MURCIA.- El presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza, se tomó muy en serio las amenazas telefónicas que estaba recibiendo su familia. Tanto, que decidió recurrir a una empresa de seguridad privada y a los servicios de un ex miembro de las Fuerzas de Seguridad para llevar a cabo su propia investigación.
La figura de este ex guardia civil, que en la práctica ejerce como una especie de jefe de seguridad de Mendoza, se suma a una historia que ha sido catalogada como "rocambolesca" por fuentes próximas al órgano judicial que la investiga, el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, según "La Opinión".
Esta figura corresponde a Francisco Javier Gómez Campillo, quien ha sido presentado como testigo por Mendoza en su querella contra el que fuera vicerrector de Ordenación Académica de la UCAM, Higinio Marín.
Al parecer, Mendoza encargó a Campillo que instalase sistemas de escucha y grabación en los teléfonos de su domicilio y de la universidad -además de otros elementos de vigilancia- para identificar al autor de las llamadas amenazantes.
Con ellas, Mendoza encargó a un perito forense y a la empresa de seguridad Allspy Sistemas Electrónicos que comparasen la voz de las llamadas -en las que se empleaba un distorsionador- con la de Higinio Marín. El resultado, según recoge la querella, calificaba como "muy alto" el nivel de similitud entre las dos voces.
El pasado mes de mayo, Campillo fue juzgado por la Audiencia Provincial de Ibiza por su presunta implicación en un intento de chantaje a Teodoro Nguema Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial y conocido en su país como 'Teodorín'.
Campillo fue expulsado de la Guardia Civil y desde entonces ha estado vinculado a diferentes empresas que ofrecen servicios de seguridad y vigilancia. Una de ellas era ATISS (Agencia de Tecnologías, Investigación y Sistemas de Seguridad), que Campillo puso en marcha junto a otro guardia civil y a dos miembros de la Armada en la reserva.
Según el sumario del caso, Campillo y sus hombres se pusieron en contacto con 'Teodorín' -entonces ministro de Agricultura de su país y que había ido a Ibiza a pasar las vacaciones- y le ofrecieron sus servicios para garantizar su seguridad en la isla.
Era el verano del año 2000. El hijo de Obiang rechazó sus servicios. Fue entonces cuando, según la acusación, reclamaron a Teodorín un millón de euros por su trabajo en la isla y le amenazaron con difundir unas fotografías comprometedoras. El juicio -en el que los acusados se enfrentan a penas que van desde los once hasta los 18 años de prisión- está todavía pendiente de sentencia.
La figura de este ex guardia civil, que en la práctica ejerce como una especie de jefe de seguridad de Mendoza, se suma a una historia que ha sido catalogada como "rocambolesca" por fuentes próximas al órgano judicial que la investiga, el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, según "La Opinión".
Esta figura corresponde a Francisco Javier Gómez Campillo, quien ha sido presentado como testigo por Mendoza en su querella contra el que fuera vicerrector de Ordenación Académica de la UCAM, Higinio Marín.
Al parecer, Mendoza encargó a Campillo que instalase sistemas de escucha y grabación en los teléfonos de su domicilio y de la universidad -además de otros elementos de vigilancia- para identificar al autor de las llamadas amenazantes.
Con ellas, Mendoza encargó a un perito forense y a la empresa de seguridad Allspy Sistemas Electrónicos que comparasen la voz de las llamadas -en las que se empleaba un distorsionador- con la de Higinio Marín. El resultado, según recoge la querella, calificaba como "muy alto" el nivel de similitud entre las dos voces.
El pasado mes de mayo, Campillo fue juzgado por la Audiencia Provincial de Ibiza por su presunta implicación en un intento de chantaje a Teodoro Nguema Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial y conocido en su país como 'Teodorín'.
Campillo fue expulsado de la Guardia Civil y desde entonces ha estado vinculado a diferentes empresas que ofrecen servicios de seguridad y vigilancia. Una de ellas era ATISS (Agencia de Tecnologías, Investigación y Sistemas de Seguridad), que Campillo puso en marcha junto a otro guardia civil y a dos miembros de la Armada en la reserva.
Según el sumario del caso, Campillo y sus hombres se pusieron en contacto con 'Teodorín' -entonces ministro de Agricultura de su país y que había ido a Ibiza a pasar las vacaciones- y le ofrecieron sus servicios para garantizar su seguridad en la isla.
Era el verano del año 2000. El hijo de Obiang rechazó sus servicios. Fue entonces cuando, según la acusación, reclamaron a Teodorín un millón de euros por su trabajo en la isla y le amenazaron con difundir unas fotografías comprometedoras. El juicio -en el que los acusados se enfrentan a penas que van desde los once hasta los 18 años de prisión- está todavía pendiente de sentencia.
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