criticó la asociación.

En su opinión, las demoras se han visto ampliadas por la crisis llegando a superar en muchos casos el año de retraso, con una tendencia clara a aumentar, agravándose así los problemas de liquidez de las empresas.

Para Aepim, si el Gobierno respalda esta propuesta, sería una medida "realmente eficaz" para ayudar a las pymes y a los autónomos, "que son las principales víctimas" de la falta de liquidez y las que menos medidas de apoyo están recibiendo.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

El gobierno central no quiere saber nada de los ayuntamientos, las comunidades autónomas tampoco. y nadie quiere controlarlos. Fiestas, primeras piedras, inversiones en obra pública absolutamente innecesarias (léase adoquinados, reasfaltados, reacondicionados de las mismas plazas, barrios y avenidas), asunción de competencias que no son suyas ni tienen por qué serlo (turismo, ciertas atenciones sociales), etc, etc. Todo sea por mantener la primera empresa local (el ayuntamiento) y quedar reelegido 4 añicos más, colocar a un puñado de colegas y amigos (especialmente del mismo partido), y por algunos negocietes poco claros. En un pueblo el mayor honor es llegara a ser alcalde, y si además es como desertor de otro oficio más duro en sanidad, agricultura, educación, etc., pues bienvenido sea. Y luego a jubilarse y las deudas que las pague el que continúe, o no las pague (léase lo que pone en esta noticia vergonzante para un gestor si tuvieran vergüenza).

Anónimo dijo...

EL FIASCO DEL PLAN E DEL GOBIERNO. O de como apuntalar el ladrillo y su inviabilidad en el medio y largo plazo, despilfarrando dinero público pues hay opciones que crean más empleo y tienen menos impacto ambiental.

POR Ecologistas en Accion 30 de enero (INFORME EN EL LINK)

Otro intento vano de salir de la crisis a costa del entorno

http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article13443

Ecologistas en Acción presenta un pequeño informe de valoración del Fondo Estatal de Inversión Local. La organización considera que el Fondo es una medida cortoplacista que no va destinada a reconstruir la economía española y está pensado para fomentar el insostenible modelo urbanístico rampante.

A juicio de Ecologistas en Acción, el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) es una medida improvisada, cortoplacista y carente de planificación que debería haberse configurado de otro modo. La organización ecologista considera que es una insensatez pensar que la salida a la crisis socioambiental (y también económica) que vivimos es aplicar las mismas recentas que nos han llevado a ella: incentivar el urbanismo, como va a ocurrir con el FEIL.

Como mínimo, el FEIL debería haber incluido los criterios ambientales a la hora de definir los proyectos susceptibles de contratación pública que se establecen en la Ley de Contratos del Sector Público. Criterios que, por otra parte, ya son bastante pobres, como en su momento criticó Ecologistas en Acción.

La importante inyección de dinero público a nivel local que significa el FEIL hubiera sido una gran oportunidad para orientar una reconversión ecológica de la economía española desde lo local. Por ejemplo podrían haberse priorizado proyectos como la instalación de paneles solares en edificios públicos o el desarrollo de huertos urbanos.

Mención especial merece la ineludible reconversión del sector de la construcción hacia la bioconstrucción. Esto no sólo implica al sector, sino también a varios subsectores, como el de la industria cementera, que está totalmente sobredesarrollado. Sería necesaria la reconversión de este subsector hacia otros infradesarrollados, como el del reciclaje de los residuos de construcción y demolición.

Ecologistas en Acción considera que sacar de la situación de exclusión social a la que la crisis está sometiendo a una importante capa de la sociedad es fundamental y prioritario, tan prioritario como reorientar nuestra economía hacia la sostenibilidad. Estos deberían haber sido los objetivos del FEIL, máxime cuando no hay incompatibilidad entre los dos objetivos, sino todo lo contrario. Numerosos estudios respaldan que una economía más “verde” genera más puestos de trabajo.

Por último, la organización ecologista reclama cambios legislativos imprescindibles para acometer una reconversión ecológica de la economía. Uno de ellos tiene que ver con la normativa, impuesta por la Organización Mundial del Comercio, que prohíbe priorizar a las empresas locales en la contratación pública. Esta normativa debe ser eliminada, ya que uno de los criterios básicos de la sostenibilidad es que la economía sea en circuitos de producción y distribución cortos.

En definitiva, Ecologistas en Acción considera que la crisis también es una oportunidad para avanzar en la senda del “menos para vivir mejor”.