El Obispado cree que la Comisión Estado-Iglesia debe aclarar lo de la titularidad de la UCAM

MURCIA.- Una salida al conflicto sobre la titularidad de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) apunta a una revisión y/o actualización de los Acuerdos entre España y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales del año 1979 que faculta a la Iglesia Católica a crear universidades.

Se trata de aclarar si el Estado y el Derecho español aceptan que un fiel laico, como José Luis Mendoza, pueda promover y constituir una universidad católica sin necesidad de una Ley de Reconocimiento que compete al gobierno autonómico o nacional.

¿Es suficiente con que la UCAM se haya creado a través de un decreto de erección firmado en 1996 por el obispo Javier Azagra, que era la autoridad eclesiástica competente que debía dar el consentimiento?, se pregunta "La Verdad".

El Obispado de Cartagena tiene serias dudas de que el Derecho español reconozca en la actualidad a las universidades católicas creadas al amparo del artículo 3.3 de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, ya que da por bueno el dictamen del Consejo de Estado de 1997 que negaba legitimidad a la Fundación Santa Teresa, como entidad civil, para ostentar la titularidad de la Universidad de Ávila.

Para el obispo Reig Pla, ese dictamen también es válido para la UCAM, puesto que su antecesor Javier Azagra pidió por escrito a la entonces ministra de Educación, Esperanza Aguirre, que ampliara las conclusiones a la universidad gemela de Murcia.

Mendoza, en este punto, sostiene que aquel dictamen no le afecta porque la Fundación que él preside sólo está integrada por fieles laicos y no incluye entidades y organismos públicos y políticos, como sucedía en Ávila.

Monseñor Reig Pla y sus asesores creen que la duda sobre los efectos del artículo 3.3 del Ex Corde Ecclesiae debe ser despejada a través de la Comisión Mixta Iglesia-Estado para Asuntos de Educación, por la Dirección General de Asuntos Religiosos o por la propia Comisión entre el Estado Español y la Santa Sede.

A partir de ahí, el Obispado cree que se despejaría en uno y otro sentido la titularidad y, sobre todo, quién tiene la responsabilidad civil (que no canónica) sobre la Universidad Católica en caso de problemas económicos, laborales o patrimoniales.

Esto último es lo que más preocupa a la Diócesis de Cartagena porque aprecia un vacío legal, un territorio borroso, una imprecisión jurídica si se quiere, nacidos de la creación de una universidad singular y única en el mundo: es católica y privada a la vez. Se creó con el reconocimiento eclesiástico pero no civil, si bien todas sus titulaciones y sus niveles de calidad están reconocidos y aprobados por el Gobierno regional y el Ministerio de Educación. ¿Supone esto último un grado suficiente de reconocimiento civil, al margen de quién sea el titular y propietario?

Los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979 que permiten a la Iglesia crear universidades son muy anteriores a la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae de Juan Pablo II de 1990 que marca las tres vías: las universidades constituidas por la Santa Sede, la Conferencia Episcopal o la Diócesis; las promovidas por institutos religiosos y las erigidas por laicos, previo consentimiento de la autoridad eclesiástica.

Resulta evidente que, una vez llevadas a la práctica, surgieron las discrepancias entre Iglesia y Estado cuando se examinó la Universidad Católica de Ávila y por extensión la UCAM de Murcia.

Con estos precedentes, el Obispado de Cartagena intenta que, doce años después de crearse la UCAM, se resuelvan las dudas sobre la titularidad y responsabilidad de la Católica en el marco del Derecho español, que es donde habría que rendir cuentas cuando se trata de los dineros del César. Nada obliga al Derecho español a asumir punto por punto el Derecho Canónico, y por lo tanto a reconocer el Ex Corde Ecclesiae que llegó después de los acuerdos Iglesia-Estado.

En el escenario de la Santa Sede y del Derecho Canónico el conflicto sigue otros derroteros que, hasta ahora, no han sido favorables a la tesis de Reig Pla. Así como José Luis Mendoza resta validez al dictamen del Consejo de Estado, porque lo considera un órgano consultivo y porque la reprimenda a la Universidad de Ávila no afecta a la UCAM, el obispo de Cartagena sostiene que la Secretaría de Estado del Vaticano no había contando con toda la información, sobre todo de la parte de la Diócesis, para emitir un juicio completo de la situación.

El litigio de la UCAM sobrepasa a la propia Diócesis y al Obispado y ha abierto una guerra entre los partidarios de Reig Pla y de José Luis Mendoza que se libra en varios frentes. El más activo navega por Internet, donde proliferan dossieres sobre cada causa. Conocido es el anónimo que critica los negocios del cada vez más poderoso e influyente José Luis Mendoza y su familia a través de la Fundación y otras empresas vinculadas a la primera.

También se preguntan cuánto se ha incrementado dicho patrimonio en estos años y a nombre de quién figura, puesto que la mayor parte no está a nombre de la Universidad Católica, de la Diócesis ni de la propia Fundación. Mendoza señaló a La Verdad que llevaba invertidos más de 50 millones en la UCAM en los últimos doce años, la mayor parte a cargo y riesgo de su patrimonio personal y familiar.

Se han difundido en los últimos días otros documentos elaborados ad hoc, como el llamado La UCAM explicada a los niños (la titularidad de las universidades católicas en un Estado aconfesional), que es un resumen más frío, jurídico y didáctico, sobre el choque de las leyes civiles y canónicas que van a favor de las tesis del obispo.

En beneficio de Mendoza y en contra del obispo se mueve otro bando por la web a base también de correos electrónicos y confidenciales, como La carta abierta a Juan Antonio Reig Pla, que firma el autollamado Arcipreste del Segura, el cual cuestiona el olvido del obispo hacia los sacerdotes que no le adulan, la marginación de las voces discordantes, la progresiva sectarización de la Diócesis y el desprecio a los laicos. Para la Diócesis, este comunicado no ha salido de un sacerdote y sí forma parte de la estrategia para desprestigiar a Reig Pla.

También circula en una web un escrito en contra de la postura de la Diócesis y que suscribe El barón rampante. Está editada por Jesús Bastante. Días atrás titulaba: «Roma pide a Reig que 'no insista' con la titularidad de la UCAM».

Según esta reseña, que va acompañada por el escudo de la UCAM, el nuncio apostólico recibió el lunes pasado al obispo de Cartagena y le dio este mensaje, al tiempo que le hacía saber que la guerra de comunicados no hacía ningún bien a esta universidad de la Iglesia.

«Roma está tratando de que la solución no traiga vencedores ni vencidos».

Añade que a Reig Pla no le mueve ningún interés personal con la titularidad, pero que podría estar próximo su ascenso a otra diócesis. Sobre Mendoza, cuenta que la Santa Sede le exigirá «mayor transparencia» a su gestión en la UCAM, y que si se niega, esta universidad podría perder la condición de católica.