Tras examinar la documentación remitida la semana pasada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Fiscalía considera que se ponen de manifiesto unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito relativo al mercado y los consumidores tipificado en el artículo 284 del Código Penal (CP) en relación con el articulo 287.2.
Este artículo del Código Penal contempla penas de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses, a los que, "difundiendo noticias falsas (...) o utilizando información privilegiada, intentaren alterar los precios".
El organismo regulador investigó a Casanova por la supuesta adquisición de su participación del 3,5% en el Banco Popular por parte de la sociedad fantasma Blueprime, al considerar que existía indicio de manipulación de mercado.
Las informaciones de la prensa económica provocaron entonces un alza súbita en la cotización de Popular no acorde con la evolución del mercado, según la nota de la Fiscalía.
La Fiscalía General del Estado detalló hoy viernes en su comunicado que la investigación llevada a cabo por la CNMV puso al descubierto tanto "la irrealidad de la operación como la mendacidad de la información" publicada.
Para la Fiscalía, las pesquisas del supervisor bursátil aportan elementos suficientes que apuntan "de forma indiciaria la participación del ciudadano denunciado en diversas maniobras dirigidas a promover y sostener en el tiempo dichas noticias con el fin de alterar artificialmente la cotización del referido valor, y así obtener un beneficio con la venta de las acciones de su propiedad".
La Fiscalía Anticorrupción - que es a quien la Fiscalía General del Estado le otorgó la competencia - dijo el viernes que había puesto en conocimiento de la CNMV la presentación de la citada denuncia.
El supervisor del mercado español dijo el pasado 17 de julio que no había constatado la existencia de inversores con un interés contrastado en la compra de una participación en el Banco Popular.
La CNMV detalló entonces además que, como resultado de los requerimientos efectuados a la sociedad Blueprime, que según algunos medios representa a un grupo de inversores mexicanos, se había constatado "la ausencia tanto de la financiación como del asesoramiento necesarios para la realizar la operación anunciada".
El grupo Inversor Hispania, controlado hasta mediados de julio pasado por el empresario Trinitario Casanova, disparó especulaciones en el mercado cuando afirmó en junio que estaba negociando la venta de un 3,5 por ciento de Popular a un grupo de inversores mexicanos.
No obstante, posteriormente el empresario se vio obligado a aclarar que algunas de sus acciones estaban pignoradas (entregadas a los bancos en garantía de préstamos).
Delfos 2000, la empresa controlada por el promotor José Ramón Carabante, comunicó con posterioridad al supervisor que había comprado el cien por cien del capital del grupo Inversor Hispania, holding poseedor a su vez de un 0,636 por ciento de Popular, por 650 millones de euros.
En una nota de prensa, Delfos reconoció que cuando firmó el acuerdo de compra, la participación de Hispania en Popular ascendía al 1 por ciento del capital.
"La investigación llevada a cabo por la CNMV puso al descubierto tanto la irrealidad de la operación como la falsedad de la información publicada", explica el Ministerio Fiscal.
"La investigación de la autoridad bursátil proporciona elementos suficientes que apuntan de forma indiciaria a la participación del empresario en diversas maniobras dirigidas a promover y sostener en el tiempo dichas noticias con el fin de alterar artificialmente la cotización del referido valor, y así obtener un beneficio con la venta de las acciones de su propiedad", explicó Anticorrupción.
El supervisor bursátil constató la ausencia, de financiación y de los supuestos inversores mexicanos, que se supuestamente se encontraban tras la sociedad Blueprime que se declaraba interesada en adquirir por cuenta de terceros el 20% del capital de Banco Popular.
Por su parte, Blueprime confirmó el pasado 23 de junio un acuerdo con Trinitario Casanova para adquirir el 3,5% que el empresario poseía en la entidad y que mantenía negociaciones con otros accionistas del banco para alcanzar el 20%.
El grupo Hispania, que entonces era propiedad de Casanova y luego fue adquirido por el empresario José Ramón Carabante, remitió información a la CNMV en la que aseguraba haber alcanzado un acuerdo para vender su participación a un grupo de inversores mexicanos, representado por Blueprime, condicionando la operación a que éstos alcanzaran el 20% del banco.
Los rumores sobre el posible interés del grupo inversor mexicano en el Popular comenzaron el día 12 de junio y en esa jornada y en la siguiente los títulos de la entidad subieron más del 12%. Los acciones de la entidad presidida por Ángel Ron volvieron a subir un 4,6% después de que el grupo Blueprime confirmara su intención de comprar.
Por su parte, Casanova fue diluyendo su participación en Banco Popular como consecuencia de la pignoración de títulos por parte de sus acreedores, hasta completar su salida con la venta del 1% que aún poseía al empresario José Ramón Carabante.
En concreto, el empresario vendió a Carabante el Grupo Hispania por un importe de 650 millones de euros, incluyendo una participación del 1% en el Banco Popular, así como otros activos que comprenden edificios, centros comerciales, locales y solares, aunque la entidad precisó a la CNMV que la participación indirecta de grupo Hispania en su capital se situaba en el 0,636%.
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