MADRID.- El portavoz de la Asociación de Trabajadores de Sintel, Adolfo Jiménez, denunció ayer que en España "no existe la Justicia para los delitos económicos" y que, en este sentido, "no funciona el Estado de derecho".
Jiménez realizó estas declaraciones después de conocer que la Fiscalía Anticorrupción no recurrirá los autos dictados por el juez instructor de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que archivaron el pasado mes las actuaciones contra 16 de los 24 imputados en el 'caso Sintel' justo antes de la apertura de juicio oral.
Entre las imputaciones archivadas se encuentran 5 antiguos directivos de Telefónica y 11 relacionados con Sintel. Entre ellos se encuentra Cándido Velázquez, presidente de Telefónica que firmó el acuerdo de venta de Sintel en 1996 y el entonces secretario del consejo de administración de la empresa, Heliodoro Alcaraz.
El portavoz de los más de 1.800 trabajadores despedidos calificó este hecho de "auténtico escándalo" y de "demostración brutal" de las presiones "político-económicas" que existen en España sobre la Justicia. "Alguien impide a la Fiscalía que recurra porque hay auténtico delito", afirmó.
Anticorrupción presentó el pasado mes de noviembre su informe de acusación definitivo en el que pidió la imputación de 24 altos cargos de Sintel y de Telefónica por presuntos delitos contra la Hacienda Pública e insolvencia punible por su participación en el vaciamiento patrimonial de Sintel que se saldó en 2001 con un agujero patrimonial superior a los 59,36 millones de euros.
Ahora, los trabajadores, principal acusación particular en la causa, son la única parte personada en el proceso que ha presentado recurso de apelación. La otra acusación particular, representante de unos 40 trabajadores, presentó recurso de reposición. "Continuaremos a pesar de nuestra debilidad", corroboró Jiménez.- (EP)
Jiménez realizó estas declaraciones después de conocer que la Fiscalía Anticorrupción no recurrirá los autos dictados por el juez instructor de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que archivaron el pasado mes las actuaciones contra 16 de los 24 imputados en el 'caso Sintel' justo antes de la apertura de juicio oral.
Entre las imputaciones archivadas se encuentran 5 antiguos directivos de Telefónica y 11 relacionados con Sintel. Entre ellos se encuentra Cándido Velázquez, presidente de Telefónica que firmó el acuerdo de venta de Sintel en 1996 y el entonces secretario del consejo de administración de la empresa, Heliodoro Alcaraz.
El portavoz de los más de 1.800 trabajadores despedidos calificó este hecho de "auténtico escándalo" y de "demostración brutal" de las presiones "político-económicas" que existen en España sobre la Justicia. "Alguien impide a la Fiscalía que recurra porque hay auténtico delito", afirmó.
Anticorrupción presentó el pasado mes de noviembre su informe de acusación definitivo en el que pidió la imputación de 24 altos cargos de Sintel y de Telefónica por presuntos delitos contra la Hacienda Pública e insolvencia punible por su participación en el vaciamiento patrimonial de Sintel que se saldó en 2001 con un agujero patrimonial superior a los 59,36 millones de euros.
Ahora, los trabajadores, principal acusación particular en la causa, son la única parte personada en el proceso que ha presentado recurso de apelación. La otra acusación particular, representante de unos 40 trabajadores, presentó recurso de reposición. "Continuaremos a pesar de nuestra debilidad", corroboró Jiménez.- (EP)
1 comentario:
Acabar con la corrupción
Desde Sócrates, sabemos que «la virtud no proviene de las riquezas»; y que «es preferible padecer la injusticia que cometerla», ya que lo primero no es ningún mal, pero sí lo es lo segundo.
Nuestro mundo está henchido de esos vicios que, paradójicamente, benefician a unos pocos (siquiera temporalmente), y minan la salud del total de ciudadanos.
Esta vez prolifera la especulación inmobiliaria. La construcción ilegal, compulsiva, aprovechando el cargo al que democráticamente se accedió, es, hoy por hoy, otro socavón que hunde las ilusiones de crecimiento justo de las localidades en las que aquella lacra se asienta.
En esta impía empresa se eliminan casi veintiséis siglos de moral de la sociedad occidental.
La conciencia moral, el individuo en su ciudad, que debía ocupar el lugar que, por sus aptitudes y educación, le correspondía, son ninguneadas por los arribistas de turno, sea cual sea su inclinación ideológico-política. Llegar a ser mejor, a hacer el bien, ha devenido quimérico objetivo en nuestro país, por los sucesivos escándalos de lucro a expensas del erario.
Si no queremos que España se rebaje al nivel de esas naciones gobernadas por «gorilas rojos», confeccionando, de esta guisa, su obituario, hemos de apremiar la acción judicial, impidiendo, desde hoy y para siempre, la comisión de más delitos de medraje personal a costa de la «okupación» de una poltrona prestada por los votantes de quien en ella se sienta durante un cuatrienio. Estos infectos políticos han traicionado la voluntad de los ciudadanos.
No estaría de más que la ley acelerase su funcionamiento para desposeer de inmerecidas prebendas a delincuentes de la «cosa pública».
También así desagraviaría al gran filósofo Sócrates, condenado injustamente por jueces que veían «corrupción de la juventud e impiedad» donde sólo el sabio ateniense ofrecía desinteresadamente sus servicios para que los efebos se conocieran a sí mismos, cimentando, así, el «intelectualismo moral», sólo enraizado en aquéllos que, si saben del bien, no pueden equivocarse. Que así sea.
Manuel Castellanos Plaza
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