MURCIA.- La respuesta del PP y PSOE murcianos al Estatuto de Castilla-La Mancha ya está perfilada por medio de la Proposición que pretende modificar la Ley del Plan Hidrológico Nacional para blindar -como gusta decir ahora- el Trasvase Tajo-Segura. Si el texto castellano manchego aspira a lo máximo para intentar cerrar el acueducto, la iniciativa que apadrinan por Ramón Luis Valcárcel y Pedro Saura reacciona en sentido contrario: no sólo intenta garantizar el funcionamiento del canal, sino que además demanda una indemnización económica si se cambia sustancialmente el Trasvase Tajo-Segura o se extingue, según ha podido saber La Verdad.
Si culmina el pacto de octubre entre Valcárcel y Saura, esta Proposición de Ley será aprobada por la Asamblea Regional para pasar luego al Congreso de los Diputados, siguiendo la misma mecánica que la utilizada por José María Barreda y María Dolores de Cospedal. No se trata de un texto estatutario, pero el objetivo es el mismo en lo que atañe a la política de agua. La norma que se está cociendo entre el PP, PSOE -al parecer IU se va a sumar al texto- es muy ambiciosa y busca la tutela de las Cortes para evitar nuevas tentaciones autonomistas de recortar el acueducto.
Por parte del PP, el peso del trabajo lo lleva su portavoz parlamentario, Juan Carlos Ruiz. El objetivo es reformar dos artículos y tres disposiciones de la ley del PHN que, conviene recordar, no fue derogado en el año 2004 por Rodríguez Zapatero y Cristina Narbona, sino sometido a dos intervenciones quirúrgicas: eliminar la obra del Trasvase del Ebro y retocar la disposición relativa al Tajo-Segura para reducir, en definitiva, los envíos a Murcia conforme aumentara la producción industrial de agua desalinizada.
El texto murciano, en primer lugar, postula que las aguas trasvasadas cubran las necesidades económicas y sociales de la cuenca del Segura.
Pide asimismo que las comunidades autónomas receptoras y los usuarios de las mismas tengan voz y voto en la Confederación Hidrográfica del Tajo y en la Comisión Central de Explotación del Acueducto.
Otra novedad es que establece un plazo de seis meses para que el Ministerio de Medio Ambiente y Rural otorgue las concesiones de agua del Tajo a los usuarios del Sindicato Central de Regantes y al Taibilla.
Advierte de que cualquier cambio legal que se produzca posteriormente y que afecte al funcionamiento del acueducto, o acaso lo elimine, debe llevar implícita una indemnización económica a los usuarios receptores de Murcia.
Otorga al Congreso de los Diputados y al Senado el control periódico de los caudales desembalsados, el volumen y destino, y la recaudación y las tarifas.
El PP y PSOE murcianos pedirán que se consoliden los bancos de agua -que ya vienen operando desde Estremera y Aranjuez- entre los usuarios de las cuencas del Segura, Tajo, Guadiana y Júcar. Están vertebrados por el acueducto.
Por último, solicitan al Gobierno de la nación que estudie todas las opciones posibles de nuevos canales para transportar más agua desde otros puntos.
La clave: El recorrido de esta Proposición de Ley dependerá de los derroteros que tome el Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados. Esto es; si en las Cortes se despejan todos los peligros que se ven desde Murcia, quizás la iniciativa de Valcárcel y Saura a favor del Trasvase Tajo-Segura ya no sea necesaria.
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