En concreto, la Comunidad Autónoma ha presentado un total de 70 alegaciones al plan de Cuenca del Segura, que hacen referencia principalmente al carácter provisional de los datos, "que ya tenían que ser definitivos", tales como el volumen propio de recursos hidráulicos, superficie de regadíos, volúmenes de agua desalada, y coste actualizado de la desalación por el encarecimiento de la energía.
Por otro lado, el Ejecutivo regional ha presentado una veintena de alegaciones al documento de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, referidas a cuestiones relaciones directamente con el trasvase Tajo-Segura, en concreto el sistema de explotación de cabecera, en lo que respecta a caudal ecológico, actuaciones en modernización de regadíos, situación de las reservas a atender desde cabecera y usos de la cuenca.
Asimismo, la portavoz del Gobierno de Murcia, Maria Pedro Reverte, confirmó que el Ejecutivo regional estará presente en la manifestación que el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ha convocado para el próximo 5 de febrero, en Murcia, "como lo ha hecho siempre".
Al hilo, el consejero de Agricultura, que valoró el trabajo técnico (el Esquema de Temas Importantes -ETI-), realizado por la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura, consideró incompleto este documento inicial, "ya que nace sesgado, muestra diversas carencias y errores de enfoque motivados por condicionamientos políticos, al querer justificar la derogación del trasvase del Ebro con la desalación dentro de las previsiones del Programa A.G.U.A.".
Por ejemplo no se dice cuál es la explotación real de "nuestros acuíferos", "los balances que se presentan no cuadran cuando se suman, aunque independientemente de ello en todos hay déficit" y la cifra de desalación siempre es 458 hectómetros cúbicos de agua, "cuando esto no responde a la realidad" y mientras el río Ebro "está desbordándose", lo que pone de manifiesto que el Programa A.G.U.A. "no sirve para nada".
En definitiva, el Consejo de Gobierno manifiesta que el documento elaborado por la CHS está técnicamente trabajado, pero está "forzado" para equiparar la falta de aportes del trasvase del Ebro con los volúmenes de agua desalada.
Asimismo, argumenta que el desarrollo del Programa A.G.U.A. "ha conducido a una vía muerta que no sirve", tras lo que el consejero añadió que "insistir en la desalinización como solución principal es seguir ignorando la realidad, retrasando la posibilidad de soluciones efectivas a los problemas de agua existentes".
Por lo que aseguró que "urge" a replantear la situación con decisión y "afrontar el problema con rigor y realismo, descartando los tópicos políticos de los últimos años, terminar a la mayor brevedad los estudios y análisis pendientes, y diseñar una nueva estrategia para afrontar con éxito la próxima revisión del plan hidrológico de la Cuenca del Segura".
Las aportaciones presentadas por el Gobierno regional a la cuenca del Segura recogen también, entre otras observaciones, la necesidad de establecer el dato real de la sobreexplotación de acuíferos, las nuevas masas de agua, la referencia a la reutilización de aguas y a los trasvases externos; y una precisión de las medidas a desarrollar para paliar el déficit hídrico estructural, como el plan de choque de modernización de regadíos que se menciona en el Programa A.G.U.A. y "que ya está ejecutado en gran medida por la Comunidad Autónoma", indicó Cerdá.
Por otro lado, anunció, que el Gobierno regional ha presentado una veintena de alegaciones al documento de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, porque "en ningún caso puede admitirse que se introduzcan fechas límite al funcionamiento de la infraestructura, nuevas limitaciones arbitrarias e inmotivadas, o que se utilice el instrumento planificador para crear conflictos sobre el trasvase donde hasta ahora ha habido amplísima conformidad en los principios generales de su funcionamiento".
Al hilo, recordó que el Gobierno regional "ha trabajado en los últimos meses en los estudios de ambos documentos para establecer la cooperación necesaria en el futuro de la planificación hidrológica para garantizar el suministro de agua a la Región de Murcia". Un esfuerzo y lucha constante realizada durante años "defendiendo el trasvase Tajo-Segura".
De hecho, la portavoz del Gobierno murciano, Maria Pedro Reverte, confirmó que el Ejecutivo asistirá a la manifestación del SCRATS la próxima semana, a la vez que el consejero Cerdá manifestó que "se siente satisfecho" de que el PSOE e IU se unan a la misma.
Tras lo que recordó que "la situación que vivimos arranca en mayo del 2004, cuando se deroga el trasvase del Ebro y en el preámbulo del Decreto de derogación del mismo ya se decía que hay que revisar el Tajo-Segura".
"En 2005, cuando se modifica la Ley de Aguas, en su Disposición Transitoria Primera, decía que a medida que se vayan construyendo las infraestructuras se irán reduciendo progresivamente los trasvases del Tajo al Segura", añadió el consejero, quien remarcó que "todo eso lo votaron los socialistas murcianos con su secretario general a la cabeza y tras esto han habido muchas manifestaciones, defendiendo las necesidades de agua para la Región de Murcia y el PSRM estuvo ausente".
A pesar de ello, apuntó que "todo el que rectifica para bien es bienvenido", pero aquí, "no nos engañemos, hay algunos que estuvieron siempre".
Preguntado por las reservas estratégicas para el abastecimiento humano en la Comunidad de Madrid, Cerdá respondió que Murcia no se opone a ello, que estaba previsto cuando se planificó el trasvase, y que se puede asegurar sin afectar a las transferencias a la cuenca del Segura. "A eso no se opone nadie, ni el Gobierno regional, porque es una necesidad".
Aunque aclaró que en los canales de las Aves y Estremera, donde está previsto la modernización de regadíos, habría un ahorro de 50-60 hectómetros "que podría ir destinado a Madrid" y una reserva de 200 hectómetros "que no se ha utilizado nunca".
"Si queremos más y de mejor calidad: el agua de los ríos Tiétar y Alberche", incidió.
Sentencia del Tribunal Supremo
En cuanto a la decisión del Tribunal Supremo, que anuló ayer el real decreto del Gobierno, del 21 de octubre de 2005, por el que se adoptaban medidas excepcionales contra la seguía en las cuencas hidrográficas de los ríos Júcar, Segura y Tajo, la portavoz del Gobierno murciano aseguró que "con esto se demuestra una vez más la improvisación y falta de todo desde el que está actuando el Gobierno de España".
Y es que, el Ejecutivo central está trabajando y tomando decisiones "al margen totalmente" de las Comunidades Autónomas "para aquello que les interesa" y no a través del consenso. "Prueba de ello es que el TS lo que viene a decir es que se ha incumplido un trámite formal, no entra en el fondo del asunto", añadió.
Tras lo que apuntó, "no hay consenso, diálogo o colaboración", en nada, ni en temas "como el de la financiación autonómica o el de Educación para la Ciudadanía".
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