El juez insiste en que la trama de Librilla "se enriqueció"

MURCIA.- Ya están todos en libertad, pero en absoluto libres de toda sospecha. Las imputaciones contra los presuntos miembros de la trama de corrupción desmantelada en Librilla mantienen la consistencia, e incluso se han reforzado con las últimas diligencias de investigación, por más que ayer el magistrado Andrés Carrillo, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, ordenase la puesta en libertad sin fianza del alcalde José Martínez García; de su teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz; del gerente de la empresa municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL S.L.), José Andrés Cortés Otálora, y del funcionario en excedencia de la Consejería de Presidencia José Luis Cano Valverde, dice hoy "La Verdad".

Todos ellos fueron encarcelados el pasado día 22 -han pasado 13 días entre rejas-, y ya entonces el magistrado advirtió de que la medida se tomaba para que no pudieran perjudicar la buena marcha de la investigación.

A lo largo de las dos últimas semanas, el instructor ha tomado declaración a una docena de personas, como el abogado Cesáreo Gil de Pareja, el constructor marmenorense Santiago Martínez Esparza y otros empresarios que emitieron facturas falsas.

Una vez completada la fase preliminar de la Operación Biblioteca, el juez ha considerado que la medida de prisión ya no tenía sentido y ayer ordenó la puesta en libertad de los cuatro encarcelados. Sostiene que no existe riesgo de fuga, aunque ha ordenado que entreguen sus pasaportes y les ha prohibido salir del país, y les impone la obligación de firmar en el juzgado una vez por semana.

El auto de libertad en absoluto lo es de exculpación. Así lo remarca el juez en el primero de sus razonamientos, cuando señala que «la libertad provisional no es, desde luego y a entender de este instructor, el que contra ellos no existan claros elementos indiciarios de la comisión de delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, prevaricación administrativa, falsedad documental y blanqueo de capitales, entre otros».

Por si tal manifestación no fuese suficientemente contundente, recuerda que «en efecto, los datos indiciarios ya apuntaban a la existencia de una trama organizada de personas que se han dedicado a enriquecerse de forma notable con las adjudicaciones de obras públicas relacionadas con el Ayuntamiento de Librilla».

El magistrado señala que con las últimas declaraciones se ha reforzado la hipótesis de que la firma ACADI, controlada por José Luis Cano y su socio Domingo Peñalver, también imputado, se hizo con gran cantidad de contratos públicos, a cambio de lo cual tenían que «pagar cuantiosas comisiones ilegales a don José (el alcalde), a don Pedro (el teniente de alcalde) y a don José Andres (gerente de IDL) si querían seguir cobrando de este 'negocio' que tan lucrativo ha sido para don Domingo y don José Luis».