CARTAGENA.- Española del Zinc prepara una “inminente regulación de empleo” para sus 250 trabajadores, que les afectará durante todo el año que viene y que se planteará como “una medida rotatoria para distribuir la carga y afectar lo menos posible a los derechos sociales de los trabajadores”, explicó el consejero delegado de la sociedad, Manuel Pérez a "El Faro".
La falta de liquidez para hacer frente a las nóminas de este mes “se solucionará en breve, para que la plantilla pueda cobrar durante la próxima semana”, según explicó Pérez, quien admitió no obstante la necesidad del ERE ya.
Y es que no hay un horizonte claro para la obtención de financiación a través de la ampliación de capital solicitada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tampoco se sabe qué implicación admitirá la Comunidad Autónoma a través de los incentivos regionales solicitados por Zincsa.
La CNMV ha solicitado informes adicionales respecto a la viabilidad del proyecto. Y resulta que en ese plan de inversiones se apela a la ampliación de capital para obtener la mayor parte de los fondos propios para pagarlo. Las subvenciones regionales supondrían otro 20% y con la mitad del dinero asegurado se acudiría a financiación externa.
Respecto a los 91 millones de euros que faltan por cobrar por la operación urbanística que convertiría los terrenos de la antigua fábrica en una zona urbanizable, la mayor parte irán a parar a las labores de descontaminación; al pago de las deudas con acreedores, que aún suponen 21 millones de euros, y a las obligaciones contraídas por el pago de salarios.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Cartagena no se fía de que este complejo entramado de financiación dé lugar a una planta productiva en Los Camachos.
La falta de liquidez para hacer frente a las nóminas de este mes “se solucionará en breve, para que la plantilla pueda cobrar durante la próxima semana”, según explicó Pérez, quien admitió no obstante la necesidad del ERE ya.
Y es que no hay un horizonte claro para la obtención de financiación a través de la ampliación de capital solicitada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tampoco se sabe qué implicación admitirá la Comunidad Autónoma a través de los incentivos regionales solicitados por Zincsa.
La CNMV ha solicitado informes adicionales respecto a la viabilidad del proyecto. Y resulta que en ese plan de inversiones se apela a la ampliación de capital para obtener la mayor parte de los fondos propios para pagarlo. Las subvenciones regionales supondrían otro 20% y con la mitad del dinero asegurado se acudiría a financiación externa.
Respecto a los 91 millones de euros que faltan por cobrar por la operación urbanística que convertiría los terrenos de la antigua fábrica en una zona urbanizable, la mayor parte irán a parar a las labores de descontaminación; al pago de las deudas con acreedores, que aún suponen 21 millones de euros, y a las obligaciones contraídas por el pago de salarios.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Cartagena no se fía de que este complejo entramado de financiación dé lugar a una planta productiva en Los Camachos.
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